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La abogada Sidney Powell, que pertenecía al equipo jurídico de la campaña del expresidente Donald Trump, se declaró culpable este jueves en el caso de Georgia por el intento de manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

Según se informó, Powell se ha declarado culpable este jueves, un día antes del comienzo del juicio contra ella. Los fiscales han pedido seis años de libertad provisional, así como que testifique en futuros juicios sobre el caso y escriba una carta pidiendo disculpas a los ciudadanos de Georgia.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Powell admite su papel en la incursión de los sistemas electorales del condado de Coffee, en Georgia.

Con la ayuda de dirigentes locales del Partido Republicano, un grupo de partidarios de Trump accedió de forma ilegal a dichos sistemas para tratar de probar que las elecciones estaban siendo amañadas en detrimento del entonces presidente.

La defensa de Powell ha rechazado siempre la tesis de la Fiscalía de que la abogada “orquestó” la incursión en los sistemas del citado condado.

Powell es la segunda acusada en el caso de Georgia que se declara culpable. El primero fue Scott Hall, quien a finales de septiembre se declaró culpable de cinco cargos menores como parte un acuerdo que sus abogados habían negociado con la Fiscalía.

Como parte de ese acuerdo, se redujo la gravedad de los delitos de los que Hall estaba acusado y se estableció que deberá cumplir cinco años en libertad condicional, además de tener que pagar 5,000 dólares de multa y cumplir con 200 horas de servicios comunitarios.

Powell y Hall forman parte del grupo de 18 personas que han sido imputadas junto al expresidente Donald Trump por el intento de revertir el resultado electoral en Georgia en 2020.

Un segundo sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de cinco jóvenes en Jalisco fue detenido la tarde de ayer, informó la fiscalía estatal, tras la captura el lunes del primer presunto involucrado con el crimen.

El nuevo detenido fue identificado como Celestino “M”, quien además del caso de los cinco jóvenes, ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno, también está relacionado con la desaparición de otras dos personas, cuyos cuerpos sin identificar fueron hallados el 20 de agosto en la misma localidad, detalló la fiscalía.

“Se llevaron a cabo diversos actos ministeriales con los que se logró identificar a dicho individuo como probable responsable, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión por los delitos mencionados”, señalaron las autoridades a través de un comunicado.

Celestino “M” fue puesto a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica.

Recordemos que el lunes, la fiscalía estatal informó de la detención del primer sospechoso identificado como Rogelio “M”, quien fue ubicado tras un operativo entre agentes judiciales y policiales y entregado luego a un juez del Tercer Distrito Judicial, con sede en Lagos de Moreno.

El caso de los cinco jóvenes secuestrados causó conmoción en todo el país. Sus restos siguen sin ser encontrados e identificados por las autoridades.

Hasta inicios de septiembre, operativos desplegados en la zona del crimen permitieron la captura de 85 individuos por delitos como desaparición de personas, pero sin vinculación con el caso de los cinco jóvenes.

Lagos de Moreno es considerado un lugar estratégico para las organizaciones del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al conectar con varios estados clave en el tráfico de drogas.

Jalisco es el estado con más desaparecidos en México: casi 15,000 del total nacional, la mayoría desde 2006 cuando se militarizó la lucha antidrogas y la tasa de homicidios se triplicó hasta 25 casos por 100,000 habitantes actualmente.

Desde ayer, en una columna publicada en EL UNIVERSAL, Ernestina Godoy reconoció que busca ratificarse en el cargo de Fiscal General de la Ciudad de México por un periodo más.

Sin embargo, fue este martes cuando compartió un video explicando sus razones:.

Señaló que el Consejo Judicial Ciudadano ya hizo la consulta de manera formal, en la cual confirmó que sí buscar ratificarse como Fiscal de la Ciudad, pues dijo, la capital merece una fiscalía que esté al servicio de la gente, algo que dijo, está convencida que ella y el equipo que ha conformado  representa

“Hemos adquirido una gran experiencia y tenemos muchas cosas que están por consolidarse, y algunas que sabemos que tenemos ya echar a andar y no fue tiempo suficiente. Se nos vino la pandemia, y eso nos alentó un poco”, explicó.

