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El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que desde 2010, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha ordenado la apertura de información sobre la condonación y cancelación de créditos fiscales.

“La primera resolución del IFAI que ordena la apertura de esta información data del 2010 y, a partir de la  configuración del Pleno del INAI como órgano constitucionalmente autónomo, todas sus resoluciones han sido por la publicidad de la información”, enfatizó durante su participación en la mesa “Transparencia y regulación de los créditos fiscales”.

Dicha declaración llega luego de que en diversas ocasiones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusara que el propio INAI había reservado dicha información.

Salas Suárez destacó que el argumento central de las resoluciones ha sido que, aun cuando existe la obligación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por resguardar la información de los contribuyentes, la condonación de créditos fiscales constituye un beneficio e implica un gasto público que debe ser reportado.

“De esta forma, la condonación concierne a toda la ciudadanía, en tanto que, por disposición constitucional, todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Por tanto, es de interés público conocer cómo se dieron las condonaciones y los beneficiarios de un gasto fiscal que el Estado dejó de percibir y que, como tal, afecta a la sociedad mexicana en general”, expuso.

El Comisionado del INAI señaló que, si bien la Ley General de Transparencia, vigente desde 2015, establece como una obligación hacer público el nombre, montos, razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, persisten amparos promovidos por particulares para evitar que el SAT difunda información de años anteriores, por lo que confió en que pronto el Poder Judicial resuelva y la sociedad pueda acceder a esos datos.

Y es que el pasado miércoles, el presidente López Obrador envió una iniciativa de Ley, con el fin de modificar el primer párrafo del artículo 28 constitucional de la siguiente manera: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicitó a la Marina informar cuánto dinero recibió de los estados entre 2007 y 2019 por monto, mes y año.

El comisionado del INAI, Joel Salas, dijo que esto contribuye a la transparencia de los recurso públicos.

Luego de que un particular solicitó a al Secretaría de la Marina (Semar) esta información, la institución contestó que no recibe dinero de las entidades por lo que no tiene obligación de contar con esa información ni es necesario que su Comité de Transparencia dé una resolución.

Sin embargo, el solicitante se inconformó con la respuesta y presentó un recurso de revisión.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Presidencia de la República a informar cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el Presidente para su traslado de su casa a Palacio Nacional y viceversa, y los utilizados en sus giras en el país.

Dentro de la petición que se presentó por un particular, explicó el comisionado Oscar Guerra Ford, se desea conocer a cuánto ascienden los gastos de mantenimiento mensual de esas unidades automotores, con qué partida presupuestal se cubren, cuánto costaron los vehículos y cuál es el gasto promedio mensual en gasolina.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó al respecto.

Indicó que “nada más los Jettas” son los que ocupa para trasladarse cuando se encuentra en la Ciudad de México, y cuando sale a provincia, utiliza camionetas ya que cuentan con un equipamiento mayor para la carretera.

Al ser cuestionado sobre a quién pertenecen los autos, AMLO dijo que desconocía tal información pese a que cuando presentó su declaración patrimonial había comentado que los Jettas pertenecían a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, aunque en su declaración no los menciona.

“No sé exactamente a nombre de quién están, pero hoy lo informamos. Esos son los vehículos, los Jettas, y me siento muy bien con los Jettas”, señaló el mandatario.

Como se ha hecho costumbre, López Obrador prefirió “cambiar” de tema, al decir que en línea con la austeridad que se vive en el gobierno, se vendieron muchas camionetas que se tenían, pues “había como 50 camionetas”, algunas las calificó como “machuchonas”, pues dijo que de los lujos que tenían, hasta pena le daría subirse.

 

Lo reportado por Beatriz Gutiérrez Müeller

Inmuebles

  • Un terreno de 114 metros cuadrados en San Andrés Cholula, Puebla, con valor de 74,846 pesos.
  • Un terreno de 199 metros cuadrados en Ocoyucan, Puebla, con valor de 842,891 pesos.
  • Un departamento en la capital poblana de 121 metros cuadrados y con valor de 1.6 millones de pesos.
  • Un departamento en la Ciudad de México con valor de 2.7 millones de pesos.

