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Este martes, Comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordaron citar de nuevo a los titulares de Hacienda, Carlos Urzúa; de Energía, Rocío Nahle; de Pemex, Octavio Romero, y de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, para que expliquen las causas y los efectos del desabasto de gasolina en el país y de la estrategia de combate al robo de combustibles.

Luego de que el 15 de enero cancelaron su asistencia a una reunión de trabajo con diputados y senadores de la Comisión Permanente, los funcionarios fueron citados para el lunes 28 de enero a las 10:00 horas.

Los legisladores recordaron que en la cita anterior no hubo argumentos válidos para la cancelación y que sólo se les informó, a las 08:00 horas–la reunión estaba programada para las nueve- que los funcionarios “estaban atendiendo problemas de desabasto de gasolinas”.

El presidente de la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, Ricardo García Escalante, del PRI, lamentó en ese entonces y criticó “la falta de respeto de los funcionarios a los diputados y a los senadores, al no acudir a una reunión acordada por unanimidad por todos los partidos”.

Por lo anterior se acordó una nueva cita para los funcionarios.

Los tres servidores públicos de la Dirección de Tránsito del Estado de Nayarit -entre ellos la extitular de la dependencia, Patricia Betancourt Zepeda-, presuntamente relacionados con el asesinato del reportero Alejandro Márquez Jiménez, permanecerán en prisión preventiva.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, donde los detenidos conocieron las acusaciones que la Fiscalía General del Estado presentó en su contra, ante el juez de control Guillermo Romero Ríos.

Entre los detalles ofrecidos en la comparecencia pública con causa penal 28/2019, se supo que el asesinato ocurrió el 30 de noviembre, y que el ahora exjefe de informática de la dirección de tránsito, Santos Román Sánchez, acusado por presunto homicidio calificado, disparó dos veces un arma calibre 9 milímetros, contra Márquez Jiménez.

Según la relatoría pública, Alejandro Márquez, quien era dueño y reportero del Orión Informativo, presuntamente habría pedido y cobrado la cantidad de 30 mil pesos a Román Sánchez para no divulgar detalles sobre algún tipo de relación para cometer ilícitos con la ahora exdirectora de Tránsito.

Sin embargo, el 30 de noviembre alrededor de las 13:00 horas subió un video a una página de Facebook,conocida como Blog del Narco Nayarit, ofreciendo esta información, por lo que Santos Román, acompañado de otras tres personas, entre ellas Alberto Hernández, del área de licencias vehiculares, también detenido y señalado por homicidio calificado, llamó telefónicamente al reportero para encontrarse en un punto del boulevard Colosio de Tepic, al que acudió con un joven de 20 años.

Luego de ello, a bordo de una camioneta blanca, se trasladaron hasta una brecha en la zona de cañaverales entre Pantanal y San Cayetano, municipio de Xalisco, donde Román Sánchez presuntamente privó de la vida al reportero, cuyo cadáver fue encontrado el primero de diciembre.

Cabe resaltar que los detalles del caso pudieron conocerse a partir de que el celular del reportero, fue utilizado dos días después de su muerte por lo que la autoridad solicitó a una juez la obtención de datos a la compañía telefónica; tras ello se supo que la novia del acusado Alberto Hernández, halló y utilizó el teléfono de Márquez, al que le cambió el chip, sin saber que estaba implicado en un delito.

Sobre la imputación por encubrimiento contra la exdirectora de Tránsito, Patricia Betancourt, se conoció, a partir de la declaración de uno de los tres detenidos, que el día del homicidio Santos Román le llamó para decirle textualmente: “ya estuvo, la veo en el domicilio”; además de declaraciones de dos policías de investigaciones cibernéticas, quienes refirieron que ella les solicitó ayuda para “bajar” el video de redes sociales.

Los países que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, se sumarán a la decisión adoptada ayer por Perú de no permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

“Los Gobiernos que acompañaron la declaración acordaron hacer evaluación constante del estado o nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela e impedir a altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima”, afirmó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, afirmó ayer que su país prohibirá el ingreso de los miembros vinculados al Gobierno venezolano, así como de sus familiares.

Esta decisión la adoptó el Grupo en su reunión del pasado 4 de enero en la que cancilleres de 13 países acordaron no reconocer el nuevo Gobierno de Maduro, que se inicia este jueves, por considerarlo ilegítimo, a excepción de México, que no suscribió el documento.

El Grupo está conformado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

A estas medidas, señaló hoy Trujillo, se sumarán la elaboración de listas de “personas naturales y jurídicas” con las que entidades financieras de cada país no pueden operar y la evaluación de préstamos por parte de organismos internacionales a los que pertenezcan los países del bloque.

Sobre la decisión de México de no firmar la declaración del Grupo, Trujillo dijo que el Grupo “recibió con consideración y con respeto la posición del Gobierno mexicano” y resaltó que México expresó su intención de continuar haciendo parte del bloque.

