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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó este miércoles la inhabilitación impuesta por un periodo de tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad futbolística, a raíz de lo sucedido durante la final del pasado Mundial femenino.

“Se le prohíbe participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por un período de tres años por haberse comportado de manera contraria a los principios consagrados en el artículo 13 del Código Disciplinario”, informó la FIFA.

El colombiano Jorge Iván Palacio, el ghanés Anin Yeboah y el austriaco Thomas Hollerer fueron los miembros del Comité Disciplinario de la FIFA que confirmaron esta decisión para sancionar a Rubiales, adoptada el pasado 30 de octubre y que había sido recurrida en los juzgados por el propio expresidente de la RFEF.

La FIFA actuó así tras los hechos ocurridos durante la final del Mundial disputada el pasado 20 de agosto en Sídney, donde Rubiales hizo gestos obscenos en la grada y luego besó en los labios a la futbolista Jenni Hermoso, sin el consentimiento de ella.

El exmandatario de la RFEF fue suspendido por la FIFA el 26 de agosto con carácter provisional, durante un periodo inicial de 90 días, aunque más adelante se dio a conocer la inhabilitación por tres años; todo ello, en virtud de lo estipulado en ese artículo 13 del Código Disciplinario del máximo organismo futbolístico internacional.

Esta nueva decisión de la FIFA puede ser impugnada ante la Comisión de Apelación. “Cualquier parte que desee apelar debe anunciar su intención de hacerlo por escrito a través del Portal Legal de la FIFA dentro de los tres días siguientes a la notificación de los motivos de la decisión”, precisó el organismo.

Marcelo Ebrard impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la falta de respuesta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, a la queja que presentó en relación con el proceso interno que perdió y que originó el quiebre con el partido.

Recodemos que Ebrard cuestionó el proceso interno tras haber sido vencido por Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la coordinadora nacional de los comités de la Defensa de la Transformación, que no es más de la antesala a la candidatura presidencial del próximo año.

Recurre al Tribunal Electoral con la intención de que se ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena admita su impugnación.

En su demanda, el excanciller insiste en que la Comisión de Encuestas del partido actuó de manera sesgada y cuestiona la cadena de custodia de las papeletas que se utilizaron en la encuesta, la intervención de la Secretaría de Bienestar y de Funcionarios Públicos, el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de la exjefa de Gobierno de la CDMX, entre otras irregularidades.

A su juicio, lo señalado y documentado por su equipo debería ser suficientes para anular el ejercicio y con ello, el nombramiento de Sheinbaum.

Morena ha rechazado la reposición del proceso interno, y ha dicho que las irregularidades que se presentaron no afectaron de manera significativa los resultados.

En tanto, Claudia Sheinbaum se ha limitado a llamar a la unidad y, sin mencionar a Ebrard de forma directa, ha dicho que las puertas de Morena y del Movimiento están abiertas para todos.

La dirigencia nacional de Morena junto al Consejo Nacional del partido, dieron por concluido el proceso interno que definió al nuevo liderazgo del movimiento de Transformación que fundó y encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tal como se tenía previsto, el Consejo Nacional de Morena, máximo órgano representativo del partido, formalizó la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum como la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación.

El presidente de dicho órgano, Alfonso Durazo, aseguró que “nuestro movimiento, esperanza de millones de mexicanas y mexicanos, sale ahora fortalecido de un proceso limpio, democrático, transparente, con un resultado incuestionable: es Claudia”.

Durazo llamó a cerrar filas e intensificar esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. “Sólo coincidiendo en ese objetivo político superior podremos conjugar la unidad con el resto de nuestras diferencias. Si queremos el cambio, no podemos unirnos o dividirnos en función de intereses particulares”, señaló.

Por su parte, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, reconoció la labor de Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, y destacó que es momento de dejar atrás divisiones.

“Debemos sumar a todas las estructuras y a todos los liderazgos. Todos somos compañeros y compañeras, y nos debemos fraternidad, inclusión, respeto y lealtad al proyecto y al liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum”.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, destacó un balance positivo del proceso interno, debido a que siempre se escucharon los planteamientos de todos los aspirantes, razón por la que, aseguró, “hemos llegado a este momento con condiciones de unidad, con la certeza de que somos un movimiento que ha dado marcha atrás al ‘dedazo’”.

Al recibir la constancia que la avala como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum convocó a la participación de todos aquellos que quieren que México siga fortaleciéndose con honestidad, con un estado de bienestar y respetando los derechos del pueblo de México.

