Ana Paula Ordorica
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CNDH reconoce promulgación de ley de desaparición forzada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que el día de hoy es una “jornada de buenas noticias para los derechos humanos en México y el contexto internacional”, esto luego de la  promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

 

En el marco de la ceremonia de toma de posesión de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y luego de asistir a la promulgación de la Ley referida en la Residencia oficial de Los Pinos, el Ombudsman nacional,  Luis Raúl González Pérez, destacó que este es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Presidente de la CNDH resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la Ley, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no solo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida Ley.

El Presidente de este Organismo Nacional señaló que una de las prioridades de la instrumentación de la Ley, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar; así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la
repetición de estos hechos condenables.

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Ley de Desaparición Forzada, paso importante para erradicar el delito: Gobierno

A través de un comunicado de prensa firmado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, indicaron que con la aprobación de la Ley General sobre Desaparición de Personas “se da un paso importante en la dirección correcta para la sanción y erradicación de este delito que tanto lastima a los derechos humanos”.

 

Las dependencias indicaron que la Ley distribuye competencias, establece un marco de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobiernO, así como la creación de un mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la investigación y sanción de este delito.

 

Detallaron que la Ley contempla la creación de cuatro instrumentos básicos:

  • El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). Asegura la inmediata movilización para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas para lo que contará con diversos instrumentos.
  • La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda y cuenta con grupos de búsqueda y áreas de análisis de contexto. 
  • La Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos materia de esta Ley. Fortalecer la Fiscalía federal y las de las entidades federativas.
  • El Consejo Nacional Ciudadano. Integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al SNBP.

 

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Diputados aprueban ley de desaparición forzada

Los Diputados aprobaron esta tarde la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, luego de más de dos años de discusión.

 

 

 

Con 397 votos, el decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue avalado en lo general y turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

 

Como parte de esta ley, que busca prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, así como los mecanismos para garantizar su localización, se contempla penas de 40 a 60 años de prisión para quien incurra en el delito, así como multas que van desde los 10 mil hasta los 20 mil días. A la desaparición cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa.

 

Otro de los puntos que sobresalen es que las sanciones podrían aumentar cuando la víctima pierda la vida, se trate de migrantes, sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

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