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Marko Cortés aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería aprender del PAN cómo disminuir la pobreza, pues indicó, fue en los gobiernos de Acción Nacional donde comenzaron los programas sociales de adultos mayores, Seguro Popular, Oportunidades, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

La dirigencia del partido reclamó que el gobierno de Morena ha dejado de invertir en áreas estratégicas como la seguridad pública, educación, ciencia y tecnología, infraestructura y salud, gastando sin dar resultados positivos cientos de miles de millones de pesos en programas asistencialistas, provocando en consecuencia un aumento en la pobreza extrema.

Cortés Mendoza recordó que, en los gobiernos del PAN, iniciados con Vicente Fox en la presidencia de la República disminuyó la pobreza y la pobreza extrema, creció la clase media, millones de mexicanos accedieron a la salud mediante el Seguro Popular.

Añadió que los datos del Coneval dados a conocer la semana pasada confirman “el rotundo fracaso” de la política social del lopezobradorismo, pues aumentó la pobreza extrema, aumentó la población sin acceso a los servicios de salud pública hasta 50 millones de personas y aumentó la población con al menos tres carencias sociales.

“El mayor daño de la política social fue para las familias más pobres del país pues los programas sociales cubren apenas el 46 por ciento de la población en esa condición (…) A los más pobres y únicamente por la ‘politiquería’ del gobierno, se les dio un duro golpe”, acusó el panista.

Marko Cortes sostuvo que el aumento de carencias de la población solamente significa una cosa, “que el gobierno les da con una mano, pero les quita más con la otra”.

Señaló que toda la política social de este gobierno tiene un objetivo electoral, manipular y acarrear electores a las urnas.

Sin embargo, no tardó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien recordó que con los gobiernos panistas 15 millones de personas cayeron en situación de pobreza, hecho que contribuyó a la espiral de violencia que marcó al gobierno de Felipe Calderón.

“Dice el dirigente del PAN que Fox y Calderón hicieron mejor las cosas. No tiene vergüenza. Tan solo Calderón sumó quince millones de pobres al país y duplicó a los mexicanos en pobreza extrema. (…) más pobreza generó más violencia y aparte teníamos un narco gobierno,” subrayó el morenista.

El dirigente partidista dijo que los panistas añoran tener a una población ignorante para manipularla y seguir saqueando a nuestro país como lo hicieron durante muchos años.

“Durante muchos años lo combatieron los neoliberales, pero hoy sabemos que Andrés Manuel López Obrador tenía la razón: el poner primero a los pobres ha permitido reducir la pobreza por primera vez en muchos años en México. (…) Es la primera vez que la pobreza está por debajo del 40% en porcentaje de la población,” apuntó Delgado Carillo.

La distribución de los nuevos libros de texto gratuitos que el gobierno federal rediseñó y que han ocasionado el rechazo de ciertos grupos de la sociedad, no se llevará a cabo en algunos estados del país, por decisión de los gobiernos locales, todos de oposición.

Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán, de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, han informado que no distribuirán los libros de textos, mientras que Guanajuato señaló que complementará la enseñanza con materiales suplementarios.

Algunos de los gobiernos han argumentado que la negativa para distribuir los libros no tiene que ver con los contenidos de los materiales, sino a una cuestión administrativa. “En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, explicó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Sin embargo, otros gobiernos como el de Maru Campos en Chihuahua, sí han dicho que no permitirán el reparto de libros que considera ‘basura’.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló esta mañana que a partir de hoy a las 17:00 horas, comenzarán las conferencias en Palacio Nacional, donde se informará sobre el contenido de los nuevos libros de texto, tal como lo había anunciado la semana pasada.

El mandatario insistió en que las críticas y descalificaciones a los libros no es más que una campaña difamatoria del conservadurismo.

“Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es un absurdo; no sólo no tiene sustento sino que es un pronunciamiento extremista e irracional, de mala fe”, dijo el presidente.

Por ello señaló, se va a dar a conocer que contienen los libros que, reiteró, fueron elaborador por maestras, maestros, pedagogos y especialistas.

