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El 56.3% de los mexicanos considera necesario investigar a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por el posible conflicto de interés en que pudo haber incurrido, al vivir en una casa ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de una empresa contratista de Pemex.

Según un sondeo de Mitofsky, publicado este martes en el diario El Economista, un 56.3% de los mexicanos está “de acuerdo” con la investigación del caso, frente a un 30.7% que está en desacuerdo y un 13% que no respondió.

Además, el 47.1% consideró que la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, reveló que el discurso del presidente es “incongruente” porque su familia “no es austera”, mientras que el 25.6% se mostró en desacuerdo con dicha afirmación.

El 36.9% de los encuestados consideraron que el hijo de AMLO y su pareja están “involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses”, mientras que el 42% está en desacuerdo.

Finalmente, el 55.8% de los consultados consideró que el presidente “no tiene la culpa”, frente a un 32.5% que está en desacuerdo.

Y es que recordemos que a finales del mes pasado, la investigación de Latinus y MCCI reveló que López Beltrán y su pareja vivieron en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Esta semana, López Beltrán afirmó ser un “ciudadano privado” sin “injerencia alguna” en el gobierno mexicano, por lo que descartó cualquier conflicto de interés.

Sin embargo, el hijo del mandatario desató otro escándalo al revelar que desde el 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, empresa de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en el proyecto del Tren Maya.

El propio López Obrador lo reconoció, aunque descartó que se incurriera en otro conflicto de interés, pues a pesar de que Chávez es cercano a él, es un empresario que no tiene contratos con el gobierno y apoya sin cobrar nada. Chávez es fundador de Grupo Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente.

Tal como lo hiciera su pareja, el hijo del presidente López Obrador, Carolyn Adams rompió el silencio y emitió un comunicado sobre la situación y señalamientos que se les ha hecho por la casa que habitaron, propiedad de Baker Hughes, una empresa contratista de Pemex.

A través de un mensaje publicado en las redes de José Ramón López Beltran, Adams acusó que en las ultimas semanas su familia se ha visto gravemente expuesta, debido a noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, donde se les ha difamado y calumniado, “perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible”.

Adamas afirmó que todo lo que se ha dicho y publicado sobre una posible relación con la compañía Baker Hughes es falso.

Recordó que es ella ciudadana estadounidense, con estudios en San Diego, California, donde gracias a una beca viajó a continuar su preparación académica y a los Emiratos Árabes Unidos,  donde también tuvo la oportunidad de realizara sus prácticas profesionales. Indicó que fue en dicho país donde comenzó a trabajar en el sector energético y unos años después con la familia Real de Emiratos. Adicional, dijo que trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York.

Indicó que fue el ejercicio de su profesión en el sector energético lo que la llevó a trabajar años más tarde en México, donde conoció a José Ramón, hijo del presidente, con quien decidió formar una familia.

Justificó que “por las circunstancias decidimos salir de México para seguir preservando nuestra privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Siempre hemos trabajado y juntos seguiremos construyendo con y para nuestros hijos”.

Explicó que decidieron rentar una casa, la cual indicó, fue un trámite que ella hizo, pues José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en los Estados Unidos.

Explicó que como suele hacerse, todo el trámite lo hizo a través de un agente inmobiliario con licencia; subrayando que “rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario)”. Añadió que todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato, depósito en garantía, rentas mensuales, entre otros aspectos.

“Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos”, enfatizó Adams en su mensaje, acusando que todo lo que se ha expuesto sobre el tema ha sido a base de calumnias, y difamando la seguridad de su familia.

Incluso indicó que después de rentar la casa vinculada con el exfuncionario de Baker Hughes, adquirió una casa hipotecada como cualquier ciudadano estadounidense, donde el banco se encargó de revisar a detalle todo. También señaló que el vehículo del que se habla en los reportajes, lo sigue pagando.

