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Los Pumas UNAM solicitaron al brasileño Dani Alves, al que despidieron el pasado 20 de enero, una indemnización de 5 millones de dólares por violar una cláusula de conducta de su contrato cuando fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona, España.

El equipo de fútbol le rescindieron el contrato a Alves el mismo día que fue detenido en la ciudad catalana ya que la directiva del cuadro universitario consideró que su presunta agresión sexual “perjudicó la filosofía” del club.

Según el medio de comunicación UOL Sporte, además de las rescisión de contrato aquel 20 de enero, los ejecutivos de Pumas también le mandaron un correo electrónico a Alves en el que le informaron de su salida del equipo y le solicitaron la indemnización millonaria.

Los Pumas exigen el pago por la cláusula de conducta en el contrato en la que podían penalizar al ex lateral del Barcelona por “la participación en casos de dopaje”, “en cualquier escándalo que se haga público” o en “cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar”.

De acuerdo con UOL, el cuadro universitario le mencionó a Alves en el correo que está dispuesto a tomar acciones legales, ante la FIFA o cualquier otro tribunal, en caso de que el exbarcelonista se niegue a pagar los 5 millones de dólares.

Por el momento, ni los Pumas ni Alves han emitido algún comentario oficial al respecto.

Recordemos que Dani Alves permanece detenido en una prisión de Barcelona por presuntamente violar a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona a finales del año pasado.

Horas después de que la acusación a Alves se hiciese pública, el sudamericano viajó a México para integrarse a los Pumas, en lo que fue la contratación más relevante en el mercado de fichajes del verano de 2022.

Sin embargo, el brasileño recibió un permiso especial para viajar a Barcelona para acudir al funeral de su suegra, madre de la modelo española Joana Sanz.

Los Pumas esperaban el regreso de Alves para el pasado 17 de enero y según reportes de prensa, el brasileño nunca informó a los Pumas de que extendería su estancia en Barcelona.

El impacto del brasileño no fue positivo en la cancha para los Pumas ya que en su primer torneo, los felinos ocuparon el antepenúltimo lugar de la clasificación del Apertura, fuera de la lucha por el título.

El gobierno federal precisó que sí se hará un tajo a cielo abierto para lograr el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, y una vez que se logre se procederá a construir un memorial en su honor.

“Ya hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien, llegamos a un acuerdo que se consolidó de una manera muy importante, se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya, cuanto antes”, dijo la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

La funcionaria indicó que en breve comenzará el proyecto, que calificó como una obra de ingeniería “magna, muy importante”; en dicha obra participará de manera importante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellos mismas (familiares) lo solicitaron. Quieren algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos, sin problemas e indemnización, por supuesto”, expuso Velázquez.

Precisó que todavía no se ha definido la cantidad exacta que se le dará a cada familia, aunque dijo que será una indemnización “muy seria y digna”.

Así fue como la funcionaria hizo frente a las declaraciones que los familiares de mineros atrapados comenzaron a hacer en los últimos días, refiriendo que los trabajos de rescate se suspenderían y que no habría tajo y los cuerpos quedarían sepultados.

Los familiares dijeron que se les informó que solo habría una capilla memorial para recordar a los trabajadores.

De acuerdo con declaraciones al periódico Reforma de Juanita Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros atrapados, las esposas de los trabajadores aceptaron una indemnización y que el lugar será propiedad de las familias para que no se vuelva a extraer carbón en la zona.

Apenas el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las familias de los mineros ya habían aceptado el plan para el rescate, el cual tardaría algunos meses.

“Mandamos consultar con familiares se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya, pues han aceptado”, apuntó López Obrador.

Además, esta mañana durante su conferencia matutina, confirmó lo informado por Laura Velázquez.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, declaró.

Indicó que “ya se tiene un acuerdo con los familiares” y que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Elvin Mazariegos Pérez, hombre de origen guatemalteco, quien fue asesinado por un elemento del Ejército mexicano al aproximarse a un retén en la comunidad de Mazapá de Madero, Chiapas.

Pese a su mensaje, la dependencia indicó que el hombre perdió la vida en lo que llamó “un incidente” que ya se encuentra bajo investigación.

La cancillería informó que apoyará a los familiares del fallecido en las gestiones para la repatriación del cuerpo y en el proceso legal para la reparación del daño; además pidió la realización de una investigación profunda y expedita, y por el inicio de acciones judiciales en contra de los responsables.

Hasta ahora hay un elemento del Ejército detenido, que formó parte del grupo de uniformados que fueron retenidos por la comunidad luego de los hechos, y los cuales fueron liberados la madrugada de ayer.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, reiteró su exigencia a México de esclarecer el asesinato de Mazariegos Pérez.

