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El combate a la corrupción fue el problema número uno que prometió abatir Andrés Manuel López Obrador. Y el fracaso ha sido tan grande, que esta semana, en la presentación de su plan anticorrupción, hasta su fiel escudera, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a reconocerlo.

“La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, dijo la candidata de Morena.

Así que seguimos con corrupción y seguimos con impunidad.

Enrique Peña Nieto fue el que dijo que la corrupción en México podía considerarse hasta un tema cultural. Ya estará en los sociólogos definir si esto es cierto o no. Lo que es evidente es que la fórmula mágica que vendió López Obrador para que México fuera otro país, uno mejor, simplemente no funcionó.

AMLO prometió que con acabar con la corrupción se tendría dinero suficiente para cubrir las necesidades del país para hacerlo uno mucho mejor. Y que para acabar con la corrupción simplemente había que barrer las escaleras de arriba para abajo. Es decir, que con que el presidente no fuera corrupto, se acabaría con la corrupción.

Cinco años después, la lista de corruptelas en este gobierno es larga, como también la cifra de lo defraudado a los mexicanos. La impunidad ha permanecido aunque se le ha agregado el componente de disfrazar de justicia lo que es meramente venganza.

Por ejemplo, lejos de haber señalado y procedido contra la corrupción que se dijo que había en el proyecto del NAIM (el aeropuerto en Texcoco) como razón para su cancelación, se prefirió encarcelar a una enemiga política del presidente, a Rosario Robles, y se hizo utilizando una licencia falsa. Nada se ha hecho en el mayor desfalco del sexenio, el ocurrido en Segalmex, bajo la batuta del amigo del presidente, Ignacio Ovalle.

Cuando habla Sheinbaum de gobiernos corruptos del pasado ¿con qué autoridad moral lo dice? Si, es vergonzoso pensar en los negocios de los hijos de Martha Sahagún, pero más lamentable es ver que seguimos igual, veinte años después, solo que ahora viendo los negocios y las frivolidades de los hijos del actual presidente.

En su plan habla de reforzar la política de contrataciones gubernamentales mediante licitación pública. Esto es un viraje 180o de lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador. Primero, porque han sido reacios (por usar una palabra amable) a la transparencia que exige el INAI. Tan es así que buscan desaparecerlo. Y segundo, en lo que va del sexenio, la opacidad en la entrega de contratos gubernamentales ha llegado al extremo de declarar obras de seguridad nacional El Tren Maya, El corredor del Itsmo y el aeropuerto de Tulum, entre otros. Así, AMLO ha evitado transparencia en los contratos y gastos de estas obras. Lo mismo que hizo cuando fue Jefe de Gobierno y clasificó los documentos sobre los costos de la construcción de los segundos pisos en la CDMX.

Cuando se le ha cuestionado sobre esta opacidad, López Obrador se justifica con el clásico de que “nosotros somos distintos; somos honestos”. Esa honestidad de la que presume el presidente ha sido insuficiente para combatir la corrupción. Su receta de que barriendo las escaleras de arriba abajo se acaba con la corrupción no ha funcionado. Tan es así que la aspirante a sucederlo ha tenido que admitir que en materia de corrupción hay una tarea pendiente, si es que ella llega a ganar en junio.

Columna completa en El Universal

Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves que México va “hacia el abismo” en materia de derechos humanos, por la impunidad que envuelve a los feminicidios, además de la militarización de la vida pública, entre otras razones.

Así lo expuso la organización en el informe ‘México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?’, que fue elaborado para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México.

Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.

Así, Amnistía subraya que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y mayo pasado, aunque pone el foco en que sólo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.

“Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios”, alertó la organización.

Además, el informe expresa preocupación por las “deficiencias” en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas.

Otro asunto en el que AI enciende las alarmas es el respeto a la protesta social, pues dijo que “las más altas autoridades”, como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “estigmatizan” la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que cuestionan las acciones del Gobierno.

También acusa al sistema de justicia penal de “mecanismo de disuasión para quienes protestan”, sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, además de que recuerda que México es “uno de los países más peligrosos del mundo” para quienes ejercen el periodismo.

Asimismo, el informe critica la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” impulsada por el Gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos: 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.

El propio López Obrador había ideado la GN como un cuerpo civil, aunque ahora su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado, y en 2022 pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló dicha transferencia.