Sin embargo, se dijo segura que pueden llegar a ser una institución ejemplar, “la mejor Fiscalía”, que responda para lo que es: para procurar justicia.

Recordemos que la Constitución de la Ciudad de México establece que la persona titular de la Fiscalía durara´ cuatro años y será´ electa por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, y añade que la o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta del Consejo.

Ernestina Godoy fue la encargada de llevar a cabo la transición de Procuraduría a Fiscalía a Fiscalía.

La Fiscalía federal para el Distrito sur de Nueva York acusó al senador demócrata, Bob Menéndez, por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al Gobierno de Egipto.

La causa, en la que también figura la pareja del senador, examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no sólo dinero en efectivo sino también bienes de lujo, entre ellos un coche, según el Departamento de Justicia.

Los registros refieren el hallazgo de 480,000 dólares en efectivo, guardado en sobres y oculto en prendas de ropa, armarios y una caja fuerte.

Las autoridades también informan sobre lingotes de oro cuyo valor asciende a otros 100,000 dólares.

Los investigadores federales sospechan, tras un año de pesquisas, que Menéndez aprovechó información oficial sensible y e interfirió en la labor de la Fiscalía o del Departamento de Agricultura, para que no se perjudicara a personas afines.

Incluso, se señala que llegó a proponer un nombre como candidato a fiscal de distrito con la intención de tener más influencia, según informó la cadena NBC News.

Para Menéndez, de 69 años y senador desde 2006, no es la primera acusación ya que en 2015 fue señalado también por los supuestos tratos de favor a un amigo.

Las sospechas de corrupción terminaron siendo archivadas dos años más tarde ante la falta de pruebas concluyentes, lo que permitió al demócrata salir reelegido en 2018.

Actualmente es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, lo que le ha valido las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha señalado de políticas antiinmigrantes, además de que hacer “politiquería” en contra de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió que fue “completamente legal” la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a Estados Unidos, luego de las quejas que expresara su equipo legal.

“Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro de que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente respondió a las acusaciones de la defensa de Ovidio, que a través de un comunicado afirmó que la extradición de su cliente, llevada a cabo el viernes pasado, “fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales”.

Los abogados argumentaron que no se informó a su defensa “sobre dicha determinación de extradición” y “no se respetó el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería”.

Cuestionado por el tema, López Obrador contestó “que eso lo decide la Fiscalía General de la República” y “ellos pueden informar sobre este asunto”, pero justificó los plazos del proceso.

“La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre, el 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición, eso es”, explicó.

Ovidio Guzmán se declaró el pasado lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago.

El también conocido como “el Ratón”, detenido en enero pasado en nuestro país, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

Aunque la extradición ha despertado temores de una reacción violenta del Cártel de Sinaloa, López Obrador expresó que “claro que sí” hay condiciones para que acuda a Badiraguato, cuna de la organización criminal, a inaugurar una carretera.

“Sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas”, comentó.

Incluso fue más allá, y dijo que “para que tengan los adversarios nota, fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, Guzmán Loera”, remató.

Sujetos armados asesinaron este martes al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en GuerrerO, Fernando García Fernández, en un nuevo hecho que refleja la ola de violencia del crimen organizado en ese estado.

De acuerdo con información policial, el ataque contra el delegado ocurrió después de las 8:30 horas en la calle principal de la colonia Cipatli, cerca de la autopista Del Sol.

García Fernández recibió los disparos mientras circulaba en una camioneta que quedó impactada sobre un portón.

El cuerpo del funcionario federal quedó sobre la calle, a unos metros de la camioneta, a donde los servicios de emergencia arribaron para darle los primeros auxilios; sin embargo, solo confirmaron que no tenía signos vitales.