Otros bienes

  • Una camioneta Tiguan de Volkswagen, año 2018, con valor de 353,000 pesos producto de una cesión.
  • Un auto HR-V de Honda, año 2016 adquirida a crédito con un valor de 292,900 pesos.
  • Joyas (anillos, aretes y collares) por 100,000 pesos.
  • Cuadros y esculturas por 300,000 pesos.
  • Menaje de casa por 350,000 pesos.

Cuentas bancarias

  • Una cuenta en Banorte con un saldo de 1.4 millones de pesos.
  • Una cuenta en Bancomer con un saldo de 5,000 pesos.
  • Una cuenta en Santander con un saldo de 50,000 pesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Turismo (Sectur) dar a conocer los documentos que funden y motiven la adjudicación directa para los estudios de factibilidad del proyecto del “Tren Maya”, precisando las empresas beneficiadas, los montos a pagar, los entregables y las fechas de entrega de cada uno de los estudios y servicios contratados.

El comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, destacó que toda la información que se genere en torno a este proyecto debe transparentarse y poner a disposición de la población, como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, que permita la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones.

“Conocer los impactos ambientales y los estudios de factibilidad respectivos, permiten valorar los posibles deterioros y consecuencias de orden ambiental. Tan relevante es ello que, hace tan sólo unos días, escuchamos en los medios de comunicación, que se suspendió la obra del aeropuerto en Santa Lucía, por un Juez de Distrito, ante la presentación de un juicio de amparo que puso en conocimiento la falta de garantías medioambientales para la realización de ese proyecto”, enfatizó.

Y es que un particular presentó ante la Sectur una solicitud para conocer dicha información, por lo que la dependencia se declaró incompetente, por lo que le orientó a remitir su requerimiento ante la Unidad de Transparencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, o a su filial Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.

Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual impugnó la incompetencia aludida.

Sin embargo, el INAI procedió a analizar el caso y resolvió que la Sectur resulta competente para conocer lo solicitado, toda vez que mantiene una competencia concurrente con otra u otras autoridades.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informar sobre el ajuste que realizó en su personal y los despidos que efectuó.

Se le instruyó a entregar versión íntegra de los documentos que sirvieron de base para analizar el reajuste efectuado a su estructura organizacional, con el fin de evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia de sus unidades administrativas.

Fue el comisionado Joel Salas Suárez quien presentó el caso ante el Pleno, quien refirió que en los primeros tres meses del nuevo gobierno más de 5 mil empleados de 17 dependencias federales fueron separados o renunciaron a sus cargos; destacó que tan solo en el SAT fueron despedidos alrededor de 2 mil empleados de oficinas locales.

“Las personas afectadas por los recortes, ya sea porque renuncian a su puesto o le reducen el sueldo, tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la sospecha de arbitrariedad, o bien, de improvisación”, subrayó el comisionado Salas.

Y es que un particular solicitó conocer el análisis del reajuste propuesto por las Administraciones Generales del SAT a las distintas unidades administrativas con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones.

En respuesta, el SAT indicó que no contaba con un análisis organizacional de manera literal, sólo con los documentos que sirvieron de base para dicho propósito; sin embargo, los reservó por un periodo de un año. Ante dicha respuesta, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

Los comisionados del INAI concluyeron que la reserva de los documentos no es procedente, y que dar a conocer la información no afecta la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso correspondientes al SAT, en su calidad de autoridad responsable en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre el caso de la lista que se reveló la semana pasada respecto a los 36 periodistas que recibieron dinero de parte del gobierno federal anterior correspondiente a gastos de publicidad.

AMLO señaló que lo que la Presidencia hizo fue responder a una solicitud que recibieron sobre los gastos de publicidad, de manera particular la lista de los que estaban cobrando.