Destacó las cinco primeras tareas para iniciar los trabajos de consolidación de la transformación, los cuales incluyen: 1) el fortalecimiento de la organización del movimiento, conformando Comités de Defensa de la Cuarta Transformación casa por casa; 2) establecer el programa de continuidad con cambio; 3) difusión de los logros de la Cuarta Transformación; 4) “que todos asumamos la tarea de la unidad”, y 5) iniciar los trabajos para consolidar la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Y mientras se formalizó el triunfo de Claudia Sheinbaum y el partido defendió el proceso interno que definió a la Coordinadora de la Transformación, Marcelo Ebrard impugnó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el proceso interno que lo ubicó en el segundo lugar de las preferencias.

En su denuncia, Ebrard sostiene que durante el proceso de interno, Sheinbaum se habría visto beneficiada por una serie de “irregularidades graves”, tales como el despliegue de brigadistas de la Secretaría del Bienestar, quienes habrían trabajado en favor de la ex jefa de Gobierno capitalina.

Asimismo, ha denunciado la supuesta afinidad de Sheinbaum con la responsable de la comisión de encuestas de Morena, Ivonne Cisneros, así como una serie de episodios violentos que impidieron a los electores votar libremente.

“No existieron las condiciones para que la ciudadanía que quería participar lo hiciera con plena libertad de decidir sin presiones”, incluyó el excanciller. “Estas son las razones por las cuales resulta procedente la reposición del procedimiento y la nulidad de los resultados obtenidos”, añade la denuncia que califica de “viciado” el proceso interno.

Uno de los 12 aspirantes a ser el o la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), Jorge Luis Preciado, anunció su renuncia al PAN además de que denunció y calificó como una “farsa” al proceso interno que se lleva a cabo.

“Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita; la empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa y por eso presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable a mi militancia del PAN, voy a dejar 29 años de militancia”, dijo el exsenador en conferencia de prensa.

Sin embargo, sus denuncias fueron más allá. Preciado Rodríguez reveló que que el proceso interno de la oposición está arreglado.

“El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después en las encuestas el acuerdo es que solo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xóchitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez”.

El panista indicó que Marko Cortés les ha dejado claro a todos los demás aspirantes que es Xóchitl Gálvez la elegida; y para todos los demás, si querían “una chamba fuéramos a ayudarle”.

En ese sentido, señaló que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a presentar un juicio de impugnación debido a la falta de certeza jurídica del proceso.

Jorge Luis Preciado aseguró que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, controla a Marko Cortés, por lo que vaticinó que el tricolor desaparecerá el próximo año y Acción Nacional será arrastrado. Recordó que la dirigencia del PAN ha perdido las últimas 23 gubernaturas.

“Yo no tengo nada que reprocharle al PAN, el PAN me ha dado mucho, el problema aquí es Marko Cortés, quien por dignidad debería renunciar a la dirigencia, quiere imponer a Xóchitl y solo le está haciendo el juego a Andrés, pareciera que trabaja para él, me decía ‘súmate a la que va a ganar y te va a dar chamba’, yo no vine por chamba”, sentenció.

Luego de que Morena aprobara el acuerdo para elegir a quien encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), que no es más que la posición previa de quien será el precandidato o precandidata del partido en la elección presidencial, Movimiento Ciudadano (MC) impugnó dicho acuerdo ante el INE.

El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Salomón Chertorivski, fueron los responsables de presentar la impugnación, al señalar que se está incurriendo en un proceso de precampaña, que se encuentra fuera de los tiempos que la ley señala para ello, por lo que se está violando la Constitución.

Los legisladores recordaron que, legalmente, las precampañas inician a finales de año, por lo que Morena se estaría adelantando a dicho proceso en casi cinco meses.

Aseguran que con el proceso iniciado, Morena omite el proceso de fiscalización, y rompe con los principios de equidad en la contienda.

Los ‘emecistas’ solicitaron al Tribunal Electoral que declare ilegal el proceso interno de Morena, y  se ordene a las personas involucradas realizar cualquier acto proselitista.

“Morena, con su llamado ‘Acuerdo del Consejo Nacional’ se adelanta a los tiempos electorales de manera arbitraria, retando así a la autoridad. Violan la Ley flagrantemente. Agotaremos todas las vías legales para evitarlo”, dijo Chertorivski en un mensaje en sus redes sociales, donde expuso el oficio que presentaron ante el TEPJF.