Fernando García Fernández llegó a la delegación de la FGR en 2018, cuando el gobernador era Héctor Astudillo Flores.

El asesinato del delegado de la FGR se suma a una serie de ataques registrados en Guerrero en los útimos días contra mandos y agentes de dependencias y órganos de seguridad y procuración de justicia, con un total de 16 muertes de este tipo en los últimos siete meses.

Autoridades confirmaron que la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación,

“Las instituciones que integran la mesa de la coordinación para la construcción de la paz condenamos enérgicamente el artero y cobarde homicidio (…) las instancias correspondientes realizarán los trabajos para esclarecer los hechos y llevar a la justicia, con todo el peso de la ley” a los probables responsables del delito.

Apenas el pasado 10 de septiembre murió asesinado el fiscal regional en Tierra Caliente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Manuel Salas Cuadras, quien, de acuerdo con el Gobierno federal, perdió la vida derivado de un ataque en respuesta a sus acciones contra el grupo delictivo La Familia Michoacana.

Antes, el 6 de septiembre, un grupo armado mató a tres policías municipales de Juan R. Escudero y al secretario de Seguridad de ese municipio, Juan Carlos Vitrago.

Guerrero ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 800 asesinatos en la primera mitad de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La fiscalía española acusó formalmente a Luis Rubiales de agresión sexual y coacción, por besar sin consentimiento a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino.

Rubiales, el ahora suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, besó a Hermoso en los labios durante la ceremonia de entrega de medallas luego de que España derrotara a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo el pasado 20 de agosto en Sídney, Australia.

La fiscalía presentó la demanda contra Rubiales ante la Audiencia Nacional en Madrid dos días después de que Hermoso lo acusara formalmente de agresión sexual.

De acuerdo con una ley aprobada el año pasado que incluye la figura del consentimiento sexual, si se le declara culpable, Rubiales podría enfrentar una multa o una pena de prisión de uno a cuatro años.

En su comunicado, la fiscalía explicó este viernes que el entonces máximo mandatario del fútbol español podría haber cometido un acto de coacción cuando, según Hermoso, la presionó para que saliera en su defensa inmediatamente después de que estalló el escándalo por su comportamiento.

Rubiales ha insistido en que el beso fue consentido, algo que Hermoso ha negado.

La fiscalía ha pedido al juez que Rubiales comparezca ante un tribunal para prestar una declaración preliminar. Si la Audiencia Nacional acepta tramitar el caso, se abrirá una investigación judicial formal que concluirá con una recomendación de sobreseimiento o con la apertura de un juicio.

“La fiscal pide que se tome declaración a Luis Rubiales, en condición de investigado, y a Jenni Hermoso como víctima”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Recordemos que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de España también le ha abierto un expediente a Rubiales, mientras que el gobierno español le ha solicitado que vaya más allá y suspenda al directivo, quien denuncia no obstante ser víctima de un “linchamiento político y mediático sin precedentes”.

La Federación anunció el martes pasado la destitución del entrenador femenino, Jorge Vilda, considerado cercano a Rubiales y criticado por las jugadoras, como una de sus primeras “medidas de renovación”, y nombró en su lugar a la que era su adjunta en el banquillo, Montse Tomé, la primera mujer en ocupar el cargo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que detuvo a Alejandro “N”, presunto implicado en la muerte del empresario Iñigo Arenas, por lo que a la fecha suman siete detenciones relacionada con el caso.

Recordemos que el empresario fue encontrado sin vida el pasado 6 de agosto, al interior de un bar ubicado en el municipio de Naucalpan, de nombre Black Royce.

De acuerdo a los actos de investigación realizados por la Fiscalía, se determinó que en la muerte de Arenas Saiz, presuntamente participaron siete personas, de las cuales Aritzi Abril “N”, Ana Karen “N”, Cecilia “N”, Ana Karen “N N”, Eduardo “N” y Carlos Daniel “N”, ya habían sido detenidas y se encuentran vinculadas a proceso.

