Tag

gastos

Browsing

Este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, encabezó una conferencia de prensa con motivo de los 100 primeros días de sus administración.

Indicó que a pesar de que en la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, se le concede y se le autoriza a proponer la reorganización de dicha Institución en un plazo de un año, se optó por dar a conocer el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que ya se tienen en la institución.

«Voy a informar a ustedes cuál es el estado en el que se recibió esta Institución; en cada uno de sus rubros; señalaré también qué hemos hecho hasta el momento para resolver lo que corresponde; y cuál es el avance en nuestra visión autónoma en la procuración de justicia, para cambiar, profunda y realmente, la función de procurar justicia para todos, acabando con el modelo tan negativo que hemos sufrido los mexicanos», indicó Gertz Manero.

Detalló que a su llegada a la institución, se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin resolver. Además no se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas.

Al respecto dijo que el promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.

Otro de los problemas encontrados fue que no existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.  Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público.

No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse.  Adicional, tampoco existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes.

Enfatizó que no existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente. Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.

Sobre la estructura administrativa que se encontró, Gertz Manero explicó que existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.

Tal como se ha sucedido en otras dependencias, dijo que se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad.

Puntualizó que se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.

Entre los problemas que también se detectaron, están la compras multimillonarias de aeronaves; la falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria; gastos de Seguridad Pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa; la falta de control adecuado en la asistencia del personal, un mal ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, entre otros.

Respecto a las acciones que se han llevado a cabo en los 100 primeros días de trabajo, el Fiscal General de la República indicó que se creó un modelo de Oficialía de Partes Única en cada área central de la Institución, y en cada estado; el inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del Ministerio Público y de apoyo administrativo, a fin de reconocer al personal que desempeña de manera sobresaliente su función y, al mismo tiempo, para poder exigir que todos los Agentes del Ministerio Público se responsabilicen del trámite y de los resultados de las carpetas de investigación que se les asignen.

Se creó exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal denominado “Sistema de Evaluación de Resultados” (SER); sobre la fuerza policial que estaba dedicada a prestar servicios de protección y de seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personas, se han recuperado más de 320 elementos.

Precisó que del primero de diciembre a la fecha, el Gobierno Federal y sus organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, han sido los principales denunciantes.

Dijo que hasta el momento, se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos.

Adicional se ha llevado a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas, con el propósito de reorientar al mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de éstas.

También se lleva a cabo una política diaria de control en los gastos de operación, y se están analizando contratos y convenios inoperantes o de alto costo y cualquier otro gasto superfluo.

«Todas las tareas emprendidas no serán fructíferas, si no cambiamos en forma permanente e irreversible, las estructuras básicas de la procuración de justicia, ya que en el mismo momento en que los corruptos y los enemigos de la democracia lo puedan realizar, le darán marcha atrás a todo lo que se haya logrado», dijo Gertz Manero.

Por ello, explicó, han considerado tres premisas básicas: La prontitud en la justicia; la reparación inmediata del daño y, el establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo.

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, informó que en las seis entidades donde se llevarán a cabo elecciones este año, se elegirán 148 cargos.

Detalló que 13.5 millones de ciudadanas y ciudadanos conforman la Lista Nominal de Electores, mismosq ue podrán acudir a las urnas el próximo 2 de junio; además, se han recibido mil 992 solicitudes de observadores electorales, de las cuales se han acreditado a 992.

En el caso de Puebla, elección que está totalmente a cargo del INE, mencionó que ya se cuenta con los 4 millones 788 mil 312 boletas electorales tanto para la elección de Gobernador como de los cinco ayuntamientos.

4 mil 269 poblanos que residen en el extranjero están próximos a recibir su Paquete Postal Electoral, pues el envío concluyó el pasado 30 de abril.

Enfatizó que también se avanza en la organización del debate entre los candidatos a la gubernatura, que tendrá lugar el 19 de mayo a las 20:00 horas en el teatro del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En lo que se refiere a la fiscalización en precampañas y apoyo ciudadano se revisó la actividad de 450 aspirantes y precandidatos, con un total de 13.3 millones de pesos de ingresos y 13.2 millones de pesos de egresos a través de 2 mil 085 operaciones.