En tanto, Álvarez Máynez dijo que el acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución, al ignorar los plazos de la ley, “desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad”.

Recordemos que Movimiento Ciudadano ha denunciado en más de 40 ocasiones a diferentes actores de Morena, especialmente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña y precampaña, el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada, la presentación de informes fuera del periodo establecido, entre otros posibles delitos.

Los legisladores de MC cuestionaron, específicamente sobre el acuerdo aprobado por Morena el pasado domingo, de dónde van a salir los recursos para las actividades proselitista que las cuatro llamadas ‘corcholatas’ utilizarán para recorrer todo el país.

Salomón Chertorivski incluso preguntó “¿Por qué si Morena va ‘tan bien’ en las encuestas, necesita adelantar tramposamente sus campañas? Se parecen tanto al PRI…”.

Santiago Creel Miranda, diputado del PAN y aspirante a la candidatura presidencial en el bloque opositor, presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del nuevo decreto de el pasado 18 de mayo el gobierno federal publicó por medio del cual declaró como de seguridad nacional e interés público, la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.

Creel Mirando explicó que el recurso lo presentó en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En un mensaje a difundido a través de sus redes sociales, el panista informó que impugnó el nuevo decreto con el que el gobierno busca que ciertas obras de infraestructura de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar toda información relacionada, a la que tienen derecho de acceder todas y todos los mexicanos.

Recordemos que el nuevo ‘decretazo’ se refiere a obras como el Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Dicho decreto llegó apenas unas horas después de que la Corte invalidara el decreto que que emitió el gobierno federal en noviembre de 2021, con el cual buscaba blindar todos los proyectos y obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno.

“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, añadió Santiago Creel.

Creel Miranda adelantó que si este decreto se vuelve a invalidad, tal como sucedió con el primero en mayo pasado, “de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación, y así lo haré las veces que sean necesarias”.

Finalmente, Creel Miranda mandó un mensaje al presidente López Obrador: Sí Presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”.

Morena calificó de “poco serio y cobarde” que el PAN, a través de su presidente Marko Cortés, haya tomado la decisión de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la designación de dos de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En voz del diputado Sergio Gutiérrez Luna, el partido criticó el anuncio del líder nacional del PAN, pues dijo, “ya se había establecido un acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva que el Grupo Parlamentario del PAN firmó”.

El morenista refirió que la impugnación va dirigida en contra de Guadalupe Taddei Zavala, quien fue elegida como consejera presidenta, y del consejero Jorge Montaño Ventura. Y es que recordemos que ambos son señalados de tener vinculos con la 4T.

“El PAN votó a favor en el Pleno, y una diputada, de su bancada, como secretaria, fue quien sacó de la urna el sobre donde se insaculó a la actual presidenta; participó en todo el proceso y ahora salir con que lo va a impugnar por falta de idoneidad me parece poco serio y cobarde”, sostuvo Gutiérrez Luna.

El legislador advirtió que la presidenta del INE va a encabezar este instituto de manera distinguida, “porque tiene un reto enfrente con una trayectoria a base de esfuerzo y trabajo, y lo que tenemos que hacer todas y todos es apoyarla”.

Señaló que con este proceso, se cierra la etapa de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “que, a nuestro juicio, dañó a la democracia y que no queremos que se repita”.

Se dijo confiado que quienes llegan ahora, más los que se quedan, tendrán una nueva dinámica en este consejo, realicen un nuevo ejercicio en este instituto más austero, pero sin trastocar certezas y legalidad de los procesos electorales.

Las y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la posible aprobación del llamado ‘Plan B ‘ de la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena impulsan.

Los consejeros advierten que en el dictamen que se discute este miércoles en el Senado, hay deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, trastocarían profundamente el sistema electoral de México, además de que alertaron sobre el proceso legislativo que se lleva a cabo.

“La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”, leyó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En el pronunciamiento, los consejeros señalaron que, a pesar de que se ofreció en diversas ocasiones, el INE nunca fue consultado por el Congreso o el gobierno federal sobre los contenidos de dicha reforma.

Lamentaron que al Instituto no se le pidiera información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.

Apuntó que tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo que les ha permitido garantizar los 330 procesos electorales federales y locales organizados desde 2014.