“La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (…) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas”, asegura la ONG.

En ese sentido, Amnistía Internacional urgió al Gobierno de México a elaborar un plan para “retirar las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y administrativas” antes de 2028.

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este miércoles que de acuerdo a cifras corroboradas por su organismo, 557 periodistas han sido asesinados en el mundo en los últimos diez años en el cumplimiento de su labor.

Además, más de un millar de periodistas han sufrido prisión por realizar su trabajo y 64 se encuentran desaparecidos.

“Estas estadísticas son increíbles porque nadie que hace su trabajo debería sufrir este riesgo, especialmente en la actualidad, cuando es tan importante tener una prensa fuerte, independiente y ética” comentó en su primera reunión con periodistas en Ginebra.

“Ustedes son parte de del ecosistema democrático y es absolutamente importante preservarlo. Los periodistas están en primera línea para garantizar que la verdad y los hechos salgan a luz y esto es muy importante desde la perspectiva de los derechos humanos”, declaró.

Türk, de nacionalidad austriaca, asumió el puesto de alto comisionado el pasado mes, en reemplazo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Sobre los asesinatos de periodistas, ocho fiscales de todo el mundo reunidos por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzaron un llamado a los sistemas de justicia para que actúen “contra la impunidad” en estos crímenes.

Los fiscales, entre ellos la mexicana Laura Borbolla y la brasileña Raquel Dodge, elaboraron una lista de diez compromisos para que los ataques contra los periodistas no queden sin respuesta penal.

El llamamiento fue divulgado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora este 2 de noviembre.

A diferencia de lo expuesto por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, según datos de RSF, más de mil periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en todo el mundo desde 2010, mientras que otros 118 están desaparecidos desde 2016.

Cerca del 90% de los crímenes cometidos contra los periodistas quedan impunes, señala la Unesco.

Como ejemplo, Bernard señaló que “es habitual descubrir, como sucede en México, que el vínculo entre el asesinato y la actividad periodística de la víctima nunca ha sido objeto de una investigación seria”.

El llamamiento, que está abierto a que se sumen fiscales de todo el mundo, incluye entre sus puntos preservar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones en delitos contra periodistas, actuar de forma decidida para poner fin a la impunidad o averiguar de forma sistemática el vínculo entre el crimen y la actividad profesional de la víctima.

También incluye velar por la seguridad de los periodistas amenazados y de sus familias, proteger el secreto de las fuentes y pedir que se dote a las fiscalías de los medios necesarios para desarrollar sus investigaciones.

En nuestro país, el gobierno federal reportó la semana pasado que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va de este 2022, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones, registra un total de 18.

Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México, según un informe presentado por México Evalúa.

El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

En el informe “Hallazgos 2021” se da seguimiento y se evalúa el sistema de justicia penal del país, seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.

Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 % de los delitos investigados en el país queden impunes.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, indicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% respecto a 2020. De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR), la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

Señala que actualmente 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 “no va a detenerse” ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda”, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que “se le va a dar continuidad” a la investigación, porque “es un compromiso con los padres”, pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron”, por lo que “no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados”, tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento”, manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este martes su informe anual sobre Derechos Humanos, en el que señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México, además de que aseguró que las autoridades de  nuestro país no investigan “la gran mayoría de crímenes”.

Para Estados Unidos, la impunidad durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue siendo un “problema” que abarca a todos los delitos que se cometen en el país, incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción.

El informe señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de los crímenes violentos en México, como homicidios, torturas, secuestro, extorsiones y tráfico de personas, además de que algunas autoridades son cómplices de las bandas criminales.

“El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, indica el reporte.

Sobre la libertad de expresión en nuestro país, Estados Unidos recordó que en 2021 el gremio periodístico fue víctima de asesinatos, ataques, acosos e intimidaciones, especialmente por parte de funcionarios y del crimen organizado.

Aunque dijo que no existen restricciones para que la prensa critique abiertamente al gobierno, destaca que “los políticos desacreditan públicamente a los periodistas” que lo hacen. “Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa”, añade.

Recordemos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció en febrero pasado a través de sus redes sociales que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan eran preocupantes.

En ese momento, López Obrador respondió a Blinken que estaba “mal informado” y defendió que en México “no hay impunidad”.

