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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit solicitó a la Cámara de Diputados local la declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados del Poder Judicial por su presunta participación en un fraude para despojar de sus viviendas a más de 40,000 derechohabientes del Infonavit.

​El fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce, informó que derivado de denuncias presentadas por la Comisión de la Verdad a través de afectados de despojo de viviendas, se inició con la investigación en contra de servidores públicos que entre 2013 y 2018 llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario público y un despacho de abogados, para la ejecución irregular hipotecaria de 40 mil viviendas propiedad de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Los delitos por los que se les podría acusar son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho y peculado, cometidos contra la administración de justicia y contra la custodia de documentos.

Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una simulación de juicios en cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas. El fiscal señaló que hay indicios de que la operación fue en dos etapas: la primera inició en 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75% del valor del avalúo de los inmuebles.

La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016.

El presidente del Tribunal de Justicia, Ismael González Parra, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los magistrados y jueces que violentaron la ley, en caso de comprobarse las acusaciones.

El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, afirmó que no va a renunciar al puesto.

Lo anterior, luego de que el nuevo gobernador del estado, Cuitláhuac García acusó al panista Miguel Ángel Yunes Linares así como al fiscal de ser los responsables de la liberación de varios ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

En entrevista con Radio Fórmula, Winckler Ortiz dijo que no se va de la Fiscalía y que esperará a ver las acciones que vaya a implementar el Congreso veracruzano para planear la actitud jurídica que tomará.

Además, Winckler acusó que el querer su renuncia es tema personal de Cuitláhuac García y le hizo un llamado para que se acerque a las víctimas.

Sobre Arturo Bermúdez, ex mando policial que lo acusó de tortura, el fiscal afirmó que no lo ha visto en su vida. “No mandé a nadie a torturarlo. Es un dicho que los exfuncionarios han usado como estrategia de defensa, pero se va a investigar”, indicó.

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.

A menos de una semana de que tome posesión en el cargo, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la instalación del gabinete de seguridad.

Sheinbaum indicó que en la reunión de transición estuvo presente Cristina Cruz Cruz, designada como delegada para el desarrollo en la metrópoli por parte del nuevo gobierno federal. Esta previsto que esto mismo ocurrirá en los estados del país.

Hace dos semanas Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia para la capital, en conjunto con Ernestina Godoy; quien será la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Una de las propuestas de la futura procuradora es crear una Fiscalía General en la Ciudad de México a fin de poder brindar una mejor atención a los capitalinos y resolver los delitos tanto de alto como de bajo impacto.

La fiscalía y la defensa discutieron este jueves la credibilidad de uno de los testigos clave del gobierno estadounidense, Miguel Ángel Martínez alias “El Tololoche”, quien declara esta semana en el caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en una corte de Nueva York.

En el tercer y último día de testimonio de Martínez, la defensa del narcotraficante se encargó de subrayar las inconsistencias que han sido detectadas respecto a las declaraciones del testigo realizadas desde su extradición a Estados Unidos en 2001.

De acuerdo a lo que se señaló, Martínez había declarado anteriormente que nunca había escuchado a Guzmán dar la orden para ejecutar rivales, sin embargo, ahora aclaró que no estuvo durante las ejecuciones, pero que sí escuchó a Guzmán dar las órdenes de las ejecuciones debido a que él laboraba en la oficina en que el acusado realizaba llamadas telefónicas.

Otra de las contradicciones es que Martínez declaró a fiscales que desconocía que hubiera decomisos de mercancía del cártel de Sinaloa de parte de autoridades, pues dijo que “era práctica general que Guzmán pagara a funcionarios y agentes de México, a fin de evitar decomisos”.

Sin embargo la defensa señaló que en 2006, durante un juicio en que también participó como testigo, Martínez declaró que un decomiso de latas de chile jalapeño rellenas de cocaína sí había sucedido, tal como reportó la prensa en 1993.

En su contrainterrogatorio, el defensor William Purpura sugirió que Martínez buscaba testificar contra Guzmán debido a que buscaba obtener una visa para afianzar su estatus en Estados Unidos; por su parte el fiscal Michael Robotti concluyó su tercera ronda de interrogatorios al testigo con la pregunta: “¿usted ha mentido a este jurado?” La respuesta del testigo fue “no”.

 

El  Senado de la República aprobó esta tarde en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El dictamen señala que la Fiscalía será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación y que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

70 legisladores dieron su respaldo al dictamen, mientras que 47 se mostraron en contra.

El dictamen establece la reglamentación de la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que lleva a cabo una investigación respecto a los hechos acontecidos en el poblado de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla.

