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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que durante los meses que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha habido un «enorme cambio» en el combate a la corrupción.

«Las cosas han cambiado y el mensaje es muy claro: no vamos a tolerar la corrupción ni la impunidad, eso incluye nombres como que Lozoya comparezca ante los tribunales y que se resuelva conforme a derecho», dijo Nieto en entrevista con El Universal.

El funcionario aseguró que es notable el cambio que se ha visto en el país, pues lamentó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto «no pasó absolutamente nada» en materia de combate a la corrupción».

Sobre el caso de Rosario Robles, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde el pasado martes, Nieto aseguró que el dicha medida cautelar es derivado de sus actos, más no de una persecución política o venganza como se ha señalado.

Indicó que lo que se busca es el cumplimiento de las normas del Estado constitucional de derecho y que los tribunales resuelvan, como en cualquier sociedad democrática.

Advirtió que desde la UIF seguirán trabajando y presentando denuncias para que ningún caso de corrupción quede sin castigo. Entre los casos a los que buscan dar fin es la intromisión de la iniciativa privada en los procesos electorales, pues explicó que empresarios suelen financiar campañas para recibir favores futuros; también menciona la participación de grupos delincuenciales en campañas electorales.

El diputado Antonio Ortega Martínez  del PRD aseguró que el proceso legal en contra de Rosario Robles representa una eventual fractura en el pacto de impunidad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su antescesor, Enrique Peña Nieto.

“No me canso de confirmar que se quiere fortalecer el pacto de impunidad que establecieron el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente, Enrique Peña Nieto para ayudarse mutuamente: uno, para ser beneficiado políticamente para llegar a la presidencia y el otro, para garantizar impunidad después de su gestión”, indicó el legislador.

Ortega Martínez lamentó que no haya un solo funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que haya alzado la voz para manifestar con su dicho su inconformidad.

Sostuvo que la “Estafa Maestra” ha sido ampliamente documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí, hay un desfalco de cerca de siete mil millones de pesos al erario público, (de) quiénes, esa es la responsabilidad del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), de escudriñar mediante el juicio, encontrar a los responsables y culpables, y castigarlos, sin duda, con toda la firmeza y fuerza de la ley”, apuntó.

Comentó que la queja que el abogado de Robles Berlanga estableció es que “se aplicó la norma en exceso», bajo el dicho de que como no es un delito grave el ejercicio indebido de la acción pública, ella debe llevar su juicio en libertad.

Respecto de la propuesta del diputado Mario Delgado para que se aplique la figura de Extinción de Dominio sobre los bienes de Rosario Robles, Ortega Martínez recordó que su bancada votó en contra de esa ley por ser violatoria de los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Adelantó que su grupo parlamentario presentará en septiembre, una reforma a dicha Ley en materia de presunción de inocencia y de embargo de bienes de personas no declaradas culpables, a fin de que no sean enajenados.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la vinculación a proceso de Rosario Robles y la medida de prisión preventiva que se le impuso.

AMLO señaló que es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público; dijo que de acuerdo al procedimiento, se tiene que llevar a cabo un juicio, ya que hay un término legal para ver si procede algún amparo.

Sobre que los argumentos de la defensa, que vincularían en el caso al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario José Antonio Meade, AMLO dijo que su posible involucramiento será también parte de la investigación y el juez es quien decidirá.

«Estamos ante dos instancias autónomas, independientes, primero la fiscalía, el ministerio público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo, esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo, ahora se trata de una institución autónoma, independiente», expuso el mandatario.

Indicó que en los ocho meses que lleva al frente del gobierno ha visto una o dos veces al fiscal, además de que dijo, nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utiliza «palomas mensajeras» como se hacía antes; reiteró que el fiscal es autónomo completamente.

Ante la insistencia de la prensa, AMLO dijo que el proceso contra Rosario Robles no es un asunto que le competa, pues dijo, «tampoco soy Poncio Pilatos». Enfatizó que de acuerdo a los términos legales, el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, o cual es el desahogo de la investigación.