López Obrador recordó que lo que sucede ahora es una reacción muy parecida a lo que hicieron los conservadores cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos.

Incluso dijo que en ese momento algunos estados se manifestaron en contra, apuntando a que “casi son los mismos que ahora” lo hacen, que se hacen acompañar de organizaciones de derecha muy conservadoras y ahora, además, por los medios de manipulación que están en contra del gobierno y de la transformación del país

“Vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo”, resumió el presidente, quien recordó que la distribución de los libros de texto es una facultad del Ejecutivo.

En específico sobre la negativa de algunos estados a distribuir los materiales, señaló que sería una actitud contraria a la Constitución, aunque en tono irónico dijo que “como están los jueces, los magistrados y los ministros, todo puede suceder. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar”, remató.

Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) culpó este viernes a los gobiernos del pasado del asesinato de Hipólito Mora, fundador y exlíder las autodefensas en Michoacán, además de responsabilizarlos de  la reciente ola de violencia que azota al país.

“Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar, es muy triste, doloroso, para familiares cuando una persona es asesinada, nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado”, indicó el mandatario.

López Obrador afirmó que la muerte de Mora Chávez “es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno” al afirmar “que hubo un narcoestado durante el gobierno de Felipe Calderón”.

Sus declaraciones llegan después de conocerse sobre el asesinato de Mora, junto a tres de sus escoltas que el gobierno le había asignado para su protección.

El mandatario reportó ahora que la muerte estaría relacionada con un grupo criminal al citar antecedentes de otros atentados fallidos que había vivido el líder social.

AMLO cuestionó el surgimiento de estos grupos civiles de autodefensas, que se crearon durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y que persisten hasta ahora.

“El nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando guardias civiles, autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales, ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros. Entonces todo eso es lo que heredamos”, sostuvo.

A pesar del panorama, el presidente afirmó que su estrategia contra la violencia, ‘abrazos no balazos’ está funcionando.

“Estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos. No lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia, y estamos avanzando”, remató.

Estados Unidos confiscó casi 2,000 armas de octubre del año pasado a  marzo 2023, en el marco de la Operación de Norte a Sur destinada a combatir el tráfico de armamento hacia México.

El gobierno de Estados Unidos reunió este miércoles a altos cargos de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Casa Blanca para abordar el problema del tráfico de armas hacia México.

Se trata de un tema en el que ha puesto especial énfasis el gobierno de nuestro país, que libra una batalla legal contra fabricantes de armas estadounidenses a los que acusa de facilitar que el armamento acabe en manos de delincuentes mexicanos.

En comentarios previos a la reunión, Joshua Geltzer, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, insistió en que la Casa Blanca considera “una prioridad” detener este tráfico y abordar el problema “de manera integral” con las autoridades mexicanas.

Según él se parte de una premisa fundamental: la mayoría de las armas ilegales que llegan a nuestro país, desde pistolas hasta otras de alto calibre, provienen de Estados Unidos y los traficantes las usan contra los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, además de para el transporte de drogas.

El gobierno estadounidense lanzó en los últimos años iniciativas como la Operación de Norte a Sur (Operation Southbound), que opera mediante grupos de trabajo en ocho ciudades a lo largo de la frontera con México, la Operación Rayo del Desierto y la Operación Sin Rastro.

La Operación de Norte a Sur permitió decomisar “casi 2,000 armas de fuego desde octubre pasado hasta marzo” lo cual representa “un aumento de más del 65%” respecto al mismo período del año anterior, y “más de 80,000 municiones”, afirmó la fiscal general adjunta estadounidense, Lisa Monaco.

El subsecretario de Seguridad Nacional, John Tien, aprovechó su intervención para decir a México que toman en serio “la solicitud de asistencia”. “Los hemos escuchado y estamos tomando medidas enérgicas contra ese flujo” de armas, prometió.

Desde 2021, la Operación Sin Rastro ha dado lugar a 900 investigaciones, más de 700 arrestos y la incautación de “casi un millón de municiones”, afirmó Tien.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar del caso de las relaciones con Perú, al decir que no quiere que México tenga relaciones económicas ni comerciales con Perú, “hasta que haya normalidad democrática”.

