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En rueda de prensa, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, confirmó que son dos los muertos por el ataque que un menor de edad perpetró en el colegio Cervantes, en la ciudad de Torreón.

El mandatario estatal informó que el menor de edad de 11 años, era alumno de sexto año de primara. Mientras que la maestra que perdió la vida, María Medina de 50 años de edad, era la profesora del menor.

Riquelme confirmó que hay seis heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona. Cinco alumnos y el maestro de educación física. Todos dijo, su estado de salud es estable.

Relató que  el alumno agresor dijo a uno de sus compañeros «hoy es el día», y procedió a solicitar permiso para salir al baño. Al ver que el menor había tardado más de 15 minutos, la profesora salió del salón para verificar el retraso.

Al estar en los pasillos de la escuela, la maestra se percató que el alumno tenía una vestimenta distinta al uniforme con el que ingresó al plantel, y que estaba atacando a sus compañeros. Fue en ese momento, cuando el menor abrió fuego en contra de la profesora y después se quitó la vida.

El gobernador indicó que de acuerdo a información que se ha obtenido de los propios compañeros, el alumno agresor nunca había tenido un comportamiento extraño, aunque sí había hecho referencia a un videojuego de violencia que solía consumir

Sobre la institución educativa en la que sucedieron los hechos, Riquelme aclaró que la violencia no es una constante dentro del colegio Cervantes, por lo que solicito a los padres a guardar la calma.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México y los empresarios del transporte público concesionado de mediana capacidad, acordaron un incremento de dos pesos a la tarifa, mismo que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020.

El gobierno estatal justificó dicho aumento al indicar que se continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, así como a la implementación de nuevas medidas a fin de que los usuarios puedan tener un servicio seguro, cómodo y de calidad.

El aumento fue publicado este jueves en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se alcanzó luego de varios días de diálogo en el marco de la Comisión Revisora, donde los concesionarios presentaron casi un centenar de estudios de costos, en los que solicitaron un ajuste de hasta 4.50 pesos, al tomar en cuenta un incremento en el precio de los insumos para la operación de las unidades entre 38 y 45 por ciento, desde de septiembre de 2017 a la fecha.

La Secretaría enfatizó que gracias a las negociaciones se evitó el cobro anárquico en el servicio e incluso, paros y movilizaciones por parte de los transportistas, que hubieran perjudicado a alrededor de 6 millones de usuarios en el Estado de México.

En términos reales, el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional.

El titular de la Semov, Raymundo Martínez Carbajal, aseguró que el ajuste no significa un “cheque en blanco” para los transportistas, sino que, con el nuevo ajuste se comprometen a certificar a 100 mil operadores anualmente, concluir al 100 por ciento el proceso de renovación de sus unidades.

Además, agregó, se avanzará en la implementación de una plataforma tecnológica que aglutinará a todas las unidades, al tiempo que se establecerá un sistema de prepago en el que tanto operadores como usuarios estarán plenamente identificados, a efecto de inhibir la comisión de delitos en el transporte público.

Los transportistas firmaron una serie de compromisos que los obliga a renovar todas las unidades con más de 10 años de antigüedad, equipar al 100 por ciento las unidades con los kits de seguridad, que consisten en cámaras de video, botón de pánico y geolocalización y cumplir con la cromática respectiva.

También deben capacitar y certificar a los trabajadores del volante bajo los estándares de competencia EC0246 que imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y con ello garantizar la seguridad de los usuarios.

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

La mañana de este viernes se registró una nueva explosión de un polvorín en Tultepec, ahora en un taller de pirotecnia, donde el gobernador del estado reporta dos personas muertas y un lesionado.

La Coordinación General de Protección Civil estatal detalló que la explosión ocurrió en un domicilio de la Privada Guadalupe, Tultepec.

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, indicó que ya se encuentran en el lugar elementos de Protección Civil del Estado de México, elementos de Seguridad Pública y bomberos para atender el incidente.

Se detalló que el taller de pirotecnia en que ocurrió la explosión era clandestino.

“Lamentablemente se reportan dos fallecidos y un lesionado», confirmó el gobernador en su cuenta de Twitter. Las víctimas mortales dos hombres, uno de ellos menor de edad, mientras que el otro herido también es menor de edad.

Además, el mandatario estatal señaló que instruyó al coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Luis Felipe Puente, para coordinar acciones para salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona.

Al respecto…
Por Alejandro Aguirre Guerrero

Me confirman que a Andrés Manuel López Obrador le avisaron, (cuando aún era candidato a la Presidencia), que su único alfil débil en los distintos frentes electorales era Cuitláhuac García, más aún teniendo como adversario al hijo del entonces Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Fue por ello que AMLO decidió concentrar, (después de platicar con sus estrategas), buena parte de sus baterías en el estado de Veracruz; se convirtió en el destino más frecuentado durante su campaña presidencial. El objetivo era claro: hacer ganar a un candidato que a todas luces iba camino a su segunda derrota consecutiva.

AMLO estaba advertido por tres de sus cinco más cercanos consejeros: el peligro de perder votos y la dignidad personal se  encontraban en Veracruz. “Se lo hicimos saber a tiempo, no nos preocupaban Chiapas, Tabasco, CDMX o Morelos, únicamente Veracruz”.

