Tag

INAI

Browsing

Una semana más llegó a su fin, y por eso te presentamos el recuento de las noticias que ocuparon los principales titulares en nuestro país.

LUNES

El diario El País difundió la investigación sobre el presunto conflicto de interés en que incurre el empresario Carlos Lomelí, excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

MARTES

Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó al Consejo Técnico su renuncia al cargo.

A través de una carta, Martínez señaló que quería hacer unas manifestaciones, que pedía quedaran íntegras: el IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

MIÉRCOLES

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Zoé Robledo como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El anuncio se da luego de que Germán Martínez presentara su renuncia como director del IMSS.

Robledo se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. «Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar como director», dijo AMLO.

JUEVES

La Cámara de Diputados aprobó los cuatro dictámenes a las minutas sobre las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional.

Según lo expuesto en tribuna, el apoyo llega pues las leyes reafirman el carácter civil de la institución, establecen sus funciones y objetivos, protegen los derechos humanos, regulan el uso de la fuerza y crean el registro de detenciones.

Tras aprobarlas, las leyes fueron remitidas al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

VIERNES

Luego de que la lista de periodistas favorecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con cifras de dinero muy elevadas fuera entregada por Presidencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información fue dada a conocer por Grupo Reforma.

De acuerdo con la lista, el monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de 1,081 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, comunicación y “otros servicios”.

Tras darse a conocer la lista de periodistas que recibieron dinero de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto por concepto de publicidad oficial y “otros servicios”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) negó haber sido el responsable de dicha filtración.

“En apego a las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública bajo las que se rige, informa que no se ha difundido ninguna información relativa al recurso de revisión RRA 2076/19, que permanece en vías de cumplimiento ni de cualquier otro recurso en substanciación”, expuso el INAI en un comunicado.

Reiteró que se sigue el proceso de revisión de la información que proporcionó la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que hasta el momento no se puede determinar que la información esté completa ni que sea exacta.

Al respecto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él tampoco difundió la lista, y dijo que su gobierno sólo respondió a la solicitud que le hizo el INAI.

“Bajo palabra de decir la verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quiénes recibían estos apoyos para trabajos informativos, sino que tuvo que ver con otras dependencias que dieron a conocer los nombres”, dijo AMLO.

Al negar ser los responsables las dos oficinas que tuvieron acceso a la información, mucho se ha hablado de quién estaría detrás de dicha filtración.

Muchos analistas han mencionado en redes sociales que la lista no fue una sorpresa, pues la información se encontraba disponible en Compranet, la página del gobierno encargada de transparentar los contratos del gobierno.

Sin embargo, el periodista Federico Arreola abrió otra posibilidad que en redes ha tomado fuerza.

“Resulta verdaderamente lamentable, presidente López Obrador, que no dieras a conocer la publicidad que el gobierno de EPN compró en Grupo Reforma: alrededor de 300 millones de pesos”, dijo Arreola en su carta/respuesta al presidente.

Y es que recordemos que en los últimos días el tema del juicio contra Keith Raniere, fundador del grupo de autoayuda NXIVM, y que habría dado cabida a una secta que esclavizaba a mujeres y las marcaba con las iniciales KR, obligando a algunas a tener relaciones sexuales con él, ha involucrado a la hija del dueño de Reforma.

Lo que hasta ahora se sabe es que Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, era la propietaria de una casa en Nueva York, cede de NXIVM, en donde presuntamente reclutaban a mujeres y en donde eran fotografiadas desnudas por Raniere.

Usuarios de las redes sociales apuntan a que Reforma filtró el documento, que pudo haber obtenido de fuentes del gobierno o bien, armarla a partir de la información disponible en Compranet para desviar la atención de lo relacionado con NXIVM.

Luego de que la lista de periodistas favorecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con cifras de dinero muy elevadas fuera entregada por Presidencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información fue dada a conocer por Grupo Reforma.

“Ayer se entregó toda la información de periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados por la información que difundían”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina de ayer.

De acuerdo con la lista, el monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de 1,081 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, comunicación y “otros servicios”.

Según el reporte, el que más recursos obtuvo fue Joaquín López Dóriga, que con cuatro de sus empresas acumuló 251 millones 481 mil pesos.

Le siguió Federico Arreola, que recibió a través de su Periódico Digital Sendero, 153 millones 578 mil 253 pesos.

En la tercera posición está Enrique Krauze, que con editorial Clío y su revista Letras Libres, obtuvo del gobierno de Peña Nieto 144 millones 80 mil 995 pesos.