Y es que según López Obrador, esta condición no se da en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte.

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de que el Congreso peruano lo declarara “persona non grata” por sus críticas contra su homóloga peruana y su negativa a entregarle el liderazgo de la Alianza del Pacífico.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, afirmó López Obrador este viernes, añadiendo que la relación bilateral ha quedado en un estatus de “pausa”.

Consultado sobre la entrega de la batuta de la Alianza del Pacífico a Perú, bloque que integran los dos países junto a Colombia y Chile, reiteró que no se la va otorgar a Boluarte, porque “está usurpando la presidencia”.

Incluso López Obrador dijo que ya se analiza entregar la presidencia pro tempore a su colega chileno, Gabriel Boric.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema; a Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato”, explicó.

Y es que recordemos que México iba a transferir la presidencia pro témpore de la Alianza a Perú a fines del año pasado pero AMLO se negó a hacerlo cuando el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo, y asumió el poder Boluarte.

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración basada en la libre circulación de bienes, servicios y capitales que busca convertirse en una potencia, apuntando a los mercados de Asia.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, expuso sus “serias preocupaciones” por las pérdidas económicas ante recientes inspecciones a transportes de carga en el cruce fronterizo Matamoros-Brownsville por parte de autoridades de Texas.

“Estas acciones están motivadas por una visión antimexicana que dista de la integración social, cultural y económica entre México y Texas”, señaló la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia detalló que estas medidas comenzaron el paso 8 de mayo, y acusó que tienen el objetivo de “interrumpir el tráfico de migrantes en la frontera”, lo que advirtió es “una atribución que no corresponde a gobiernos subnacionales”.

Ante este contexto, el gobierno recordó que nuestro país es el principal socio comercial de Texas, ya que esta relación representa al año un promedio de 23,000 millones de dólares.

“Gracias al T-MEC, juntos hemos desarrollado cadenas de suministro en sectores estratégicos como el automotriz, el electrónico y el de hidrocarburos”, agregó la dependencia.

Además de las “pérdidas millonarias” tanto para empresas mexicanas como para estadounidenses, la Secretaría de Economía acusó demoras de entre 8 y 27 horas en el ingreso de los transportes de carga nacionales a Texas, siendo la mayor afectación a productos perecederos.

“En última instancia, son los consumidores estadounidenses quienes pagan los costos de estas políticas, por lo que a todos conviene restablecer la normalidad en la frontera”, agregó.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días, este caso se someterá ante el Comité de Facilitación de Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La dependencia, que encabeza Raquel Buenrostro, indicó que ha iniciado un “diálogo constructivo” con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) a fin de encontrar una solución que, insistió, “es causado por una autoridad subnacional”.

Apuntó que el pasado 12 de mayo se realizó una comunicación a distancia entre el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas, y el representante de comercial adjunto de Estados Undiso, Jayme White.

Se informó que desde entonces se manifestaron estas preocupaciones, así como que se enfatizó que estos obstáculos al comercio “son incompatibles con los acuerdos de acceso a mercado existentes” entre ambas naciones.

El gobierno de Canadá advirtió a nuestro país que tiene que consultar con las empresas canadienses que tienen inversiones en el país, la reforma a Ley Minera que se analiza en el Senado, y que impulsó el Ejecutivo.

La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, reveló este miércoles que ayer habló con la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, para expresar la “preocupación” de su gobierno ante la reforma del sector, en el que las empresas canadienses constituyen el mayor inversor extranjero.

La ministra canadiense señaló en un comunicado que dejó claro a Buenrostro que las reformas podrían afectar a las inversiones canadienses en el sector además de la competitividad y resiliencia de la cadena de suministro de Norteamérica.

Ng también dijo a Buenrostro que es importante que México “realice consultas amplias y transparentes” sobre las reformas con todas las partes interesadas del sector, “incluidas las compañías canadienses”.

Canadá recordó a México la necesidad de que respete el espíritu de los compromisos alcanzados durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica celebrada a inicios de año en la CDMX.