Ahora, Manuel Alejandro “N” fue detenido la tarde de ayer en la colonia El Corralito, en Naucalpan, mediante una acción operativa realizada por Agentes de la Policía de Investigación.

Recordemos que de acuerdo con los datos de prueba recabados durante los actos de investigación, la Autoridad Judicial concedió orden de aprehensión en contra de siete posibles involucrados, la cual quedó totalmente cumplimentada con la detención de Alejandro “N”.

Producto de las entrevistas en sede ministerial y evidencia recabada, se precisó que desde el arribo del empresario al Black Royce, fue atendido por un mesero a quien se identifica como Manuel Alejandro “N”, quien a pesar del horario y de que la víctima se encontraba en evidente estado inconveniente lo persuadió en conjunto con los otros empleados a continuar ingiriendo bebidas alcohólicas.

A las 04:59 horas, junto con Eduardo “N”, capitán de meseros y las cuatro mujeres detenidas, Alejandro “N” habrían persuadido al empresario a trasladarse al área identificada como “VIP” que se encuentra en la planta alta del establecimiento.

Fue en esa área del bar donde la víctima finalmente habría perdido la vida y del que fue trasladado a la planta baja del inmueble, sin que exista evidencia de que los imputados hubieran alertado de manera oportuna a los servicios de emergencia para su atención.

Autoridades informaron este jueves que hallaron restos humanos en la finca que aseguraron la tarde de ayer en Jalisco, en el marco de las investigaciones por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

El grupo de amigos de entre 19 y 22 años desapareció el viernes pasado en la localidad de Lagos de Moreno. Su cada vez más probable asesinato fue difundido en violentas imágenes de redes sociales, aunque las autoridades no han confirmado su muerte de forma oficial.

La fiscalía de Jalisco dijo que policías hallaron “restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad” en el predio donde se presume, fue filmado el video que se difundió sobre los jóvenes.

Añadió que por el momento no se pueden determinar aún los rasgos físicos, edad y sexo de los restos.

Los nuevos restos se suman a los calcinados de otra persona hallados en un auto el pasado 15 de agosto. El auto pertenecería a uno de los jóvenes desaparecidos.

La dependencia añadió que investigadores forenses trabajan “para identificar a las víctimas”.

Tras la desaparición de los jóvenes, una imagen y un video de ellos fueron difundidos en redes sociales. En la fotografía se les observa arrodillados y maniatados mientras que en el video se ve el momento en el que uno es atacado con un objeto contundente y un cuchillo, mientras otros cuerpos yacen en el suelo.

Este jueves, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal colabora en la indagatoria, la cual está a cargo de la fiscalía de Jalisco. “Sí, estamos nosotros ayudando”, dijo en su conferencia matutina.

Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas con unas 14,800, de un total de 110,000 casos registrados desde 1962.

De 2018 a 2023, en el estado han sido ubicadas 141 fosas clandestinas. Apenas el 6 de junio pasado, los restos de ocho trabajadores de un call center que habían sido reportados como desaparecidos fueron localizados en bolsas en una fosa clandestina en Zapopan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que ayer, al término de su conferencia matutina, no escuchó la pregunta que se le hizo sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Jalisco. Afirmó que todo fue un invento de sus detractores.

“Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esta forma”, se defendió el mandatario.

Afirmó que, ante los “gritos” de los reporteros, no distinguió los cuestionamientos que se le hicieron, hecho que fue tergiversado por el bloque conservador en redes sociales.

“¿Ustedes creen que sí yo escucho que me están preguntando sobre eso no les contesto? Pero ¿qué escuché? Nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito y no escucho, entonces lo interpretan como que no quise yo responder y que además me burlé; son unos perversos”, reclamó.

Incluso dijo que no iba a ofrecer disculpas, pues lo sucedido no fue como lo quisieron hacer ver, “fue un invento”.

