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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Por ello, en octubre de 2015, la administración del presidente Enrique Peña Nieto creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomando en cuenta dichas circunstancias, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Adicional se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada por la entonces PGR al considerar que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.

La FGR indicó que al iniciarse la presente administración, el gobierno federal creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas.

«Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas», señaló la dependencia.

Al respecto, indicó la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.

Elementos de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, adscritos a la Policía Federal Ministerial, rescataron a 142 migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de turismo.

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Lo anterior, derivado de una denuncia anónima recibida por la Policía Federal Ministerial, en la que se mencionaba que en un vehículo de turismo, proveniente de Chiapas, se transportaba a varias personas de origen extranjero, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos de la FGR localizaron sobre la carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, el autobús referido, donde viajaban 142 personas, de nacionalidades hondureña, salvadoreña, guatemalteca, cubana, dominicana y nicaragüense (99 adultos y 43 menores), quienes no pudieron acreditar su estancia legal en el país.

Tras el rescate de los extranjeros, elementos de la PFM pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, a dos hombres, junto con la unidad, mientras que las personas de origen centroamericano quedaron a resguardo de autoridades migratorias para el trámite administrativo correspondiente, con pleno respeto a sus derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz confirmó este miércoles que un total de 25 personas perdieron la vida en un ataque al bar «Caballo Blanco» ubicado en Coatzacoalcos.

Además de las personas sin vida, 16 hombres y 9 mujeres, se reportaron 13 más heridas.

De acuerdo a medios locales, las autoridades recibieron un reporte de incendio, al cual respondieron los cuerpos de emergencia quienes llegaron al lugar de los hechos. El incendió se produjo, según versiones que han trascendido, luego de que se escucharan algunas explosiones en su interior.

Por su parte la Fiscalía General del estado indicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes, que permitirán establecer si el incendio fue consecuencia de un «ataque doloso».

Indicó que los hechos no quedarán impunes, para lo que se desplegaron todos los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para esclarecer lo sucedido.

Añadió que se trabajará de manera coordinada con las instituciones federales y locales para que en caso de confirmarse que se trató de una agresión directa, detener a los responsables.

Adelantó que se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) su participación su colaboración en las investigaciones.

Al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García señaló vía redes sociales que de acuerdo a los primeros indicios, uno de los autores materiales del ataque al bar se trataría de Ricardo «N» alias «la loca» a quien las fuerzas coordinadas de Veracruz detuvieron en julio pasado, y el cual fue liberado en menos de 48hrs por la Fiscalía estatal.

Indicó que para abordar el caso, se reunió esta mañana con la mesa de Seguridad Nacional que encabeza Alfonso Durazo.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó este sábado que Carmela Parral Santos, alcaldesa del municipio de San José de Estancia Grande y Hugo Castellanos Ortega, delegado en la Costa de la Coordinación Estatal de Protección Civil, fueron hallados sin vida.

Se detalló que sus cuerpos de los funcionarios de la región de la Costa de Oaxaca, presentaban disparos de arma de fuego.

Explicó que fue la noche de ayer, cuando agentes de investigación arribaron a la carretera federal 200, a la altura de la desviación de la población El Faisán, en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, donde se encontró una camioneta en cuyo interior estaban los dos cuerpos sin vida.

La Fiscalía añadió que en el sitio donde se encontraba la camioneta, se hallaron siete elementos balísticos, 2 de calibre 38 super y 5 de calibre 7.62, así como un cargador descompuesto.

Al respecto, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, llevando a cabo en el lugar de los hechos las dirigencias respectivas.

Foto: Twitter

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la vinculación a proceso de Rosario Robles y la medida de prisión preventiva que se le impuso.

AMLO señaló que es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público; dijo que de acuerdo al procedimiento, se tiene que llevar a cabo un juicio, ya que hay un término legal para ver si procede algún amparo.

Sobre que los argumentos de la defensa, que vincularían en el caso al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario José Antonio Meade, AMLO dijo que su posible involucramiento será también parte de la investigación y el juez es quien decidirá.

«Estamos ante dos instancias autónomas, independientes, primero la fiscalía, el ministerio público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo, esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo, ahora se trata de una institución autónoma, independiente», expuso el mandatario.

Indicó que en los ocho meses que lleva al frente del gobierno ha visto una o dos veces al fiscal, además de que dijo, nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utiliza «palomas mensajeras» como se hacía antes; reiteró que el fiscal es autónomo completamente.

Ante la insistencia de la prensa, AMLO dijo que el proceso contra Rosario Robles no es un asunto que le competa, pues dijo, «tampoco soy Poncio Pilatos». Enfatizó que de acuerdo a los términos legales, el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, o cual es el desahogo de la investigación.