A la par de la presentación del informe del gobierno de EUA, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió al gobierno de nuestro país una política de prevención de este fenómeno generalizado, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.

Según el organismo, la actuación de los militares ha sido señalada por graves violaciones a los derechos humanos.

Al presentar un informe en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, enfatizó que para empezar a combatir una impunidad que es “casi absoluta” y “estructural”, las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del estado, incluidas la complicidad u omisión, en casos de desapariciones efectuadas por el crimen organizado.

Asimismo, abogó por abandonar la “política de militarización” de la seguridad pública porque según señaló se ha demostrado “insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos” e instó a que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo civil.

Las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguen siendo la norma en México y han continuado sin cambios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).

La tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables, asegura HRW en su informe anual de 2021.

“La impunidad sigue siendo la norma. Las reformas de ley promulgadas en 2017 y 2018 han sido lentas e ineficaces para abordar la tortura y la impunidad”, indica el reporte.

El informe destaca que el presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas, desplegándolas en tareas de aplicación de la ley, en aduanas, el control de la migración irregular, ejecución de programas sociales y hasta en la construcción de megaproyectos.

“En gobiernos anteriores, dar a los militares estas tareas ha contribuido a graves encubrimientos de abusos contra los derechos humanos”, denuncia el documento en el apartado sobre los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre la migración irregular, HRW critica al presidente López Obrador por “participar activamente en las políticas migratorias abusivas” de Estados Unidos. Y señala a los cárteles criminales, delincuentes comunes, Policía y funcionarios de migración de ser quienes regularmente “atacan” a las personas que migran a través de México “para robar, secuestrar, extorsionar, violarlos o matarlos”.

El informe condena que estos delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados.

Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5.2% de los delitos cometidos en el país son resueltos. “El sistema de justicia penal habitualmente no brinda justicia a las víctimas de actos violentos, delitos y violaciones de los derechos humanos”, asegura el informe.

HRW critica también a la FGR por no haber “implementado nunca propiamente la reforma de 2018”, destinada a hacer que la oficina fuera más independiente del gobierno y más responsable con las víctimas y sus familias.

En otro de los apartados más críticos del informe, en la parte de la responsabilidad sobre el cambio climático, se señala a México como uno de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero. “México está contribuyendo a la crisis climática que está afectando cada vez más los derechos humanos en todo el mundo”.

El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado este martes por México Evalúa.

En 2019 la impunidad se situaba en un 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad.

En el informe “Hallazgos 2020” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), que no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías,

La Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.

Por otro lado, la octava edición de dicho informe también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%.  Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”.

México Evalúa también recogió que una de cada cuatro detenciones en México son ilegales.

El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. Una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia.

Además, México Evalúa detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede seguir engañando a la ciudadanía, y debe dar una explicación creíble ante el evidente acto de corrupción en que han incurrido sus hermanos, el más reciente Martín Jesús López Obrador, a quien se le ve en un video recibiendo 150 mil pesos de la mano de David León Romero.

“Ya no puede seguir diciendo que su plumaje es como de las aves que cruzan el pantano y no se manchan, su plumaje ya está muy manchado y lo está manchando todavía más su familia, a quien se niega usted a investigar”, le recriminó el perredista.

Zambrano Grijalva criticó que el Ejecutivo Federal siga argumentando que el video proviene del bloque opositor que quieren manchar su imagen. Criticó que AMLO no solicite  a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las fiscalías correspondientes que hagan una investigación a fondo.

 

Ante los dichos del presidente sobre que no es igual a los políticos de antes, Jesús Zambrano le dijo que esa idea no es creíble, pues se está demostrando que es “más corrupto que todo lo que criticaba anteriormente”.

Por su parte la bancada del PAN en la Cámara de Diputados preguntó “cuántos López Obrador se necesitan para que se investiguen sus actos de corrupción”.

Acusaron que el presidente sigue solapando los actos de corrupción al interior de su gobierno, actos provenientes de sus familiares y amigos, demostrando que es la administración de la opacidad y la complicidad, pese a que presumieron luchar contra este tipo de actos.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que primero haya sido Pío y ahora Martín López Obrador quienes aparezcan cometiendo estos actos.

Entre aportaciones al movimiento y préstamos, López Obrador justifica la corrupción entre él y sus más cercanos. Es muy grave la corrupción y el cinismo con el que miente este gobierno”, dijo el panista.