 

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que para este año la dependencia tendrá un presupuesto de 323 mil millones de pesos.

Detalló que el 75% del presupuesto está destinado a pensiones, es decir, 226 mil millones de pesos garantizados a un millón 100 mil pensionados y jubilados.

El titular del organismo anunció que dentro del presupuesto se contempla mejorar el programa preventivo en materia de salud, de manera que se reforzará el primer nivel de atención, para evitar que el paciente ingrese al segundo y tercer nivel.

“Estas acciones forman parte del Programa Nacional de Salud que implementó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que su primera etapa es en el sureste del país, particularmente en el tema de urgencias”, dijo el funcionario en un encuentro con medios de comunicación.

Adelantó que la próxima semana visitará los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz para supervisar y detallar la planeación que permita ofrecer servicios de salud gratuitos a toda la población.

Ramírez Pineda puntualizó que el retiro de seguros de gastos médicos mayores a funcionarios públicos, no afecta en el servicio de atención en las unidades hospitalarias del ISSSTE, ya que cuenta con la capacidad de atenderlos. “El número de derechohabientes no aumenta ya que esos funcionarios ya estaban afiliados y se contemplan dentro de los 13 millones de derechohabientes que actualmente atiende el Instituto”, aclaró.

El Director General del Instituto explicó que a pesar de recibir un ISSSTE con contrastes, se realizará un trabajo intenso en las diferentes áreas para ser más racionales y los insumos no falten.

 

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara e hiciera pública su declaración inicial de bienes, confirmó que todas las personas que colaboran en el gobierno federal presentarán sus respectivas declaraciones.

“Lo van a hacer todos (…) la regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia, es la regla de oro. Y todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública. Todos sin excepción”, dijo en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que sus colaboradores presentarán sus declaraciones por convicción y no por exigencia de la Presidencia, pues dijo que todos los que fueron convocados para trabajar en el gobierno “son gentes honestas”.

Al ser cuestionado sobre si presentar dichas declaraciones no significarían un peligro para algunos funcionarios, AMLO dijo que es un asunto más que nada de cuidado o de puntos de vista sobre seguridad. Reconoció que se sabrá que algunos de sus colaboradores poseen bienes, pero aclaró que “ese dinero, esos bienes materiales son fruto del trabajo honrado. Entonces, no hay por qué ocultar lo que se tiene”.

AMLO fue cuestionado sobre el caso específico de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, de quien dijo es de dominio público que es un empresario que siempre se ha dedicado a hacer negocios lícitos, y que es totalmente legal lo que posee.

“No van a haber excepciones para lo de la declaración de bienes”, remató.

 

Previo al arranque del 2019, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, comunicó a las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal (APF) los ajustes a las remuneraciones de los servidores públicos de mando y enlace, los cuales deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

Los cambios a las remuneraciones que se reflejan en el nuevo tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos son el resultado de la política de austeridad republicana que permitirá, junto con otras acciones, generar ahorros para que los recursos de todos se destinen a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación.

El tabulador, que es el instrumento administrativo para determinar las remuneraciones de acuerdo con la responsabilidad y las funciones que desempeña un puesto, fue enviado mediante oficio el pasado 27 de diciembre a las instituciones que son parte de la Administración Pública Federal.

En un comunicado, la dependencia afirmó que con esta medida se garantizará que ningún servidor público reciba una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República; tal y como lo estipula el Artículo 127 constitucional.

Con esta medida se avanza en la reducción de la brecha salarial en el sector público, ya que, mientras los puestos de los altos mandos tienen reducciones salariales de hasta 40 por ciento, los servidores públicos de mando y enlace que menos ganan, como los puestos de Subdirección, Jefaturas de Departamento y Enlaces, tendrán, en algunos casos, aumentos de sueldo.

Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, informó que ya se iniciaron procedimientos penales contra tres trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el delito de huachicoleo.

El funcionario dijo que para este delito hay una complicidad desde adentro, ya que un delincuente no puede sólo acercarse a un ducto y extraer el combustible.

“Era un asunto que se manejaba desde adentro y desde afuera. Entonces se empezó a trabajar de inmediato en Pemex logística, que es el área que maneja el control de los ductos… precisamente quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo”, explicó.

En conferencia de prensa, Gertz Manero mencionó que en el Gobierno hay un grupo de individuos a cargo del sistema administrativo y penal que se encargará de defender los bienes de la nación.

“Están entrando también (la Secretaría de la) Función Pública, el SAT, inteligencia financiera, es todo un grupo de defensa de los bienes de la nación y del petróleo para que este sistema primero se descubra y se haga público; segundo, se sancione y luego se remedie”, afirmó.

Sobre los tres funcionarios implicados en el robo de hidrocarburos, el encargado de la PGR comentó que no puede dar sus nombres para respetar el debido proceso.

Al ser cuestionado sobre los diversos actos ilícitos en los que se han visto envueltos los notarios del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se debe regular al gremio, pues es “lamentable” la corrupción que ha imperado en los últimos años.

