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Tras confirmarse la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Málaga, España, funcionarios del gobierno federal reaccionaron y aplaudieron la operación que permitió la aprehensión del exfuncionario.

Y aunque la labor corrió a cargo de autoridades españolas, las felicitaciones fueron para el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, felicitó a Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Lozoya. Indicó que su detención contribuye a lograr el objetivo del presidente López Obrador de «cero tolerancia a la corrupción y la impunidad».

En mayo pasado, la UIF congeló las cuentas de Lozoya pues dijo, se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción.

Recordemos que hay un enfrentamiento entre Nieto y Lozoya desde años atrás. En octubre de 2017, Nieto en su calidad de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acató una orden de un juez federal de resolver una investigación contra Lozoya por el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, con supuestos sobornos de Odebrecht.

En ese momento, Nieto acusó que fue amenazado por Lozoya a través de una carta que recibió por parte el exdirector de Pemex. Lozoya y sus abogados respondieron indicaron que fue un documento que, estrictamente, lo que pedía es que se le citara para conocer si había una investigación en su contra.

«Y dice, como cualquier escrito legal, quién soy, dónde vivo, en donde trabajo, quienes son mis padres, y todo eso
yo no sé cómo ha sido interpretado como una petición de impunidad, como una amenaza, o como una petición
de que se disculpe alguna autoridad conmigo”, indicaron.

A raíz de eso, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cesó a Nieto por haber “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta”.

En un evento esta mañana, Nieto fue cuestionado sobre la detención del exdirector de Pemex, a lo que respondió: «muy contento porque parece que detuvieron a Lozoya».

Quien también reaccionó a la detención, fue la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval. A través de su cuenta de Twitter, se sumó a las felicitaciones al Fiscal, por su «infatigable e impecable lucha» para lograr la detención del excolaborador de Peña Nieto.

Señaló a Lozoya de ser el «representante y operador de la peor corrupción estructural del neoliberalismo»

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, también comentó al respecto. Dijo que la detención de Lozoya es muestra de que se va caminando a hacer justicia contra la corrupción y sobre todo muestra que «las cosas si van caminando y cambiando».

Otros actores de la vida política del país también se han pronunciado. Uno de ellos fue Manuel Clouthier, quien dijo que la detención de Lozoya debe ser el hilo que permita esclarecer y llevar a la justicia a los corruptos implicados en el caso Odebrecht en nuestro país.

El extitular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona también se refirió al tema. Dijo que gracias a Lozoya, el servicio público está desprestigiado. «Que pases en el bote mucho tiempo y que regreses… lo robado».

El legislador de Movimiento Ciudadano, Samuel García exigió que Lozoya sea llevado ante la justicia en México, pues acusó, está ligado a varios casos de corrupción. «Es hora de que pague».

Este jueves, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una conferencia de prensa en la que abordaron la fuga de tres reos del Reclusorio Sur.

«Quiero afirmar, asegurar, que nosotros no hacemos ningún compromiso, ningún acuerdo mafioso, y que vamos a llegar a las ultimas consecuencias en este caso y que no vamos a tolerar la corrupción», comenzó la mandataria local.

Señaló que toda la investigación sobre la fuga está en manos de la Fiscalía local y de la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes han entregado los videos y hallazgos que se tienen hasta ahora.

Fue la secretaria de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien compartió los detalles de lo encontrado. Reiteró que recibieron la indicación por parte de Sheinbaum de que se transparentara toda la información, guardando el debido proceso.

La funcionaria relató que entre las 19:30 y las 20:10 del 28 enero, se realizó un pase de lista a cargo del segundo turno del penal, reportando «sin novedad». A las 07:45 del 29 de enero se realiza un nuevo pase de lista por parte del mismo turno, reportando «sin novedad».

Sin embargo, para las 08:00 del 29 de enero, ya en el tercer turno del penal, se hace un nuevo pase de lista, y es cuando se reporta la falta de 3 internos. A partir de ahí se activaron los protocolos para el caso de evasión.

