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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.

El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto los que votaron en contra fueron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.

El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el dictamen, destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.

El diputado de Morena, Erasmo González Robledo, explicó que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo» y regule las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición a los funcionarios, e incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

El coordinador de Morena de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en la sesión del próximo martes, su bancada dará el voto mayoritario en favor de la minuta del Senado que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Indicó que dicha iniciativa será una herramienta más contra la corrupción, «servir al pueblo y no a los grupos de interés económico».

Adelantó que desde la Cámara de Diputados se ayudará al presidente López Obrador en su promesa de separar el poder económico del poder político.

Confió en que la austeridad va a quedar establecido en la ley y con ello se va a poner fin a los derroches, los lujos y la prepotencia con la que muchos funcionarios se venían desempeñando.

Delgado Carrillo indicó que una parte importante de esta reforma es que los recursos que se obtengan por las medidas de austeridad serán dirigidos a programas de bienestar, proyectos de infraestructura y a rubros como la salud y educación.

Comentó que en la minuta se discutirán reformas a las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de ampliar de cinco a 10 años el periodo durante el cual los servidores públicos no podrán ocupar posiciones en empresas que hayan supervisado, regulado o sobre las cuales hayan tenido información privilegiada una vez separados de su cargo.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

“Cuando les pasamos el dato de que Jorge Winckler no tenía en orden su examen de control y confianza, nos dimos cuenta también que tanto el Secretario de Gobierno como el de Seguridad Pública no contaban con ellos, a pesar de ser obligatorios para desempeñar su encargo”, me dijeron a propósito de los problemas en Veracruz.

Una de mis fuentes en Palacio Nacional me hizo saber que cuando encontraron la ruta para “sacar de la jugada” a Winckler, (pues la gente de Cuitláhuac García había demostrado falta de inventiva para hacerlo), se percataron que podrían “pegarse un balazo en el pie”.

Y es que resulta que el Secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública de Cuitláhuac García no tenían, (al igual que Winckler), sus exámenes de control y confianza correspondientes. Los asesores de AMLO sabían que al ventilar la razón para remover al Fiscal, de inmediato sus adversarios buscarían ese mismo argumento en los funcionarios morenistas.

“La verdad de las cosas es que en Veracruz no tenían ni idea de los exámenes de control y confianza, tanto en el caso de Winckler como en el de algunos funcionarios de Cuitláhuac García. Sabíamos que al ventilar lo de Winckler teníamos que avisarles para que no cometieran el mismo error”.

“Nos decepcionó que no tuvieran idea de que algunos funcionarios de alto rango necesitaban poseer, derivado de sus tareas, exámenes de control y confianza actualizados. Se acordaron de ese requisito hasta que les avisamos que así daríamos de baja a Jorge Winckler”, me hicieron saber desde Palacio Nacional.

Fue por ello que la semana pasada, apurados y con el tiempo encima, algunos funcionarios veracruzanos acudieron a examinarse ante la autoridad correspondiente. Tuvieron que pasar 10 meses de Gobierno, y eso, gracias al “pitazo” de la Federación.

“Estamos casi seguros que si no pasa lo de Winckler, los funcionarios de Cuitláhuac habrían llegado al año sin presentar sus respectivos exámenes de control y confianza, se los habrían madrugado; hasta en eso tenemos que pensar por ellos, son muy descuidados”, me confiaron, verdaderamente preocupados en Palacio Nacional.

 

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Por ello, en octubre de 2015, la administración del presidente Enrique Peña Nieto creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomando en cuenta dichas circunstancias, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Adicional se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada por la entonces PGR al considerar que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.

La FGR indicó que al iniciarse la presente administración, el gobierno federal creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas.

«Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas», señaló la dependencia.

Al respecto, indicó la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.

El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que, en el marco del análisis de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, se tiene prevista la comparecencia de cuatro secretarios de Estado ante el Pleno del Senado y de otros funcionarios en comisiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que los secretarios que comparecerán ante la Asamblea son: los titulares de Gobernación, Bienestar, Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

Dijo que a comisiones acudirán los secretarios de Salud, Función Pública y “probablemente”, de Comunicaciones y Transportes.

Monreal Ávila indicó que las comparecencias se tiene previsto llevarlas a cabo en las dos últimas semanas de septiembre. El miércoles y jueves de la próxima semana, especificó, se realizará la sesión para determinar la Glosa del Informe, en política interna, política económica, política social y política exterior.