Le sigue en la lista: Óscar Mario Beteta con 74 millones 571 mil 100 pesos, Beatriz Pagés con 57 millones 204 mil 346 pesos, Callo de Hacha con 47 millones 389 mil 112 pesos.

Otros de los muchos nombres que aparecen son Raymundo Rivapalacio que habría cobrado 31 millones 138 mil 703 pesos; el principal ‘hater’ de López Obrador, Ricardo Alemán con 25 millones 851 mil 109 pesos; y Adela Micha con 24 millones 365 mil 501 pesos.

Esta es la lista completa:

Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a la Presidencia de la República informar los nombres de las personas físicas y morales de los medios de comunicación contratados por concepto de publicidad, entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de enero de 2019, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien fijó postura esta mañana.

Pese a que fue él quien aseguró, en repetidas ocasiones, que se tenía un informe con los nombres de los periodistas que recibían dinero del gobierno etiquetado como compra de publicidad, pero que en muchos de los casos se trataba del llamado “chayote”, AMLO prefirió aventar la bolita.

“Tengo entendido que nos están solicitando de parte de transparencia el que se entregue la información. Se va a hacer. Nosotros no vamos a darla a conocer, se va a entregar a Transparencia y ellos van a decidir”, indicó el mandatario.

López Obrador señaló que todavía no concluye el plazo que el INAI les dio para entregar la información, pues recordó que el término de ley que se les dio fue de 10 días. Afirmó que se está recabando la información para ser entregada la próxima semana.

AMLO fue cuestionado sobre si no debía ser él o el área de comunicación social de la presidencia la que diera a conocer la información; “Sí, es una delicadeza de nuestra parte, lo asumo, para que no se polarice este tema”, señaló.

El presidente aclaró que como parte del informe que se entregará al INAI hay datos correspondientes a la compra de publicidad, por lo que aclaró “no todo es dinero entregado para comprar lealtades, conciencias, no todo es, como se dice coloquialmente, chayote, es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad”.

El comentario de AMLO, a diferencia de lo expuesto con anterioridad, pareció un intento por suavizar las acusaciones que ha lanzado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe entregar versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Karime Macías, según instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que dicho caso involucra el interés público de conocer información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio de recursos públicos.

Ibarra Cadena señaló que cualquier persona, al hacer uso del derecho a la información, cuenta con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos.

Y es que un particular solicitó que la SRE le informara si el gobierno de México ya solicitó formalmente al gobierno del Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, derivado de la orden de aprehensión que un juez penal del estado giró en su contra.

La solicitud detallaba que en caso afirmativo, deseaba conocer la fecha de la solicitud y el estado en que se encuentra; y en caso, negativo, las razones por las cuales no se ha presentado.

Sin embargo la SRE, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición ya que alegó que podrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona indicada por el solicitante.

Luego de un análisis, “concluimos que la difusión de la información solicitada favorece la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado en la solicitud de extradición de la persona de mérito”, subrayó la comisionada.

Por lo anterior, el Pleno de INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la SRE para que proporcione la versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición y su anexo en la que no podrá proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición; los fundamentos legales; los datos de identificación de la orden de aprehensión y los datos con las penas que le pudieran ser aplicables y prescripción de los tipos penales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó un recurso de revisión presentado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra para que la oficina de la Presidencia de la República dé a conocer los nombres de los periodistas y medios que recibieron recursos de publicidad oficial de 2012 a la fecha.

En la sesión del Pleno del INAI de este miércoles, los comisionados resolvieron el recurso de revisión número RRA 2076/19 interpuesto en contra de la Presidencia de la República, en seguimiento de la solicitud de información de un ciudadano que pidió hacer públicos los nombres de las personas físicas y morales que obtuvieron dinero del gobierno federal, como parte de la contratación de publicidad.

En una primera instancia, el sujeto obligado, la Presidencia, declaró la inexistencia de dicha información, por lo que el solicitante presentó un recurso de inconformidad ante el INAI, que en la sesión de esta mañana «revocó» la respuesta proporcionada por el gobierno federal e instruyó dar a conocer los datos requeridos.

En entrevista con Radio Fórmula, el comisionado presidente del INAI, Francisco J. Acuña, aclaró que todos los gobiernos democráticos tienen partidas presupuestarias destinadas a la contratación de empresas periodísticas y mediáticas. En ese sentido, Acuña aclaró que se trata de una práctica válida y legal conforme a la ley, y que la información a revelarse es general, y no sólo en términos de «chayote», como se conoce a la supuesta entrega de recursos para que comunicadores defiendan de manera incondicional las acciones de los gobernantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plazo de 10 días hábiles para cumplir con el requerimiento del órgano de transparencia.