Adams compartió capturas de pantalla de sus pláticas con el agente con el que hizo el proceso de la renta de su casa, indicando que tienen a su disposición todas las pruebas que están dispuestos a entregar a las autoridades correspondientes.

“Nosotros no podemos, no queremos y ni vamos a exponer la privacidad de otras personas como lo están haciendo con nosotros, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Estas mentiras han tenido el afán y el propósito de dañar a terceros. Estamos en la espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas”, dijo la pareja del hijo de AMLO.

Y es que recordemos que el pasado viernes, un conjunto de inversionistas de Baker Hughes, solicitaron investigar un “potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales” en relación a la casa que habitaron propiedad de un exfuncionario de la compañía.

La solicitud fue hecha a altos ejecutivos de esta empresa, y se le envió copia a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y al Departamento de Justicia.

“Tal vez nuestros padres nos educaron de maneras distintas, pero si con un común denominador: no robar. Que la verdad sea dicha, porque las suposiciones no son hechos, y hay que saber diferenciar entre opinión e información. Espero todos los que crearon esta lamentable NOTICIA FALSA encuentren paz en sus corazones. DIOS nos bendiga a TODOS”, concluyó la nuera de López Obrador.

En un intento por aclarar de qué vive y a qué se dedica, luego del escándalo generado a raíz de conocerse que habitó una casa en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, José Ramón López Beltrán emitió un breve comunicado que más que responder o despejar dudas, generó una nueva polémica.

En su mensaje, el hijo mayor del Presidente de la República indicó que en el año 2018, tomó la decisión seguir ejerciendo su profesión de abogado, hasta que decidió junto con su pareja, mudarse a los Estados Unidos.

 

“En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, explicó el hijo de AMLO.

Con esto, intentó dar una respuesta a una de las preguntas que más se han hecho en los últimos días: de qué vive el hijo del presidente, esto ante el posible conflicto de interés y tráfico de influencias en que se habría incurrido con el tema de la propiedad que habitó.

Sin embargo, con lo expuesto en su breve mensaje surgió otro escándalo.

El 1 de junio de 2020, el presidente López Obrador nombró al fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, su representante en la supervisión del Tren Maya. Al inicio de su gobierno, López Obrador nombró al empresario turístico integrante de su consejo asesor de negocios.

La amistad entre López Obrador y el fundador de Vidanta quedó de manifiesto cuando en julio de 2020 lo invitó a una cena en la Casa Blanca ofrecida por Donald Trump, a la que acudió una reducida comitiva de empresarios.

A la par de que los lazos de amistad y colaboración entre AMLO y Chávez Morán se estrechaban, sus hijos iniciaron en 2020 una relación laboral. El hijo del presidente se volvió aquel año asesor legal del hijo del empresario turístico que supervisa el Tren Maya.

Ese año, José Ramón López Beltrán obtuvo visa de trabajo en Estados Unidos, con la intermediación de una empresa en Houston propiedad de un hijo del dueño de Vidanta, consorcio turístico con 30 desarrollos de lujo en el país, tal y como lo confirmó López Beltrán en su propio mensaje.

Según datos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el registro mercantil de Texas se indica que KEI Partners LLC fue creada el 15 de octubre de 2018, dos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, y tiene como directores a Iván y Ericka Chávez, así como a Karla Wiedemann.

Los nombres completos de dos de los directores y accionistas de KEI Partners son Iván Octavio Chávez Saúl, Ericka Paola Chávez Campero, quienes han sido accionistas de empresas del Grupo Vidanta. Iván es hijo del fundador de Vidanta, nació el 16 de julio de 1985 y se ha desempeñado como vicepresidente del grupo turístico que será beneficiado con la obra del Tren Maya.

Es decir, la empresa en que labora el hijo del presidente es propiedad de los hijos de un empresario ligado al gobierno federal.