El pronunciamiento enlistó las deficiencias que a su juicio pondrían en peligro la operación de los procesos electorales (se reproducen íntegras):

  1. Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
  2. El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
  3. Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
  4. La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
  5. Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
  6. La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas

Los consejeros advirtieron que la reforma que esta tarde se discute en el Senado, donde la oposición ha insistido en retirar los dictámenes, produciría un efecto “regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”.

“Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones”, añadieron.

Aprovecharon el texto para adelantar que, en caso de ser aprobados los cambios que el gobierno federal propuso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas para defender elecciones libres y auténticas.

Después de poco más de tres semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro atribuyó su derrota a un error de software y exigió a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país.

Tal acción dejaría a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos restantes, y con la reelección, dijo Marcelo de Bessa, el abogado que presentó la solicitud de 33 páginas a nombre del presidente y del Partido Liberal, al que pertenece el ultraderechista.

La autoridad electoral ya ha declarado ganador al rival de Bolsonaro, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, e incluso muchos de los aliados del mandatario han aceptado los resultados.

El líder del Partido Liberal, Valdemar Costa, y un auditor contratado por el partido dijeron a periodistas en Brasilia que su evaluación encontró que todas las máquinas que datan de antes del 2020, casi 280,000 de ellas, o alrededor del 59% del total utilizado el 30 de octubre, carecían de números de identificación individual en los registros internos.

Ninguno de los dos explicó cómo eso podría haber afectado los resultados de las elecciones, pero dijeron que estaban pidiendo a la autoridad electoral que invalide todos los votos emitidos en esas máquinas.

La demanda calificaba el error de software como un “incumplimiento irreparable por mal funcionamiento” que ponía en duda la autenticidad de los resultados.

Al respecto, el titular de la autoridad electoral, Alexandre de Moraes, informó que la impugnación presentada implicaba la posibilidad de que el propio partido de Bolsonaro no saliera bien librado.

De Moraes dijo que el tribunal no consideraría la denuncia a menos que el partido ofreciera un nuevo informe en un plazo de 24 horas que incluyera los resultados de la primera ronda electoral del 2 de octubre, en la que el Partido Liberal obtuvo más escaños en ambas cámaras del Congreso que cualquier otra fuerza política.

Recordemos que la derrota de Bolsonaro por menos de 2 puntos porcentuales frente a Lula el 30 de octubre constituye el resultado electoral más estrecho desde la reinstauración de la democracia en Brasil en 1985.

Aunque el presidente no ha manifestado explícitamente que hubo fraude, se ha rehusado a aceptar su derrota o a felicitar a su oponente, dejando lugar para que sus simpatizantes saquen sus propias conclusiones. Muchos se han estado manifestando incansablemente, asegurando que hubo fraude electoral y exigiendo la intervención de las fuerzas armadas.

Durante más de un año, Bolsonaro insistió en que el sistema de votación electrónica de Brasil se prestaba para el fraude, aunque jamás presentó pruebas. Brasil comenzó a utilizar el sistema de votación electrónica en 1996.

Para su auditoría, el Partido Liberal contrató al Instituto del Voto Legal, un grupo que ha criticado al sistema actual y señala que el uso de máquinas contraviene la ley porque no proporciona un registro digital de cada voto individual.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó esta tarde el análisis de las impugnaciones que la oposición en el Senado y la Cámara de Diputados presentaron en contra de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, especialmente en contra de la figura de llamados superdelegados.

Por mayoría de seis votos, siendo el definitorio el de la ministra Loretta Ortiz, el Pleno validó los artículos 17 TER y 32, fracción XX, de dicha ley, que prevén el sistema de Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, al considerar que los preceptos no resultan violatorios del principio de legalidad y seguridad jurídica al definir las facultades de las Delegaciones en la implementación de los programas de desarrollo.

Recordemos que la figura de los superdelegados fue implementada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y son aquellos funcionarios que fungen como enlace entre las Secretarías de Estado y los gobiernos estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas en las entidades.

El análisis de estas impugnaciones inició la semana pasada; sin embargo, la votación del Pleno quedó empatada, al recibir cinco votos a favor de los ministros Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel Mossa; Ana Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. Mientras que Norma Lucía Piña Hernández; Juan Luis González Alcántara; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis María Aguilar; Jorge Mario Pardo Rebolledo, votaron en contra.

Ante dicha situación, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, solicitó al Pleno esperar el voto de la ministra Ortiz para definir y concluir el asunto. Fue la exlegisladora del PT, partido aliados de Morena, quien esta tarde votó a favor.