Los senadores del PAN afirmaron que la familia del mandatario está llena de corruptos que deberían estar sentados frente a un juez, y lamentaron que gocen de la impunidad que les otorga el Presidente.

El viernes pasado, Elías Montesinos Sánchez, diputado suplente en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, fue detenido y presentado ante un juez de control en el Reclusorio Sur, derivado de una investigación en su contra por el delito de violencia familiar.

El suplente del diputado local Eduardo Santillán, quien busca ser el alcalde de Álvaro Obregón, es acusado por su expareja sentimental quien ha denunciado que es víctima de violencia desde 2015; en los últimos dos años solicitó la ayuda de las autoridades a través de tres distintas denuncias.

Sin embargo, fue hasta el pasado viernes que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) actuaron y procedieron a su detención.

La denunciante acusa omisión por parte de las autoridades en torno a las denuncias que ha presentado en contra de Montesinos Sánchez, debido a los distintos puesto que ha ocupado su agresor, tales como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia en la Asamblea Legislativa; Coordinador de asesores de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia local y actualmente, Secretario De la Sala Constitucional del Poder Judicial.

“Es una persona que ejercía la violencia, aventaba cosas, me gritaba, cuando íbamos en su vehículo aceleraba y se pasaba los topes, los altos, me decía que ahí nos íbamos a morir (…) después empezó a escalar. Un día, pues… fue tanto su enojo que me soltó un primer golpe, me decía que me iba a matar”, relató la denunciante según recoge el diario Reforma.

Y aunque por meses aguantó la violencia que vivía, fue en 2019 cuando la volvió a golpear que decidió presentar la primer denuncia; debido a presiones que el presunto agresor ejerció, la víctima otorgó el perdón para que el caso no continuara su curso ante el Ministerio Público.

La segunda carpeta que existe en contra de Montesinos Sánchez se abrió el año pasado, pues estando en el centro de trabajo de su expareja, el diputado suplente la golpeó de nueva cuenta. La tercera denuncia que se presentó fue a inicios de mes, por la que el morenista fue presentado ante un juez.

“Por la reincidencia se le podía dictar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, pero el MP fue omiso en pedirla y no la quiso pedir, por ende lo dejaron en libertad”, dijo la expareja del Diputado suplente.

Se espera que sea este miércoles cuando se lleve a cabo la audiencia inicial contra Montesinos, donde el juez definirá si le vincula a proceso.

Luego de los señalamientos que hiciera su equipo legal, Rosario Robles confirmó la noche de ayer que ha tomado la decisión de acogerse a la figura de testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, indicó que sus abogados hicieron declaraciones que no fueron acordadas con ella, por lo que dijo, los ha instruido a atenerse al procedimiento judicial. Advirtió que “hablará con la verdad”.

Y es que ayer, el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en el desvío de recursos a través del mecanismo conocido como la ‘Estafa Maestra’, señalando directamente a Luis Videgaray.

El abogado indicó que por ordenes de Videgaray se desviaron fondos a diferentes campañas del PRI, como la del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia de 2015, la de Alfredo de Mazo en el gobierno del Estado de México en 2017 y la de José Antonio Meade en 2018.

“Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas” para utilizar dichos recursos en las campañas, dijo Arturo Ramírez.

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos, y se dijo abierto a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la FGR.

“El PRI de hoy está en contra de la impunidad y ratifica su compromiso a favor del combate a la corrupción, y alienta los principios de transparencia y rendición de cuentas”.

La dirigencia nacional del tricolor dijo que no existe ningún registro que indique en las campañas de 2012, 2015 y 2018 hayan ingresado recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita.

Recordó que las actividades político-electorales realizadas por los partidos políticos en México son fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades electorales.

Quien también salió a negar lo declarado por el equipo de abogados de Rosario Robles fue el propio Luis Videgaray, quien dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Videgaray Caso aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que aunque no habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, ahora que regresará en las próximas horas a nuestro país, tampoco se va a permitir que se fabriquen delitos.

“Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia”, declaró el mandatario.

Precisó que la intervención diplomática que se suscitó en torno al caso del exsecretario de la Defensa Nacional se hubiera hecho en caso de haber sido cualquier otra persona, cualquier otro mexicano, pues lo que se dejó en claro es que no se permitirá ninguna injusticia.