Y es que ayer, el mandatario federal aseguró que los comunicadores que difundieron la versión sobre la supuesta renuncia de Alfonso Romo a la Oficina de la Presidencia de la República, son los mismos que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto recibieron dinero público de forma indiscriminada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo indicó que la Sedena debe informar las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.

“Es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo, y que se cumple con la normatividad aplicable, que se cuenta con medidas de seguridad, por ejemplo, que el terreno es el adecuado para la construcción, brindando así certidumbre jurídica y confianza institucional”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena quien presentó el asunto ante el Pleno.

Añadió que este asunto revela el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país y genera una mayor participación ciudadana, lo que propicia que las autoridades transparenten y rindan cuentas de su actuar.

Y es que la Sedena respondió a la solicitud de un particular a través de las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, que llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no localizó en sus archivos información sobre los estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

Los comisionados señalaron que en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, éste deberá informar al recurrente dicha situación y fundamentar los motivos de la inexistencia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá dar a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol (FMF)  beneficiados con la condonación de créditos fiscales, los montos condonados, fecha y motivos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y el 4 de mayo de 2015.

La acción fue ordenada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la interpretación de secreto fiscal del SAT, para no entregar la información generada antes de enero de 2014, impide conocer la forma en que el gobierno ha fiscalizado a las empresas en el pasado, cuando existen casos relevantes que pueden generar suspicacia.

“Fuentes periodísticas revelan que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una cancelación de créditos fiscales que ascendió a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas del Gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación detectó que los principales beneficiarios de la cancelación de 2007 fueron 298 deudores, entre ellos, cuatro equipos de fútbol que acumulaban 79 créditos por 2 mil 178 millones de pesos. Sin embargo, los nombres de los equipos no se dieron a conocer”, expuso el comisionado.

Salas Suárez afirmó que si bien esta práctica de apoyo es legal, la información pública es la vía para disipar cualquier duda o suspicacia sobre los posibles privilegios fiscales concedidos a los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol.

Finalizó indicando que el problema es que las reglas de fiscalización no son claras, se sospecha que algunos proyectos puedan responder a intereses de grupos o personas específicas.

Y es que recordemos que por aspectos como rating, publicidad y venta de boletos, el negocio del fútbol en México genera ganancias de hasta 200 millones de dólares al año.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Presidencia de la República dar a conocer los nombres, estado de adscripción, clave de nivel salarial, ingreso mensual bruto y neto, así como los recursos presupuestados para el pago de aguinaldos de los llamados superdelegados.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la transparencia es una vía fundamental para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales prioritarios del gobierno federal.

“Para ir un paso más adelante, el gobierno federal podría hacer un ejercicio de transparencia proactiva clarificando los criterios utilizados para nombrar a los nuevos delegados, las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición”, subrayó Salas Suárez.

Y es que un particular solicitó, con respecto a la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo, datos como la denominación correcta de dicho cargo; los nombres de quienes ocupan el cargo y el estado de adscripción; el ingreso mensual bruto y neto desglosando percepciones y deducciones, entre otros.

En respuesta, la oficina de la Presidencia señaló ser incompetente para contar con la información requerida, limitándose a entregar un vínculo a través del cual podría consultar la normativa referida.

Ante la respuesta recibida, el particular interpuso el recurso de revisión ante el INAI, a través del cual señaló no estar conforme con la incompetencia esgrimida, e indicó que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo correspondiente, para la Presidencia y la Secretaría del Bienestar, respecto de la figura de los superdelegados.

La Oficina de la Presidencia reiteró su respuesta original y señaló a la Secretaría de Bienestar como la responsable de coordinar a las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez manifestó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su coordinación, el Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) será acompañante de la Administración Pública Federal, pero no complaciente, para que esta realice una gestión con transparencia y combata a la corrupción, dijo hoy el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.

Aseguró que “el INAI, al gozar de la confianza de la ciudadanía, está obligado a ser vertical frente a la autoridad y no ser complaciente, por lo que se debe realizar un acompañamiento de la Administración Pública para que lleve a cabo un trabajo con total transparencia, para abatir la corrupción y la impunidad”.

Durante la presentación del libro El INAI. Resoluciones Relevantes y Polémicas (12 Casos Líderes), Acuña Llamas explicó que las resoluciones que se abordan en el texto, se refieren a casos de gran impacto cívico y político. Se trata, dijo, de un conjunto de resoluciones que reflejan las complejas situaciones que el INAI, como órgano garante, solucionó con equilibrio entre el derecho a saber y la privacidad.

