Ana Paula Ordorica
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México permanece estancado en nivel de competitividad bajo, advierte el IMCO

México registra un nivel de competitividad bajo, al situarse en el puesto 37 de un total de 43 países en el Índice de Competitividad Internacional (ICI) 2022, según informó el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), encargado del estudio.

Nuestro país retrocedió el último año en economía y derecho, 2 de los 10 indicadores que evalúa el IMCO, debido al aumento en la inflación, la disminución de libertad económica y el deterioro de la independencia del Poder Judicial, se advierte en el reporte.

En tanto, México avanzó en los rubros de sociedad, gobiernos, mercado de factores, relaciones internacionales e innovación mientras que se mantuvo constante en medioambiente, sistema político y precursores.

“En esta edición el país permanece estancado, lo cual refleja la incapacidad persistente de nuestro país para construir las bases que le permitirían ser más competitivo a nivel global”, advirtió el IMCO en su reporte.

El análisis se publica tras el crecimiento de 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, insuficiente para reponer la contracción de 8.2% que se registró en 2020 derivado de la pandemia.

El índice analiza 43 países con base en 10 categorías y 85 variables, similar a la medición que realiza el Foro Económico Mundial (WEF) y al que hace el International Institute for Management Development (IMD) de Ginebra.

Es la segunda vez consecutiva que México está en la categoría de “baja competitividad” del índice, que inició en 2005 con México en la posición 30.

Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia, el país ha caído seis posiciones, del lugar 31 al 37. Por abajo de México se encuentran Brasil, Argentina, Sudáfrica, India, Guatemala y Nigeria.

A diferencia de estos lugares, en las primeras cinco posiciones se encuentran Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia y Países Bajos.

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Crecen con la 4T las adjudicaciones directas en las compras públicas

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este miércoles el estudio ‘Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente’, en el que analizó más de 350 mil compras realizadas por el gobierno federal durante 2018 y 2019.

El estudio señala que el monto destinado a compras públicas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de 323 mil 782 millones 39 mil 728 pesos, a través de 184 mil 702 contratos; dicha cifra representa 73 mil millones de pesos más que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).

En el último año del gobierno anterior, se destinaron 364 mil 037 millones 219 mil 485 pesos, a través de 169 mil 187 contratos.

IMCO recuerda que las licitaciones públicas, al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten que exista mayor competencia en los procesos de compra, pues cuando hay más participantes y propuestas en las convocatorias, se puede encontrar mejor calidad a precios más bajos.

En ese sentido, revela que, durante el primer año de gobierno de López Obrador, el porcentaje del monto asignado por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje del monto por adjudicaciones directas aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando de 34.9% en 2018 a 38.9% en 2019.

En 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Advierte que las adjudicaciones directas representan un “foco rojo para la competencia”, ya que permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado; además, el IMCO señala que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.

Esto iría en contra de lo que ha denunciado y señalado el movimiento (ahora gobierno) que López Obrador ha encabezo por años.

El estudio también refiere que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, el porcentaje fue mayor al 80%.

Y aunque el gobierno de López Obrador está asignando la misma proporción de contratos por adjudicación directa que el gobierno de Peña Nieto, estos han representado mayor cantidad de recursos.

Otro dato que señala el estudio es que las empresas que más recursos recibieron durante el sexenio de Peña Nieto acumularon el 28% de los recursos totales de 2019, es decir 16 puntos porcentuales menos que en 2018 y 22 puntos porcentuales menos que en 2017. En tanto, las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019, ya con AMLO en el poder, acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior dicho porcentaje no rebasó el 22%.

Así, el IMCO cuestiona los cambios en la concentración de recursos de las empresas que se da durante los cambios de administración.

Si las empresas que reciben los contratos fuera producto de la calidad de sus propuestas, bienes y servicios, el monto por contratos recibidos se debería mantener constante a pesar de un gobierno; ello lleva a preguntarse si con el cambio de sexenio, hay cambios de “compadres”.

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Gobierno de EPN creció la deuda de cada mexicano de 37,837 a 66 mil pesos: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados del estudio que realizó a la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al 2013-2018, es decir, al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El análisis incluyó revisar cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

El IMCO concluyó que, en seis años, Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

Señaló que, en el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. Lamentó que no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Advirtió que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, pues subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado. Entre 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado.