Dijo que su gobierno está en la mejor disposición para aclarar la información y en caso de que se haya cometido alguna injusticia, lo reconocerán y tendrán la capacidad de rectificarlo.

“Estamos en la mejor disposición de hacerlo y de ofrecer disculpas, en el caso de que se haya cometido una injusticia”, dijo AMLO en relación a los señalamientos que se han hecho por parte de diversos periodistas acerca de que fue un error haberlos incluido, ya que: o no recibieron dicho recurso o no de forma personal como se indicó.

López Obrador insistió en que ellos no filtraron la lista a la prensa, sino que ellos cumplieron con entregar la información al INAI. Recordó que incluso él había sostenido que no le parecía adecuado dar a conocer la lista de forma directa, pues se prestaría para que sus detractores acusaran que el gobierno recurría a la intimidación de periodistas o de atentar contra la libertad de expresión.

El presidente adelantó que ante el reclamo de que por qué no se dio a conocer la información de todo el gasto de publicidad que hizo el gobierno de Peña Nieto, que ascendió a 10 mil millones de pesos, dijo que este martes se entregó toda la información al INAI.

“El INAI va a decidir qué hacer con esa información”, remató.

Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), rechazó que hubiera alguna filtración por parte del INAI o de la Oficina de la Presidencia de la lista de periodistas que recibieron recursos públicos difundida la semana pasada, porque esa información, dijo, estaba en manos del solicitante desde el jueves por la mañana.

“Hay que decirlo con plena claridad, nunca existió una filtración por parte del INAI ni de la Oficina de la Presidencia. La información se encontraba en manos de la persona que la solicitó desde el jueves 23 de mayo, a las 10:04 horas. La falta de pulcritud en la comunicación institucional, considero, llevó al INAI a crear un problema en donde no lo había y lo metió en una confrontación política, desde mi perspectiva, innecesaria”, dijo Salas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comisionado del INAI señaló que la ponencia que llevaba el caso prefirió no informar sobre esta situación al resto de los equipos de los comisionados.

“Fue hasta el mediodía del viernes 24 de mayo, que algunos comisionados nos enteramos que el INAI había recibido la lista de periodistas que un diario de circulación nacional hizo pública la noche anterior”, explicó Joel Salas Suárez.

Además, afirmó que hay dos omisiones que consideró como graves en este hecho, porque puede generar una condición de opacidad: se ocultó información a algunos integrantes del tema para la toma de decisiones, y la comunicación institucional no tomó en consideración toda la información sobre publicidad que ya se encontraba en posesión del INAI.

Una semana más llegó a su fin, y por eso te presentamos el recuento de las noticias que ocuparon los principales titulares en nuestro país.

LUNES

El diario El País difundió la investigación sobre el presunto conflicto de interés en que incurre el empresario Carlos Lomelí, excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

MARTES

Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó al Consejo Técnico su renuncia al cargo.

A través de una carta, Martínez señaló que quería hacer unas manifestaciones, que pedía quedaran íntegras: el IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

MIÉRCOLES

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Zoé Robledo como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El anuncio se da luego de que Germán Martínez presentara su renuncia como director del IMSS.

Robledo se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. «Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar como director», dijo AMLO.

JUEVES

La Cámara de Diputados aprobó los cuatro dictámenes a las minutas sobre las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional.

Según lo expuesto en tribuna, el apoyo llega pues las leyes reafirman el carácter civil de la institución, establecen sus funciones y objetivos, protegen los derechos humanos, regulan el uso de la fuerza y crean el registro de detenciones.

Tras aprobarlas, las leyes fueron remitidas al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

VIERNES

Luego de que la lista de periodistas favorecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con cifras de dinero muy elevadas fuera entregada por Presidencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información fue dada a conocer por Grupo Reforma.

De acuerdo con la lista, el monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de 1,081 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, comunicación y “otros servicios”.

Tras darse a conocer la lista de periodistas que recibieron dinero de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto por concepto de publicidad oficial y “otros servicios”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) negó haber sido el responsable de dicha filtración.