En este marco, el comisionado presidente consideró que el Instituto es fundamental para la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, derechos que son demanda permanente de la sociedad.

En el evento organizado por la Cámara de Diputados, en la sede del Archivo General de la Nación (AGN), el comisionado anunció que, actualmente, el órgano garante está resolviendo temas de interés general que, previa selección, formarán parte de una nueva edición bibliográfica.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones sobre el caso Pegasus y finque las responsabilidades correspondientes.

En voz de su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, el INAI recordó que el Instituto inició una investigación de oficio y un procedimiento de verificación sobre el caso, cuyas conclusiones fueron enviadas a la FGR, notificando que se detectaron irregularidades en el manejo del software por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“El INAI, aquí, patentiza al señor Fiscal General de la República la necesidad democrática de continuar las investigaciones; nosotros las hicimos, estrictamente, en el acotado ángulo de la protección de datos personales porque no tenemos otras potestades y, al menos, nosotros sí activamos una denuncia para que se hicieran las investigaciones y se localicen las responsabilidades de quienes hubiesen sido partícipes en cualquier forma del ominoso pasaje de haber hecho posible una indebida vigilancia digital ”, sostuvo Acuña Llamas.

El comisionado presidente del INAI afirmó que en una democracia es inaceptable que herramientas como el software Pegasus, adquirido por el Estado para combatir ilícitos, haya sido utilizado sin el debido protocolo y “burlando la legalidad” para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil organizada.

El llamado del INAI llega luego de que se informara que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), deberá comparecer en la investigación por el uso de Pegasus, toda vez que una juez le negara un amparo para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que dé a conocer costos, beneficios, estudios y planeación del Tren Maya.

El comisionado Joel Salas señaló que los estudios ambientales y sociales son medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos.

“Conviene impulsar un ejercicio de transparencia proactiva que garantice la divulgación de información pública pertinente sobre el costo-beneficio del proyecto Tren Maya y el resto de los proyectos nacionales de infraestructura, así como de las acciones para mitigar sus impactos ambientales”, dijo en un comunicado.

En respuesta a un particular que solicitó la información, la SCT a través de la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y del Sistema de Control Interno aseguró que no cuentan con ninguno de estos requerimientos.

Después de dicha revisión, el INAI concluyó que la SCT omitió realizar la búsqueda de la información requerida en la Oficina del Secretario y en los Centros SCT en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que no cumplió con la Ley Federal de Transparencia.

El INAI instruye a la Secretaría a «realizar una búsqueda exhaustiva de la información relativa al proyecto del Tren Maya, es decir, de todas las documentales que den soporte de los costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión, incluyendo todas las expresiones que generan fichas técnicas”, señaló en un comunicado.

El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar el expediente del magnicidio en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por su “trascendencia social e histórica”.

«Al tratarse de un magnicidio de amplias repercusiones en la esfera política y social de México, la averiguación previa del homicidio del candidato a la Presidencia resulta de interés público”, sostuvo el organismo en un comunicado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que ha recibido “numerosas solicitudes de información” sobre este caso.

Tras estudiar un recurso interpuesto por un particular, el órgano de transparencia ordenó la apertura del expediente del magnicidio porque “favorece el escrutinio y debate público de un hecho del que en la actualidad la sociedad mexicana sigue demandado su esclarecimiento”.

Con el acceso al expediente completo de la averiguación previa se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de órganos de procuración de justicia del Estado mexicano respecto al homicidio de un candidato a la presidencia”, añadió el INAI.

Asimismo, advirtió que clasificar como “reservado” este expediente impediría que “las personas interesadas estén en posibilidad de evaluar la actuación de los funcionarios públicos” tras el asesinato del candidato.

Según el INAI, el caso cobra ahora todavía más relevancia puesto que el próximo 23 de marzo se conmemorarán los 25 años del asesinato en Tijuana de Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A raíz de una resolución del INAI, el pasado diciembre se desclasificó un video que muestra el momento exacto en el que Luis Donaldo Colosio fue tiroteado mientras saludaba la gente en un acto electoral y que permanecía reservado hasta el 2035.

Luis Donaldo Colosio era considerado seguro sucesor del presidente Carlos Salinas de Gortari debido al férreo control que el PRI mantenía sobre el Gobierno.

Aunque se detuvo en el momento al presunto asesino material, Mario Aburto, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.