Señaló que en esta primera etapa de reuniones no se tiene considerada la comparecencia del Fiscal, ni la de los secretarios de Defensa y Marina.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado de nueva cuenta sobre el caso del ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció el pasado viernes, y ahora es investigado en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Le recordaron al presidente el compromiso que hizo sobre supervisar detalladamente la entrega de contratos a particulares. Le indicaron que, si se hubiera revisado la entrega de los contratos, quizá no hubiera sido necesaria la separación del cargo de Lomelí y la investigación que ahora se sigue.

“Es que hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ajustícialo, condénalo y luego averiguas. No es así. Es que se haga la investigación y que sin influyentismo, sin impunidad, se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas, hay que esperar a que se haga la investigación”, expuso el presidente.

Añadió que la SFP está trabajando sobre el tema, y aseguró que la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, es una persona recta que no va a dejar pasar nada a nadie.

Fue en ese punto donde dijo que, quienes se quedaron con las malas costumbres y permanezcan en el gobierno, mejor se vayan y busquen “otra opción”. Reconoció que no se ha podido limpiar todo el gobierno de funcionarios que preferían la corrupción o el beneficio propio.

“En honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general, es mejor que digan: voy a buscar otra opción, otra alternativa, o sea, no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa o, mejor dicho, no estar en un gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público”, expuso AMLO.

Aseguró que, aunque no es regla, lo que suele pasar es que quienes no están de acuerdo con los cambios, es por qué estaban acostumbrados a las prebendas y al lucro.

Acusó que los conservadores son muy corruptos, solo que, al ser también muy hipócritas, se dicen hasta gentes de bien. Señaló que cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores; “Son muy ladrones”.

Mucho se ha hablado en los últimos días, sobre la restricción que se incluyó en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que lo funcionarios públicos puedan trabajar en el sector privado luego de terminar su encargo.

Figuras como el ex presidente Felipe Calderón y el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, han criticado fuertemente la nueva medida, asegurando que dejará sin oportunidades a quienes salgan del servicio público.

Calderón indicó que lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Austeridad, “sólo la puede hacer gente que nunca ha trabajado, no saben lo que es eso”.

Por su parte, Quadri indicó que a los funcionarios públicos federales les conviene renunciar antes de que entre en vigor la nueva Ley de Austeridad, de lo contrario “morirán de hambre sin poder trabajar cuando acabe su empleo en el sector público. Diez años de veda…”.

Pero, en realidad, ¿qué dice dicha medida?

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana define dos aspectos. El primero, que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El segundo punto, y que es el que ha causado polémica, indica que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

Esto implica que sí podrán contratarse en el sector privado, pero no con empresas con las que hayan tenido relación, trato o influencia en las responsabilidades que tuvieron en el servicio público.

Tras ser ventilado que el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por haber recibido un presunto soborno para autorizar la compra-venta de Fertinal, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015, se ha revelado la lista de funcionarios que dieron visto bueno a la transacción.

Diversos funcionarios fueron testigos y avalaron desde sus respectivas posiciones y responsabilidades en el Gobierno Federal la compra de Fertinal por 635 millones de dólares.

  • Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía
  • Juan José Guerra Abud, entonces Secretario del Medio Ambiente
  • Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda
  • María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener
  • José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía

Sin embargo, se menciona que también acompañaron el proceso de compra-venta los consejeros independientes de Pemex: Carlos Elizondo Mayer-Serra; Jaime Lomelín Guillén; Jorge José Borja Navarrete; Octavio Francisco Pastrana Pastrana y Alberto Tiburcio Celorio, según consta en las actas del Consejo de Administración de Pemex y de Fertilizantes Mexicanos.

Al respecto, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, confirmó que la planta de fertilizantes sí se compró durante el sexenio pasado, «porque así lo autorizó el consejo de administración», cuando su representado se encontraba a la cabeza de Pemex.

Incluso aseguró que de Pemex no salió ni solo peso para la transacción. «Yo nada más pregunto, ¿Quién la autorizó? ¿Quién dio el dinero?, porque de Pemex no salió un peso. El dinero lo dio Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Investiguen a los que formaban parte del Consejo”.

Sostuvo que es difícil de creer que el entonces presidente de la República, no haya sido informado de las decisiones que tomaba el Consejo en Pemex.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, respondió a lo planteado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de en el recinto legislativo había funcionarios que ganan más que el mandatario.

En la mañanera, se le planteó al presidente que de acuerdo a investigaciones periodísticas, en el Senado hay al menos 63 empleados que ganan 143 mil pesos y uno que gana 151 mil.