Durante el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos. En el mismo periodo, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

El IMCO destacó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Finalizó indicando que la deuda adquirida por el gobierno de Peña Nieto fue de 2 billones 930 mil millones de pesos. Recordó que, en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, la deuda fue de 66 mil pesos por persona.

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Refinería de Dos Bocas tiene una probabilidad de ser rentable del 2%: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio sobre la viabilidad financiera que tiene la refinería en Dos Bocas, Tabasco, anunciada en diciembre de 2018 por el Gobierno federal.

Recordó que cuando se hizo el anuncio, se proyectó una inversión estimada de 160 mil millones de pesos, sin embargo, alertó que en días recientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció menores ingresos presupuestarios, menor crecimiento y mayores recortes al gasto para 2019.

“Es indispensable analizar si la refinería tiene viabilidad financiera y si ayudará a mejorar la situación de Pemex, y si es compatible con la política de austeridad económica del Gobierno Federal”, señaló en su documento.

Para su análisis, el IMCO creó un modelo financiero de la refinería, el cual sometió a una simulación Montecarlo para estudiar 30 mil escenarios. Explicó que dicho análisis modifica los supuestos que determinan los flujos financieros en cada escenario, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP, para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión.

Aclaró que los supuestos que cada escenario modifica son márgenes de refinación, inversión total, tiempo de construcción y gastos operativos; y los resultados de dicho ejercicio consideran de forma robusta las contingencias de un proyecto de esta naturaleza.

“El análisis concluye que en 98% de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera más costos que beneficios. Es decir, destruye valor para Pemex”, indicó el centro de investigación.

Construir la refinería podría generar una grave crisis de las finanzas públicas para todo el país, por ello, el IMCO propuso cancelar el proyecto en Dos Bocas.

Sugirió “explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el mercado de gasolinas y diésel, como inversiones en logística y almacenamiento de combustibles. Reasignar los recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Pemex, como son la exploración y producción”.

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Presupuesto para Tren Maya no aumentará: AMLO al IMCO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contestó este miércoles al trabajo presentado por el el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que se advertía sobre la posibilidad de que el costo de construcción del Tren Maya podría aumentar entre 4 y 10 veces más que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal.

El mandatario dijo en diversas reuniones en que se ha discutido el tema, se ha planteado la posibilidad de tener toda la conectividad de Veracruz hasta Valladolid y el Istmo, así como de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pues son tramos donde hay una concesión.

Dijo que se tiene la posibilidad, de conformidad con la ley, de que exista un derecho de paso y que se puedan compartir vías; específicamente se estaría trabajando en dos tramos: uno llegando al puerto de Veracruz y otro llegando a Coatzacoalcos.

Y es que el IMCO destacó en su trabajo que el gobierno debía evaluar correcta los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte.

Sin embargo, AMLO dijo que fuera de los dos tramos que expuso, como es de dominio público, el resto de las vías no concesionadas, sino que están en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía”, sostuvo el presidente.

Señaló que cuando supo que alrededor de mil 500 kilómetros de vías no habían sido concesionadas, se puso “contento”, pues eso permitirá que el proyecto se pueda llevar a cabo con mayor facilidad.  “No les importaba el sureste, lo que hicieron fue concesionar las vías del ferrocarril del centro y del norte”, remató.

 

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Cancelación del aeropuerto de Texcoco equivaldría al 42% de su inversión total: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) difundió un estudio relacionado a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el cual abogan para que el proyecto se continúe.

“Esta obra es la mejor alternativa para atender la creciente demanda de transporte aéreo de los mexicanos. Una amplia conectividad aérea abre oportunidades de crecimiento económico y desarrollo regional, al permitir el mayor flujo posible de turistas nacionales e internacionales, inversionistas e intercambio de bienes entre las distintas entidades federativas del país”, señaló el Instituto.

De cara a la consulta pública y con el objetivo de que los mexicanos cuenten con la mayor información, el IMCO recordó que se requiere con urgencia un nuevo aeropuerto, pues el actual Aeropuerto Internacional es una infraestructura “obsoleta” para las necesidades de la fuerza económica del Valle de México y la generación directa e indirecta de beneficios regionales en todo el país.

Señaló que el proyecto original del NAIM requirió ser redimensionado, pues en 2018 se tuvo que modificar el Plan Maestro ya que se incrementó de 42 a 55 millones de pasajeros al año y de 508 a 634 mil toneladas de carga.

Además indicó que se reestructuró y aumentó el costo de la inversión al actualizar el monto de 169 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento del 70%. Argumentó que el aumento de costos se debió a que el costo original de 13 mil 300 millones de dólares fue calculado con un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar en 2014.