Acusó al llamado “bloque conservador” de dar vuelo a esa mentira, entre ellos mencionó a una “aspirante a la presidencia, corrupta”, en referencia a Xóchitl Gálvez, así como a representantes de los gobiernos neoliberales.

Pese a la polémica generada, López Obrador resaltó la confianza del pueblo de México. Sostuvo que “saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos, por eso no pasarán, (…) pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente”.

Sobre el tema, el presidente afirmó que el Gobierno federal ayuda en la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación; están trabajando. (…) Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando”, enfatizó.

Indicó que la Fiscalía de Jalisco es quien lleva a cabo las indagatorias, sin embargo, dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si atrae el caso o no, tal como lo solicitó el gobernador Enrique Alfaro.

“Están haciendo su trabajo; es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances, pero vamos a esperar”, remató.

La Fiscalía General de Veracruz confirmó esta tarde que son al menos 13 cuerpos desmembrados, embalados y congelados los que encontraron en dos casas en el municipio de Poza Rica.

“En unos primeros indicios recogidos lamentablemente podrían ser más de 13 cuerpos”, detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El hallazgo se reportó después de que elementos del Ejército, Policía Estatal y Ministerial realizaron el domingo cateos domiciliarios en los barrios de Guadalupe Victoria y Torres Pancardo de la cabecera municipal de Poza Rica.

En dos casas usadas por la delincuencia organizada, ubicaron congeladores con cuerpos descuartizados, embalados y congelados, por lo que en las últimas horas especialistas de servicios periciales iniciaron trabajos de identificación para determinar el número de víctimas.

Poza Rica, una región petrolera del norte del estado, se encuentra inmersa en una oleada de violencia relacionada, según autoridades estatales, con una disputa entre grupos criminales antagónicos.

El organismo autónomo explicó que la Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en este tipo de casos para determinar el número de individuos implicados y sus identidades.

“Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y/o identidades, carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico”, aclaró.

La fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, precisó que desde ayer se iniciaron las carpetas de investigación y aclaró que no se trata de 34 cuerpos, como difundieron medios de comunicación locales.

Indicó que fiscales, peritos y policía ministerial realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles, así como con otras actuaciones que forman parte de la carpeta de investigación.

Desde 2018 hasta el marzo pasado, Veracruz fue el lugar de México donde se halló el mayor número de fosas clandestinas.

Datos del Cuarto Informe de Estrategia de Seguridad Pública, revelaron que Veracruz registró un total de 335 fosas clandestinas, correspondiente al 11.97% de las fosas del país.

Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la “desproporcionalidad y excesividad” de la Fiscalía en su detención el pasado sábado ya que, según dice, lo grabaron desnudo.

Trujillo denunció las “graves irregularidades” en la captura de hijo del mandatario y criticó que en la audiencia en que se formalizó la detención de Petro Burgos y de su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero, “no se convocó a la defensa” lo que los imposibilitó de apelar o presentar alegatos.

“Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento, y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas”, dijo el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

Según Trujillo, Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, que está embarazada de ocho meses, relató que “los agentes de la Fiscalía ingresaron al apartamento a las seis de la mañana, sigilosamente, sin golpear ni tocar la puerta, tanto que dicen que la mamá de Laura que estaba despierta no escuchó nada, el perro no ladró”.

En este contexto, “abrieron la puerta de la habitación de Laura, ella estaba ahí desnuda, la grabaron, grabaron desnudo a Nicolás ingresando a la ducha, nunca dejaron de grabar a pesar de que Laura se los pidió”, relató Trujillo.

“Esos videos los tiene la Fiscalía, nosotros no los tenemos”, indicó el abogado, que los ha solicitado porque demostraría que “hubo irregularidades graves”.