Finalizó indicando que el logro que tendría el proceso contra Rosario Robles sería que no haya impunidad y que exista un auténtico Estado de derecho.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

Según fuentes cercanas al Presidente López Obrador, ubicadas en Palacio Nacional, habrá acciones concretas para proteger al gremio periodístico en Veracruz. “Tendrán que sentarse en la misma mesa el Gobernador o su Secretario de Seguridad Pública con el Fiscal Jorge Winckler, a la brevedad”, me afirman.

El asesinato de un periodista más en Veracruz, (el primero en la gestión de Cuitláhuac García), evidenció de nueva cuenta que el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía del Estado no pueden trabajar juntos, en un “pleito” que a todas luces perjudica a los ciudadanos.

“La instrucción que llegará para el Gobernador del propio Presidente, a través de Olga Sánchez o Alfonso Romo, será la siguiente: tiene que sentarse a trabajar con Winckler. La oportunidad que tuvieron para removerlo se les fue por una mala operación política en el Congreso”, me dijeron.

“De igual forma, se le ha corrido al Fiscal Gertz Manero una sugerencia para que si lo cree conveniente, avise a su homólogo en Veracruz que el Gobernador le considerará en las mesas o reuniones de seguridad que se efectúen, incluyendo aquellas donde pudieran participar AMLO o el Secretario Durazo”.

De acuerdo a estas fuentes cercanas al Ejecutivo Federal, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, consideró inapropiado que tanto el Gobernador García como el Fiscal Winckler buscaran, cada uno por su parte y a su manera, desmarcarse de “culpabilidad” alguna en el caso de la seguridad que debió tener el periodista Jorge Ruiz.

“Lo que ocurre entre el Gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal Winckler ya es de conocimiento nacional. En todos los noticiarios se maneja, y por lo tanto, buena parte de los mexicanos sabe que no hay química entre ellos, y eso no debería pasar”, me confiaron.

“Ya se recomendó al Presidente gire instrucciones para que Cuitláhuac García evite mencionar tanto a Winckler. Lo hace prácticamente cada vez que le entrevistan, y eso le está perjudicando su imagen. En el caso del Fiscal, será el propio Gertz Manero quien decida si le efectúa algún comentario”, me aseveró un personaje que suele aconsejar a López Obrador antes de sus conferencias mañaneras.

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

La fiscalía pedirá la pena de muerte para el sospechoso de perpetrar el tiroteo masivo ocurrido en un centro comercial en El Paso, Texas, el cual dejó un saldo de 20 personas sin vida y al menos 26 heridos.

Así lo confirmó este domingo el fiscal de distrito local. «Puedo decirles desde el principio que el cargo del estado es asesinato capital y también que él es elegible para la pena de muerte», dijo en una conferencia de prensa Jaime Esparza, fiscal de Distrito. «Pediremos la pena de muerte», reiteró.

La policía local indicó que está trabajando en coordinación con los investigadores federales después del tiroteo, perpetrado por un hombre armado que ha sido ampliamente identificado en los medios como un hombre blanco de 21 años del área de Allen, cerca de Dallas.

John Bash, fiscal por el Distrito Oeste de Texas, que trabaja bajo la dirección del fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, dijo que el tiroteo esta siendo considerado como un caso «de terrorismo doméstico».

«He estado en consulta cercana con el fiscal general Barr», dijo en la conferencia. «Estamos conduciendo una investigación metódica con nuestros compañeros, una investigación cuidadosa pero con miras a presentar cargos por crímenes de odio (…) y cargos federales por armas de fuego que conllevan a la pena de muerte», agregó.

Afirmó que se está tratando como un caso de terrorismo doméstico y, advirtió, «haremos lo que hacemos con los terroristas en este país, que es hacer justicia rápida y segura».

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la llamada Estafa Maestra, que se le dijo, implica a 11 extitulares de dependencias de gobierno, y que habría servidor para desviar más de 5 mil millones de pesos.

Se le preguntó si considera instruir a unidades del gobierno tales como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que se investigue el flujo que tuvo el dinero, pues hasta ahora solo hay denuncias en contra de lo que sucedió en dos dependencia, Sedesol y Sedatu, que fueron encabezadas por Rosario Robles.

López Obrador respondió enfatizando tres puntos:

  • Cero corrupción y cero impunidad.
  • No solapar actos de corrupción; no somos tapadera.
  • Se está apoyando a la Fiscalía General de la República en todo lo que requiere

En este último punto dijo, es la Fiscalía quien tiene abiertas las investigaciones del caso, por lo que la instrucción precisa que tiene Santiago Nieto, titular de la UIF, es que se integre y entregue toda la información.

Precisó que aunque será la FGR quien se encargará de resolver el caso, en su gobierno no hay impunidad para nadie.

Para eso dijo, la Fiscalía no tiene limitaciones para hacer las investigaciones necesarias, por lo que podrían proceder en contra de otros funcionarios.