Al respecto, AMLO celebró que se ventilen este tipo de casos para que se proceda a revisar la información y que el Senado garantice que no se viole la ley, pues recordó que de acuerdo al artículo 127 de la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente de la República.

«Si eso se está dando pues es una violación a la Constitución. Hay excepciones en la misma ley, en el 127 constitucional, pero no sé si sea este el caso», dijo López Obrador.

Más tarde, Batres informó a través de su cuenta de Twitter que recibió un informe del secretario general administrativo del Senado en el que le detalla que en el Senado no hay quien gane más que el Presidente.

«En el tabulador autorizado para los empleados, el puesto más alto percibe 104 mil pesos. Esto en ingresos netos», indicó.

Sin embargo, en el investigación de Grupo Imagen, se asegura que en la nómina del Senado hay quienes perciben más de 150 mil pesos. Enlista algunas de las plazas con los salarios más altos:

  • 151 mil 33 pesos, para los secretarios generales de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos.
  • 148 mil 549 pesos, nueve empleados, entre ellos activos políticos.
  • 146 mil 427 pesos, el coordinador del Cuerpo Técnico Profesional.
  • 143 mil 867 pesos, 32 personas adscritas a los grupos parlamentarios.
  • 143 mil 297 pesos, ganan otros 63 trabajadores.

El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, señaló que Donald Trump ya le tomó la medida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la medida de poner aranceles y así concederle todo lo que pide.

Cortés puntualizó que López Obrador sobre reaccionó, se equivocó y hoy estamos sujetos a que en 45 día se vuelva a revisar la política migratoria, donde parte de las cláusulas que no se habían informado, destacan que México podría ser país huésped de todos aquellos migrantes que sean deportados.

“Es inaceptable que México, su gobierno, haya aceptado estas condiciones, porque vulneran la soberanía de nuestro país. Y lamentablemente Donald Trump ya le tomó la medida a nuestro presidente López Obrador”, dijo.

Con respecto a la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, Marko Cortés lamentó que no haya una estrategia ni una buena coordinación.

“Es muy preocupante ver que simplemente muchos funcionarios del gobierno federal están como floreros, no tomados en cuenta, no considerados, en esto no vemos tampoco a la secretaria Olga Sánchez Cordero”.

Además, destacó, todas las funciones del gobierno federal lamentablemente las está llevando el presidente López Obrador, sin hacer equipo, sin coordinarse, sin delegar. Advirtió que México se encuentra ante el peor intento de regresión, de concentración de poder y con un presidente que mira al pasado.

El Dirigente panista expresó que Acción Nacional está a favor de que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición legal. Sin embargo, el gobierno de México debió tomar medidas preventivas en materia migratoria.

Marko Cortés dijo que la próxima semana se va a buscar aprobar la revocación de mandato en la que López Obrador pretende ir en la boleta en 2021 para jalar la marca y mantener en diputados esa mayoría que evita el debate.

Finalizó indicando que el reto que se tiene, es que en 2021 regrese la pluralidad y el debate en la Cámara de Diputados, para que el presupuesto no se asigne a capricho y el recurso se debata en la pluralidad y no esté sometido el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Este viernes, el gobierno federal anunció un aumento salarial de entre 1 y 3 por ciento anual a los servidores públicos que ganen menos de 200 mil pesos netos anuales. Lo anterior, en respuesta a una promesa de campaña del presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, explicó que los trabajadores de base que tengan un salario de hasta 100 mil pesos anuales recibirán un incremento de 3 por ciento. Mientras tanto, aquellos con ingresos de entre 100 y 150 mil pesos tendrán un aumento de 2 por ciento.

Finalmente, el sector de los funcionarios con salarios de 150 mil pesos anuales y hasta 200 mil tendrán un alza en sus remuneraciones del 1 por ciento. Añadió que los recursos se obtendrán de un “guardadito” de 3 mil 500 millones de pesos previsto en el Presupuesto de Egresos.

Estos aumentos son independientes al incremento porcentual ordinario de 3.35 por ciento señalado para 2019, precisó el secretario Urzúa.

“Esto es un extra al incremento salarial que corresponde a la inflación que calculamos para este año y representa un incremento en el poder de compra de los funcionarios públicos que tienen menores ingresos, es decir los que ganan en términos netos menos de 200 mil pesos al año”, detalló.

Mientras tanto, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que el aumento salarial es una promesa hecha por el presidente a los servidores públicos de los escalafones más bajos del gobierno federal.

“Para los de abajo y ahora en este momento estamos hablando de los que menos ganan en la administración pública federal centralizada como ya se hizo en el norte del país”, afirmó.


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