Finalizó indicando que el logro que tendría el proceso contra Rosario Robles sería que no haya impunidad y que exista un auténtico Estado de derecho.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que desde el Congreso buscarán acelerar la resolución de la demanda de juicio político en contra de Rosario Robles, exsecretaria federal, por su probable participación en la llamada “Estafa Maestra”, por la cual se desviaron miles de millones de pesos.

«Desviaciones tan claras, robos tan claros, como los que vimos en la estafa maestra no pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política», indicó Delgado.

Y es que el lunes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, fuese vinculada a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público y citada a comparecer el próximo 8 de agosto ante un juzgado federal.

Delgado Carrillo aseguró que el caso de la “Estafa Maestra” se documentó perfectamente por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y se señaló cuáles secretarías estaban involucradas, por lo que “hay que apoyar lo que está haciendo la Fiscalía”.

En una breve conferencia en el marco de la Comisión Permanente, el morenista aprovechó para referirse a las reformas al Código Penal de Tabasco en materia de bloqueos y manifestaciones, conocida como #LeyGarrote; rechazó que estas modificaciones vayan en contra del libre tránsito y expresión.

“De ninguna manera está penalizando la libre manifestación y tránsito, pero cuando hay extorsión sí se está tipificando como delito, pues Tabasco ocupa uno de los primeros lugares en este ilícito”, indicó.

ALEJANDRO HOPE

EL UNIVERSAL

 

El 4 de junio, al salir de su universidad, Norberto Ronquillo fue secuestrado en el sur de la Ciudad de México. Sus familiares pagaron el rescate convenido con los plagiarios, pero no fue suficiente: su cadáver apareció cinco días después en un lote baldío ubicado en Xochimilco.

¿Quién lo mató?

Lo mataron unos desalmados, de nombre aún desconocido, crueles y estúpidos, probablemente primerizos en el negocio del secuestro, incapaces de entender códigos mínimos de decencia que rigen hasta en el submundo criminal.

Lo mató la impunidad estructural que campea en México, la realidad de que siete de cada ocho homicidios dolosos no se castigan y que eso significa que no hay mucho riesgo adicional por matar para el que roba, extorsiona o secuestra.

Lo mató la subinversión crónica en la procuración de justicia: en la Ciudad de México, el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia creció apenas 7%, descontando el efecto inflacionario, entre 2014 y 2018. Y para 2019, se le aplicó un recorte de 2.5% en términos reales.

Lo mató el abandono de la política antisecuestros. Desde noviembre, la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), sectorizada ahora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha mantenido sin titular, atendida por un encargado de despacho. Asimismo, le aplicaron un recorte presupuestal de 24% en términos reales. Y algo similar sucedió en la ahora Fiscalía General de la República: a la unidad antisecuestros le asignaron 22% menos presupuesto que en 2018.

Lo mató la (bien ganada) desconfianza de la población en sus autoridades y el temor de los ciudadanos a presentar una denuncia. Según se ha informado, la familia de Norberto sí realizó una denuncia, pero se resistió a recibir asistencia de la Procuraduría en la negociación con los secuestradores. Ese recelo es compartido por buena parte de la ciudadanía: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), 73% de los capitalinos sentían en 2018 mucho o algo de desconfianza hacia la PGJ. Asimismo, 85.4% de los entrevistados en la Ciudad de México percibían a la institución como corrupta y 72% la consideraban poco o nada efectiva.

Lo mató la ausencia de una política específica de combate al homicidio tanto en el país como en la ciudad. La Ciudad de México tenía en 2017 solo 6 agencias especializadas en atención al delito de homicidio (con solo 43 agentes del Ministerio Público). Los servicios periciales de la Procuraduría están rebasados, al igual que la policía de investigación. Asimismo, no se ha incorporado el análisis de datos georreferenciados (que puntualmente hace públicos la admirable Agencia Digital de Innovación Pública) a la práctica cotidiana de la policía y la Procuraduría en la capital.

Lo mató la ausencia de protocolos adecuados de búsqueda de personas. El protocolo homologado de búsqueda de personas tendría que haberse aprobado el año pasado, de acuerdo a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero es fecha que no ha sido publicado.