Además, las visas de trabajo TN, como la que en 2020 obtuvo el hijo del Presidente, fueron creadas en 1994, para facilitar el traslado de profesionistas entre México, Estados Unidos y Canadá. Para gestionar la visa, un empleador debe entregar al solicitante una carta de oferta de empleo. En este caso, KEI Partners fue quien dio la carta a José Ramón.

Otro dato que llamó la atención fue que la página de internet de KEI Partners, indicada en el mensaje de López Beltrán, surgió prácticamente a la par de la carta pública emitida la noche de ayer por el hijo del presidente, de acuerdo con los metadatos de la página y diversos registros de dominios web.

Al respecto, el presidente respaldó esta mañana a José Ramón López Beltrán.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Sobre la nueva “bomba” de KEI Partners, despacho propiedad de los hijos de Daniel Chávez, empresario cercano a él, López Obrador dijo que en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que reconoció le ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya. Sin embargo, justificó de esta manera la relación-

“No cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”.

En representación de un conjunto de inversionistas de Baker Hughes, el abogado Juan Carlos Luna presentó una solicitud para investigar un potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales en relación al escándalo que reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, respecto a que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán y su esposa, ocuparon una residencia propiedad de un alto funcionario de la empresa en Estados Unidos.

En una carta dirigida a altos ejecutivos de esta empresa, con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y al Departamento de Justicia, el representante de la firma Lawgistic, señala su preocupación ante un posible conflicto de interés.

“La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos”, advierten. “Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”.

En ella, señalan que existe suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta empresa.

Asimismo, advierten que “la situación podría verse seriamente comprometida” por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el papel de su pareja, una persona políticamente expuesta, que ha actuado como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; una administración (la mexicana) que ha sido severamente criticada por sus escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional; un país con un estado de derecho débil; la ampliación de contratos millonarios de Baker Hughes con Pemex, y los antecedentes de corrupción de la empresa y la paraestatal.

Y es que el impacto negativo que en el pasado han tenido las malas prácticas y acciones de corrupción del pasado para los inversionistas, así como el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias, señala la carta, amerita una actuación inmediata para explicar la situación a detalle.

Esta solicitud se suma a otra denuncia presentada por la Senadora panista Xóchitl Gálvez, ante la SEC, mientras que la dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los mismos hechos.

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Con información de MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que pese a los señalamientos que se hacen, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, sus hijos “no tienen influencia” alguna en el gobierno federal, esto al salir en defensa de José Ramón López Beltrán, por su vida lujosa en Houston, Texas.

El mandatario minimizó la investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunida (MCCI) que el viernes pasado reveló que López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Nomás decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”, comenzó AMLO su explicación del tema, el cual fue abordado por iniciativa propia durante su conferencia de prensa matutina.

Y aunque no abordó el tema del estilo de vida que lleva su hijo, y el conflicto de interés en que existe con la empresa y su hijo y su pareja, y por ende no negó lo expuesto en la investigación, el presidente prefirió descalificar y atacar a algunos de los periodistas que retomaron la información.

Criticó al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, por ser “un mercenario” y responder a intereses de privados. También cuestionó a la periodista Carmen Aristegui, por comparar este escándalo de su hijo con la llamada “Casa Blanca” de Angélica Rivera, exesposa del presidente Enrique Peña Nieto.

“Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales, pero este señor Loret de Mola es un mercenario e hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder”, manifestó.

Entre sus críticas también incluyó a Brozo, quien actualmente colabora con Latinus, y de quien dijo era una gente preparada, inteligente, con sentido del humor; y ahora “es como el Brozo que no conocía”; atribuyó el cambio de conducta con los tiempos de definiciones, del que él ha hablado en distintas ocasiones.

Y es que López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, han ocupado dos residencias al norte de Houston, cada una valorada en cerca de 1 millón de dólares. Tras vivir en la mansión del directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex, López Beltrán se mudó a una residencia nueva en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams, según lo expuesto por MCCI.