Recodemos que el pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados, con el apoyo de Morena y aliados, aprobó la reforma que, reduce los tiempos de las concesiones mineras y facilita cancelar los permisos, entre otros aspectos que han preocupado. Los cambios tienen que ser aprobados por el Senado.

Y mientras la iniciativa privada ha alertado sobre los riesgos que implica la reforma a la Ley Minera, el presidente defiende su iniciativa asegurando que busca cuidar los recursos naturales e impedir el acaparamiento de tierras para la especulación. En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Jorge Álvarez Fuentes, Embajador y asociado del COMEXI, al respecto.

No es la primera vez que las reformas económicas promovidas por el presidente López Obrador causan fricción con Canadá. En 2020, Canadá tomó la inusual decisión de expresar su malestar por la decisión del Gobierno de López Obrador de limitar los proyectos privados de energía renovable, en los que empresas canadienses han invertido miles de millones de dólares, con una misiva firmada por el embajador canadiense en México.

Desde entonces, Canadá ha hecho público en varias ocasiones su malestar con las medidas del gobierno mexicano y ha expresado su preocupación con el clima inversor en el país, “especialmente en los sectores de minería y energía”.

Comenzó este martes la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),  con el foco en una “Nicaragua despojada” de justicia y libertades, en medio de un deterioro generalizado de estos derechos también en países de la región .

Los periodistas Juan Lorenzo Holmann y Miguel Mendoza, así como los activistas Tamara Dávila y Lesther Alemán Alfaro, todos ellos parte del grupo de 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos por el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, expresaron su confianza de que se consolidará “la unidad” en la oposición nicaragüense.

“Prácticamente todos los periodistas independientes están fuera del país. Para sostenernos, tenemos a disposición los medios digitales, sino estaríamos callados, como sucedió en otras dictaduras”, agregó el periodista Juan Lorenzo Holmann, quien permaneció en prisión desde el 13 de agosto de 2021 hasta su destierro en febrero de este año.

Holmann, que es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, llamó a “comenzar propuestas concretas” y alertó sobre el cada vez mayor éxodo de nicaragüenses.

Mendoza recalcó que hay más de 200 periodistas en el exilio por criticar al gobierno, lo que a él le supuso pasar 598 días en prisión por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”.

La organización con sede en Miami, aprobará en esta reunión, que se celebra de forma virtual, los informes sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en 24 países de la región.

Destaca la SIP los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países donde las libertades “están decapitadas”, como señaló en la inauguración Greenspon, que señaló que esos tres países son los que mas “han expulsado, perseguido y encarcelado periodistas y ciudadanos críticos”.

Sin embargo, advirtió que la libertad de prensa está solo “decapitada en estas dictaduras”. También existen altos niveles de desprecio en países en los que hay elecciones libres. Mencionó casos de preocupación como El Salvador, Guatemala. En el caso de nuestro país comento:

“Consideramos negativo para la democracia que muchos gobiernos espíen a los periodistas, como sucedió en El Salvador y México, a través de Pegasus, o que la mayoría de los gobiernos tengan ejércitos de trolles y usen cuentas anónimas y partidistas para atacar a los periodistas y medios en las redes sociales”.

La SIP indicó que los periodistas en nuestro país siguen siendo víctimas de intimidación y espionaje.

“No se registraron asesinatos de periodistas en este período. Sin embargo, las intimidaciones continúan, sobre todo en zonas de alta criminalidad, donde son asediados los medios pequeños que cubren temas de seguridad”, destacó la organización en un reporte.

La SIP recordó que la Alianza Medios MX ha reportado llamadas intimidatorias, persecuciones, disparos y quema de bienes de los comunicadores.

En el informe, la SIP expuso casos como el del ataque a balazos contra el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre, quien resultó ileso.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó el ataque, pero el mandatario no descartó un autoatentado “de la derecha” para desprestigiar a su gobierno. “El presidente mantuvo su discurso hostil contra los medios”, precisó la SIP en su reporte.