Indicó que las investigaciones que se siguen giran en dos vertientes, una es el posible abuso de autoridad que habrían cometido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra de vecinos de la comunidad de San Juan Ixhuatepec, quienes resultaron lesionados y con daños en sus inmuebles y vehículos.

La segunda vertiente es respecto a las lesiones que pudieron haber sufrido policías preventivos, tanto de la Ciudad de México como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Policía Municipal de Tlalnepantla y Policías Federales, durante las horas transcurridas desde que se registró la incursión de los uniformados capitalinos en territorio mexiquense, hasta que fue liberado el bloqueo realizado por civiles en la Autopista México-Pachuca, así como el daño a unidades oficiales de las distintas corporaciones.

La dependencia indicó que para integrar las carpetas de investigación, Ministerios Púbicos fueron enviados a la zona donde se registró el conflicto, en donde recabaron denuncias por parte de los vecinos, principalmente por la probable comisión de delitos referentes a lesiones y daño en los bienes, tanto en inmuebles como en vehículos.

Señaló que hasta el momento se han recibido 63 denuncias.

La FGJEM solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la lista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en la movilización, por lo que dijo que una vez que tenga la información, los elementos serán entrevistados. De igual manera señaló que será requerida la entrevista ante el Ministerio Público de la persona que estuvo al mando de esta movilización.

Confirmó que personal de la Fiscalía realizó un recorrido por la zona de San Juanico, para registrar y cuantificar los daños causados a inmuebles y a vehículos.

 

La fiscalía española solicitó penas que van de los siete y hasta los 25 años prisión para los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y malversación por el intento de secesión de 2017.

De acuerdo a documentos que se ventilaron este viernes, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras es quien recibe la máxima petición de pena al ser el principal dirigente político presente en el juicio, el cual confirman 18 líderes separatistas.

En el actual proceso no se incluye a Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, pues recordemos que se encuentra exiliado en Bélgica, por lo que quedó fuera de la causa.

Para Junqueras, la fiscalía reclamó 25 años de cárcel por rebelión y malversación. Lo siguen la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes de dos asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes pide 17 años por rebelión.

Los otros ocho integrantes del gobierno juzgados reciben solicitudes de penas de 7 años para los acusados solamente de malversación y 16 para los acusados también por rebelión y que, como Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart, están en prisión preventiva.

La fiscalía acusa al anterior gobierno regional, al Parlamento y a las asociaciones separatistas de desarrollar un “plan orquestado” para “orillar la aplicación de la legalidad” para “declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio”.

 

La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no ha querido firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito dirigido a la The Associated Press que firmar dicho documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

Recordemos que directivos de la constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados. México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014, mismos que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Pese a las declaraciones, la PGR no ha dado a conocer los avances de la investigación a pesar de que el INAI solicitó que se revelara la información. La Procuraduría insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

La fiscalía brasileña recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.

Loretta Ortiz, actual coordinadora nacional de los foros por la paz y la reconstrucción que realiza el gobierno electo, anunció que el próximo 24 de octubre se presentará una iniciativa de ley para crear la “Fiscalía para la Paz”.

Ortíz señaló que dicha Fiscalía atenderá los crímenes más graves, tales como la desaparición forzada, trata de niños y adolescentes, tráfico de migrantes, feminicidios, entre otros.

“Para atender el problema de la justicia se está redactando un proyecto de ley, que es la ley general, que establece el Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas”, indicó al inaugurar un Foro Escucha en León, Guanajuato.

Al respecto dijo que la Fiscalía formará parte de lo que será el nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas que previamente el presidente electo ha anunciado.

Aprovechó para hablar sobre la propuesta de amnistía que López Obrador (AMLO), ha planteado desde su campaña.

Refirió que la amnistía nunca procederá con aquellos delincuentes que hayan cometido delitos violentos. “Jamás procederá en el caso de desapariciones, feminicidios, trata, delitos contra los periodistas, ningún acto violento el delincuente que haya cometido, no será sujeto amnistiable”.

Señaló que la amnistía está pensada para niños y niñas cooptadas por el crimen organizado, que se hayan dedicado a traficar la droga, armas, o que hayan robado; además podría beneficiar a mujeres que fueron encarceladas por haberse prestado a traficar sustancias psicotrópicas o de armas sin violencia. Adicional dijo que la amnistía podría beneficiar a quienes fueron encarcelados por delitos políticos y que resultaban incómodos para el sistema.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el joven vendedor de nieves que fue agredido la tarde de este sábado en el municipio de Naucalpan, llegó a un acuerdo con sus agresores por lo que obtuvieron su libertad.