Al revisar las cámaras de seguridad, indicó que en la zona 1 y 2 del área de ingreso de las 21:00 horas del 28 de enero, a la 01:00 del 29 de enerp, se detecta movimiento de al menos 5 internos y 3 custodios, lo cual calificó como irregular.

En la revisión física que se hizo, se detectó que las puertas que comunicaban a las celdas de los evadidos, estaban abiertas y sin candados, además de que se quitó un barrote de seguridad por donde podrían haber descendido a una área común, para después cortar la malla ciclónica y llegar a la planta baja, donde apoyados por una escalera, brincaron una barda perimetral, llegando a una zona por donde circulan vehículos de traslado.

Los videos mostraron que un vehículo de traslado salió del penal a las 05:50 am. Señaló que tanto el custodio de la camioneta como los elementos de seguridad de la aduana de vehículos no aplicaron los protocolos de revisión para la salida de la camioneta.

Ante lo hallado en los videos de vigilancia, se detectó que la evasión ocurrió a las 05:50 horas, aunque se tuvo conocimiento de los hechos por parte de las autoridades penitenciarias a las 08:00 am, momento en que se hizo el seguimiento en cámaras del C5 de la ruta del vehículo en el que se presume salieron los reos.

El vehículo tenía como destino el hospital Rubén Leñero, a donde se llevaría a otro interno. Sin embargo, las cámaras del C5 no detectaron en qué momento descendieron los reos fugados, por lo que no se tiene la información del paradero de los fugados.

«Esta información que hacemos de su conocimiento, muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del Reclusorio Sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Jefa de gobierno ha pedido que las investigaciones lleguen a sus ´últimas consecuencias, porque en nuestro gobierno no hay pactos ni compromisos mafiosos y no se tolera la corrupción», concluyó Rodríguez Velázquez.

Por su parte la Fiscalía capitalina informó sobre la investigación por la probable participación de servidores públicos en la fuga de los tres reos; indicó que el agente del Ministerio Público de la FGJCDMX ha tomado la declaración de al menos 22 servidores públicos, de todos los niveles.

Afirmó que la Policía de Investigación (PDI) ya cuenta con el material en video de las cámaras de vigilancia del centro penitenciario, así como del C5, para que pueda establecerse la probable participación de servidores públicos, así como identificar tramos de responsabilidad de quienes posiblemente omitieron los protocolos de seguridad correspondientes.

«Derivado de las primeras investigaciones, se detectó que ocho servidores públicos posiblemente faltaron a las reglas internas de operación, por lo que pudieron favorecer la evasión de los internos. Asimismo, ya se cuenta con declaraciones, las cuales señalan que dichos custodios posiblemente buscaron sobornar a sus compañeros para que les permitieran retirarse sin mayor problema», indicó el vocero de la Fiscalía.

Ante tal situación, personal del turno entrante detuvo a los ocho elementos de seguridad del penal, por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica dentro del término constitucional.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobado por el Congreso el pasado 8 de octubre.

El nuevo ordenamiento legal, conformado por 30 artículos divididos en cuatro títulos, entrará en vigor mañana miércoles 20 de noviembre.

La Ley Federal de Austeridad Republicana “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política”.

En el texto, se define a la austeridad republicana como la conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos, están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Uno de los puntos que más han llamado la atención, es que se establece que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

Adicional se prohíbe la contratación, con recursos públicos, de cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

El decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.

El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto los que votaron en contra fueron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.

El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el dictamen, destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.

El diputado de Morena, Erasmo González Robledo, explicó que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo» y regule las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición a los funcionarios, e incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

El coordinador de Morena de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en la sesión del próximo martes, su bancada dará el voto mayoritario en favor de la minuta del Senado que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Indicó que dicha iniciativa será una herramienta más contra la corrupción, «servir al pueblo y no a los grupos de interés económico».

Adelantó que desde la Cámara de Diputados se ayudará al presidente López Obrador en su promesa de separar el poder económico del poder político.

Confió en que la austeridad va a quedar establecido en la ley y con ello se va a poner fin a los derroches, los lujos y la prepotencia con la que muchos funcionarios se venían desempeñando.