López Obrador sostuvo que Estados Unidos entendió muy bien que México es un país libre, independiente, soberano.

El presidente precisó que la intervención diplomática que hubo, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard no fue a a cambio de impunidad, encubrimiento o subordinación política.

En ese sentido reafirmó que las cosas han cambiado en México, por lo que se siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México ya no corresponden a la nueva realidad.

“No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, nos quedamos con la idea, además, porque los gobiernos no supieron actuar a la altura de las circunstancias, nos quedamos con la idea de que lo de afuera era lo cierto, lo justo y todo lo de México, lo de nuestro país era corrupción, impunidad, Estado de chueco, no de derecho. Eso ya pasó”.

Dijo que ahora hay moralidad en el gobierno, por lo que ahora el caso del general Salvador Cienfuegos se va a seguir en nuestro país, y será la Fiscalía General de la República (FGR), una autoridad competente y recta, quien continúe con la investigación que ya se inició.

AMLO llamó a tener confianza en la justicia mexicana, en la FGR, que dijo, actuará con apego a la legalidad y sin influyentismo.

Fue en ese momento cuando preguntó por qué tenerle confianza a un juez, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva etapa a un juez, a un fiscal en México. “Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este lunes que, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, solicitará a Estados Unidos toda la información sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Que nos permitan conocer sobre esas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas” y sólo después se abrirá una investigación en México, dijo el mandatario en la conferencia matutina.

“No podemos permitir que se juzgue a alguien si no hay pruebas sólo por razones políticas o de otra índole”, agregó. No obstante, garantizó que no se protegerá ni habrá impunidad para nadie.

Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, California y al día siguiente los fiscales publicaron los documentos con los cargos en su contra.

Los fiscales estadounidenses lo acusan de ayudar a un cártel a traficar a Estados Unidos miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a cambio de sobornos. El general tendrá su segunda audiencia mañana martes.

Según López Obrador, que supo de la investigación dos semanas antes del arresto, el grueso de la información recabada por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, salió de México aunque lo capturaran en Estados Unidos.

“Lo que no se vale es que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, saquen información y resuelven sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando”, recriminó AMLO. “Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo”.

El mandatario criticó el papel histórico que ha jugado la DEA en el país. Comentó que durante las administraciones anteriores, “estaba infiltrado el Gobierno de agencias extranjeras, que eran las que decidían en materia de seguridad y combate al narcotráfico”.
El mandatario criticó que en otros tiempos, desde Estados Unidos se introdujeron armas con sensores para detectar a las bandas delictivas. “Parece increíble el nivel de ingenuidad”, dijo en relación al polémico operativo “Rápido y Furioso”.
López Obrador recordó que el general Cienfuegos está recibiendo asistencia consultar como cualquier otro mexicano en el extranjero.

Aprovechó para defender a las Fuerzas Armadas, tal y como lo ha venido haciendo desde que se conoció la detención del ex funcionario federal, y dijo que solo él se pronunciaría sobre el tema como cabeza del gobierno federal. “Como comandante supremo yo voy a ser el vocero… para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”.

AMLO dijo que aún con lo complejo y vergonzoso del caso, se debe focalizar bien el problema, enfrentarlo y quitar el “mal”, pero siempre cuidando a la institución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que se está buscando que los detenidos por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que con esto se busca que se rompa “el pacto de silencio” que imperó en el caso.

“Se está buscando también que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio”, indicó AMLO.

Resaltó que ha habido avances en la investigación, así como órdenes de aprehensión y que algunos detenidos ya están hablando sobre lo que sucedió.

“Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y, si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal”, añadió el presidente de México.

Confirmó que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército; sobre el tema dijo que no habrá protegidos y no se tolerará la impunidad.

El sábado pasado, en el maro del sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes,  el titular de la Fiscalía General de la RepúblicA (FGR) Alejandro Gertz Manero, informó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, “cobró y robó” más de mil millones de pesos por su trabajo en el caso Ayotzinapa.

“No lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo de manera fraudulenta”, dijo el Fiscal durante su participación en la presentación del informe del caso Ayotzinapa, a seis años de la desaparición de los 43 normalistas.

El funcionario aseguró que Zerón colaboró para encubrir la participación de policías y autoridades federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Señaló que Zerón se convirtió en el vocero oficial del Gobierno federal y en el orquestador de “falsedades” incluidas en la llamada “herdad histórica”.