“En el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno”, sostuvo López Obrador.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume una fuerte política de austeridad en su gobierno, en Estados Unidos, su hijo, José Ramón López Beltrán, tiene una vida totalmente alejada a este principio, ocupado dos residencias en Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares.

José Ramón López se desempeñó como coordinador de Morena en el Estado de México en la campaña presidencial de 2018, y luego del triunfo de su padre, aseguró que no sabía a qué se iba a dedicar en el futuro. “Ya el tiempo lo dirá”, dijo al visitar la casa de campaña hace poco más de 3 años.

Desde que asumió la presidencia, López Obrador ha insistido en reiteradas ocasiones en que se debe llevar una vida de austeridad. “No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”, declaró en mayo de 2020. “Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (…) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”, añadió.

De acuerdo con una investigación de Latinus y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el hijo del presidente, junto a su pareja Carolyn Adams, vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, y con la que el gobierno de su padre tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares.

La residencia, construida sobre un terreno de 2,500 metros cuadrados, está ubicada en Oak Estates, la más exclusiva y privada zona del fraccionamiento Jacobs Reserve, entre las poblaciones texanas de Conroe y The Woodlands. Se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos. Cuenta con finos acabados en piedra y madera; cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, amplias cocina y sala de estar, así como amenidades que incluyen bar, sala de juegos y hasta sala de cine, además de una alberca al aire libre de 23 metros de largo, ubicada en su enorme patio trasero, con vista al bosque que se encuentra a espaldas de la residencia.

Después, la pareja se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams.

La nueva casa es de dos pisos, recién construida y registrada a nombre de Carolyn Adams. La valuación catastral de la propiedad, para efectos del cobro de impuestos, es de 371 mil dólares, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el equivalente a 7.6 millones de pesos. Sin embargo, en sitios especializados en bienes raíces, el valor estimado de la propiedad va desde los 628 mil dólares hasta los 948 mil 475 dólares, lo que equivale a alrededor de 19 millones de pesos.

Para José Ramón, lejos está esa idea de viajar en un Jetta modesto como asegura hacerlo su padre; tiene para su uso en Estados Unidos una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Investigación completa en MCCI

Un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el que critica a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su posición sobre la situación política en el país centroamericano, desató una polémica en las redes sociales.

“Oe, Andrés… @lopezobrador_ La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, escribió Ortega Murillo en Twitter.

Dicho mensaje provocó la reacción del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, quien en la misma red social le respondió que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, “la cobardía es la aliada de la represión”, respondió el funcionario mexicano.

Ortega Murillo, de 39 años, director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense, publicó luego una fotografía del caudillo revolucionario mexicano Emiliano Zapata, y una serie de mensajes con frases cortas como “Los cobardes son hijos del sometimiento”, “Hijos de dominio” y “¡VENCEREMOS!”.

Y es que el pasado 25 de junio, López Obrador pidió garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar, esto al ser cuestionado sobre la situación política en Nicaragua donde las autoridades han detenido a 21 personas desde el 28 de mayo pasado, entre ellos cinco aspirantes de la oposición a la Presidencia.

Sin embargo, pese a manifestar López Obrador su “preocupación”, México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.

Posteriormente, los dos países llamaron a sus embajadores en el país centroamericano a consultas para evaluar la situación. México y Argentina darán a conocer esta semana un nuevo paso sobre la situación política en Nicaragua, según dijo el canciller, Marcelo Ebrard.

Recordemos que Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de los líderes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes se les acusa de “traición a la patria”.

Anoche, cinco líderes estudiantiles y del movimiento campesino fueron detenidos, uno de ellos aspirante a la presidencia, acusados de “menoscabar la soberanía” del país, entre otros cargos, lo que aumenta a 27 los opositores al gobierno de Daniel Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones.

Son seis los aspirantes a la presidencia que han sido detenidos y que se encuentran presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y Medardo Mairena. Además se cuentan otras 21 personas presas entre críticos, activistas, empresarios, estudiantes y excompañeros de armas de Ortega.