Además, Trujillo denunció que los agentes de la Fiscalía al parecer arrendaron un apartamento en el conjunto residencial donde vive Nicolás Petro y llevaban viviendo allí “entre una y dos semanas” y desde allí planearon todo para hacer la operación sin necesidad de presentar órdenes judiciales en la portería “como normalmente se hace en estas diligencias”.

Todo esto “lo habrían hecho sin la autorización previa de un juez de control de garantías”, concluyó el abogado.

Trujillo también cuestionó que las presuntas pruebas de que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre se conocían desde hacía cinco meses y, por lo tanto, la captura se habría tenido que hacer entonces.

Está previsto que mañana la Fiscalía lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra su exesposa por los de lavado de activos y violación de datos personales.

Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado.

El punto de partida fue una entrevista de Vásquez a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero.

Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, le entregó a Nicolás Petro “más de 600 millones de pesos para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

El presidente Petro, tras conocer ayer la noticia, manifestó: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes haber recibido una carta de la fiscalía que sugiere que es probable que se le acuse penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio.

“El trastornado Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia de (el presidente estadounidense) Joe Biden, envió una carta (…) que afirma que soy un OBJETIVO de la investigación del Gran Jurado sobre el 6 de enero”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Recordemos que el 6 de enero de 2021, cientos de simpatizantes de Trump sembraron el caos y atacaron el Capitolio en Washington, para intentar impedir que se certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

El expresidente, favorito entre los republicanos para la nominación del candidato del partido de cara a las presidenciales de 2024, dijo que le dieron “un plazo muy corto de cuatro días” para presentarse ante un gran jurado, “lo que casi siempre significa un Arresto y Acusación”.

“Esta cacería de brujas tiene que ver con la interferencia electoral y un completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política”, dijo el republicano, de 77 años.

En su publicación de Truth Social, Trump argumentó que tiene “derecho a protestar” por unas elecciones que está “plenamente convencido de que han sido amañadas y robadas” y se considera en el punto de mira debido a los próximos comicios.

El Departamento de Justicia ha “emitido efectivamente una tercera acusación y arresto del OPONENTE POLTICO NÚMERO UNO de Joe Biden que domina ampliamente en la carrera por la Presidencia”, sostiene Trump. “Nada semejante ha ocurrido antes en nuestro País”, añadió.

Una comisión parlamentaria, disuelta a principios de año por la nueva mayoría republicana en la Cámara baja, investigó si Trump desempeñó un papel en los actos violentos de ese día.

El panel, integrado sobre todo por demócratas, afirmó que el expresidente había incitado a sus partidarios antes del ataque y “falló en su deber de comandante en jefe” durante los actos violentos.

En su informe final hecho público en diciembre de 2022, la comisión concluyó que Donald Trump no debería volver a ocupar un cargo público tras incitar a sus partidarios a la insurrección. También recomendaron que la justicia federal iniciara procedimientos penales contra él, en particular por incitación a la insurrección.

Trump ya ha sido imputado en una investigación federal sobre documentos confidenciales, también dirigida por Jack Smith. Se le acusa de negarse a devolver documentos que supuestamente conservó cuando se fue de la Casa Blanca.

Autoridades detuvieron a dos personas relacionadas con el ataque con explosivos que dejó seis muertos y 15 heridos el pasado martes en Tlajomulco, Jalisco.

El fiscal del estado, Joaquín Méndez, dijo este lunes que las dos personas,  Sergio Julián “N” y Samuel “N”, están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública.

“Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos”, adelantó el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que las detenciones se lograron en coordinación con autoridades municipales y el Ejército.

Recordemos que el ataque ocurrió cuando fueron activados varios explosivos de fabricación artesanal al paso de vehículos policiales y de la Fiscalía que atendían un reporte sobre un eventual hallazgo de restos humanos en esa zona.

En la explosión murieron cuatro policías y dos civiles mientras que otras 15 personas resultaron lesionadas.

Este atentado ocurrió casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la Guardia Nacional e hiriera a otros tres del cuerpo en el estado de Guanajuato.

