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La candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que en caso de ganar el próximo 2 de junio, no tendría miedo en nombrar a la primera mujer al frente de las Fuerzas Armadas.

La candidata de la coalición integrada por el PAN, PRI, PRD, dijo que deberá ser una mujer “capaz y brillante”; aunque precisó que no otorgaría un puesto en su Gobierno paritario por cumplir con una cuota de género.

“Yo creo que tiene que ser una mujer capaz, brillante. Yo nunca tendría una florero como la que tuvimos en Gobernación, con todo respeto para doña Olga (Sánchez Cordero)”, aseguró durante el Summit Mujeres de la firma Expansión en la Ciudad de México.

Además, aseguró que en su gabinete de Gobierno habrá mujeres con agallas, que la inviten al debate cuando no compartan el mismo criterio o ante la toma decisiones . “Yo no le tengo miedo a la gente inteligente. Yo le tengo miedo a los tarugos”, expresó.

Gálvez aseveró que incluso podría mantener a funcionarios de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de Raquel Buenrostro, actual titular de la Secretaría de Economía , pues dijo sabe cobrar e hizo un buen trabajo por su paso por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En este sentido, aseguró que no todos los funcionarios del actual Gobierno mexicano ni todos los políticos son malos o corruptos.

La opositora aseguró que si el 62% de los ciudadanos sale a las urnas a votar resultaría electa ante un descontento con la fórmula oficialista. “Hay un desencanto generalizado en el país, si nosotros logramos una votación de arriba del 62% de verdad que ganamos”, aseguró.

Gálvez llamó a las mujeres reunidas en el evento a motivar a más mexicanos para que salgan a ejercer su derecho a votar.

La aspirante presidencia aprovechó para reiterar que enfrenta una desventaja de recursos frente a una campaña que calificó de “derroches en promoción”, en referencia a la de la candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

“Ellos realmente sí tienen un poder económico tremendo, si se dan cuenta yo ni siquiera puedo poner la cantidad de lonas que hay de Claudia”, contrastó.

Pese a lo que dicen la mayoría de las encuestas, que dan una ventaja a Sheinbaum de entre 17 y 24 puntos, sostuvo que no hay una elección definida y que sólo es la visión del oficialismo que asegura que los comicios son solo un trámite.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció este lunes al Ejército el apoyo que le han dado el proyecto político que encabeza, que dijo, ha sido “fundamental” para la ‘Cuarta Transformación’.

Así lo expresó en la conmemoración del 111 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas, celebrada en el complejo de la Industria Militar en Puebla, donde subrayó el origen “popular y revolucionario” de la institución castrense.

“En esta transformación pacífica, en esta revolución de las conciencias, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas”, aseguró el mandatario.

Explicó que, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la de la Marina (Semar), encargadas de las Fuerzas Armadas, tienen una aprobación popular de “alrededor del 85%” y repasó las principales acciones realizadas por el Ejército durante su sexenio.

Entre ellas, destacan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el apoyo para construir el Tren Maya y la entrega de recursos materiales y humanos durante la pandemia de covid-19.

También subrayó que, gracias a la gestión militar de las aduanas terrestres, se ha luchado contra el contrabando, “detenido” el narcotráfico e “incrementado” la recaudación de ingresos en los puntos fronterizos.

“Me importa mucho que sepan cuánto nos están ayudando”, reiteró López Obrador, quien recordó su propuesta de reforma constitucional para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.

Y es que López Obrador aprovechó para rechazar los señalamientos que se le han hecho, acerca de que la participación de las Fuerzas Armadas se haya traducido en la militarización de México.

“En lugar de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, que son pueblo uniformado, son trabajadores, leales y patriotas”, sostuvo.

En su opinión, es “fundamental” que pase a la Sedena para evitar que el organismo, nacido en 2019 con la promesa de mantenerlo bajo control civil, se “corrompa” y consolidar “con disciplina y profesionalismo” su vocación de protección a la ciudadanía.

Por su parte, el comandante del Ejército, Celestino Ávila Estudillo, agradeció la “confianza” del Gobierno de López Obrador y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de ser “cada vez más eficientes” en sus actuaciones.