En medio de pedidos de la comunidad internacional de liberar a los detenidos, Ortega ha dicho que los opositores presos no son “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que trataron de organizar un golpe de Estado con financiamiento de Estados Unidos.

Esas detenciones se producen de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, admitió que probablemente fue reclutado para el consejo de administración de la empresa ucraniana Burisma, que provocó críticas contra su padre el año pasado, porque vieron su nombre como “oro”.

En una entrevista con la BBC difundida este martes, con motivo de la publicación de su libro de memorias, “Beautiful Things”, Hunter Biden confirmó en parte las acusaciones de los republicanos de que se benefició del nombre de su familia cuando su padre era vicepresidente.

El hijo del mandatario demócrata insistió en que tuvo una carrera de éxito en los negocios independientemente del cargo de su padre como senador de Delaware.

Pero dijo por primera vez que su contratación en el consejo de la enorme empresa energética ucraniana en 2014, cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, estuvo vinculada probablemente en “gran parte” con su nombre. “Creo que vieron mi nombre como oro”, dijo a la BBC.

Biden formó parte de la junta directiva, ganando más de 50,000 dólares al mes, desde 2014 hasta 2019.

Ese año su padre empezó a preparar su candidatura a la presidencia y se supo que asesores del entonces presidente Donald Trump buscaron en Ucrania información que pudiera perjudicar a los Biden.

Más tarde en 2019, Trump presionó al gobierno ucraniano para que le proporcionara información que respaldara las acusaciones de corrupción contra los Biden, un acto que llevó al primer juicio político contra el expresidente.

Hunter Biden dijo a la BBC que el momento de su contratación por parte de Burisma estaba relacionado con la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su supuesto apoyo a los rebeldes del este de Ucrania.

Los rusos, dijo Biden, querían hacerse con los recursos naturales de Ucrania y un oleoducto, y Burisma se sentía vulnerable.

“Sé que Burisma quería hacer algo. Querían crear un baluarte contra esa agresión rusa”, dijo. “Sabían que tenían que expandirse internacionalmente y en otros sectores para poder diversificarse y protegerse. El nombre de Biden es sinónimo de democracia y transparencia, y por eso dije que era oro para ellos”.

El hijo del presidente afirmó que su trabajo en la junta directiva de la compañía se había centrado “al 100%” en asuntos de gestión empresarial y transparencia.

En la entrevista, Hunter Biden no explicó sus relaciones comerciales con una mujer rusa con buenos contactos y con un fondo de inversión chino, que, según los republicanos, también se beneficiaron de sus conexiones.

El hijo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, informó esta tarde que es objeto de una investigación federal en el estado de Delaware sobre su situación fiscal.

“Me tomo esto muy en serio y confío en que una evaluación profesional y objetiva demostrará que he manejado mis asuntos de manera legal y adecuada”, dijo el hijo del demócrata en un comunicado.

En el mismo escrito, el equipo de transición de Biden aseguró que el presidente electo “está extremadamente orgulloso de su hijo, quien ha tenido que enfrentar terribles desafíos, incluidos viles ataques personales de los últimos meses, solo para salir fortalecido”.

Recordemos que el presidente Donald Trump acusó durante la campaña electoral a la familia Biden de ser una “empresa criminal”, señalando particularmente los asuntos de Hunter Biden en Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.

El mandatario acusa a Joe Biden de haber logrado la destitución de un fiscal ucraniano para proteger a una empresa de gas investigada por corrupción llamada Burisma, en la que su hijo Hunter era miembro de la junta directiva.

El presidente Donald Trump ha pedido este martes al fiscal general William Barr, que investigue a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente y candidato a la Presidencia, Joe Biden, a tan solo dos semanas de las elecciones.

Trump, que ha matizado que “hay que conseguir que el fiscal general actúe”, ha expresado que su deseo es que la información obtenida en el marco de la pesquisa sea difundida antes de los comicios.