Gertz Manero señaló que Tomás Zerón sustrajo más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con la ayuda de otros funcionarios “cómplices” al interior de la dependencia.

El Fiscal indicó que la PGR puso a disposición del exfuncionario federal a 50 agentes policiales, demás de todo el aparato administrativo para “cuidarlo y facilitarle ese saqueo”.

Gertz Manero señaló que tras descubrirse el desvío, Zerón huyó de México a Canadá, donde fue ubicado por las autoridades mexicanas, por lo que se trasladó a Israel donde se encuentra ahora.

Adicional, el fiscal especial para el caso Igual, Omar Gómez, informó sobre la detención de Blanca Alicia “N”, ministerio público acusada de falsear la actuación del ex director de la AIC, y quien además es acusada de tortura y desaparición forzada, entre otros delitos.

Finalmente, López Obrador aseguró que se está llevando una investigación a fondo en el terreno donde se presume se quemaron a los normalistas y en otras zonas cercanas y se han estado localizando cuerpos, restos de restos humamos, en toda el área, “se han hecho muchas visitas, con equipos especializados”.

Se presentaron este miércoles los resultados de la tercera edición del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020), el cual busca visibilizar en términos cualitativos el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos como: desigualdad, corrupción y violencia.

En el IGI-2020, México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados, y aunque hubo un avance en la clasificación, nuestro país se mantiene en un nivel de muy alta impunidad.

A diferencia del IGI-2017, cuando ocupó el lugar 66 de 69, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad. En la edición de 2020, es Honduras quien tiene el nivel más alto de impunidad en la región, y es el segundo con impunidad alta en el ámbito global.

Sin embargo, se aclaró que el avance en posiciones “no significa que observemos una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos en el caso mexicano”, sino a cambios en los datos de otros países.

Precisaron que el caso de México no es el peor, pero dado su tamaño, su población y su capacidad económica, resulta “inadmisible que se ubique en una posición tan alta”, dijo durante la presentación del informe el investigador Juan Antonio Le Clercq.

El informe identificó que México solo tiene 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de la media global, que es de 17.83 jueces. Adicional, México tiene 347.76 policías por cada 100,000 habitantes, una cifra mayor al promedio. Sin embargo, “esto no se traduce en capacidades efectivas de la policía”.

El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, aseguró que detrás de la corrupción y la violencia en México está la impunidad, porque se cometen esos delitos y luego “no ocurre nada”. En 2019 se registraron un total de 34,608 homicidios y 1,012 feminicidios, una cifra sin precedentes.

“Si realmente el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere mejorar la situación de la impunidad y la  corrupción, que es su propósito fundamental, debe invertir mucho más en capacitar el sistema policial y de justicia”, opinó Derbez.

“Enfrentar los muy altos niveles de impunidad para el caso mexicano pasa, necesariamente, por mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad, así como brindar una protección más efectiva a los derechos humanos. Apostar por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, por el contrario, reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable”, detalla el informe.

La medición se divide en las siguientes categorías (se muestran los 5 primeros lugares)

  • Países con impunidad muy baja, donde se sitúa: Eslovenia (20.26 puntos), Croacia (20.46 puntos), Grecia (24.05 puntos), Bosnia y Herzegovina (25.31 puntos) y Suecia (25.94 puntos).
  • Países con impunidad baja: Portugal (33.06 puntos), Letonia (33.14 puntos), Italia (33.78 puntos), Ucrania (33.84) y España (34.81 puntos).
  • Países con impunidad media: Dinamarca (38.82 puntos), Costa Rica (39.51 puntos), Estados Unidos (40.21 puntos), Barbados (40.48 puntos) y Georgia (40.51 puntos).
  • Países con impunidad media-alta: Kosovo (47.69 puntos), Palestina (47.79 puntos), Liechtenstein (47.83 puntos), Camerún (47.87 puntos) y Ecuador (48.17 puntos).
  • Países con impunidad muy alta: Guatemala (49.66 puntos), México (49.67 puntos), Kirguistán (51.80 puntos), Nepal (51.94 puntos) y Guyana (52.07 puntos).

Los tres países que ocupan los últimos lugares son: Marruecos (58.04 puntos), Honduras (59.69 puntos) y Tailandia (62.82 puntos).