Reportaron que, en el periodo de campañas, 710 candidatos han registrado 2 mil 795 operaciones, por un total de 103.3 millones de pesos de ingresos y 93.7 millones de pesos de egresos.

Luego de que este jueves El Universal diera a conocer que el Gobierno de México desembolsó 41 millones 18 mil 479 pesos por el banquete ofrecido por Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en su toma de protesta como Presidente de la República, ahora se sabe que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto quien licitó dichos servicios.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien detalló que todos los servicios relacionados a la Transmisión del Poder Ejecutivo Federal (TPEF) llevada a cabo el 1 de diciembre, fueron adquiridos mediante licitación pública por la pasada administración.

Aclaró que los servicios fueron contratados por el equipo de EPN ante la imposibilidad del nuevo gobierno de celebrar contratos o erogar recursos previos a asumir de manera formal la administración.

De acuerdo a una carta enviada a El Universal, la SRE indicó que la TPEF se organizó conforme a los estándares internacionales de las ceremonias con la presencia de jefes de Estado, además de que la cifra de 41 millones incluyó las actividades previas de planeación, organización de avanzadas y pre visitas de las delegaciones extranjeras, entre otros.

Aclaró que el banquete como tal, representó menos del 7% del costo publicado por el diario.

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planea limitar la creación de plazas académico-administrativas y de confianza, así como otros gastos por plan de austeridad.

Este lunes, en su gaceta, la máxima casa de estudios publicó 27 medidas que se implementarán en este 2019 como parte de su Programa de Racionalidad Presupuestal.

En las negociaciones presupuestales en la Cámara de Diputados en 2018, la UNAM se comprometió a aplicar una política de austeridad que presentaría en enero. Su rector, Enrique Graue Wiechers, dijo que devolvería a la tesorería universitaria una parte de su salario y lo hizo la semana pasada, al reembolsar 22 mil 350 pesos de su primera quincena del año.

La institución “se identifica plenamente con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina, transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos que la sociedad le ha confiado”, e indica que la casa de estudios es auditada de manera interna y externa, y su cuenta pública es entregada a la Cámara de Diputados.

Asimismo, destaca que sin afectar sus funciones sustantivas, “no puede ser ajena a los esfuerzos para mejorar la calidad de la inversión pública” impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El plan de austeridad será de carácter obligatorio y aplicable a todas las entidades académicas y dependencias universitarias que integran la casa de estudios y el propósito es generar ahorros en el presupuesto 2019, que se aplicarán para reforzar las funciones sustantivas de la Universidad.

Graue y el presidente del Patronato de la UNAM, Alonso Gómez Robledo, firmaron el documento que contiene una serie de medidas como que en 2019 no habrá creación de plazas académico-administrativas, de confianza, ni administrativas de base, con excepción de las que habrán de destinarse a la atención de nueva infraestructura y para las dependencias destinadas a vigilancia, seguridad y protección civil, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

En tanto para la creación de nuevas plazas académicas sostendrán la política de contar con el dictamen aprobatorio de la Secretaría General de la Universidad y su creación dependerá de la disponibilidad presupuestal con que cuente la Institución.

Asimismo, se señala que no se otorgará incremento salarial al personal con nombramiento de funcionario, que se reducirán los gastos en los Centros de Estudios Mexicanos en el extranjero hasta en un 20%.

También se aplicará una reducción del 10% en la partida correspondiente a viáticos para el personal y en la de pasajes aéreos.

Se plantea, además, que la asignación al Programa de Extensión y Colaboración Académica se reduzca en un 10%. Los recursos asignados para reuniones de trabajo se reducirán en un 50% y se mantendrá una política de no realizar erogaciones para cubrir eventos de fin de año ni obsequiar regalos con este motivo.

Al ser cuestionado sobre las críticas que ha lanzado contra algunos organismo autónomos, tales como el INE o el INAI, debido a los altos sueldos que tienen sus integrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que su gobierno no intervendrá en éstos, por lo que no se considera ninguna reestructura.