Delgado Carrillo indicó que una parte importante de esta reforma es que los recursos que se obtengan por las medidas de austeridad serán dirigidos a programas de bienestar, proyectos de infraestructura y a rubros como la salud y educación.

Comentó que en la minuta se discutirán reformas a las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de ampliar de cinco a 10 años el periodo durante el cual los servidores públicos no podrán ocupar posiciones en empresas que hayan supervisado, regulado o sobre las cuales hayan tenido información privilegiada una vez separados de su cargo.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

“Cuando les pasamos el dato de que Jorge Winckler no tenía en orden su examen de control y confianza, nos dimos cuenta también que tanto el Secretario de Gobierno como el de Seguridad Pública no contaban con ellos, a pesar de ser obligatorios para desempeñar su encargo”, me dijeron a propósito de los problemas en Veracruz.

Una de mis fuentes en Palacio Nacional me hizo saber que cuando encontraron la ruta para “sacar de la jugada” a Winckler, (pues la gente de Cuitláhuac García había demostrado falta de inventiva para hacerlo), se percataron que podrían “pegarse un balazo en el pie”.

Y es que resulta que el Secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública de Cuitláhuac García no tenían, (al igual que Winckler), sus exámenes de control y confianza correspondientes. Los asesores de AMLO sabían que al ventilar la razón para remover al Fiscal, de inmediato sus adversarios buscarían ese mismo argumento en los funcionarios morenistas.

“La verdad de las cosas es que en Veracruz no tenían ni idea de los exámenes de control y confianza, tanto en el caso de Winckler como en el de algunos funcionarios de Cuitláhuac García. Sabíamos que al ventilar lo de Winckler teníamos que avisarles para que no cometieran el mismo error”.

“Nos decepcionó que no tuvieran idea de que algunos funcionarios de alto rango necesitaban poseer, derivado de sus tareas, exámenes de control y confianza actualizados. Se acordaron de ese requisito hasta que les avisamos que así daríamos de baja a Jorge Winckler”, me hicieron saber desde Palacio Nacional.

Fue por ello que la semana pasada, apurados y con el tiempo encima, algunos funcionarios veracruzanos acudieron a examinarse ante la autoridad correspondiente. Tuvieron que pasar 10 meses de Gobierno, y eso, gracias al “pitazo” de la Federación.

“Estamos casi seguros que si no pasa lo de Winckler, los funcionarios de Cuitláhuac habrían llegado al año sin presentar sus respectivos exámenes de control y confianza, se los habrían madrugado; hasta en eso tenemos que pensar por ellos, son muy descuidados”, me confiaron, verdaderamente preocupados en Palacio Nacional.

 

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Por ello, en octubre de 2015, la administración del presidente Enrique Peña Nieto creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomando en cuenta dichas circunstancias, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Adicional se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada por la entonces PGR al considerar que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.

La FGR indicó que al iniciarse la presente administración, el gobierno federal creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas.

«Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas», señaló la dependencia.

Al respecto, indicó la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.

El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que, en el marco del análisis de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, se tiene prevista la comparecencia de cuatro secretarios de Estado ante el Pleno del Senado y de otros funcionarios en comisiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que los secretarios que comparecerán ante la Asamblea son: los titulares de Gobernación, Bienestar, Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

Dijo que a comisiones acudirán los secretarios de Salud, Función Pública y “probablemente”, de Comunicaciones y Transportes.

Monreal Ávila indicó que las comparecencias se tiene previsto llevarlas a cabo en las dos últimas semanas de septiembre. El miércoles y jueves de la próxima semana, especificó, se realizará la sesión para determinar la Glosa del Informe, en política interna, política económica, política social y política exterior.