La organización abundó que el mandatario no ha dejado de acusar a los periodistas de conspirar con empresarios para afectar a su Gobierno. “Los acusa de estar enojados porque les quitó privilegios de publicidad y prebendas”, apuntó.

El reporte se divulga después de que México se consolidó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Mientras que otras asociaciones, como la SIP, contabilizaron cerca de 20 asesinatos y Artículo 19 registró 17 homicidios contra comunicadores.

La SIP expuso que el presidente mantiene los miércoles la sección “Quién es quién en las mentiras” en su conferencia matutina, en donde refuta lo que los medios critican de él “y argumenta en su defensa con falsedades, datos parciales desmentidos y no ofrece pruebas”.

Recordó que existen casos de hostigamiento a periodistas, no solo por parte del presidente sino de políticos de su partido, Morena.

La disputa laboral entre la maquiladora Unique Fabricating y sus trabajadores “concluyó exitosamente” en Querétaro, informaron este lunes los gobiernos de México y Estados Unidos, tras garantizar la libre elección sindical y la renegociación de su contrato colectivo.

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había activado el pasado 6 de marzo el mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y había pedido al gobierno mexicano intervenir en posibles actos de discriminación antisindical e injerencia patronal por parte de la empresa automotriz.

Este procedimiento es el séptimo en su tipo que enfrentan las autoridades de nuestro país desde que entró en vigor el T-MEC, mientras que, a la par, se impulsó una reforma laboral enfocada en la libertad sindical y nuevos centros de justicia laborales.

De acuerdo con un comunicado de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE), para resolver estas acusaciones se garantizaron procedimientos democráticos, como el que los trabajadores manifestaran su voluntad, a través “de su voto personal, libre, directo y secreto”.

En estos procesos se decidió su conformidad con su contrato colectivo de trabajo, los términos negociados en su revisión integral y eligieron al sindicato que mejor representa sus intereses.

Las autoridades destacaron la participación de la STPS, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Laboral local de Querétaro, de los que se presumió, “garantizaron que estos procesos se dieran en un marco de legalidad, libertad e imparcialidad”.

Además, se indicó que la empresa Unique Fabricating también asumió acciones proactivas para mantener la vigencia de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, manteniendo la neutralidad y los estándares legales.

Por parte del gobierno de Estados Unidos se detalló que la empresa también firmó un acuerdo con el nuevo sindicato para que se comprometa a dar libre acceso a sus instalaciones a las organizaciones laborales nuevas y existentes.

“Este asunto demuestra el compromiso tanto de Estados Unidos como de México para garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva”, dijo en su comunicación oficial la titular de la USTR, Katherine Tai.

En tanto, la subsecretaria adjunta para Asuntos internacionales del Departamento del Trabajo estadounidense, Thea Lee, defendió el enfoque de emplear la neutralidad en el proceso.

“Con esta determinación, México refrenda su compromiso con la implementación de la reforma laboral de 2019 y el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el T-MEC”, remató el gobierno mexicano.

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reforzar los trabajos para desmantelar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el tráfico ilegal de fentanilo y armas de fuego en ambos lados de la frontera.

“México y Estados Unidos se comprometieron a continuar los trabajos conjuntos para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo y al cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera”, destaca la declaración conjunta que firmaron ambas naciones tras el “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos”.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard comentó en un video mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter que el objetivo central de esta reunión fue “reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y Estados Unidos que provienen por vía aérea o por vía marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo”.

También afirmó que esta droga “se consume, sobre todo, en los Estados Unidos en este momento”, pese  los señalamientos del gobierno estadounidense en los que se afirman que México es productor de esta droga.

En el documento firmado por las dos naciones, partes del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señalaron que la delegación mexicana llevará a cabo la conformación de una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas, ilícitas, armas de fuego y municiones.

“Este grupo de trabajo especial mejorará la coordinación entre las agencias federales del Gobierno de México para apoyar la investigación y arresto de individuos involucrados en la producción y tráfico de fentanilo”, se especificó.

Asimismo, los gobiernos resaltaron que, tras la reunión en Washington, se acordó incrementar la cooperación para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego entre las dos naciones.