“Seguiremos siendo este ejército defensor de la nación, que conserva la esencia de su creación y de su origen con la que mantenemos la confianza que nos otorga la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, López Obrador sostuvo que el personal militar es “pueblo uniformado”, unos trabajadores “leales y patriotas”. “Viva el Ejército Nacional y viva México”, exclamó.

Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, considerado el máximo responsable de Derechos Humanos dentro del gobierno federal, ha sido “espiado repetidamente” a través del programa Pegasus, según una investigación del diario The New York Times (NYT),

En caso de confirmarse la información que publica el diario, Encinas sería el más alto cargo espiado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien Encinas mantiene una amistad personal que no ha impedido que se produjeran entre ellos varios desencuentros, sobre todo por el papel de las Fuerzas Armadas en distintos abusos y atropellos.

NYT reconoce que no hay una prueba definitiva de quién llevó a cabo la infiltración en el teléfono de Encinas, pero inmediatamente añade que el Ejército “es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje”, y que ha intervenido más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono, desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp, y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

La última infiltración en el teléfono de Encinas se habría producido el pasado año, mientras dirigía la Comisión de la Verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que llevó a Encinas a señalar la responsabilidad del Ejército.

El diario indicó en su publicación que contactó con la Presidencia, con la Secretaría de la Defensa y con el propio Alejandro Encinas, que declinaron hacer comentario sobre el presunto espionaje.

Encinas se enteró de la intervención a su teléfono por Citizen Lab, una organización basada en la Universidad de Toronto que investiga abusos en el mundo digital y casos de censura, y que efectuó un “análisis forense” en el celular de Encinas, aunque él no lo hizo público.

También dos funcionarios más que trabajaban con el subsecretario en temas relacionados al papel de las Fuerzas Armadas, han sido víctimas de este espionaje a través de sus celulares, añade NYT.

Encinas es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha denunciado el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en enormes contratos de obras públicas, como la construcción del Trne Maya, la distribución de medicinas o la gestión de puertos y aduanas.

Un enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó siete personas sin vida la noche de ayer en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

De las personas que perdieron la vida se encuentra un militar muerto. Las otras seis personas formarían parte de la organización criminal.

Los primeros reportes detallan que el personal militar del Ministerio de Defensa patrullaba la localidad de San Rafael Tecario cuando fueron atacados por un convoy de tres vehículos en los que viajaban los sicarios del cártel.

Además de los seis criminales que fueron abatidos, seis más fueron detenidos. Asimismo, fue decomisado armamento de uso exclusivo del Ejército, como rifles de asalto del tipo AK-47 y AR-15. Un militar también resultó herido.

Recordemos que Ciudad Hidalgo se encuentra en el este de Michoacán, donde operan varias organizaciones criminales como los cárteles de Los Correa, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Jalisco Nueva Generación.

El CJNG opera principalmente en el estado de Jalisco, aunque tiene presencia en otras entidades, y está enfrascada en una disputa con otras células criminales.

Michoacán ha sido sacudido durante años por episodios de violencia en los que también participan células criminales autónomas, que además del narcotráfico se financian de la extorsión a empresarios del poderoso sector agroindustrial de la región, la mayor productora de aguacate en el mundo.

El Gobierno federal informó que han sido desplegados 4,724 elementos de las Fuerzas Armadas para vigilar las principales zonas turísticas del país en este periodo de Semana Santa.

El anuncio llega luego de que ayer, el periodo vacacional iniciara con una jornada violenta con un total de seis muertos en playas de Cancún y Acapulco.

La Guardia Nacional es el encargado, desde el pasado fin de semana y hasta el 16 de abril próximo, de las tareas de vigilancia y seguridad, informó esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

“El periodo vacacional de Semana Santa lo estará cubriendo (la Guardia) en las áreas turísticas, estableciendo una serie de acciones que permitan garantizar a la población que disfrute estos periodos”, indicó el funcionario al intervenir en la conferencia matutina.