Durante su conferencia matutina, reconoció que al término de diversas administraciones estatales, se ha sabido que los mandatarios entregan notarías a sus amigos, incluso a sus familiares, aun durante su mandato.

“Ojalá y se retome el que se cabe la corrupción en la entrega de notarías a funcionarios públicos a los allegados de autoridades. Es, realmente lamentable. Termina un gobierno y una camada nueva de notarios”, señaló el mandatario.

Dijo que en dichos casos, se termina sabiendo que quienes obtuvieron las notarías fueron el secretario de gobierno; el director jurídico, “el que no le tocó una candidatura, así. Es una vergüenza”.

Confió en que sea el Colegio de Notarios quien presente una iniciativa para evitar la corrupción, la cual sería respaldada por el gobierno federal. “Es una vergüenza. Ya basta de esa corrupción”.

Señaló que aunque los propios notarios han tomado cartas en el asunto, no se han podido combatir las malas prácticas, e indicó que la regulación le conviene incluso al gremio, pues afirmó que hoy en día las notarías siguen proliferando de manera excesiva.

 

El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, se pronunció sobre la disputa que se ha dado entre el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y servidores públicos, específicamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la disminución de salarios.

Indicó que lo que el mandatario busca es disminuir la desigualdad salarial que se vive en el país. “Lo que está buscando el Presidente es disminuir esta desigualdad tan grande en los salarios y entonces acortar la brecha. Las formas de hacerlo es lo más complicado, pero sí es factible y por eso aparece la discusión”.

En un encuentro con los medios de comunicación, Aguiar Retes dijo que reducir los salarios de los funcionarios no sólo es un acto moral, sino una muestra de sensibilidad, sobre todo al considerar que la gran mayoría de los mexicanos se encuentran en situación de pobreza.

Al respecto, el arzobispo puso como ejemplo los sueldos de los jerarcas de la Iglesia católica; refirió que él recibe 18 mil pesos mensuales, mientras que los sacerdotes perciben un sueldo entre 12 y 15 mil pesos.

El líder la Iglesia pidió dar tiempo al gobierno federal para que se comiencen a hacer balances sobre su desempeño. Dijo que por lo menos se debe esperar un año a que el gobierno de AMLO tome su marcha.

 

Con información de Regeneración.mx / Foto: Twitter

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se detectó un total de mil 400 policías que custodiaban a personas que, por ley, no deberían disponer de dicho servicio

La mandatario local indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) se desempeñaban como escoltas de funcionarios, dependencias y empresas sin costo alguno, por lo que como parte de las acciones que su administración han emprendido para combatir la corrupción, se procedió a retirar dichos servicios.

La acción anunciada implicó el retiro de los elementos de la SSP, así como de los vehículos pertenecientes a la dependencia que se utilizaban para realizar dichas funciones.

“Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo Sheinbaum Pardo. Refirió que dichos servicios representaba un costo de 21 millones de pesos mensuales a la ciudad.

Explicó que los elementos regresarán a desempeñar funciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pues enfatizó, es a ellos a quienes deben de proteger.

Remató indicando que los servicios de escolta eran otorgados a criterio de quien fue secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, en la administración pasada. Denunció que incluso, en los últimos meses de su gestión, aumentaron dichas asignaciones.

 

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.

En el marco de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, se reunió con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Pese a que no se ha difundido con exactitud los temas que fueron abordados por los funcionarios, el mexicano señaló que en la plática se habló sobre los beneficios que el nuevo Acuerdo Comercial Estados Unidos, México, Canadá (USMCA) traerán para los tres países.

Además de la reunión con Mnuchin, González Anaya se reunió con el Ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, para dialogar sobre los beneficios y alcances que el acuerdo comercial traerá a la región.

La dependencia informó que su titular participará mañana en la sesión plenaria del Comité Monetario y Financiero Internacional; además de que se reunirá con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.

El titular de la SHCP también sostendrá una reunión de trabajo con Agustín Carstens, Gerente General del Banco de Pagos Internacionales y ex Gobernador del Banco de México.

 

Desde el pasado lunes, cuando se confirmó el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el cual recibió el nombre de USMCA, mucho se habló sobre lo complicado que sería el nombre para referirse a él.

Sin embargo, el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Backer, parece haber despejado toda duda, pues se refirió al acuerdo con el acrónimo ‘AMEC’ (Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá).

Fue a través de sus redes sociales que Baker utilizó el término al referirse al acuerdo, pues enfatizó que al haberse alcanzado el tratado, no limita la libertad de ninguna de las partes para establecer acuerdos comerciales con cualquier otro país.

El término también fue utilizado por el Jefe de la Negociación Técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de la dependencia, Kenneth Smith Ramos, quien aseguró que el capítulo laboral del AMEC es el más avanzado de todos los TLC´s a nivel mundial.

“Asegura que los miembros del AMEC respetarán los principios y derechos laborales reconocidos por los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo”, señaló Smith.