Sobre este apartado, el canciller explicó que también se busca reducir drásticamente el número de armas que entran a México, al ser un tema pendiente en la relación bilateral.

Incluso, mencionó que el gobierno mexicano solicitó un “task force”, un grupo especializado que se dedicará “semana con semana a ver en los puntos de cruce, que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente”.

“Esto (el control del tráfico ilegal de armas en la frontera norte) ya ha sido discutido mucho con Estados Unidos. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados”, concluyó Ebrard.

Sobre los esfuerzos del gobierno estadounidense en este último punto, se dio a conocer que se han incrementado “de manera significativa” las investigaciones sobre tráfico de armas con un nexo con México, así como las incautaciones de armas de fuego y municiones.

Esto, a través del Departamento de Justicia y la Operación De norte a Sur, encabezada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

También se puntualizó que estas autoridades han trabajado en coordinación con sus contrapartes mexicanas para incrementar el rastreo de armas de fuego a fin de identificar y cortar el origen de los flujos de armas hacia México.

“El Departamento de Seguridad Interior (DHS) está comprometido con incrementar las incautaciones de armas mediante la Operación Rayo del Desierto, enfocada en corredores conocidos de tráfico como parte de un esfuerzo ampliado bajo la Operación Sin Rastro de DHS”, añadieron en la declaración conjunta.

Por su parte, ambos gobiernos asumieron el compromiso de atacar el consumo del fentanilo y otras drogas a través de una campaña de sensibilización pública binacional de prevención que eduque, en particular a los jóvenes, sobre los peligros de las drogas sintéticas, incluyendo al fentanilo, y que dañan la comunidad binacional.

Alrededor de 37 millones de personas carecen de acceso a agua potable en América Latina y el Caribe y más del 80% de los países de la región sufren problemas derivados del déficit hídrico, alertó este miércoles la OEA.

Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, la Organización de los Estados Americanos advierte que aproximadamente el 50% de la ciudadanía de la región vive en zonas de “extrema” y “alta” vulnerabilidad climática y 110 millones de personas “no tienen acceso a servicios modernos de saneamiento”.

Según la OEA, el cambio climático exacerba los desafíos de gestión de los recursos hídricos en la región.

Pone como ejemplo la acelerada pérdida de los glaciares sudamericanos que “afecta la provisión de agua para consumo humano, uso agrícola y generación de energía hidroeléctrica”.

Las sequías y la escasez de agua en Centroamérica y el Caribe ocasionaron mayor pobreza, inseguridad alimentaria y migración e incrementaron brechas de género, alertó la organización.

Actualmente “el tiempo escasea, y es necesario apresurar el ritmo” para alcanzar la meta de Agua para Todos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sostuvo.

La OEA afirma haber movilizado cerca de 1,000 millones de dólares para proyectos de agua en América Latina y el Caribe durante los últimos 70 años.

En tanto, La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidieron, con motivo de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, la primera en casi 50 años, garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a todo el mundo.

Y es que, 2,000 millones de personas carecen de agua potable segura y 3,600 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) utilizan servicios de saneamiento en los que se no tratan los desechos humanos.

Todo esto tiene consecuencias “mortales”; expusieron que millones de familias no cuentan ni con jabón para lavarse las manos.

Las organizaciones recordaron que cada año al menos 1.4 millones de personas, muchas de ellas niños, mueren por causas relacionadas con el agua insalubre y el saneamiento deficiente.

Llamaron a los gobiernos a desarrollar un plan para aumentar el compromiso político con el agua potable, el saneamiento y la higiene; y crear una estrategia para fortalecer la gobernanza y las instituciones requeridas para brindar estos servicios, por ejemplo, mediante el establecimiento de agencias reguladoras autónomas que hagan cumplir los estándares basados en la salud y publiquen regularmente los hallazgos.

Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por “desacreditar” a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas

El documento, elaborado por el Departamento de Estado y relativo a 2022, vuelve a expresar preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado.

Sobre la situación de la libertad de prensa en el país, refiere que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor.