Además de estos agentes, habrá 3,800 elementos que vigilarán las carreteras, seis helicópteros, 755 patrullas, 377 camionetas Cheyenne, 10 lanchas y 45 cuatrimotos.

Las Fuerzas Armadas también vigilarán 14 aeropuertos y 42 estaciones de autobuses con mayor afluencia.

Los principales destinos turísticos del plan de seguridad son Cancún y Tulum, en Quintana Roo; así como las playas de Puerto Vallarta, Mazatlán, Veracruz, y Acapulco.

“Estas serán las principales áreas que estará atendiendo (el plan) sin detrimento de otras áreas que tiene el país. En todas ellas estará personal de la Guardia con vehículos y tendrán el apoyo de un helicóptero”, detalló Sandoval.

El anuncio sobre este operativo especial de Semana Santa se da luego de que ayer, sujetos armados mataron a cuatro presuntos narcomenudistas en una playa en plena zona hotelera de Cancún.

En otro punto, en Acapulco, otra de las playas más concurridas del país, asesinaron a balazos a dos personas en Caleta, una de las zonas más visitadas de este destino.

México es uno de los 10 países más visitados del mundo. Inició la Semana Santa con la expectativa de ingresos superiores a los 160,000 millones de pesos, el mayor pronóstico de tres años.

Los estadounidenses secuestrados el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas, fueron localizados por autoridades de Tamaulipas, según confirmó el gobernador Américo Villarreal.

En una breve llamada durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el gobernador informó que esta mañana se recibió la alerta de localización, lo cual fue confirmado minutos después por la fiscalía del estado.

El gobernador confirmó que de los cuatro ciudadanos estadounidenses, dos perdieron la vida y uno más se encuentra herido.

El presidente López Obrador informó que más tarde la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informará sobre el caso.

Desde la noche de ayer, los desaparecidos fueron identificados por sus familiares. Se trata de una mujer madre de seis hijos, que viajaba para someterse a un procedimiento médico estético, acompañada de un familiar y otros amigos.

Así lo aseguraron este martes a CNN sus familiares, quienes los identificaron como Latavia “Tay” Washington McGee, de 33 años, quien condujo a México con Shaeed Woodard, Zindell Brown y su amigo Eric para el procedimiento, pero nunca llegó a su cita con el médico.

Recordemos que el FBI informó ayer sobre la desaparición de los cuatro estadounidenses, que fueron secuestrados tras cruzar la frontera en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados más castigados por la violencia.

Los cuatro estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, fueron atacados poco después de cruzar a México y tras ello fueron subidos a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados, informó el FBI de San Antonio.

Los investigadores creen que los estadounidenses fueron atacados por error por un cartel mexicano que probablemente los confundió con traficantes de drogas haitianos, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con la investigación.

La cadena aseguró además haber obtenido fotos que muestran que el coche que podrían haber estar conduciendo los estadounidenses se estrelló con otro vehículo, antes de que los viajeros fueran sometidos a punta de pistola.

También se hizo público un video en el que aparecen hombres armados presuntamente obligando a varias personas, entre ellas una mujer, a subir a la parte de atrás de la camioneta.

Al respecto, el FBI pidió ayuda a los ciudadanos para encontrar a las víctimas y anunció una recompensa de 50,000 dólares por información que lleve a su liberación y al arresto de los involucrados, mientras que el Departamento de Estado emitió una alerta para recomendar a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Tamaulipas.

Esto sucede cuando en Estados Unidos crece el debate sobre permitir que las Fuerzas Armadas  de su país puedan entrar a territorio mexicano a enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

Si bien el tema no es nuevo, la idea tomó relevancia luego de la propuesta presentada ante el Congreso de Estados Unidos por los republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida el pasado 12 de enero.

La iniciativa pide la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses para enfrentar a los cárteles de la droga, que acusan trafican drogas a Estados Unidos y “envenan” a miles de ciudadanos. Específicamente se refiere específicamente a nueve cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa; Jalisco Nueva Generación;  Cártel del Golfo; Los Zetas; el Cártel del Noreste; el Cártel de Juárez; el Cártel de Tijuana, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana o Cártel de los Templarios.