“En apego a las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública bajo las que se rige, informa que no se ha difundido ninguna información relativa al recurso de revisión RRA 2076/19, que permanece en vías de cumplimiento ni de cualquier otro recurso en substanciación”, expuso el INAI en un comunicado.

Reiteró que se sigue el proceso de revisión de la información que proporcionó la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que hasta el momento no se puede determinar que la información esté completa ni que sea exacta.

Al respecto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él tampoco difundió la lista, y dijo que su gobierno sólo respondió a la solicitud que le hizo el INAI.

“Bajo palabra de decir la verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quiénes recibían estos apoyos para trabajos informativos, sino que tuvo que ver con otras dependencias que dieron a conocer los nombres”, dijo AMLO.

Al negar ser los responsables las dos oficinas que tuvieron acceso a la información, mucho se ha hablado de quién estaría detrás de dicha filtración.

Muchos analistas han mencionado en redes sociales que la lista no fue una sorpresa, pues la información se encontraba disponible en Compranet, la página del gobierno encargada de transparentar los contratos del gobierno.

Sin embargo, el periodista Federico Arreola abrió otra posibilidad que en redes ha tomado fuerza.

“Resulta verdaderamente lamentable, presidente López Obrador, que no dieras a conocer la publicidad que el gobierno de EPN compró en Grupo Reforma: alrededor de 300 millones de pesos”, dijo Arreola en su carta/respuesta al presidente.

Y es que recordemos que en los últimos días el tema del juicio contra Keith Raniere, fundador del grupo de autoayuda NXIVM, y que habría dado cabida a una secta que esclavizaba a mujeres y las marcaba con las iniciales KR, obligando a algunas a tener relaciones sexuales con él, ha involucrado a la hija del dueño de Reforma.

Lo que hasta ahora se sabe es que Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, era la propietaria de una casa en Nueva York, cede de NXIVM, en donde presuntamente reclutaban a mujeres y en donde eran fotografiadas desnudas por Raniere.

Usuarios de las redes sociales apuntan a que Reforma filtró el documento, que pudo haber obtenido de fuentes del gobierno o bien, armarla a partir de la información disponible en Compranet para desviar la atención de lo relacionado con NXIVM.

Luego de que la lista de periodistas favorecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con cifras de dinero muy elevadas fuera entregada por Presidencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información fue dada a conocer por Grupo Reforma.

“Ayer se entregó toda la información de periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados por la información que difundían”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina de ayer.

De acuerdo con la lista, el monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de 1,081 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, comunicación y “otros servicios”.

Según el reporte, el que más recursos obtuvo fue Joaquín López Dóriga, que con cuatro de sus empresas acumuló 251 millones 481 mil pesos.

Le siguió Federico Arreola, que recibió a través de su Periódico Digital Sendero, 153 millones 578 mil 253 pesos.

En la tercera posición está Enrique Krauze, que con editorial Clío y su revista Letras Libres, obtuvo del gobierno de Peña Nieto 144 millones 80 mil 995 pesos.

Le sigue en la lista: Óscar Mario Beteta con 74 millones 571 mil 100 pesos, Beatriz Pagés con 57 millones 204 mil 346 pesos, Callo de Hacha con 47 millones 389 mil 112 pesos.

Otros de los muchos nombres que aparecen son Raymundo Rivapalacio que habría cobrado 31 millones 138 mil 703 pesos; el principal ‘hater’ de López Obrador, Ricardo Alemán con 25 millones 851 mil 109 pesos; y Adela Micha con 24 millones 365 mil 501 pesos.

Esta es la lista completa:

Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a la Presidencia de la República informar los nombres de las personas físicas y morales de los medios de comunicación contratados por concepto de publicidad, entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de enero de 2019, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien fijó postura esta mañana.

Pese a que fue él quien aseguró, en repetidas ocasiones, que se tenía un informe con los nombres de los periodistas que recibían dinero del gobierno etiquetado como compra de publicidad, pero que en muchos de los casos se trataba del llamado “chayote”, AMLO prefirió aventar la bolita.