Estados Unidos considera que “los altos niveles de impunidad” en estos crímenes generan “autocensura y reducen la libertad de expresión y de prensa”.

“Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones”, añade el informe, pero añade que “políticos, incluso el presidente López Obrador, los desacreditaron públicamente para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos”.

Sobre los defensores de derechos humanos, el documento destaca que “el presidente López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas”.

El documento también destaca que el crimen organizado perpetra crímenes violentos en nuestro país como homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y tráfico de personas.

“El gobierno investigó y persiguió algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanecen sin investigar”, sostuvo el Departamento de Estado.

Menciona la colusión de criminales y autoridades en algunos crímenes que “a menudo quedan impunes”.

El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.

Pese a lo expuesto, el gobierno de Joe Biden destaca que México llevó a cabo esfuerzos para “combatir las organizaciones que trafican con personas pero han dado resultados limitados”.

Este reporte del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.

El presidente Recep Tayyip Erdogan pidió este viernes la aprobación del Parlamento turco a la solicitud de adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una decisión aplaudida de inmediato por la Alianza transatlántica.

“Hemos decidido iniciar en nuestro Parlamento el proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN”, informó Erdogan tras recibir en Ankara al presidente finlandés, Sauli Niinistö.

De los 30 miembros de la Alianza transatlántica, 28 ya aprobaron el pedido de integración del país nórdico. Solo faltan Turquía y Hungría, que indicó ayer que someterá la cuestión al voto legislativo el próximo 27 de marzo.

La OTAN aceptó en junio las candidaturas de Finlandia y Suecia, que pusieron así fin a décadas de no alineamiento militar, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Turquía había subordinado su aprobación a que los dos candidatos dieran garantías de que dejarían de ofrecer protección a militantes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), a los que acusa de “terroristas”.

Sin embargo, Erdogan sigue bloqueando la adhesión de Suecia, aunque reconoció que Finlandia adoptó “medidas concretas” en los últimos meses para satisfacer sus exigencias.

“Espero que (la ratificación) ocurrirá antes de las elecciones”, afirmó Erdogan en una conferencia de prensa con su homólogo finlandés. Y es que las elecciones presidenciales y legislativas turcas están previstas para el 14 de mayo, aunque el Parlamento turco debe interrumpir sus trabajos un mes antes los comicios.

Finlandia, sometida a una neutralidad forzada por Moscú tras su enfrentamiento con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, comparte 1,340 km de frontera con Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien celebró el anuncio de Erdogan, consideró que “lo más importante es que Finlandia y Suecia se conviertan rápidamente en miembros completos de la OTAN”, aunque no que se adhieran exactamente al mismo tiempo.

La situación es más delicada para Suecia, que se enfrenta aun a las objeciones turcas. “No hubo ninguna medida positiva tomada por Suecia en lo que respecta la lista de terroristas”, señaló Erdogan, aludiendo a las más de 120 extradiciones solicitadas oficialmente por Turquía.

El ministro sueco de Relaciones Exteriores, Tobias Billström, lamentó poco después que su país siga esperando la autorización de Turquía, y afirmó que Suecia era consciente de la posibilidad de que Finlandia la obtuviera antes.

Sin embargo, Billstrom dijo que  la decisión de Turquía de ratificar el protocolo de adhesión de Finlandia a la OTAN sin esperar a Estocolmo no era la opción deseada.

“Es un hecho que no queríamos pero para el que estábamos preparados”, afirmó en conferencia de prensa, agregando que “no hay ningún peligro” a “corto plazo” de que Helsinki inicie su adhesión a la Alianza Atlántica antes que Estocolmo.

Respecto a las palabras que ha pronunciado el presidente de Turquía sobre el supuesto “incumplimiento” de las demandas de Ankara, Billstrom ha asegurado que Suecia ha seguido el acuerdo y no tenía intención de hacer “ni más ni menos” de lo que se establece en sus pautas.

“Suecia ha hecho lo que se esperaba que hiciéramos y lo que asumimos en relación con la firma del memorándum trilateral”, sostuvo ante las palabras de Erdogan.