Por último, lo mató nuestra indiferencia y nuestra tolerancia como ciudadanos a todo lo anterior.

 

alejandrohope@outlook.com. @ahope71

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno «va a cumplir en todo con los padres y madres de los niños de la guardería ABC, para que no haya impunidad».

El mandatario dijo que en la reunión que tuvo ayer con los padres se comprometió a hacer un respetuoso llamado a la fiscalía General de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con apego a la ley atiendan lo relacionado al caso de la muerte de 49 niños, hace 10 años, en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

“Que con apego a la ley se pueda llevar a cabo la investigación o lo que falta de investigar y sobre todo que no haya impunidad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Estoy seguro, agregó, que van a atender este llamado respetuoso que hacemos desde el Ejecutivo.

«Es un compromiso para que no haya impunidad y haya justicia», dijo el Presidente López Obrador.

El presidente se reunió anoche con los padres de las víctimas, al cumplirse una década de la tragedia.

De acuerdo con un análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 a la fecha, en México han asesinado a 148 periodistas, de los cuales siete han sido victimados en los primeros meses de 2019, lo que ha colocado al país como el primero de Latinoamérica en homicidios a este gremio.

En cerca del 90% de los casos de asesinatos a periodistas existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006, respectivamente.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que dichas cifras sustentan y justifican que se considere el ejercicio de la actividad periodística como de alto riesgo en todo México.

Las entidades con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente nacional de la CNDH destacó que la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de la misma con seguridad.

Recordó que los estándares internacionales sobre libertad de expresión ponen énfasis en la creación de un entorno adecuado para que periodistas y medios de comunicación realicen sus actividades con plena libertad.

Para ello, dijo la CNDH, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con estas libertades básicas al promover el debate público, con el respeto al disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sentenció que no habrá impunidad en el caso del hijo de Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder sindical de los mineros, al que se señala de supuestamente haber engañado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 11 años.

“No hay impunidad, cero impunidad sea quien sea, ni hermanos del presidente, ni hijos del presidente tienen impunidad, el que cometa un delito es castigado, sea quien sea, cero corrupción. De modo que hay denuncia o por oficio se tiene que llevar a cabo la investigación”, señaló.

En 2007 Alejandro Gómez Casso habría suplantado su propia identidad para obtener por parte del fisco la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

De acuerdo con una investigación realizada por el diario Reforma, el hijo del hoy senador envió en diciembre de ese año a las oficinas del SAT a una persona para hacerse pasar por él y así evitar ingresar a México, donde su padre era requerido por las autoridades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó de una nota que publicó este viernes el New York Times (NYT) en la que aseguró que el país que está construyendo AMLO se parece mucho al que prometió dejar atrás durante su campaña presidencial.

En la nota, titulada «¿Una nueva revolución? México sigue esperando mientras AMLO cumple casi medio año gobernando», se refiere que a pesar de que AMLO prometió acabar con la corrupción, su gobierno no ha hecho pública ninguna persecución contra exfuncionarios mexicanos que han sido señalados en los medios por cometer actos de corrupción.

«Más allá de eso, durante los primeros tres meses del gobierno de López Obrador, el 70% de los contratos otorgados se hicieron vía directa, sin una licitación competitiva, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la impunidad», detalló el diario.

El periódico internacional también hizo una crítica respecto a la seguridad, pues mientras en campaña prometió quitar a los militares de las calles, una vez que asumió el poder, según el NTY, «terminó por garantizar el papel del ejército en la seguridad nacional, mientras que las tasas de homicidios en México alcanzan sus mayores niveles en más de dos décadas».

Y este viernes, al ser cuestionado sobre la publicación del New York Times, López Obrador señaló:

«Tienen todo el derecho de expresarse, yo no comparto ese punto de vista aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso porque se ha avanzado mucho, el día primero de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando. Pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, imagínense lo que significa decir que se acaba la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno», afirmó AMLO.

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el gobierno sigue estando por desgracia, lleno de prácticas de corrupción.