Para Ortiz Alhf, la figura de los superdelegados no transgrede el principio constitucional de federalismo, pues el objetivo de los enlaces del gobierno federal y los estados “es eficientar el servicio público al estar adscritos jerárquicamente y orgánicamente a la Secretaría del Bienestar, y a su vez, bajo el mando de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”.

Una vez validada la figura de los superdelegados, el Pleno declaró infundada la impugnación hecha por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien reclamaba la invalidez de diversas disposiciones de la misma ley, al considerar que dicha figura invadía competencias exclusivas del estado, en cuanto a la utilización de los recursos federales.
Los ministros resolvieron que las Delegaciones se circunscriben a la Secretaría de Bienestar, por lo que los planes, programas y acciones para el desarrollo integral que deben coordinar e implementar, así como los programas que ejercen algún beneficio directo a la población que se encargan de supervisar, son los correspondientes al ámbito federal

También se declaró infundada la impugnación del artículo 21, que se había presentado.

La farmacéutica alemana Bayer impugnó la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Información del Poder Judicial disponible este miércoles reveló que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma a la Ley de Adquisiciones.

“Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión”, india el fallo con fecha del 18 de junio.

Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto pasado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales internacionales.

La reforma ha desatado polémica porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha justificado su necesidad para resolver el desabastecimiento de medicamentos, en particular de enfermedades como cáncer y VIH, que afronta el sector salud desde el inicio de su sexenio, a finales de 2018.

El mandatario ha denunciado un “sabotaje” de sus adversarios porque él ha combatido la “corrupción” en las compras, al señalar que en el sexenio pasado solo 10 empresas, “ligadas a políticos”, concentraban casi 80% de los contratos.

El gobierno de la 4T reveló en su último informe, el 27 de mayo pasado, que ha pagado 43,000 millones de pesos a la UNOPS para comprar 730 claves de medicamentos con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras.

Bayer, al igual que otras compañías, han pedido al Poder Judicial declarar inconstitucional la reforma al considerar que viola la competitividad y afecta a los consumidores.

Sin embargo, el juzgado que admitió la demanda rechazó conceder por ahora una suspensión provisional de la ley, al argumentar que el orden público y el interés social prevalecen en relación al interés particular. “Procede negar la suspensión solicitada, dado que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo”, indica la resolución.

Antes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México avaló en abril las compras de medicamentos en la UNOPS, pero solo en situaciones “excepcionales”, aunque este fallo está a revisión.

El Juzgado Cuarto fijó para el 28 de junio la audiencia incidental y para 4 de agosto la audiencia constitucional.

Sobre la falta de medicamentos,  la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que el ingreso intermitente de sales de principio activo ha ocasionado el desabasto “momentáneo” de algunos medicamentos en nuestro país.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, señaló que la pandemia por COVID-19 ha transformado las dinámicas del mercado, lo cual ha derivado en que el 8% de los insumos ha ocasionado desabastos interminetentes. “El 95% de las sales de principio activo son importadas del exterior, de naciones como la India llegan el 40% de estas sales y al haber una interrupción permea en la producción nacional”, dijo.

Agregó que la industria nacional tiene amplios estándares internacionales, lo que se refleja en una producción interna de alrededor de 5,700 millones piezas anuales de medicamentos fabricados en el país.

Aseveró que para hacer frente a los desabastos, la industria ha trabajado en conjunto con laboratorios, distribuidoras y farmacias para realizar monitoreos y determinar dónde faltan medicamentos con el objetivo de reabastecer el inventario gradualmente.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),confirmó este miércoles el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), relativo a los resultados de la última encuesta abierta para elegir a la nueva dirigencia de Morena.

Y es que luego de que se dieron a conocer los resultados de dicho ejercicio metodológico, el aspirante Porfirio Muñoz Ledo realizó la impugnación al proceso de renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, organizado por el INE.

La Sala Superior confirmó esta tarde que el acuerdo generado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE del pasado 23 de octubre, por el que se tuvieron por recibidos los resultados de la nueva encuesta por traslape de intervalos de confianza para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena.

Las magistradas y los magistrados estimaron ineficaces los argumentos de Porfirio Muñoz Ledo sobre la ausencia de reglas en materia de equidad en la contienda en el proceso de renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el tema referente a la indebida participación de las mismas casas encuestadoras en la organización de la última encuesta.