Aunado a la iniciativa, el pasado fin de semana, el exfiscal de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, William Barr, afirmó en su columna The Wall Street Journal que los cárteles mexicanos han crecido porque las administraciones mexicanas no tienen ni la disposición ni la capacidad para enfrentarlos.

Señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el principal facilitador de los cárteles, sugiriendo que protege a las bandas criminales, escudándose en la soberanía del país para impedir que Estados Unidos tome medidas.

Barr sostiene en su texto que Estados Unidos debe confrontar con recursos militares al crimen organizado en territorio mexicano, con o sin la anuencia del gobierno de nuestro país.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, sobre estas peticiones de autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enfrentar a los cárteles mexicanos.

 

Los militares siguen recibiendo nuevas tareas en México: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que entregará el manejo de dos aeropuertos más, ahora ubicados en Campeche, a las Fuerzas Armadas.

Durante el actual sexenio, el Ejército han adquirido un creciente poder que ha llevado a algunos detractores de López Obrador a señalarlo de estar militarizando el país.

Durante su conferencia matutina López Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa asumirá el manejo del aeropuerto de Campeche, capital del estado, mientras que la Secretaría de la Marina asumirá el control de la terminal aérea de Ciudad del Carmen.

Al justificar la decisión el mandatario dijo que el Ejército tiene también a su cargo el proyecto del Tren Maya, una de las obras claves de su gobierno que se está desarrollando en la Península de Yucatán.

En el caso del aeropuerto de Ciudad del Carmen, López Obrador señaló que lo manejaría la Marina porque atiende todo el mar de Campeche y la zona petrolera del Golfo de México.

AMLO ha dejado en manos de los militares la construcción y manejo del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como de las terminales aéreas de Tulum, Chetumal y Palenque.

Además de proyectos aeroportuarios, López Obrador ha entregado a los militares el control de las aduanas y hasta la distribución de vacunas.

Este poder que el mandatario ha entregado a las Fuerzas Armadas contrasta con que antes del llegar al poder sostenía que los militares debían regresar a los cuarteles. Sin embargo, en los últimos meses cambió de parecer y hasta impulsó una reforma constitucional, que aprobó en octubre el Congreso, que permitirá a las Fuerza Armadas ayudar en labores de seguridad pública hasta 2028.

La iniciativa fue rechazada por organizaciones civiles y partidos de oposición, aunque al final fue el PRI quien ayudó a Morena y aliados a concretar la propuesta del presidente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, abordó y resolvió la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, que presentó en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024.

El Pleno de la Corte validó el acuerdo con el respaldo de ocho ministros, el cual fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dispone de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria la actuación de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, tal como se había presentado en el recurso presentado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en ese momento era presidido por Laura Rojas, diputada del PAN.

Ello en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019, le otorgó una facultad excepcional al Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, facultad cuyo ejercicio no está supeditado a que el Congreso de la Unión ejerza su facultad legislativa en materia de seguridad pública.

El Pleno también resolvió que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución.

Asimismo, el Pleno sostuvo que el Acuerdo se encuentra fundado y motivado, pues cumple con lo establecido en el referido artículo Quinto Transitorio, en cuanto a que la intervención de la Fuerza Armada que contempla está sujeta a una temporalidad de cinco años y reviste el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La resolución también señala que el acuerdo respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.

El gobierno federal destacó que hasta este viernes, 17 Congresos estatales del país ya han avalado la reforma constitucional que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar en labores de seguridad hasta 2028.

“Se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32. De modo que, si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, aunque ya consiguió el apoyo necesario en los estados que marca la ley, López Obrador apuntó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continuará recorriendo los estados para promover la reforma y conseguir que los 32 Congresos avalen la reforma.

“Yo le he pedido al Secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17 (estados), que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad, a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos”, lanzó el presidente.

En ese sentido, Adán Augusto López refirió que hasta ahora ha visitado 19 Congresos locales y hasta anoche habían votado 17 a favor de la reforma. Dijo que hoy se espera que dos estamos más aborden la reforma.

“Hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, explicó el funcionario.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, que previamente fue avalada con cambios en el Senado.

Expertos señalan que la reforma contradice la promesa de campaña de López Obrador de regresar a los militares a sus cuarteles. No obstante, el mandatario negó que el cambio represente una militarización del país como sus opositores han señalado, y aprovechó para calificar de hipócritas a quienes hoy reclaman.

“Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora como hipócritas hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos”, remató.

Michoacán y Quintana Roo se convirtieron este miércoles en los últimos dos estados en donde su Congreso avala la reforma por la que se amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

En total suman 11 Congresos locales en dar su aval al proyecto de decreto: Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

Recordemos que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron, con el apoyo de Morena y el PRI, el dictamen que modifica el artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en materia de Guardia Nacional” publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo de 2019.

Para que entre en vigor, la reforma necesita la aprobación de al menos 17 Congresos estatales, por lo que se encontraría a 7 de la meta. El Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, anticipó que para el fin de semana se podría haber obtenido el visto bueno de los 17 Congresos que la ley señala como mínimo.

Una vez cumplido el requisito, se emitirá la declaratoria de reforma constitucional y se enviará al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. El presidente López Obrador ha dicho que espera el aval no solo de 17 Congresos, si no de los 32 del país.

En el caso de Michoacán, la minuta fue incluida de última hora  en la sesión del Pleno de este miércoles, donde pese a los esfuerzos de la oposición, logró su aval con 26 votos a favor y ocho en contra.

En Quintana Roo, se aprobó la minuta de decreto luego de abordarlo con carácter de urgente y pronta resolución. Se sometió a votación del Pleno  y reunió el apoyo de 21 legisladores y solo dos en contra.

Luego de que fuera aprobado en el Congreso el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, por el que se avala mantener hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se remitió a los Congresos locales para su aval.

Para que entre en vigor, se necesita que al menos la mitad más uno de los 32 Congresos locales ratifiquen la reforma para que pueda entrar en vigor.

Ayer, este proceso ya inició. El Congreso de la Ciudad de México y de Sinaloa se convirtieron en los primeros en avalar la reforma. Ambos Congresos cuentan con mayoría y son gobernados por Morena.

Con 36 votos a favor, el Congreso de Sinaloa avaló ampliar el período de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Durante la discusión, a favor de la minuta hablaron la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, y los diputados de Morena, Serapio Vargas Ramírez y Marco Antonio Zazueta Zazueta.

En contra fijaron posicionamiento los diputados del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas y Luis Javier de la Rocha Zazueta, y la legisladora del PAN, Giovanna Morachis Paperini.

Después de la votación, que registró cuatro votos en contra de la minuta, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó comunicar de la aprobación a la Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes.

En tanto, el Congreso capitalino aprobó en votación dividida la minuta. Tras una amplia discusión de las y los legisladores integrantes del Congreso capitalino, la minuta se aprobó con 42 votos a favor, 22 votos en contra y una abstención.

Al iniciar la ronda de posicionamientos de las diferentes fracciones parlamentarias, el diputado de MC, Royfid Torres González, cuestionó los resultados de las estrategias de pacificación y construcción de la paz impulsados por el gobierno federal, y solicitó una explicación de por qué el ejército se encuentra inmerso en todas las áreas del gobierno del país.

El diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde consideró necesaria la aprobación de esta reforma, porque ante la inseguridad y la fuerza del crimen organizado es necesaria la ayuda de las fuerzas militares, en tanto se logra el reclutamiento de los elementos civiles necesarios para la Guardia Nacional.

Al negar que ampliar la presencia del Ejército en las calles sea darles carta abierta sin control ni vigilancia, la diputada del PT, Circe Camacho Bastida, afirmó que las fuerzas armadas son la única instancia de seguridad que tiene un alto porcentaje de aceptación entre la ciudadanía.

El diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz señaló que la Guardia Nacional debe seguir formando parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no ubicarse en la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre del PRI, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez sostuvo que el cambio constitucional otorgaría certeza y rumbo para tener instituciones que den mejores resultados en materia de seguridad pública, “estar en contra de esta reforma significaría dejar sometida en la violencia a la ciudadanía, dejándolos desamparados ante la presencia del crimen organizado que no ha cesado”, sentenció.

Al emitir su posicionamiento, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana del PAN mencionó que esta militarización puede derivar en formas menos democráticas de gobernar, como ha ocurrido en otros países de América Latina, por lo que aseveró que esta estrategia no está basada en la construcción de la paz de las familias.

La dirigencia nacional del PAN sostuvo una reunión con los dirigentes estatales del partido en todo el país, donde acordaron pedir a las y los legisladores locales que “defiendan a México” y no avalen la reforma que se aprobó en la Congreso relativo a mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

Acción Nacional solicitó que no se prorrogue la fallida estrategia de seguridad y de la creciente militarización del país, ya que se insistió, se violenta la Constitución, rebasa las facultades del Ejército y va contra el mandato de miles de mexicanos que no están de acuerdo con ello.

Recordó que legisladores de Acción Nacional y algunos de oposición dieron “una batalla inigualable” al rechazar respaldar la minuta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

“Acción Nacional demostró su congruencia, consistencia y amor por México, a diferencia de los diputados morenistas y la mayoría de diputados del PRI, que al convertir la Guardia Nacional en militar y no civil como lo mandata la Constitución, solo provocarán la regresión de México a una dictadura igual que la que se vivía en los tiempos priistas”, destacó Marko Cortés.

Señaló que México vive una de las peores escaladas de violencia; relató que apenas la semana pasada fueron asesinados más de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, y al día hay decenas de asesinatos relacionados con el crimen organizado.

“Solo las dictaduras tienen policías militares, las democracias tienen policías civiles. López Obrador prometió no militarizar al país y está haciendo todo lo contrario, incluso por ello colaboradores cercanos, pero no afines con esta estrategia, lo están dejando solo”, expuso.

Los riesgos para la democracia a causa de que no contemos con una policía nacional civil son innumerables, porque además de exponer al Ejército y ponerlos a actuar en tareas que no les corresponden, los va a desgastar físicamente, pero sobre todo en percepción, siendo que ésta es una de las instituciones que más respeto le otorgan la ciudadanía.

“La dirigencia nacional y las dirigencias estatales de Acción Nacional hacen un llamado a nuestros legisladores locales, así como de otros partidos políticos, que formen parte de la verdadera oposición, a que voten en contra de esta reforma que prorroga la fallida estrategia de seguridad y militariza la Guardia Nacional”, remató el PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno esté “militarizando” al país pese a la polémica reforma aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“No es militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional”, manifestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

La iniciativa, que fue avalada con los votos de Morena y partidos aliados, entre los que ahora se encuentra el PRI, pasó a las legislaturas estatales, donde necesita la aprobación de al menos la mitad más uno de los 32 Congresos locales por ser de carácter constitucional.

“Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional”, comentó AMLO.

El mandatario desestimó las críticas de opositores y defensores de derechos humanos, quienes han alertado sobre el creciente poder de las Fuerzas Armadas.

El presidente argumentó que en los gobiernos anteriores “de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y, además, sin respeto a los derechos humanos”.

“Son unos reverendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras”, acusó.

Pese a que ha defendido su estrategia de seguridad, que sus detractores acusan no ha funcionado, López Obrador reconoció que “se tiene que apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que sus policías garanticen la seguridad pública”.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madruga de hoy, por mayoría calificada, el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, por el que se avala mantener hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Esta es una reforma constitucional impulsada por la bancada del PRI, y que ahora se sabe contó con la probación de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En sesión presencial, luego de ser aprobado en lo general y en lo particular con la mayoría calificada de 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto se remitió a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México, para los efectos constitucionales.

Luego de ocho horas de discusión, Morena y partidos aliados, junto con los diputados del tricolor, aprobaron el proyecto con las modificaciones hechas en el Senado, donde tuvo que retirarse el proyecto y luego volverse a presentar, ante la falta de apoyo por parte de la oposición.

Ahora se busca que, al menos la mitad más uno de los 32 Congresos locales, ratifiquen la reforma para que pueda entrar en vigor.

Con la aprobación se modifica el artículo Quinto artículo transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019, para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.

El dictamen establece que serán “los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

Entre las modificaciones que se hicieron a la minuta en el Senado, se añadió la obligación de que se presente al Congreso un informe semestral sobre los resultados de las acciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Además de la creación de una comisión bicameral que vigile de la Guardia Nacional y la posibilidad de llamar a comparecer a los titulares de la Secretarías de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

En la larga sesión, diputados de todos los grupos parlamentarios en el Congreso fijaron su postura ante el tema.

La diputada Mariana Gómez del Campo del PAN, señaló que en su grupo votaría en contra del dictamen “porque se pretende aprobar una prórroga de la presencia militar en las calles sin que exista ningún análisis serio que lo justifique ni un diagnóstico acerca de lo que ha funcionado y no ha funcionado en materia de seguridad”.

Mirza Flores, del partido Movimiento Ciudadano (MC) indicó que “no hay estrategia de seguridad pública que funcione en un Estado democrático si no es por la vía civil” y Luis Ángel Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) sostuvo que “la estrategia del gobierno actual es una estrategia fallida (…) tendremos una Guardia Nacional operada por Fuerzas Armadas y que operará en los estados sin tiempo y sin limitación”.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que esta semana concluirán la aprobación de la minuta que envió el Senado de la República sobre ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

El morenista adelantó que será una semana intensa de trabajo legislativo, ya que además propondrá a las y los integrantes de la Jucopo que haya tres sesiones de Pleno para desahogar los pendientes que existen en la Cámara de Diputados.

La intención es dar trámite a algunas reformas constitucionales, como el 5o transitorio de la Guardia Nacional y un paquete relativo a la igualdad sustantiva. Además, propondrá que se incluya la discusión del dictamen sobre doble remolque, y ya con esto, avanzar con el análisis del Paquete Económico.

Mier Velazco afirmó además que va a someter a discusión y aprobación la propuesta de fechas y el formato para que puedan acudir a comparecer los funcionarios federales con motivo del Cuarto Informe del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El trabajo de esta semana será extenuante, tenemos varios pendientes por eso calculamos que podrían llevarse a cabo tres sesiones, pero estamos conscientes de la necesidad del trabajo legislativo para sentar las bases de un mejor país, darle a la gente la garantía de que habrá seguridad y que sus familias puedan estar tranquilas. Además de la certeza jurídica y administrativa que tendrán más Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad”, expuso el legislador.

Confió en que quienes apoyaron la reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional refrenden su voto a favor en el nuevo proceso legislativo, y ahora “pedirles nuevamente a quienes se han opuesto, a que reflexionen y acompañen a las y los senadores que decidieron cambiar de opinión y vieron la necesidad de darle al país y a las familias el derecho a vivir seguros.”.

Indicó que aprobar la reforma es cerrarle el paso a la impunidad y la violencia, y para ello se requiere eficientar a las policías estatales, pero con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

“Qué bueno que en esta ocasión los partidos opositores han estado escuchando a sus gobernadores y presidentes (municipales), quienes en su mayoría opinan que no se retire la Guardia Nacional de sus localidades o que permanezca más años en las calles. De eso se trata la reforma, que no se piense que esta propuesta es de un partido político o de un gobernante, para nada, es una necesidad de todas las familias mexicanas”, manifestó Mier Velazco.

Criticó a los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, quienes dijo, “viven en su propio mundo”, pues si la presencia de las Fuerzas Armadas es algo que quiere el pueblo, los políticos de ambos partidos deberían de ser más empáticos con la ciudadanía.

“El 80%  de los mexicanos quiere a la Guardia Nacional, quiere que se profesionalice, que se capacite, que no incurra en los actos de corrupción que incurrió la Policía Federal, y que realmente tengamos un instrumento para garantizar la seguridad del patrimonio y de la integridad física de las personas”, finalizó el diputado.