“Si bien el incremento podría provocar que se cuestione la viabilidad del proyecto, lo cierto es que de acuerdo con datos oficiales, el proyecto ahora es financiado con solo el 10% de inversión pública y el 90% de inversión privada. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) reportó que de los 113 mil millones de pesos de recursos públicos provenientes de siete ejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación (2014-2020), solo se tiene contemplado el uso de 28 mil millones de pesos”, apuntó.

Enfatizaron que el costo aproximado por la eventual cancelación del NAIM es de 120 mil millones de pesos, que corresponde a 58 mil millones ya pagados, más las penas y el monto por gastos no recuperables, que se generarían por la cancelación de contratos proporcionales al monto comprometido de 102 mil millones y liquidación de trabajadores.

“El costo de cancelación equivale al 42% de la inversión total del NAIM sin edificarlo”, remató.

 

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CFE, ISSSTE e IMSS las entidades con mayor riesgo de caer en corrupción: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó esta mañana el Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas,en el cual evalúa el riesgo de corrupción, a través de las distintas prácticas de competencia, transparencia e integridad, de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal.

 

El reporte analizó 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados, de 2012 a 2017, por mil 537 Unidades Compradoras, lo cual representa más de 2.3 billones de pesos que equivale aproximadamente al 10% del gasto público de esos años.

 

Aunque en el informe se señala que durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, el IMCO aclaró que el índice mide riesgos, más no emite sentencias. “Identifica en donde se encuentra prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto federal, no casos específicos  de corrupción”.

 

 

Las tres entidades con más UC entre las 500 más riesgosas suman casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas, y las tres más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

En cuanto a la CFE, sus contratos entre 2012-2017 sumaron 424.5 mil millones de pesos, lo que representa el 19% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 91 de las 500 UC más riesgosas. Respecto al ISSSTE, sus contratos entre 2012-2017 alcanzaron los 147 mil millones de pesos, lo que representa el 7% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 46 de las 500 UC más riesgosas. Por su parte el IMSS concentró contratos entre 2012-2017 por 401 mil millones de pesos, lo que representa el 18% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 42 de las 500 UC más riesgosas.

 

El IMCO señaló que además de la elaboración del Índice, pudieron identificar algunas prácticas en contrataciones públicas que preocupan, tales como que tres instituciones concentran el 56% del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación. 30 (0.02%del total) proveedores se quedan con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas y que de los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación en los últimos 5 años, los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9% del total) representan el 80% del monto asignado en procedimientos de contratación pública.

 

Enfatizan que a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, es decir, por el método menos competitivo. Solamente el 22% de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente. Estas empresas ganaron 2 de cada 3 propuestas que presentaron, mientras que los demás proveedores únicamente ganaron en la mitad de las veces. El 43% del monto que recibieron las empresas fue adjudicado a tan solo 10 unidades compradoras.

 

Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, indicó que los contratos asignados por adjudicación directa representaron el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016. “El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, dijo Kaiser.

 

Con información de IMCO / Foto. Archivo APO

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¿Qué candidatos suscribieron compromisos contra la corrupción?

Hace unas semanas la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana lanzaron un llamado a los candidatos a gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit con el fin suscribir un documento con 11 compromisos contra de la corrupción.

 

Esta tarde en conferencia de prensa, el movimiento dio a conocer que 18 de los 21 candidatos son los que se sumaron al llamado; en Coahuila los siete candidatos registrados se comprometieron; en Nayarit siete de los ocho aspirantes firmaron y sólo un candidato no se comprometió. En el Estado de México cuatro de los seis candidatos suscribieron los compromisos y dos no lo hicieron.

 

 

Las organizaciones sostuvieron que “los mexicanos ya no vamos a aceptar administraciones que realicen prácticas como desvío de recursos, fraudes, y las malas prácticas que hemos visto a lo largo del país en los últimos años. Confiamos que en estos tres estados con los que iniciaremos dichos compromisos, sean la antesala para planteárselos a los candidatos de las nueve gubernaturas que se renovarán en 2018”.

 

Los candidatos que no se sumaron al ejercicio son:

 

Estado de México

  • Delfina Gómez (Morena)
  • Oscar González (PT)

 

Nayarit

  • Hilario Ramírez Villanueva “Layín”

 

Con información de IMCO / Coparmex / Foto: IMCO

 

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