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino ha citado informaciones del ‘New York Post’ sobre los negocios del hijo de Biden y ha instado a Barr a “actuar lo más rápido posible” y que nombre a alguien para ello.

“Se trata de un gran caso de corrupción y esto tiene que saberse  antes de las elecciones”, ha manifestado Trump sin entrar en más detalles.

Sus palabras suponen un acto de presión sin precedentes sobre un miembro de su propio Gabinete para lograr la apertura de una investigación contra un miembro de la familia de su rival político.

Recordemos que los legisladores republicanos ya habían pedido a Barr que nombrara un fiscal especial para investigar las acusaciones que pesan contra Hunter Biden, según informaciones del diario ‘The Hill’.

Y es que lo reportado por el New York Post señalan que el hijo de Biden habría ayudado a gestionar una reunión entre un ejecutivo de la empresa gasística ucraniana Burisma y su padre cuando éste era el ‘número dos’ de Barack Obama.

Esta versión ha sido contrapuesta por la campaña de Biden, que ha asegurado que esa reunión no aparece en el calendario oficial del ex vicepresidente. Así, el FBI estaría investigando si el artículo, que cita diferentes correos electrónicos hallados en un portátil, está ligado con una operación de Inteligencia rusa.

El presidente estadounidense lamentó ayer durante un mitin que Barr no haya abierto aún una pesquisa contra Biden y ha sugerido que no lo ha hecho porque es un “hombre simpático y muy justo”.

Foto: Twitter

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio a conocer este miércoles que su hijo, Barron Trump de 14 años, también contrajo COVID-19,  como ella y su esposo el presidente Donald Trump.

“Fue hace dos semanas cuando recibí el diagnóstico que tantos estadounidenses en nuestro país y el mundo ya habían recibido: di positivo por COVID-19. Para empeorar las cosas, mi esposo y el comandante en Jefe de nuestra nación recibieron la misma noticia”.

En un escrito publicado en la web de La Casa Blanca, la primera dama refirió que Barron “no tuvo síntomas” de la enfermedad y que el joven y ella ya dan negativo en las pruebas diagnósticas de la enfermedad que se les han realizado tras contraerla.

“Naturalmente, mi pensamiento se fue inmediatamente hacia nuestro hijo”, relata Melania, quien indicó que en su caso, los síntomas fueron “mínimos” hasta que le “golpearon de  repente y parecía una montaña rusa de síntomas durante los días siguientes”.

Así, confirmó que sufrió dolores corporales, tos, dolores de cabeza y un cansancio extremo.

En cuanto al tratamiento que siguió para recuperarse de la enfermedad, la primera dama indicó que eligió “una ruta más natural”, optando por “vitaminas y alimentos saludables”. Trump, por su parte, se sometió a una terapia experimental que ha defendido en múltiples ocasiones como una “cura”, que espera que se aplique a todos los estadounidenses.

Sin embargo, relató que pasados los días y ante la preocupación que cualquier madre sentiría, su hijo fue sometido a una nueva prueba a la que dio positivo.

Melania Trump ha reconocido que los profesionales sanitarios que atendieron a la familia fueron “maravillosos”, agradeciendo al equipo médico y a la “discreción profesional” del médico de La Casa Blanca, Sean Conley y su equipo.

“Como paciente y persona beneficiada de un gran apoyo médico, estoy  mucho más agradecida y asombrada por los cuidadores y los profesionales de primera línea en todas partes”, reiteró.

El texto publicado fue titulado: “Mi experiencia con el Covid-19”, y llega dos semanas después de haber resultado positiva en la prueba del virus.

Foto: Twitter

La red social Twitter informó este martes de que ha limitado el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, tras publicar un vídeo que contenía desinformación sobre la pandemia de Covid-19 y que violaba las reglas de la plataforma.