El funcionario exigió al gobierno de nuestro país “el esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de nuestros connacionales para que se haga justicia y estos hechos condenables no vuelvan a repetirse”.

Brolo también confirmó, después de “condenar la trágica muerte” de Mazariegos Pérez, que funcionarios consulares guatemaltecos “ya se encuentran en camino al lugar para establecer los procedimientos conducentes”.

Tras el incidente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió que hubo “una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera”.

Al respecto, la familia de la víctima informó que la Sedena ofreció un millón de pesos como indeminización por el asesinato de Elvin Mazariegos; sin embargo, la familia exige una manutención mensual para los hijos de Elvin, una menor de 9 años, otra de 5 y un niño de 2 años de edad.

Olga Mazariegos, hermana de la víctima, explicó que el pago mensual que exigen se tendría que dar hasta que los menores cumplan 18 años, pues su padre era el único sustento que tenían en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.

Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó una reunión donde el gobierno federal firmó diversos acuerdos con los familiares de de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006.

La presidencia de la República informó que el principal acuerdo que se firmó fue el de  iniciar de inmediato el rescate de los cuerpos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, en el acuerdo se detalla que Las familias otorgan el consentimiento para que, una vez concluido el rescate, la Comisión pueda extraer carbón para su autoabastecimiento.

Para poder llevar a cabo los trabajos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Geológico Nacional, entregarán a la CFE toda la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina, para que se inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería de detalle correspondientes.

Adicional, se informó que sobre la reparación integral, tanto individual como colectiva, que se hará a los familiares de cada una de las víctimas, el cual incluye el pago de indemnizaciones, la ejecución de obras públicas y el homenaje a las víctimas mediante la construcción de un memorial.

El pago de la indemnización para cada uno de las 65 familias, se efectuará a través de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, previo acuerdo de las víctimas.

En tanto, las obras públicas previstas en la reparación integral de tipo colectiva, iniciarán en enero de 2021, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien también se hará cargo del memorial en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos, el cual se enfatiza será “inviolable”.

La Secretaría de Gobernación dará inicio con el proceso de negociación de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el cual se plasmarán los detalles de la reparación integral antes señalados y previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Entre los acuerdos destaca la visita de López Obrador al municipio de Nueva Rosita, Coahuila, el próximo 23 de octubre, a fin de supervisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados este día.

El Gobierno federal se disculpó este jueves públicamente por la matanza de Acteal de 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles, y se comprometió a reparar los daños con compensaciones económicas para superivientes y familiares de las víctimas.

“Asumo en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre”, expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque “no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre”.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

En la matanza fallecieron 45 tzotziles, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

Este acuerdo engloba a 18 fallecidos y 12 supervivientes, puesto que el resto prefirió esperar a que la CIDH emita el informe definitivo sobre la masacre.

El subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano pretendió ocultar la tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.

“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad”, expresó.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso “no habría sido posible de lograr en
administraciones pasadas” y añadió: “Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo toztzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”.

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

A través de un comunicado la Procuraduría Federal del Consumidor informó este jueves que en una reunión celebrada este jueves, llegó a un acuerdo con la aerolínea de indemnizar al 100 por ciento, en lo referente al boleto, a los clientes afectados.

Interjet acordó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indemnizar en su totalidad a los 21 mil 245 pasajeros que sufrieron demoras y cancelaciones de vuelos entre el lunes y el miércoles de esta semana.

Para ello, el pasajero deberá escribir un correo electrónico a [email protected] o comunicarse directamente al teléfono de Atención a Clientes de la aerolínea: 11 02 55 11 desde la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 322 5050 desde otros estados del país, brindando el número de reservación del vuelo afectado.

Además, la empresa se comprometió a contratar a 63 pilotos y sobrecargos que sean necesarios para hacer frente a sus itinerarios.

En total, entre el 29 y 31 de julio fueron cancelados 133 vuelos en todas las rutas operadas por la empresa, afectando a 18 mil 247 pasajeros.

Asimismo, 22 vuelos sufrieron demoras, con 2 mil 998 pasajeros afectados. En total, fueron 155 vuelos y 21 mil 45 consumidores afectados.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, habló este jueves sobre la demanda que un “pequeño” grupo de inconformes de la Policía Federal han planteado sobre el pago de una indemnización.

El funcionario dijo que la dependencia no está en posibilidad de atender la petición de los elementos que no quieren ser transferidos a la Guardia Nacional, pues esa figura sólo se contempla cuando hay despidos, situación que no se está dando.

“No estamos en posibilidades de atender, porque demandan una indemnización y la indemnización sólo procede cuando se despide a alguien y no es el caso”.

En conferencia de prensa luego de la presentación de las acciones de coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas ante un sismo de gran magnitud, Durazo Montaño reiteró que no se va a despedir a ningún elemento de la Policía Federal.