Señaló que en esta primera etapa de reuniones no se tiene considerada la comparecencia del Fiscal, ni la de los secretarios de Defensa y Marina.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado de nueva cuenta sobre el caso del ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció el pasado viernes, y ahora es investigado en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Le recordaron al presidente el compromiso que hizo sobre supervisar detalladamente la entrega de contratos a particulares. Le indicaron que, si se hubiera revisado la entrega de los contratos, quizá no hubiera sido necesaria la separación del cargo de Lomelí y la investigación que ahora se sigue.

“Es que hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ajustícialo, condénalo y luego averiguas. No es así. Es que se haga la investigación y que sin influyentismo, sin impunidad, se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas, hay que esperar a que se haga la investigación”, expuso el presidente.

Añadió que la SFP está trabajando sobre el tema, y aseguró que la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, es una persona recta que no va a dejar pasar nada a nadie.

Fue en ese punto donde dijo que, quienes se quedaron con las malas costumbres y permanezcan en el gobierno, mejor se vayan y busquen “otra opción”. Reconoció que no se ha podido limpiar todo el gobierno de funcionarios que preferían la corrupción o el beneficio propio.

“En honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general, es mejor que digan: voy a buscar otra opción, otra alternativa, o sea, no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa o, mejor dicho, no estar en un gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público”, expuso AMLO.

Aseguró que, aunque no es regla, lo que suele pasar es que quienes no están de acuerdo con los cambios, es por qué estaban acostumbrados a las prebendas y al lucro.

Acusó que los conservadores son muy corruptos, solo que, al ser también muy hipócritas, se dicen hasta gentes de bien. Señaló que cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores; “Son muy ladrones”.

Mucho se ha hablado en los últimos días, sobre la restricción que se incluyó en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que lo funcionarios públicos puedan trabajar en el sector privado luego de terminar su encargo.

Figuras como el ex presidente Felipe Calderón y el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, han criticado fuertemente la nueva medida, asegurando que dejará sin oportunidades a quienes salgan del servicio público.

Calderón indicó que lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Austeridad, “sólo la puede hacer gente que nunca ha trabajado, no saben lo que es eso”.

Por su parte, Quadri indicó que a los funcionarios públicos federales les conviene renunciar antes de que entre en vigor la nueva Ley de Austeridad, de lo contrario “morirán de hambre sin poder trabajar cuando acabe su empleo en el sector público. Diez años de veda…”.

Pero, en realidad, ¿qué dice dicha medida?

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana define dos aspectos. El primero, que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El segundo punto, y que es el que ha causado polémica, indica que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

Esto implica que sí podrán contratarse en el sector privado, pero no con empresas con las que hayan tenido relación, trato o influencia en las responsabilidades que tuvieron en el servicio público.

Tras ser ventilado que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por haber recibido un presunto soborno para autorizar la compra-venta de Fertinal, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015, se ha revelado la lista de funcionarios que dieron visto bueno a la transacción.

Diversos funcionarios fueron testigos y avalaron desde sus respectivas posiciones y responsabilidades en el Gobierno Federal la compra de Fertinal por 635 millones de dólares.

  • Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía
  • Juan José Guerra Abud, entonces Secretario del Medio Ambiente
  • Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda
  • María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener
  • José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía

Sin embargo, se menciona que también acompañaron el proceso de compra-venta los consejeros independientes de Pemex: Carlos Elizondo Mayer-Serra; Jaime Lomelín Guillén; Jorge José Borja Navarrete; Octavio Francisco Pastrana Pastrana y Alberto Tiburcio Celorio, según consta en las actas del Consejo de Administración de Pemex y de Fertilizantes Mexicanos.

Al respecto, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, confirmó que la planta de fertilizantes sí se compró durante el sexenio pasado, «porque así lo autorizó el consejo de administración», cuando su representado se encontraba a la cabeza de Pemex.

Incluso aseguró que de Pemex no salió ni solo peso para la transacción. «Yo nada más pregunto, ¿Quién la autorizó? ¿Quién dio el dinero?, porque de Pemex no salió un peso. El dinero lo dio Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Investiguen a los que formaban parte del Consejo”.

Sostuvo que es difícil de creer que el entonces presidente de la República, no haya sido informado de las decisiones que tomaba el Consejo en Pemex.

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