El vídeo que tuiteó el hijo del mandatario estaba relacionado con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid-19, un fármaco cuyo uso efectivo contra el virus no ha sido demostrado y que el presidente ha recomendado utilizar en varias ocasiones.

En las imágenes, se habla de la hidroxicloroquina como una cura contra el virus e incluía a varias personas que afirmaban ser doctores y que argumentaban falsamente que “no se necesitan máscaras” y que los estudios que demuestran que el medicamento puede no ser efectivo son “ciencia falsa”.

La sanción de la red social al hijo de Donald Trump, que también difundió el mismo vídeo, durará doce horas durante las cuales solo podrá refrescar la aplicación y leer el contenido, pero no se le permitirá tuitear, seguir a otras cuentas o dar “me gusta”.

Fuentes de Twitter señalaron a medios locales que Donald Trump Jr. había violado las políticas de uso de la plataforma tras “difundir información engañosa y potencialmente dañina relacionada con Covid-19”, si bien insistió en que solo habían borrado el tuit en el que se hacía mención a la hidroxicloroquina y que el resto de contenido previamente publicado seguía siendo accesible.

Un portavoz de Donald Trump Jr., Andy Surabian, apuntó a través de un comunicado que la decisión de Twitter de suspender la cuenta “por compartir un vídeo viral de profesionales médicos discutiendo sobre el uso de la hidroxicloroquina es una prueba más de que las grandes compañías tecnológicas están intentando matar la libertad de expresión online en otro intento de interferir en las elecciones presidenciales y silenciar las voces republicanas”.

En los últimos meses, Twitter ha intensificado sus medidas en contra de la desinformación y el acoso en su plataforma, algo que ha instigado a algunos tertulianos y políticos conservadores en Estados Unidos a señalar que la red social está sesgada, especialmente desde que Twitter dijese que varios tuits del presidente “glorificaban la violencia” durante las protestas por la muerte de George Floyd el pasado mayo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por 24 y 27 meses respectivamente, para no realizar operaciones con ninguna entidad gubernamental.

Adicional, la dependencia indicó que se le impusieron a la empresa dos multas, que suman más de dos millones de pesos, por haber lucrado indebidamente con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Y es que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa un contrato para la compra de 20 ventiladores respiratorios, pese a que a la empresa no produce insumos médicos. Sin embargo, tras ser denunciada dicha adjudicación, se reveló que la contratación se sustentó en falsedades.

Entre las anomalías detectadas, se encontró que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además, se concluyó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.

La SFP señaló que las investigaciones realizadas demostraron que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, pues los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación.

Adicional, precisó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Confirmó que se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles.

“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, precisó la SFP a través de un comunicado.

Además de las sanciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., la dependencia informó que se investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición, por lo que se ordenó como medida cautelar la suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no se tolerará la corrupción ni se permitirá la impunidad o el influyentismo; recordó que en la actual administración “no hay intocables ni perseguidos”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública indicó que desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, a recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, y precisó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud, para asegurar que la emergencia no sea utilizada como “pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.

“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.

“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, añade el testimonio.

Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.

Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra.  La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.

Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa  que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.

Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad  a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.

Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, “eran las oficinas de López Obrador”.

“Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional”, publica Loret de Mola.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, presentó este miércoles ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto por presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias.

En un comunicado, la bancada perredista informó que la denuncia fue presentada por el contrato que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett lvarez, por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Lo anterior, debido a que cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, y a raíz de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, convalidó la adquisición.

Según la legisladora, León Manuel Bartlett lvarez, además de ser beneficiado con el contrato aludido, recibió de distintas dependencias del gobierno federal otros seis contratos, todos por adjudicación directa excepto uno. “El monto de recursos públicos implicados alcanza en total 162 millones 240 mil pesos”.

Juárez Piña añadió que se vislumbra una utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, todas ellas infracciones graves contempladas por la ley.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

“Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”, señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad”.