«Como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados, se llama a declarar, ese es el procedimiento; y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tome en cuenta todos los implicados, que no haya protección para nadie», sostuvo AMLO.

Y es que recordemos que se dio a conocer que La Fiscalía solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si se puede confiar en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se revelara que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya.

“¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue?”, se le preguntó al presidente.

En respuesta, el mandatario indicó que le tiene confianza plena al Fiscal, y pidió considerar que en la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex, cosa que ya se realizó ahora.

Mencionó que el hecho de que no se le haya podido detener, y que esté prófugo, “ese es otro asunto, pero sí esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada”.

Sobre el posible conflicto de interés que se le señala a Gertz Manero, AMLO dijo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados.

Respecto a la labor de la Fiscalía, el presidente reconoció que todos los mexicanos quisieran que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero dijo son procesos que se tienen que llevar a cabo y se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso los de los presuntos delincuentes.

“Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, reconoció que si bien tener a Javier Coello como representante legal no es un acto ilegal, sí podría ser un acto inmoral, aquellos que él tanto ha cuestionado.

El vocero de la Luz del Mundo, Silem García Peña, aseguró que la fiscalía de los Ángeles, California, no pudo aportar la información suficiente para justificar el «desorbitado» monto de la fianza para liberar a Naasón Joaquín García.

“Hay dos factores que se toman en consideración para fijar el monto de una fianza: uno es el grado de peligrosidad y otro es el temor fundado de que la persona que está llevando un procedimiento pueda sustraerse a la acción de la justicia, situaciones que no ha probado el fiscal de California”, dijo el vocero.

«La fiscalía de los Ángeles, California, no pudo aportar la información suficiente para justificar el desorbitado monto de la fianza que se exige para la liberación del Apóstol Naasón Joaquín García», señala mediante un comunicado.

Silem García Peña destacó que la fiscalía de California recibió un último aplazamiento por parte de la Juez que conoce el caso, a efecto de aportar documentación que apoye el desvío desmedido de la fianza recomendada por ley.

Como parte de la conferencia de prensa que encabezó este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer cuales son los casos «sustantivos relevantes» que la dependencia ha identificado.

AYOTZINAPA

Señaló que después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.

ODEBRECHT

En el que consideró un «caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza», cuya investigación inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2017, Gertz Manero reconoció que hasta la fecha no había dado resultado alguno. Por dicha razón, explicó que la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una «maquinación delictiva», en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.

TLAHUELILPAN

Respecto a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el funcionario indicó que la Fiscalía ha realizado, junto con la Fiscalía estatal, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que ha permitido identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

Aclaró que existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay reconoció, hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió.

ESTAFA MAESTRA

Finalmente, sobre la investigación que se abrió por la llamada Estafa Maestra, Gertz Manero recordó que se inició en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país.

Detalló que se han obtenido 5 vinculaciones a proceso, y se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.

Dijo que en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.

«La Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público», indicó el funcionario.

Finalizó señalando que la reestructura parte de una perspectiva de delincuencia organizada y de un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más.

La Fiscalía de Estados Unidos anunció este martes su rechazo a la petición de los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, de repetir el juicio en el que fue declarado culpable en febrero.

Esta petición respondía a informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.

En su escrito presentado hoy, fecha límite fijada por el juez, los fiscales argumentaron que esas informaciones, publicadas por Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.

Asimismo, argumentaron que la petición del capo mexicano “se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar” y “no hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado”.

“Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio”, añadieron.

Uno de los abogados de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, dijo que la Fiscalía está “desesperada por evitar una audiencia que incluya testimonios de los jurados”.

«Saben perfectamente que revelará que los jurados mintieron de manera sistemática al juez sobre no seguir la cobertura de los medios durante el juicio. El caso de «El Chapo» no ha sido nada más que una Inquisición glorificada y el rechazo del Gobierno a simplemente escuchar a jurados lo demuestra”, añadió.

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable en febrero de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que muchos de los reclamos que se le han hecho es que, pese a su promesa de combatir la corrupción, hasta ahora no hay “nadie” en la cárcel.

Al respecto, indicó que todos los expedientes de los funcionarios que han cometido algún delito o que se presume que lo cometieron, se están remitiendo a la Fiscalía General quien será la encargada de fincar responsabilidades.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer todas las denuncias que su gobierno ha presentado a la Fiscalía General, mismas que tienen que ver con el llamado huachicol, delincuencia y corrupción.

Afirmó que, si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene informes de presuntos actos de lavado de dinero, la instrucción que ha dado a su titular, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, sin importar el nombre que aparezca.

“Todavía ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración y ayer mismo le envié de regreso un memorándum, diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe”, relató AMLO.

Remató indicando que tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, habrá cero tolerancia contra la corrupción.

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