Durante la clausura de la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, el procurador Raúl Cervantes sostuvo que  “lo único que nos califica como Procuradores y Fiscales ante la sociedad, son los resultados”.

Afirmó que el problema de la delincuencia es “un problema global, no es sólo para un país, es para toda una región. Por ello, debemos realizar acciones concretas que resuelvan el conflicto que ya es mundial”.

Los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, así como los invitados especiales de España, los Estados Unidos de América y Canadá, que estuvieron presentes vía Internet, llegaron a un acuerdo que involucra diversos puntos tales como:

• Reconocer los beneficios de los sistemas penales acusatorios, especialmente, su vocación garantista, que otorga transparencia y certidumbre en el proceso, así como la necesidad de establecer mecanismos desformalizados para eficientar las tareas de la Procuración de Justicia.
• Rechazar de manera enérgica cualquier tipo de expresión de corrupción en todos los ámbitos.
• Intercambiar experiencias y buenas prácticas para instrumentar acciones contundentes, a fin de erradicar el delito de corrupción transnacional, sin excepción alguna en la región, incluyendo tanto a la corrupción pública como la privada.
• Promover sistemas desformalizados de cooperación jurídica internacional en materia penal, que permitan generar esquemas operativos en las actividades cotidianas, con el objeto de combatir de manera eficaz a la corrupción, delincuencia organizada transnacional y sus delitos conexos.
• Establecer grupos técnicos para la coordinación en el intercambio de información en materia de corrupción y delincuencia organizada transnacional, así como sus delitos conexos, y generar acciones concretas en materia de investigación estratégica y operativa, con especial énfasis en los contextos sociales, geográficos, económicos y culturales relacionados con la investigación penal, con el objeto de generar documentos estratégicos que puedan ser entregados a las asociaciones internacionales regionales pertinentes.

Los fiscales se comprometieron a reconocer las capacidades de cada una de las partes en materia de investigación criminal, con el fin de que a través de sus Instituciones se ejecuten directamente acciones encaminadas a la colaboración entre los diferentes actores que participan en el esclarecimiento de los hechos delictivos, particularmente en la práctica de diligencias de identificación genética o antropológica.

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