Al respecto, se consideró que son temas que la Sala Superior ya había estudiado y atendido previamente en distintos medios de impugnación.

Ante los señalamientos de un presunto uso indebido de recursos públicos en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, además de inequidad en la contienda y una afectación en sus derechos a votar y ser votado, el Tribunal dijo que Muñoz Ledo no acompañó los medios de prueba para respaldar sus afirmaciones

La presidente de México Libre, Margarita Zavala, encabezó este fin de semana la presentación del recurso de impugnación sobre la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar a la organización el derecho de constituirse como nuevo partido político nacional.

La impugnación se presenta, pues la organización asegura que cumplió con todos los requisitos legales que se le solicitaron para obtener su registro.

México Libre señala que en la resolución y determinación, el Consejo General del INE introdujo, de manera arbitraria, un criterio novedoso que no está contemplado en la Constitución general, ni en la legislación electoral, ni tampoco en la normatividad que el propio Instituto emitió a fin de regular el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos.

La organización acusó que el criterio utilizado en la resolución impugnada, además de novedoso es cuestionable en su fundamentación y en su existencia misma, ya que se creó y aplicó de manera ad hoc para “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.”.

Aseguran que se vulneró el derecho fundamental de asociación, la garantía de audiencia y los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.

La excandidata presencial explicó que “aún sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra y sabiendo que desde Palacio Nacional se persigue a quienes disentimos, fuimos cuidadosos y entregamos cada documento, cumplimos cada requisito, preferimos la transparencia y aquí lo saben”. Aún así, dijo, el INE les negó el registro en medio de una sesión pública llena de incongruencias, confusiones e inconsistencias, por lo que el resultado fue injusto.

Zavala señaló que debido a la presión mediática y política, ilegal y abusiva que el gobierno federal hace sobre las instituciones y sobre los otros Poderes de la Unión, el Consejo del INE no pudo actuar con independencia ni con la imparcialidad debida.

En su mensaje a la militancia, Fausto Barajas, coordinador nacional de México Libre, aseguró que la democracia en el país “está herida por el autoritarismo sin límite de un Presidente vengativo que usa al Estado como instrumento de su rencor”.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón denunció las presiones ejercidas en la construcción de México Libre; insistió en que hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde la Presidencia de la República.

El también integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional Fundacional de la organización, agradeció al Presidente López Obrador, ”porque con lo burdo de su ataque a México Libre y a mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando mis derechos y atropellando mis garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el financiamiento que reciben los partidos políticos”.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que aunque atenderá lo señalado en las resoluciones que un juez otorgó ayer en favor de un grupo de empresas de energía renovable, hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga en contra de ellos.

Confirmó que ayer lunes 25 de mayo, fue notificado de seis resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Las resoluciones están vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por las empresas contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y su respectivo “Anexo Único” publicado el pasado 29 de abril.

El CENACE adelantó que argumentará y demostrará ante las autoridades respectivas la falta de competencia del Juez de conocimiento, dado que se trata de un asunto Administrativo y no de Competencia Económica.

Explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra fuera de comercio según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en concordancia con los artículos 15, 16, 107 y 108 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.

Señaló también que el Juez otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el CENACE está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación en contra de la ratificación de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), por un nuevo periodo de seis años.

Las y los magistrados determinaron que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico para controvertir el acuerdo del INE, a través del cual el Consejo General del INE designó a Jacobo Molina, el pasado 6 de febrero.

Se destacó que las y los promoventes no habían referido la existencia de una afectación a sus derechos político-electorales que ameritara la intervención delTribunal Electoral para analizar la constitucionalidad del Consejo General del INE

Recordemos que cerca de 250 ciudadanos, entre los que destacaban simpatizantes de Morena, impugnaron ante la reelección de Jacobo Molina, pero ni un solo partido político acompañó dicha acción legal.

De esa manera, el Pleno de la Sala Superior declaró fundadas las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, donde alegaron, precisamente, que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico, lo que motivaba el desechamiento de la demanda y por esa razón la imposibilidad de analizar los argumentos en contra de la supuesta ilegalidad del acto.

La exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El recurso de garantías fue admitido a trámite por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que Robles quede a disposición del órgano jurisdiccional.

El magistrado Montalvo Martínez señaló como fecha para la audiencia incidental el próximo 15 de enero a las 12:15 horas.

“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020″, señala el acuerdo.

Además ordena: “Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado”.

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva para seguir su proceso.