El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al PT, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular instaurados por ambos partidos en situaciones distintas.

En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.

La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya  e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.

Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco.

Por ello, se le impuso una sanción a Morena del 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos; además, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.

Adicionalmente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.

La queja presentada en 2017 por el PRI, fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015 y 2017, María Guadalupe Rodríguez , esposa del dirigente nacional del partido, recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Así el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado que fue de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos; la multa ascendió a 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, se dio vista a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente sobre si hay algún otro delito que castigar.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.

“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo Córdova Vianello.