“Tengo entendido que nos están solicitando de parte de transparencia el que se entregue la información. Se va a hacer. Nosotros no vamos a darla a conocer, se va a entregar a Transparencia y ellos van a decidir”, indicó el mandatario.

López Obrador señaló que todavía no concluye el plazo que el INAI les dio para entregar la información, pues recordó que el término de ley que se les dio fue de 10 días. Afirmó que se está recabando la información para ser entregada la próxima semana.

AMLO fue cuestionado sobre si no debía ser él o el área de comunicación social de la presidencia la que diera a conocer la información; “Sí, es una delicadeza de nuestra parte, lo asumo, para que no se polarice este tema”, señaló.

El presidente aclaró que como parte del informe que se entregará al INAI hay datos correspondientes a la compra de publicidad, por lo que aclaró “no todo es dinero entregado para comprar lealtades, conciencias, no todo es, como se dice coloquialmente, chayote, es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad”.

El comentario de AMLO, a diferencia de lo expuesto con anterioridad, pareció un intento por suavizar las acusaciones que ha lanzado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe entregar versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Karime Macías, según instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que dicho caso involucra el interés público de conocer información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio de recursos públicos.

Ibarra Cadena señaló que cualquier persona, al hacer uso del derecho a la información, cuenta con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos.

Y es que un particular solicitó que la SRE le informara si el gobierno de México ya solicitó formalmente al gobierno del Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, derivado de la orden de aprehensión que un juez penal del estado giró en su contra.

La solicitud detallaba que en caso afirmativo, deseaba conocer la fecha de la solicitud y el estado en que se encuentra; y en caso, negativo, las razones por las cuales no se ha presentado.

Sin embargo la SRE, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición ya que alegó que podrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona indicada por el solicitante.

Luego de un análisis, “concluimos que la difusión de la información solicitada favorece la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado en la solicitud de extradición de la persona de mérito”, subrayó la comisionada.

Por lo anterior, el Pleno de INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la SRE para que proporcione la versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición y su anexo en la que no podrá proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición; los fundamentos legales; los datos de identificación de la orden de aprehensión y los datos con las penas que le pudieran ser aplicables y prescripción de los tipos penales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó un recurso de revisión presentado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra para que la oficina de la Presidencia de la República dé a conocer los nombres de los periodistas y medios que recibieron recursos de publicidad oficial de 2012 a la fecha.

En la sesión del Pleno del INAI de este miércoles, los comisionados resolvieron el recurso de revisión número RRA 2076/19 interpuesto en contra de la Presidencia de la República, en seguimiento de la solicitud de información de un ciudadano que pidió hacer públicos los nombres de las personas físicas y morales que obtuvieron dinero del gobierno federal, como parte de la contratación de publicidad.

En una primera instancia, el sujeto obligado, la Presidencia, declaró la inexistencia de dicha información, por lo que el solicitante presentó un recurso de inconformidad ante el INAI, que en la sesión de esta mañana «revocó» la respuesta proporcionada por el gobierno federal e instruyó dar a conocer los datos requeridos.

En entrevista con Radio Fórmula, el comisionado presidente del INAI, Francisco J. Acuña, aclaró que todos los gobiernos democráticos tienen partidas presupuestarias destinadas a la contratación de empresas periodísticas y mediáticas. En ese sentido, Acuña aclaró que se trata de una práctica válida y legal conforme a la ley, y que la información a revelarse es general, y no sólo en términos de «chayote», como se conoce a la supuesta entrega de recursos para que comunicadores defiendan de manera incondicional las acciones de los gobernantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plazo de 10 días hábiles para cumplir con el requerimiento del órgano de transparencia.

Y es que ayer, el mandatario federal aseguró que los comunicadores que difundieron la versión sobre la supuesta renuncia de Alfonso Romo a la Oficina de la Presidencia de la República, son los mismos que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto recibieron dinero público de forma indiscriminada.