“De hecho tampoco nos preocupaba la Presidencial, la íbamos a ganar con o sin Veracruz, pero teníamos que apropiarnos de la llamada Joya de la Corona, pues ahí estaban bien acuartelados los panistas, y más aún, los Yunes. AMLO quería Veracruz por varias cosas, y una de ellas era por un tema personal con Yunes Linares”, me dijeron vía telefónica.

De acuerdo a esta misma fuente, de sobra se sabía que cuando Cuitláhuac García venciera por intervención de López Obrador (y no por méritos propios, como lo hizo Cuauhtémoc Blanco), el problema se presentaría al momento de gobernar. No tendría idea de cómo hacerlo.

“Sin embargo, a pesar del negro panorama que veíamos con él, conservábamos la esperanza de que reaccionara al momento de saberse Gobernador, pero no, hay frutas que se caen del árbol sin madurar”.

“No nos parece que el Gobernador se haya referido alguna vez públicamente al Presidente por su nombre, perdiéndole el respeto a su investidura; tampoco se necesitaba que este fin de semana escribiera un tweet defendiéndolo ante un presunto golpe de estado. No era necesario; eso nos deja claro que Cuitláhuac sabe (de sobra) que no está entregando buenas cuentas a AMLO”, me afirmaron, de manera clara y contundente.

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Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se «despreocupen» pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el «pueblo pone y el pueblo quita».

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco», por más de 25 millones de pesos.

Después de interponer la denuncia, el senador Samuel García dijo que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvío de recursos humanos y materiales que se realizaron durante la citada campaña.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, dijo el legislador federal por Nuevo León.

García Sepúlveda informó que este mismo miércoles también presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Al respecto…
Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

El plan para remover al Gobernador de Veracruz después de sus dos primeros años continúa vigente. Me confirman que la idea de Presidencia no ha cambiado: será invitado a desempeñar un cargo federal, a menos que ocurra algo auténticamente extraordinario.

Y así como aún se prevé relevar a Cuitláhuac García e “invitarlo” a desempeñar una posición en la CDMX, (previsiblemente al interior de la Secretaría del Bienestar), de igual manera AMLO cree que puede salvarlo y evitar ese movimiento.

Vale la pena recordar que así como ya se aprobó relevar al Gobernador después de su segundo año, (en maratónicas juntas al interior de Palacio Nacional), también AMLO pidió una “moción” para buscar ayudarlo y evitar lo que parece inminente.

Uno de los pocos afines que Cuitláhuac García tiene en Palacio Nacional, recomendó a AMLO que para buscar fortalecer la imagen del Gobernador en el ambiente local, se creara la idea de que él comandaba la ofensiva contra ex colaboradores de Miguel Ángel Yunes, desde la Fiscalía del Estado.

Si bien es cierto todos los movimientos contra el ex gobernador son palomeados y coordinados desde el Gobierno Federal, (a través de la Fiscalía General de la República), la idea de AMLO consiste en apuntalar a Cuitláhuac García para evitar su remoción.

El arranque de una “cacería” contra colaboradores de Yunes Linares, además de las órdenes de aprehensión ya existentes contra Jorge Winckler y el ex Fiscal Anticorrupción, (de quienes se desconoce su paradero), es la enésima idea para buscar posicionar “a un Cuitláhuac García que no da pie con bola”.

“Cierto es que el Gobierno en Veracruz continúa sin caminar, cierto es que tenemos un plan para removerlo y hasta el nombre de su relevo en puerta, pero también es cierto que AMLO buscará ayudarlo hasta su segundo año, intentando evitar su salida. Le tiene estima por su familia y su lealtad”, me dijeron.

 

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Luego de que se diera a conocer que familiares del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presuntamente están en la nómina del gobierno morelense, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que “el gobierno no es DIF, para meter ahí a la familia».

Durante su conferencia de prensa matutina se le preguntó al mandatario su opinión sobre la supuesta contratación de familiares del gobernador en el gobierno, a lo que él respondió que el nepotismo legalmente está prohibido y no se debe permitir.

López Obrador dijo desconocer si existe una investigación en contra del secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, por denuncias de nepotismo en la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Aprov echó para comentar que la actitud de Blanco Bravo fue positiva para reparar las vías de la entidad, luego de que el fin de semana le hiciera un llamada al mandatario estatal para atender la situación «vergonzosa» en que se encuentran caminos y carreteras de la entidad.

Aseguró que las autoridades estatales y municipales, incluso la federal, saben cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, y hacer comentarios sobre ciertas situaciones, como el bacheo, son con el propósito de subsanar el problema y no para «quemar a los gobernantes».

El mandatario federal señaló que así como hay gobernadores o presidentes municipales que no cumplen con sus obligaciones, hay otros que son muy responsables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó esta mañana que en el caso del periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, se debe respetar lo que determina la Constitución y la autoridad competente.

Además, aseguró que él no está involucrado en el asunto, porque incluso le produce «pena».