«No queremos nosotros intervenir en organismos autónomos, no está en el plan nuestro el que se reestructuren, se achiquen o desaparezcan organismos o instituciones autónomas. Tenemos diferencias, pero no es eso para nosotros prioritario», señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador indicó que lo que ha pedido «ya se logró»; recordó que lo que solicitó era que se redujeran los gastos de los organismos autónomos, y como ejemplo puso al Poder Legislativo, quien dijo, redujeron sus gastos tanto en Diputados como en Senadores.

Al respecto subrayó que en todo el gobierno está alineado a un plan de austeridad republicana, por lo que la Presidencia también tendrá ahorros significativos.

 

De acuerdo al análisis del comportamiento de las ventas realizado en este inicio de año, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, estimó que para el mes de enero de 2019 se registrarán ventas por 66 mil 702 millones de pesos.

Según informó la Cámara, las ventas proyectadas representan un aumento del 4.5%, en relación con las ventas realizadas en igual mes del 2018.

Aclaró que dicho impulsó será propiciado por las ventas esperadas por el Día de Reyes, las cuales ascenderían a 3 mil 410 millones de pesos, cantidad que representa un incremento del 4.17% respecto a 2018.

Detalló que los giros más activos en sus ventas esta fecha serán: tiendas de autoservicios y departamentales, jugueterías, juegos electrónicos, equipo de cómputo , celulares, prendas de vestir, calzado y panaderías.

Por otra parte, se estima que el gasto promedio por niño será de $1,650 a $1,800, aproximadamente.

 

Los líderes parlamentarios y los integrantes del Comité de Administración de la Cámara de Diputados contarán con recursos extra para cubrir gastos de comida, pasajes, estacionamiento y reparación de vehículos oficiales.

En conjunto, los coordinadores de bancada disponen de 115 mil pesos mensuales de un fondo revolvente y 36 mil 500 de uno fijo. Para los ocho legisladores que los auxilian en materia administrativa hay una bolsa igual. Los diputados se autoasignaron estos recursos por acuerdo del Comité de Administración.

Mario Delgado, líder de Morena, contará con 30 mil pesos de fondo revolvente y nueve mil 500 del fijo. Juan Carlos Romero, del PAN, con 20 mil y 7 mil, respectivamente. René Juárez, del PRI, podrá disponer de 15 mil y 5 mil. En tanto que los líderes del PES, PT, MC, PRD y PVEM dispondrán, cada uno, de 10 mil pesos de fondo revolvente y 3 mil de fijo.

Estos recursos también se pueden destinar al “pago de gastos menores que no permitan contar con documento de comprobación, los cuales no deberán rebasar 10% del monto del fondo autorizado”.

El fondo revolvente sólo tiene una restricción: no se puede utilizar en el consumo de alimentos, para lo cual está el fondo fijo, que no aplica para bebidas alcohólicas, cigarros, ni propinas.

De acuerdo con la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados, estos fondos, la mayor parte sujeto a comprobación, podrán aplicarse en la compra de papelería y materiales diversos, cubrir pasajes al personal en cumplimiento de un encargo oficial, pagar servicios de estacionamiento y reparaciones menores a vehículos oficiales.

La senadora Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, pidió a sus compañeros legisladores poner un alto a los privilegios en pensiones que se les da a los ex presidentes de México.

La bancada propuso un proyecto de decreto que adiciona el Artículo 83 constitucional en materia de pensiones a ex presidentes.

La legisladora dijo que las pensiones son un privilegio «injusto e ilegal», pues aseguró que tales pensiones no tienen sustento en la Constitución.

Refirió que hoy a los ex presidentes se les asignan 205 mil pesos al mes, aunque a eso se le debe agregar gastos como seguros de vida, de gastos médicos, el costo de su transporte, gasolinas, asesores, jardinería, entre otros rubros. Indicó que los ex presidentes le cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes a los mexicanos.

Delgadillo mandó un mensaje al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Le dijo que no bastaban las buenas intenciones o discursos en los que se promete no firmar el acuerdo, del cual dijo, “a todas luces ha sido ilegal”.