El Kremlin aseguró este miércoles que sus relaciones con Estados Unidos se encuentran en un “estado lamentable”, esto luego de los señalamientos de Washington a Rusia por el dron que tuvo que derribar tras ser golpeado por uno de sus aviones en el Mar Negro.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las relaciones bilaterales están “en su punto más bajo, en un estado muy lamentable”, pero que “al mismo tiempo, Rusia nunca se ha negado a un diálogo constructivo, y no se niega ahora”.

Al respecto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, admitió que cualquier incidente con Estados Unidos, como el ocurrido el martes entre un dron estadounidense y dos cazas rusos en el mar Negro, conlleva “muy grandes riesgos”.

“Cualquier incidente que provoque un enfrentamiento entre dos grandes potencias, dos potencias nucleares, las mayores del mundo, siempre conlleva riesgos muy grandes. Ellos no pueden no entenderlo”, dijo Lavrov en declaraciones al canal de televisión Rossía-1.

Lavrov aseguró que, siguiendo la lógica de Washington de volar “donde les viene en gana”, entonces “el espacio aéreo en torno a Estados Unidos tiene el mismo estatus que el mar Negro”.

“Pero ellos ignoran totalmente el hecho de que desde el comienzo de la operación militar especial (en Ucrania) se declaró que ciertas zonas del mar Negro (…) tiene un estatus restringido para el empleo de cualquier aparato volador”, señaló.

Por ello, el jefe de la diplomacia rusa sospecha que Estados Unidos intenta constantemente instigar la confrontación, lo que consideró contradictorio con sus afirmaciones de que son una potencia responsable e interesada en la estabilidad estratégica.

El Ministerio de Defensa informó que su titular, Serguéi Shoigú, mantuvo esta tarde una conversación telefónica al respecto con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. La conversación, la primera que mantienen ambos funcionarios desde octubre de 2022, tuvo lugar a iniciativa estadounidense.

Recordemos que Estados Unidos acusó a uno de los dos cazas rusos Su-27 que escoltó el martes su dron, de golpear la hélice del MQ-9, motivo por lo que éste se precipitó contra aguas internacionales del mar Negro.

En cambio, el Ministerio de Defensa de Rusia negó cualquier contacto entre sus cazas y el dron, que dijo, habría entrado en un brusco vuelo incontrolado y colisionó contra el mar tras perder repentinamente altura.

El incidente tuvo lugar cerca de la anexionada península ucraniana de Crimea, donde el Kremlin ve con malos ojos la presencia de la OTAN, sean buques de guerra o aparatos de inteligencia.

La Casa Blanca calificó este lunes de “inaceptable” el secuestro de cuatro estadounidenses el pasado viernes en Matamoros, y aseguró que está trabajando con las autoridades de nuestro país para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

“Estamos pendientes del ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Este tipo de ataques son inaceptables”, manifestó en una rueda de prensa la portavoz de La Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La portavoz explicó que el presidente Joe Biden ha sido informado del secuestro de los cuatro estadounidenses en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este lunes en el Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La portavoz rechazó ofrecer detalles sobre ese encuentro, pero destacó que Estados Unidos ve a México como “un aliado cercano” con el que mantiene una “importante” relación que quiere potenciar.

En otra conferencia de prensa, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, recordó que el Departamento de Estado recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Tamaulipas. “Pedimos a los estadounidenses que sigan este consejo”, agregó Price.

Junto con Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa están catalogados con el nivel 4 de alerta por el Departamento de Estado, el más peligroso para los ciudadanos de Estados Unidos.

Y es que según la información facilitada por el FBI, las cuatro personas secuestradas cruzaron el pasado viernes a Matamoros en un vehículo con matrícula de Carolina del Norte y, poco después, unos hombres armados los asaltaron y los subieron a la fuerza en una camioneta tipo pick-up.

Según un funcionario cercano a la investigación citado por CNN, las autoridades creen que el grupo de estadounidenses agredido y secuestrado fue atacado por error y no estaba en México con fines criminales.

En el incidente también murió un ciudadano mexicano, explicó en un comunicado la Embajada de Estados Unidos en México.