Al respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la semana pasada un aumento en ese tipo de ataques, los cuales rechazó pudieran ser catalogados como terrorismo.

Tras el atentado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se suspendería la búsqueda de personas desaparecidas mientras se generaban protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.

Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que, con esa decisión, se violentaba su derecho a buscar a sus familiares.

Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país con más de 15,000 casos, un fenómeno que se atribuye principalmente a la delincuencia organizada, pues en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en el país.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de varios delitos federales, para poner fin a las acusaciones en su contra que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales a un cargo relativo a posesión de armas.

En virtud de este acuerdo, el hijo de Biden, de 52 años, admitirá errores en la declaración de ingresos relativos a los ejercicios de 2017 y 2018. La Fiscalía de Delaware aceptará a cambio que pueda quedar en libertad condicional, lo que evitará que pise la cárcel.

Además, el acuerdo contempla una resolución alternativa para otro delito relativo a la posesión ilegal de armas de fuego, según la cual la acusación queda archivada si Hunter Biden acepta una serie de condiciones reclamadas por la Fiscalía. En este caso, se cuestionaba que pudiese tener un arma pese a que era un adicto.

Si el juez avala el acuerdo, suscrito en una de sus partes por el fiscal David Weiss, nombrado por el expresidente Donald Trump en 2018, será el final del frente judicial abierto hace cinco años contra Hunter Biden, utilizado desde las filas republicanas como arma contra el actual inquilino de la Casa Blanca.

El abogado de Hunter Biden, Chris Clark, defendió en un comunicado que “la investigación iniciada hace cinco años está resuelta” con el acuerdo conocido ahora. “Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió durante un periodo agitado y de adicciones en su vida. Quiere seguir con su recuperación y pasar página”, reportó la NBC News.

Hunter Biden es el único hijo del primer matrimonio del presidente que sigue con vida. Una hermana pequeña falleció a los 13 meses en un accidente de tráfico en el que también pereció la entonces mujer de
Joe Biden y que causó heridas al propio Hunter y a otro hermano, Beau, fallecido en 2015 por un cáncer cerebral.

La actividad empresarial de Hunter Biden, con relación con consultoras y grupos de presión, ha sido motivo recurrente de críticas, especialmente por sus relaciones con firmas extranjeras y a raíz del ascenso de su padre.

Su nombre también protagonizó el primer juicio político presentado contra Trump, al que se acusó de intentar presionar a Ucrania para que presuntamente investigara supuestas irregularidades.

Tan pronto se conoció sobre el acuerdo, la Casa Blanca indicó que el presidente Joe Biden expresa su “amor” y “apoyo” a su hijo Hunter.

La Fiscalía del Estado de México informó que obtuvo una nueva orden de aprehensión contra Sergio ‘N’, quien fue detenido la tarde de ayer señalado como presunto responsable de lanzar a un canino a un cazo de aceite provocándole la muerte.

La dependencia señaló que la nueva orden de aprehensión es por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del dueño de la carnicería donde ocurrieron los hechos en el municipio de Tecámac.

Tras ser detenido ayer en la CDMX, Sergio ‘N’ fue trasladado al penal de Chiconautla, donde un juez de control lo vinculó a proceso luego de escuchar las imputaciones del Ministerio Público, a quien se le acusa del delito de maltrato animal.

El nuevo delito que se le imputa esta relacionado a lo ocurrido el domingo pasado, cuando Sergio ‘N’ ingreso al local comercial, donde agredió verbalmente al dueño, lo amagó con un instrumento punzocortante y con un arma de fuego, que se desconoce si era la que tenía de cargo, pues se confirmó que al momento de los hechos, se desempeñaba como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sergio ‘N’ habría amenazado e intentado privar de la vida al dueño de la carnicería, razón por la cual se desprende el nuevo delito.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, por el delito de maltrato animal podría recibir una condena de hasta seis años de prisión.