Pidió que se deje en claro en la Ley que no habrá más pensiones a los ex mandatarios.

Ofreció los votos de Movimiento Ciudadano para concretar la eliminación de las pensiones a los ex presidentes.

 

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que así como utilizará su vehículo personal, pagará su propio teléfono, comidas y gasolina, pues dijo, son parte de las medidas de austeridad que se implementarán en el recinto legislativo.

Señaló que cada legislador deberá usar su propio teléfono, pagar su propia gasolina y alimentos. Sólo contarán con su dieta, aunque esta también será disminuida a 103 mil pesos o 105 mil, que será lo único que perciba un senador.

Anunció que el primer tema que se planteará en la Junta a los coordinadores de las otras bancadas será el plan de austeridad. “No quiero ser impositivo ni autoritario, quiero platicar con ellos sobre qué es lo que le conviene a la Cámara. Tenemos mayoría, pero no por eso vamos a actuar mayoritariamente, he tenido una buena conversación con ellos y están muy sensibles al tema de la austeridad”, aclaró.

Monreal Ávila expresó que los coordinadores de los demás Grupos Parlamentarios están de acuerdo en hacer un gran esfuerzo en el sentido de ahorros. Enfatizó que el Senado y los senadores deben dejar de ser una clase privilegiada, y deben de seguir siendo ciudadanos normales; dejar de ser la «clase dorada de privilegios».

Respecto al bono que recibiría cada legislador de la nueva legislatura, por más de 300 mil pesos, afirmó que éste se ha suspendido y no será entregado porque “no puede haber Senado rico para pueblo pobre”.

Señaló que en días anteriores envió un oficio al Secretario General pidiendo que dicho bono fuera eliminado. Reconoció que sí estaba contemplado en el presupuesto de 2018. «Cómo puedes justificar que todavía estamos por iniciar la primera Sesión y ya tengas acceso a un carro nuevo de 250 mil pesos, a una computadora de 25 mil pesos y a un bono por inicio de labores por 117 mil pesos».

Dijo que aceptarlo sería incongruente con lo que Morena está postulando; “vamos a eliminar eso, se los aseguro, y vamos a hablar con los otros coordinadores”, finalizó.

 

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó las reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecida en la ley para conservar su registro.

Las directrices fueron presentadas luego de que la tarde de ayer se indicara que la liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social seguía su marcha.

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, señaló que en dichas reglas se incorpora un informe del patrimonio de sus bienes, lo que resultará de gran utilidad para llevar al cabo dicho procedimiento.

Además, agregó, una de las novedades más importantes es que los gastos por los honorarios del interventor correrán por cuenta del partido político que esté en proceso de liquidación.

Señalaron que el procedimiento de liquidación de los partidos se aplicará en tres escenarios posibles:

  • Los partidos políticos que no tienen el 3% de la votación a nivel federal, pero que sí lo alcanzan a nivel local
  • Otros en el que ninguno de los dos ámbitos alcanzó el 3% de la votación
  • Aquellos que si bien no alcanzan el 3% de la votación nacional tendrán derecho a participar en alguna elección extraordinaria.

“En el caso de los partidos políticos primero tienen que liquidarse los compromisos laborales, luego, pasivos con la autoridad electoral, impuestos y acreedores. Se establece de manera muy clara, que los gastos de liquidación tienen que pagarse del propio patrimonio del sujeto que está en ese proceso”, precisó el secretario técnico de la Comisión y titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lizandro Nuñez.

 

La reducción al presupuesto del Senado será de 1,500 millones de pesos para el próximo año, informó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

El legislador comentó que ya inició el proceso para despedir a 1,911 personas de la Cámara Alta.

“El Senado se hizo obeso y ahora queremos hacerlo muy eficiente. Sí va a haber disminución de salarios y el senador va a ganar entre 103 y 105 mil pesos mensuales”, señaló Monreal.