Aclaró que aunque en días recientes se alcanzó un acuerdo, se escuchará a los inconformes que van entre 50 y 150 elementos.

Reiteró que si alguien, por razones personales toma la decisión de renunciar, estará en todo su derecho, y reclamar “lo que corresponda a su renuncia, llámese periodos vacacionales, llámese antigüedad, llámese fondo de retiro”, con todos los derechos, “pero quien decida quedarse tendrá muy amplias oportunidades creo, que lo más importante es la de pertenecer a la Guardia Nacional”.

Finalmente, confió en que los elementos que no quieran ser transferidos a la Guardia Nacional no ingresen a las filas del crimen organizado porque aún y cuando estén inconformes o no compartan el planteamiento de la nueva corporación, eso no significa que “no tengan valores, que no tengan sentido del deber, que no tengan ética, honestidad y compromiso”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que la reparación de los daños ocasionados a 108 víctimas por la incursión de policías capitalinos a San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, asciende a un millón 200 mil pesos.

El funcionario precisó que faltan 14 casos por atender, ya que 122 personas reclamaron daños o agravios por la incursión a la localidad, el pasado domingo, de policías capitalinos que perseguían a presuntos asaltantes de una gasolinera.

Amieva detalló que se pagaron daños a vehículos, establecimientos y a casas, cuyos cristales y puertas fueron afectados, así como a carritos de comercio que tenían ahí, prácticamente de todo.

Hasta el momento, dijo, se desconoce a cuánto ascenderá la cifra para resarcir los daños a las 14 personas que faltan, sin embargo, estos casos se resolverán este sábado.

“Este es un tema que tenemos que platicar directamente con las víctimas y ahí mismo se hace una valoración y una determinación”, explicó.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, determinó que la familia del joven mexicano Sergio Adrián Hernández, quien murió en 2010 en el límite fronterizo, no tiene derecho a pedir una indemnización al agente de la patrulla fronteriza estadounidense que le disparó.

 

El Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans, emitió anoche su sentencia, la cual ha sido difundida este miércoles.

 

La Corte determinó que la familia no tiene derecho a acogerse a la Constitución para pedir una indemnización por la muerte de Hernández, quien falleció en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos por los disparos del agente fronterizo Jesús Mesa, que estaba en el lado estadounidense de la frontera.

 

“Porque Hernández era un ciudadano mexicano sin lazos con este país y porque su muerte ocurrió en territorio mexicano, la idea de que podría beneficiarse de algún derecho ‘constitucional’ plantea nuevas cuestiones controvertidas”, expresó el tribunal de apelaciones.

 

Los jueces, en su fallo, no evaluaron el comportamiento del agente fronterizo, sino si la Constitución estadounidense tiene validez en esa “tierra de nadie” de la frontera entre México y Estados Unidos, donde no existe una línea que pueda delimitar exactamente la jurisdicción de cada país.

 

Determinaron que, como no existe jurisprudencia sobre el alcance de la Constitución para ciudadanos extranjeros, la familia de Hernández no tiene derecho a demandar al agente fronterizo, que no ha sido juzgado por Estados Unidos ni extraditado a México para enfrentar allá cargos criminales.

 

En su escrito, los jueces reconstruyen lo que sucedió el 7 de junio de 2010, cuando Mesa mató de un disparo en la cabeza a Hernández, que entonces tenía 15 años y se encontraba en el “Puente Negro”, que une a la ciudad de El Paso Texas, Estados Unidos con Ciudad Juárez, México.

 

 

Con información de EFE 7 Foto: CBS News

La mañana de ayer, durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que han mantenido pláticas y acercamientos con los familiares de las victimas del socavón del paso exprés de Cuernavaca.

 

Sin embargo esta mañana durante la comparecencia del gobernador de Morelos, se indicó que ha sido el gobierno estatal quien ha corrido con los gastos relacionados a las víctimas, y que incluso, la SCT no ha tenido acercamientos con los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero.

 

Fue la diputada de Morena, Rocío Nahle, quien criticó al Secretario Ruiz Esparza, de quien aseguró que que mientras a su propia familia le autorizó una indemnizada “millonaria”, a los Mena Romero aún no definen como les compensarán las muertes de sus familiares, aunque en un principio se hablaba de 500 mil pesos por fallecido.

 

“Un familiar suyo, muy cercano, tuvo un accidente y la indemnizaron con muchísimo dinero. ¿Cómo es posible que a la familia de las dos víctimas se les esté tratando de manera insensible? (…) Se habla de una indemnización de más de 100 millones de pesos. Entonces, cuando yo le pregunto a Ruiz Esparza, no me contestó”, dijo.

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO