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Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Secretaría de Marina (SEMAR) otorgó un contrato por 223 millones de pesos para la construcción de la unidad habitacional naval en Dos Bocas, Tabasco, a una empresa ligada a un directivo de Pemex.MCCI precisó que desde 2010, José Fernando Montes de Oca Siliceo, dueño de Idisa Ingeniería SA de CV, se ha desempeñado como coordinador especialista B en la Subdirección de Capital Humano de PEMEX.

En dicho cargo, Montes de Oca Siliceo percibe un sueldo mensual bruto de 150 mil pesos y encabeza las labores de reclutamiento de nuevos funcionarios.

SEMAR otorgó el contrato millonario a Idisa Ingeniería SA de CV por adjudicación directa, para la construcción de la unidad habitacional donde vivirán las familias de los elementos de la Marina, y que forma parte de las nuevas obras que se realizan tras la creación en septiembre de 2019 del Sector Naval de Dos Bocas, con el que se busca dar seguridad a la refinería y la aduana marítima del mismo nombre.

El contrato fue firmado el 27 de mayo de 2022 por el Oficial Mayor de la Marina, el almirante César Carlos Preciado Velázquez, lo que según MCCI contraviene el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencias deberán abstenerse de adjudicar contratos a sociedades de las que formen parte servidores públicos. La organización obtuvo vía transparencia la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de Idisa Ingeniería, donde se muestra que el 16 de mayo, 11 días antes de firmar el contrato con la Secretaría de Marina, la empresa únicamente contaba con un trabajador registrado ante el IMSS.

Investigación completa en MCCI

Un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el que critica a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su posición sobre la situación política en el país centroamericano, desató una polémica en las redes sociales.

“Oe, Andrés… @lopezobrador_ La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, escribió Ortega Murillo en Twitter.

Dicho mensaje provocó la reacción del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, quien en la misma red social le respondió que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, “la cobardía es la aliada de la represión”, respondió el funcionario mexicano.

Ortega Murillo, de 39 años, director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense, publicó luego una fotografía del caudillo revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una serie de mensajes con frases cortas como “Los cobardes son hijos del sometimiento”, “Hijos de dominio” y “¡VENCEREMOS!”.

Y es que el pasado 25 de junio, López Obrador pidió garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar, esto al ser cuestionado sobre la situación política en Nicaragua donde las autoridades han detenido a 21 personas desde el 28 de mayo pasado, entre ellos cinco aspirantes de la oposición a la Presidencia.

Sin embargo, pese a manifestar López Obrador su “preocupación”, México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.

Posteriormente, los dos países llamaron a sus embajadores en el país centroamericano a consultas para evaluar la situación. México y Argentina darán a conocer esta semana un nuevo paso sobre la situación política en Nicaragua, según dijo el canciller, Marcelo Ebrard.

Recordemos que Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de los líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes se les acusa de “traición a la patria”.

Anoche, cinco líderes estudiantiles y del movimiento campesino fueron detenidos, uno de ellos aspirante a la presidencia, acusados de “menoscabar la soberanía” del país, entre otros cargos, lo que aumenta a 27 los opositores al gobierno de Daniel Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones.

Son seis los aspirantes a la presidencia que han sido detenidos y que se encuentran presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y Medardo Mairena. Además se cuentan otras 21 personas presas entre críticos, activistas, empresarios, estudiantes y excompañeros de armas de Ortega.

En medio de pedidos de la comunidad internacional de liberar a los detenidos, Ortega ha dicho que los opositores presos no son “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que trataron de organizar un golpe de Estado con financiamiento de Estados Unidos.

Esas detenciones se producen de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que luego de un procedimiento administrativo sancionador, se ordenó la destitución así como la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, y quien está relacionado con la ‘Estafa Maestra’.

La dependencia explicó que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el exfuncionario, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, de 2013 a 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.

La Función Pública aseguró que el imputado tuvo su derecho de audiencia durante todo el procedimiento, aunque no pudo justificar por qué no reportó la información financiera.

“Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial”, indicó la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a las peticiones que han hecho diversos líderes de opinión, analistas e incluso algunos periodistas, de que el subsecretario Hugo López-Gatell debía presentar su renuncia si es que “tuviera honor profesional”, esto tras confirmar sus vacaciones de fin de año en una playa del país.

El presidente aseguró que los llamado de diversos personajes y grupos conservadores para que el subsecretario de salud renuncie, no son más que politiquería.

Dijo que para el gobierno ha sido de mucha ayuda la participación de López-Gatell, incluso dijo que no cree que “haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que me van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell, preparado, es un gran profesional”.

AMLO pidió a Jesús Ramírez proyectar el currículum del subsecretario, para señalar que la preparación y trayectoria de López-Gatell no se puede comparar con los que anteriormente estuvieron al frente de la Secretaría de Salud.

Resaltó que el subsecretario es especialista en pandemias, además de que es una persona preparada, con cultura general y con capacidad de exposición, además de que es honesto y honrado.

El presidente dijo que con toda la capacidad y conocimiento que tiene López-Gatell “¿cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor?”, incluso cuestionó quiénes son los que piden su renuncia. Dijo que uno de los que la ha solicitado es el historiador Enrique Krauze.

Insistió en que hay toda una campaña de desprestigio en contra del subsecretario, la cual consideró injusta, ya que aseguró que el funcionario ha estado aplicado de tiempo completo a atender el tema de la pandemia.

“Imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible, humano. Y golpes y golpes y golpes. Entonces, se me hace injusto”.

López Obrador finalizó indicando que su administración considera un extraordinario servidor público a López-Gatell.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la honestidad es la característica principal para formar parte de su gobierno, incluso por encima de la experiencia.

“Más que la experiencia, me importa la honestidad. Hay quienes tienen mucha experiencia, están hasta graduados en el extranjero, pero son deshonestos”, expresó en su conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el nombramiento de Ángel Carrizales al frente de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

López Obrador defendió su decisión de nombrarlo, pese a que fue rechazo en cinco ocasiones por el Senado para cubrir cargos en el sector energético, pues dijo que lo conoce, confía en él, además de que había “pasado la prueba”, sin especificar cuál era.

“Si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad y 10 por ciento experiencia. Antes era al revés, 90 por ciento experiencia, buenísismos, además charlatanes, pero eso sí, muy corruptos”, afirmó el mandatario.

La polémica que ha generado la designación de Carrizales en la ASEA, además de sus intentos fallidos de ocupar un cargo, se debe a que es cercano al presidente, pues se desempeñaba como parte de la ayudantía del mandatario.

Incluso el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, se deslindó de dicha elección, al afirmar que al ser un cargo que es decidido directamente por el presidente, fue él quien optó por nombrar a Carrizales en el puesto.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió, en representación de la esposa de Emilio Lozoya, una residencia de lujo con valor de 1.9 millones de dólares.

La organización afirma que las autoridades mexicanas investigan la compra del inmueble, que incluye una transferencia de 1.2 millones de dólares, hecha a través de una cuenta en Suiza ligada con sobornos presuntamente pagados al ex director de Pemex.

La adquisición de la residencia a favor de la esposa de Lozoya se efectuó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó incluir en su cartera de inversiones la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes de AHMSA que tenía 14 años sin operar.

Al respecto, las autoridades han determinado que la planta fue comprada con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos, además de que las instalaciones eran chatarra.

Por las irregularidades detectadas en la compra de esa planta, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó el pasado 29 de mayo en Mallorca, España, al dueño y Presidente de AHMSA, Alonso Ancira. Por el mismo caso, un juez giró orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, aunque este se amparó para no ser encarcelado.

La propiedad en cuestión está ubicada en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa, específicamente en el condominio “Quinta Mar”, formado por sólo tres residencias de lujo, la mayor de las cuales es la que fue adquirida a favor de la esposa de Lozoya.

Según los documentos obtenidos por MCCI, el 19 de julio de 2013, la junta directiva de una filial de Pemex ubicada en Holanda, de nombre PMI HBV, autorizó incluir en la cartera de inversiones de la petrolera estatal el proyecto de adquirir la planta de fertilizantes de AHMSA.

Doce días después, la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, adquirió a través de un fideicomiso la residencia.El contrato de fideicomiso a través del cual se le cedió la propiedad fue firmado ante el notario público número 1 de Zihuatanejo, Bolívar Navarrete Heredia.

Sin embargo, la esposa de Lozoya no se presentó ante el notario. En su representación acudió aquel día el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.

Desde hace más de 15 años, Quintana Serur ha trabajado para AHMSA. Por ejemplo, el abogado intercedió en 2003 ante el despacho panameño Mossack Fonseca para crear una empresa fachada, a través de la cual tres altos ejecutivos de AHMSA adquirieron un departamento valuado en 2.6 millones de dólares en Punta Mita, en Nayarit, según revelaron los medios aliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016, como parte de la investigación global Panama Papers.

Hasta el año pasado, Quintana Serur se desempeñó como Secretario del Consejo de Administración de AHMSA, uno de los más altos cargos ejecutivos de la compañía.

La esposa de Lozoya le había otorgado pleno poder desde el 10 de junio de 2013, en un acto formalizado ante el notario 221 de la Ciudad de México, Francisco Talavera Autrique. El poder especial fue exclusivamente para que en su nombre se celebrara el contrato del fideicomiso, para la adquisición de la residencia de Ixtapa.

El 31 de julio de 2013 quien firmó la escritura de la residencia, a nombre de la esposa de Lozoya, fue el abogado y entonces directivo de AHMSA.

De acuerdo al artículo 27 de la Constitución, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 50 kilómetros en las playas; sólo se permite el uso y aprovechamiento de inmuebles dentro de esa zona restringida, mediante un fideicomiso.

Como la esposa de Lozoya es extranjera (nació en Alemania el 30 de noviembre de 1975), la forma de transmitirle la propiedad fue precisamente a través de un fideicomiso, el cual fue autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 de julio de 2013, según consta en el permiso con número 20131491.

Como fideicomitente (quien transmitió el inmueble) firmó Nelly Maritza Aguilera Concha, una empresaria de bienes raíces residente en Ixtapa, quien había comprado desde diciembre de 2004 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 12 mil 527 metros cuadrados en la zona de Contramar a un precio de 10 millones 747 mil pesos. Sobre ese terreno constituyó en agosto de 2009 el condominio “Quinta Mar”, con cinco lotes.

Como fiduciario (administradora del inmueble) firmó una abogada en representación de Scotiabank Inverlat, mientras que Helene Eckes –esposa de Lozoya- funge como fideicomisaria (beneficiaria de la propiedad), y en su representación suscribió el contrato el abogado y ejecutivo de AHMSA.

Como beneficiarios sustitutos, en caso de fallecimiento, fueron nombrados los tres hijos del matrimonio Lozoya-Eckes. La residencia que fue transmitida a Helene Eckes tenía cinco años de haber sido construida. Su anterior ocupante era la propia empresaria que creó el condominio de lujo a la orilla del mar.

En el contrato del fideicomiso se acordó que como contraprestación por la transmisión del inmueble se pagarían un millón 900 mil dólares a la empresaria inmobiliaria Nelly Maritza Aguilera Concha, anterior propietaria. Ese monto equivalía a 24 millones de pesos, al tipo de cambio vigente en julio de 2013.

El pago se efectuó en dos parcialidades mediante transferencias a la cuenta 4798-277 del Banco de Montreal, en Toronto, provincia de Ontario, Canadá, a nombre de la señora Aguilera Concha. Un rastreo realizado por autoridades mexicanas reportó que la agente inmobiliaria recibió una transferencia de 1.2 millones de dólares el 5 de agosto de 2013 en el Banco de Montreal, cinco días después de la firma del contrato del fideicomiso.

Esa transferencia supuestamente provenía de una cuenta en Suiza a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, y en la cual, según las autoridades mexicanas, tenía como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana.

De la cuenta de Tochos Holding también habrían salido el 1 de diciembre de 2012 dos transferencias por 2.58 millones de francos suizos para pagar una residencia que Emilio Lozoya compró en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Al tipo de cambio de entonces, esas transacciones equivalían a 38 millones de pesos.

Las pesquisas oficiales apuntan a que parte del dinero de Tochos Holding podría provenir de los sobornos por 3 millones de dólares que ejecutivos de Odebrecht aseguran haber pagado a Emilio Lozoya entre abril y junio de 2012, en plena campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Después de que su esposa adquirió la residencia en Ixtapa, Emilio Lozoya realizaba viajes a ese destino turístico en un avión que Pemex había comprado para combatir el robo de combustible o huachicol.

Según las bitácoras de viaje, Lozoya hizo por lo menos tres vuelos de la base de la Unidad Especial De Transporte Aéreo del Alto Mando del Ejército (UETAAM) al aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo, y otros tres vuelos de regreso.

Los vuelos los realizó en el Avión Citation Sovereign, de ocho plazas, que Pemex había adquirido el 22 de julio de 2014 a un precio de 203 millones de pesos.

De acuerdo a información publicada en el diario El Financiero, es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, uno de los dos “altos funcionarios” inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hoy fue notificado; el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones”, indicó Javier Coello, abogado de Lozoya, en entrevista con el diario.

El abogado adelantó que solicitarán un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pues consideran que hubo inconsistencias en la elaboración del dictamen.

Lozoya fue el funcionario castigado por un periodo de 10 años, pues de acuerdo a lo informado por la SFP, se detectó que el exfuncionario proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. “En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.

El segundo exfuncionario sancionado, de quien hasta ahora se desconoce su identidad, es señalado de irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, ya que después de una investigación, se demostró que el funcionario hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación.

Un servidor público del municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, identificado como Pablo de 38 años, fue asesinado a balazos cerca del Palacio Municipal.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando el funcionario municipal caminaba detrás del recinto municipal donde desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron sin ser identificados.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y trasladaron al funcionario al Hospital Civil de Oaxaca, donde se confirmó su muerte.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) iniciaron las diligencias correspondientes.

Guillermo Zúñiga, quien se desmepeñaba como comisionado Regulador de Energía, presentó su renuncia al cargo el día de ayer, así lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

Sin ofrecer detalles sobre los motivos de su separación de la CRE, Zuñiga dijo que este 16 de abril era su último día en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con lo que se convierte en la tercera persona en dejar el cargo en ese organismo dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zuñiga se desempeñaba en el cargo desde 2013 cuando fue nombrado como funcionario por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto y ratificado en su cargo por el Senado de la República para un periodo de cinco años.

Zúñiga es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en regulación económica por la London School of Economics, así como en Leyes por la University of Chicago Law School.

La salida se suma a la de los excomisionados Marcelino Madrigal y Montserrat Ramiro, quienes dejaron el puesto tras el inicio de la actual administración federal.

El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, confirmó la salida de Zúñiga, a quien reconoció como un “gran impulsor” de las energías renovables.

La Secretaría de Salud (SSA) informó que luego de conocerse el audio en el que Eduardo Valencia Ramírez, quien fungía como director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y que amenazó a uno de sus colaboradores con “desaparecerlo”, le fue aceptada su renuncia.

“De inmediato la dependencia tomó medidas para garantizar el respeto a sus colaboradores, en ese sentido, presentó su renuncia ese mismo día, ante estos hechos se levantó la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control”, difundió la dependencia.

A través de un comunicado, la Secretaría enfatizó que la CNPSS no se tolerará acción alguna que vulnere la integridad, ni ponga en riesgo la dignidad de las personas, ya que todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar los derechos humanos, tanto de la población usuaria, como de quienes forman parte de esta institución.

Señaló que en cumplimiento de la ley, se abrió una investigación, la cual fue turnada tanto al Órgano Interno de Control como a la Oficina del Abogado General.

Y es que el programa Despierta con Loret difundió una grabación en la que el ahora ex funcionario amenazó a uno de sus subordinados por ir a la entrada del edificio a recibir una ensalada.

En la grabación se escuchar al ex funcionario decir: “yo vengo de PGR, niño pendejo, eh. Y si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja”.

 

Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela, indicaron funcionarios del gobierno de Donald Trump, pese a que anteriormente el presidente Donald Trump y otros colaboradores indicaran que no se descarta ninguna opción para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.

Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela y el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, afirmaron en el Congreso que el gobierno promueve una transición política pacífica en el país sudamericano.

Ambos insistieron en que han recibido instrucciones de buscar únicamente esa estrategia.

Abrams dijo que el gobierno está concentrado en aplicar presiones económicas y diplomáticas sobre el gobierno de Maduro mediante sanciones.

Recordemos que Estados Unidos fue el primero de un grupo de más de 50 gobiernos alrededor del mundo, en reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Quintana Roo dio a conocer la detención de Gonzalo Herrera Castilla, quien se desempeñaba como secretario de la Gestión Pública durante el sexenio de Roberto Borge.

De acuerdo con la dependencia, policías de la Interpol realizaron el arresto en Belice, y se espera que en las próximas horas sea enviado a México.

Autoridades mexicanas investigan a Herrera Castilla por el delito de peculado, debido a que a través de la empresa VIP Saesa realizó contratos de arrendamiento de aeronaves, pero el gobierno estatal nunca recibió los servicios.

Al momento de su detención, que se llevó a cabo en una embarcación, el ex funcionario contaba con un poco más de 14 mil dólares en efectivo.

Roberto Borge Angulo fue detenido el 5 de junio del año 2017 acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, al adquirir a través de prestanombres varios terrenos en la entidad a precios muy por debajo del comercial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, un dictamen sobre los 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), involucrados en presunta corrupción.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el tabasqueño comentó que los tres servidores argumentaron que no tenían responsabilidad, sin embargo, se les investigará para contar con todos los elementos.

“No van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes”, afirmó López Obrador, quien exhortó a que se siga denunciando la corrupción.

El portal Animal Político reveló que tres funcionarios actuales de Pemex están involucrados en la llamada “Estafa Maestra” por haber firmado seis convenios con universidades públicas.

Ellos son: el director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar; el subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, Héctor Salvador Salgado Castro; y el gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, Luis Galván Arcos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue detenido Bernardo Campillo García, quien se desempeñó como secretario de Salud durante la administración de Guillermo Padrés, y quien permaneció prófugo de la justicia por tres años.

En un comunicado, la dependencia local señaló que la detención se llevó a cabo en Durango, y fue hecha por elementos de la Fiscalía General de Justicia de aquel estado, en atención a una orden de aprehensión por el delito de falsedad de declaraciones.

Campillo García “omitió y falseó información importante en sus declaraciones patrimoniales en un compromiso fundamental de todo servidor público con la sociedad de ser transparente con su información patrimonial”, señala la Fiscalía en el texto, donde se agrega:

“Dicho delito no es considerado grave y puede obtener su libertad bajo caución una vez que el juez fije el monto de la fianza y la garantice, sin embargo, seguirá compareciendo las veces que sea requerido ante el juez y cumpliendo con las cargas procesales que se le impongan”.

Además, las autoridades sonorenses lo investigan por el presunto desvío de 250 millones de pesos, peculado y enriquecimiento ilícito.

De ser encontrado culpable puede hacerse merecedor a una sentencia de 2 meses a 6 años de prisión.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó la baja de Luis Alberto Espadas Carrión por “hacer gala de actitudes impropias de un servidor público”.

A través de un comunicado, la STPS indicó que la baja del responsable del despacho de procedimientos administrativos de la dependencia en Cancún, se debe a que infringió el Código de ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y de la propia dependencia.

Espadas Carrión ingresó a la dependencia el 1 de enero de 2016 y fue dado de baja el 28 de diciembre, siendo sustituido por la licenciada Yuliana Francisca Salinas Rivero.

La STPS reiteró que su titular, Luisa María Alcalde, no tolerará “actitudes que deshonren el servicio público”, por lo cual exige a los funcionarios “vocación de servicio, compromiso con la ciudadanía, rectitud, austeridad, honradez”, así como eficacia y eficiencia para desempeñar sus tareas.

El pasado 26 de diciembre, el exfuncionario acusó que había sido víctima de abuso policial al circular en una unidad sin placas, aunque en el video que circuló en redes sociales no se le ve siendo agredido por los agentes de tránsito que lo detuvieron e incluso los amenaza haciendo alarde de su cargo como funcionario federal.

 

Luis Alberto Espadas Carrión, subdelegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, acusó ser víctima de abuso policial al ser detenido en Cancún por infringir el Reglamento de Tránsito Municipal.

El incidente quedó grabado en video y se escucha al funcionario llamar por teléfono a su papá mientras afirma ser víctima de golpes por parte de los elementos policíacos que lo detuvieron, aunque estos en ningún momento lo agredieron y sólo lo tacharon de “ridículo” por sus afirmaciones.

El suceso ocurrió el pasado miércoles 26 de diciembre poco antes de las 13 horas sobre el distribuidor vial Kabah con dirección a la avenida Bonampak. Elementos de Tránsito le marcaron el alto al conductor de un Renault Fluence que viajaba sin cinturón de seguridad.

Espadas se negó a identificarse y en su lugar realizó la llamada telefónica presuntamente a su padre, tras lo cual amenaza a los policías aseverando que por su detención estos se van a meter en un problema y hace alarde de su cargo como funcionario federal mientras se encuentra esposado.