Además, en este esfuerzo de austeridad se compactarán áreas y ya se inició un proceso de liquidación de cerca de 1,300 colaboradores, entre asesores, secretarios auxiliares y choferes de los senadores. Además se prevé la liquidación de los legisladores que concluyen sus funciones el 31 de agosto.

En total mil 911 personas están en proceso de recibir su liquidación y el Senado erogará alrededor de 330 millones de pesos.

Además, Monreal señaló que habrá un plan de control de actividades contra los «aviadores», como lo son el registro de asistencia, cumplimiento y productividad.

Asimismo, tampoco habrá coches para los senadores ni para los altos funcionarios. Los 174 vehículos que tiene hoy la Cámara Alta se rematarán.

De acuerdo con Monreal, entre los gastos que serán eliminados están: los boletos de avión que el Senado pagaba a los legisladores, los cuales ahora deberán ser cubiertos por las subvenciones de los grupos parlamentarios; las tarjetas IAVE; vales de gasolina; incluso el estímulo por asistir a la sesión de 700 pesos; además de gastos en telefonía celular, comida y restaurantes.

 

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los dictámenes y proyectos de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales federales y locales.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto analizó los informes de 2,053 candidatas y candidatos a cargos de elección federal y de 15,646 a nivel local, lo que da un total de 17,699 candidaturas fiscalizadas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, detalló que fue necesario analizar montos reportados como ingresos por 5,334 millones de pesos, así como gastos por 5,192 millones de pesos.

En el ámbito federal, las campañas electorales, que transcurrieron entre el 30 de marzo y el 27 de junio, recibieron ingresos por 2,686 millones de pesos y registraron gastos por 2,618 millones de pesos. Las campañas locales, por su parte, ingresaron 2,648 millones de pesos y gastaron 2,574 millones de pesos.

En lo que toca a las fuentes de financiamiento de las campañas, la fiscalización del INE permitió conocer que 4,709 millones de pesos provinieron del financiamiento público a los partidos políticos, mientras que 625 mdp fueron de origen privado a partidos y candidatos. El 88.3% de los recursos de las campañas fueron públicos y el 11.7% privados, lo que hizo posible que se vivieran campañas donde privó la equidad prevista en la ley.

En los trabajos de fiscalización, se detectaron 79 casos de rebase de topes de campaña por parte de igual número de candidaturas. De ellos, 9 corresponden al ámbito federal (una senaduría y ocho diputaciones); sin embargo, el Instituto adelantó que no hay riesgo de nulidad de elecciones en estos casos porque sólo se trata de dos candidatos ganadores que no excedieron en más de 5% el tope. Asimismo, se detectaron 70 rebases de topes en el ámbito local, ninguno de ellos de algún candidato a gobernador que hubiese resultado ganador.

Adicional el INE detectó gasto no reportado por 368 millones de pesos, de los cuales 203.5 millones corresponden a campañas federales y 164.5 millones a campañas locales.

Rocío Nahle, la propuesta del candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para ser titular de la Secretaría de Energía afirmó que los lujos y excesos de los sindicatos se van a acabar en el próximo sexenio.

Nahle se refirió especialmente a Petróleos Mexicanos, cuyo titular será Octavio Romero Oropeza, así como a la Comisión Federal de Electricidad, que encabezará Manuel Bartlett Díaz.

De acuerdo con la próxima secretaria de Energía, 105 contratos del sector serán revisados con la iniciativa privada.

“Vamos a respetar la organización sindical, hasta ahí. Los excesos, los lujos que iban hacia los sindicatos, los cientos de comisionados, eso no puede seguir así”, acotó.

En conferencia de prensa, Nahle destacó que en el próximo gobierno habrá redirección y austeridad presupuestal para que se invierta más en hidroeléctricas, así como en exploración y producción petrolera.

Tajante, Nahle afirmó que se reducirán las partidas al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y al sindicato petrolero.

Abundó que “los sindicatos en este país y en el mundo se formaron para organizarse; los trabajadores van a cuidar sus derechos, así debe ser y nosotros vamos a ser respetuosos. Nada más que se acabaron los usos y costumbres del dinero que va y que viene sin ninguna justificación”.