Afirmó que dichas prácticas vienen de tiempo atrás, y acusó que el periodo del neoliberalismo se convirtió en sinónimo de robo y de corrupción.

“El gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción. Entonces, estamos limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción con el apoyo de todos”, insistió.

Enfatizó que se garantizará que en todas las oficinas públicas no exista corrupción e impunidad, y advirtió a los que extorsionan, los delincuentes, que durante su gobierno no va a haber tolerancia.

En ese sentido dijo que su gobierno no se va a cansar de dicha lucha, pues ha quedado demostrado que son muy perseverantes, “muy tercos. Ya dijimos, se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr”.

Resaltó que la lucha contra la corrupción no es discurso, retórica o algo pasajero, sino que es la principal tarea del gobierno de la República.

“Decirles a los extorsionadores, a los malandrines que se hacen pasar como servidores públicos, como funcionarios y son vulgares ladrones, que no va haber tolerancia, que lo vayan pensando, que puede ser que les dure esa práctica un mes, dos meses, pero no más tiempo, van a ser despedidos”, remató.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Plan de Bienestar llegó para dar opciones a los pobladores de los municipios por donde pasan los ductos de Pemex, y no tengan necesidad de hacer actividades ilícitas y peligrosas como lo es el huachicol.

AMLO indicó que algunos mexicanos, por falta de empleo, por la pobreza y por la falta de oportunidades tienen que recolectar gasolina con recipientes; les hizo un llamado a que no participen en dichas actividades.

Dijo que una de las prioridades de su gobierno es dar opciones a la gente para que quienes lucran con esta actividad no tengan bases sociales, que no tengan protección de las comunidades, pues reconoció en que varios casos, las mismas comunidades encubren a los huachicoleros.

“Son dos cosas distintas: el que lo hace por necesidad, porque tiene que recoger 20 litros de gasolina para venderlos y sobrevivir; y el que tiene ya toda una red de robo de combustible, incluso con pipas, para lucrar, para obtener recursos”, enfatizó el mandatario.

López Obrador finalizó indicando que no habrá marcha atrás en el combate al robo de combustibles, y reiteró que se va a acabar con dicha práctica; «se va a limpiar de corrupción al gobierno y se va a terminar la impunidad».

 

La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, exigió al gobierno federal investigar a fondo al ex presidente Enrique Peña Nieto y a algunos integrantes de su gabinete por las acusaciones de que presuntamente recibió sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Las reiteradas acusaciones de que el presidente Enrique Peña Nieto recibió sobornos de ‘El Chapo’ no se deben dejar pasar y deben ser investigadas a fondo por el gobierno federal”, dijo la legisladora.

La perredista exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a retirar “el manto de impunidad” que colocó sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto; pidió que se investigue no sólo el presunto soborno millonario, sino todos los escándalos de corrupción durante la administración pasada.

Dijo que sostener el “borrón y cuenta nueva” será cada vez más difícil para López Obrador porque en todos lados están surgiendo evidencias claras de las prácticas de corrupción en las que incurrieron el propio ex mandatario y altos funcionarios de su gobierno.

 

Al participar en la inauguración de los trabajos conmemorativos con motivo del Día Internacional contra la Corrupción 2018, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, reiteró la voluntad del nuevo gobierno de México para enfrentar la corrupción que dijo, tanto daño hace al país.

Sandoval refrendó el compromiso del gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones y compromisos establecidos en las diferentes convenciones internacionales en materia de combate  a la corrupción.

Al asegurar que “la corrupción estructural es una forma específica de dominación social, sustentada en una diferencia de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía”, la funcionaria indicó que se acabará con dos asuntos que han sido engranajes de la corrupción estructural en nuestro país: el clientelismo y el corporativismo.

Dijo que tampoco se tolerará la simulación ni se permitirá nada que dañe el Estado de Derecho.

La colaborador de AMLO lamentó que de acuerdo a información de transparencia internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países evaluados en el Índice Global de Corrupción. «México se encuentra en la penosa posición de ser el número 135, en un total de 180 naciones. Esto lo vamos a revertir trabajando en equipo, con la sociedad, con el gobierno y con los ciudadanos».