AMLO sostuvo que si el Tribunal Electoral federal resuelve que son dos años los que deberá gobernar el morenista, ese será el tiempo que se acatará; y si determina que está bien la decisión del Congreso local, de que sean cinco años, se deberá respetar.

Al ser cuestionado sobre la consulta que se realizará en Baja California este fin de semana respecto al periodo de gobierno de Bonilla, el mandatario dijo que él no se involucra en ese asunto.

«Es algo que me produce pena, me da pena, porque no debe de estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y que resuelvan las autoridades», enfatizó el presidente.

Al decir que ya no es como antes, que el Presidente se involucraba en ese tipo de temas, señaló que él no tolera que nadie viole la Constitución, pues es partidario de la democracia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad.

La Consulta Ciudadana preguntará a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura en el estado será de dos o cinco años.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Lla Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

Aclaró que su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto a la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, aseguró que aunque Puebla registra una disminución en la tasa de homicidios, se han reforzado las acciones de seguridad pública para inhibir la incidencia delictiva.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que este viernes se realizó desde dicha entidad, el funcionario destacó la posición del estado por debajo de la media nacional en materia de homicidios dolosos, al ocupar los sitios 17 en el acumulado a agosto y el 10 por entidad federativa, y el lugar 20 en todos los delitos, que también van a la baja.

Sandoval González mencionó que se tienen identificados siete municipios de mayor incidencia delictiva: Puebla, Quecholac, Amozoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca, sobre todo por robo de hidrocarburos, narcomenudeo y pugna entre células delictivas.

Señaló que para combatir el delito en Puebla, el estado está divido en cinco coordinaciones regionales, tres de las cuales la ocupan la Guarda nacional y en dos la Defensa Nacional tiene efectivos realizando funciones de esta nueva corporación.

Detalló que se tiene un despliegue de efectivos de elementos de seguridad de 18 mil 432 hombres, de los cuales cinco mil 163 son de la Sedena, 31 de la Secretaría de Marina (Semar), dos mil 378 son de la Guardia Nacional en las tres coordinaciones, tres mil 617 son de la Policía Estatal y siete mil 243 de la Policía Municipal.

Por su parte el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, agradeció al gobierno federal por el apoyo recibido, y denunció que recibió un esquema de seguridad pública deteriorado, el cual ahora se está fortaleciendo, gracias a una coordinación estrecha con la Guardia Nacional, el Ejército y las Fiscalías.

Confirmó que durante el mes de septiembre se logró bajar en un 17% la incidencia delictiva de la entidad.

Dijo que el combate a la delincuencia y el proceso de construcción de paz y seguridad se basa en tecnología y estrategia, por lo que están invirtiendo recursos para el arrendamiento de patrullas y la compra de armamento.

Indicó que también hay un proceso de renovación en los Centro de Mando.

Reveló que hay un déficit de policías muy alto, lo cual se revertirá, garantizando que los nuevos elementos cumplan con certificaciones y exámenes de control y confianza.

Barbosa aseguró que en Puebla no existe la presencia de cárteles nacionales, sino células de delincuentes locales, sobre lo que se está trabajando para desarticularlas.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

Si de crisis se trata pensemos en Veracruz. Culpables o no, pero los dos últimos Fiscales del Estado han sido requeridos por una orden de aprehensión, y no sólo eso, ambos abogados decidieron ocultarse para no ser capturados.

¿Qué ocurre en un estado cuyos encargados de investigar a los delincuentes acaban siendo perseguidos?, ¿son culpables o ambos casos revisten únicamente venganzas políticas de por medio?

El Fiscal en tiempos de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo, fue encarcelado por la administración yunista, y el Fiscal en tiempos de Miguel Yunes, Jorge Winckler, es perseguido por Cuitláhuac García. Después, ambos gobiernos buscaron colocar a un Fiscal a modo, y lo consiguieron.

Ocupar la Fiscalía en Veracruz es ya similar a sacarse “la rifa del tigre”, más aún si no se cuenta con el manto protector del gobierno estatal o federal en turno. Nada habría ocurrido al Fiscal de Duarte si Yunes Linares hubiera perdido; nada habría pasado al Fiscal de Yunes si el PAN hubiera obtenido la gubernatura. Así de fácil.

La actual encargada de la Fiscalía de Veracruz posee la ventaja de contar con 5 años morenistas por delante, tanto en el estado como en la Federación. No tiene de qué preocuparse, se quede o no como titular del organismo supuestamente autónomo.

Apenas un día después de ser suspendido temporalmente como Fiscal, Jorge Winckler me dijo, (en la única entrevista que concedió a un medio de comunicación en el estado de Veracruz), que tenía conocimiento de reuniones en el penal de Pacho Viejo para proceder en su contra con órdenes de aprehensión, y así ocurrió.

Muy temprano recibí la llamada de una fuente bien enterada en Palacio Nacional que, de manera apresurada, me dijo que la salida de Winckler vendría aparejada (en breve) con el relevo de uno de los hombres fuertes de Cuitláhuac García, uno que a ojos de todos pretendía rebasar al propio Gobernador. “Fue el acuerdo por la cabeza del Fiscal”, me afirmaron.

 

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