La dependencia explicó que tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad del estado pusieron a disposición del Ministerio Público a Ricardo “N” y Adriana “N”, investigados por el delito de lesiones dolosas.

Sin embargo, enfatizaron que en el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que este tipo de delito se pueda dirimir mediante un acuerdo reparatorio como forma anticipada de solución de conflictos entre las partes involucradas, lo cual sucedió la noche de ayer, cuando Bruno “Z” accedió al ofrecimiento de mediación hecho por los agresores.

Refirió que las lesiones que sufrió la víctima fueron clasificadas como de segundo grado, lo que quedó asentado en la Carpeta de Investigación que se inició por estos hechos.

El caso tomó relevancia luego de que fuera difundido en redes sociales, en donde se les identificó a los agresores como #LordMaestroLimpio y #LadyBat.

Al respecto, el bar del que eran socios los agresores y en donde ocurrieron los hechos, emitió un comunicado en el que se señaló que el negocio estaba conformado por varios socios, quienes indicaron que no aprobaban acciones que fueran en contra de los valores de la empresa. Adelantaron que los implicados serían relegados de toda relación con el comercio.

 

La Fiscalía de Nueva York vinculó hoy a Joaquín “El Chapo” Guzmán con al menos 20 asesinatos de personas ya identificadas ante su defensa legal, que pidió mayor información sobre los hechos para preparar el caso de manera adecuada.

En una audiencia preliminar celebrada este jueves en la corte del distrito este de Nueva York, con sede en Brooklyn, uno de los abogados de Guzmán, Eduardo Balarezo, solicitó a la fiscalía mayor información, pese a que ninguno de los 17 cargos que enfrenta el acusado está relacionado con actos de violencia.

En la audiencia ante el juez Brian Cogan, Balarezo destacó que la fiscalía ha integrado al caso una lista de más de 20 nombres de personas asesinadas, así como fechas de cuando aparentemente sucedieron los crímenes.

Dijo que dicha información no le sirve para armar la defensa ni para refutar esos alegatos, por lo que solicitó más datos a la fiscalía. El juicio está programado para iniciar el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado.

La Fiscalía de Nueva York ha presentado cargos contra Guzmán, de 64 años de edad, relacionados con su presunta responsabilidad al importar y distribuir cientos de toneladas de drogas en Estados Unidos. Para respaldar el caso contra Guzmán como “el más notorio criminal en la historia moderna”, como se le define en la acusación, la fiscalía también ha señalado que el acusado estuvo involucrado en “miles de actos de violencia”.

Según la acusación, esos actos incluyen asesinatos, torturas y secuestros de rivales cometidos por el propio Guzmán, así como el inicio de “guerras contra supuestos traficantes rivales”. Los documentos públicos del caso no incluyen nombres, fechas o detalles sobre estos crímenes.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que reveló que aunque el caso del almacenaje de cuerpos en un tráiler se supo esta semana, los cuerpos tenían dos años ahí.

Explicó que ante el número creciente de cuerpos que se encontraban en los refrigeradores del Instituto, que ya no se podían dar abasto, se requirió a la Fiscalía estatal y al secretario general de Gobierno (Roberto López Lara), la construcción de un espacio donde se pudieran inhumar los cuerpos.

Al no recibir una respuesta satisfactoria a la petición o recursos adicionales para resolver el problema, “se decidió por la misma Fiscalía, en aquel entonces el Fiscal central Rafael Castellanos (…) el alquiler de un tráiler con refrigeración”.

Precisó que el tráiler con los cuerpos “se mantuvo en las instalaciones del Instituto por casi dos años”.

Explicó que cuando el vehículo se “abarroto”, se solicitó a la Fiscalía fuera cambiado de lugar pues el espacio iba a ser ocupado por un nuevo contenedor; razón por la cual el primer tráiler se trasladó a una bodega en la colonia la Duraznera, que la propia Fiscalía rentó.

Refirió que fue ahí cuando el caso tomó relevancia, pues los habitantes de la colonia fueron los que exigieron a las autoridades retirar el tráiler debido a los riesgos de infección que representaba.

Reconoció que si bien existió un proyecto de construcción de un cementerio forense, éste fue suspendido desde hace más de 15 días, por lo que dijo “no hay expectativas de fosas dónde depositar esos cuerpos; una situación muy lamentable y que, además, esa necesidad, esa urgencia, no es nueva, es de hace más de tres años y nunca se atendió”.