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Las siete horas de caminata, algunas bajo el intenso sol, para 30 kilómetros recorrido, en su paso por Oaxaca, minaron físicamente a una parte del llamado ‘Éxodo de la pobreza’, caravana migrante que se reagrupó luego de que el Gobierno federal la disolvió hace una semana tras partir desde Chiapas.

La caravana avanzó hacia San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. En dicho municipio, los organizadores pidieron a las autoridades migratorias la conformación de un corredor humanitario para evitar que cientos de familias, arriesguen sus vidas caminando en las carreteras.

Luis Rey García Villagrán, activista y quien encabeza la caravana, anunció en la localidad de Los Corazones, que la caravana “no puede seguir más en las carreteras”.

“Vamos a pedirle (a las autoridades) que nos brinden un corredor humanitario para que podamos llegar a la Ciudad de México de una manera ordenada y humana, sobre todo humana, que nos dejen pasar, si no nos quieren dar documentos, sí el Gobierno federal no nos quiere dar documentos que nos dejen pasar, ¿Por qué quieren que a fuerza caminemos?”, señaló.

En Tapanatepec, las autoridades municipales improvisaron un campamento para albergar a cientos de migrantes, aunque no cuenta por el momento con servicios médicos y agua potable. Algunas personas de la localidad les proporcionaron comida y agua embotellada.

De acuerdo con los activistas que lideran la caravana, el contingente permanecerá en Tapanatepec por dos días, esperando una respuesta de las autoridades que les permitan viajar en autobuses y con salvoconductos expedidos por el INM a la Ciudad de México.

Este éxodo se da tras un inédito repunte migratorio en diciembre, cuando hubo más de 10,000 cruces irregulares diarios en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) confirmó la llegada irregular de más de 2.2 millones de migrantes de enero a noviembre.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y ex Comisionado del INM, sobre el ‘Éxodo de la pobreza’, el desafío que representa para el Gobierno mexicano, y cómo influirá en las negociaciones y acuerdos con Estados Unidos.

El Gobierno federal le ofrecerá un visado por razones humanitarias a los 32 migrantes secuestrados el pasado fin de semana en Tamaulipas, confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM informó que iniciará el proceso administrativo para otorgarles las tarjetas en cuanto tengan la calidad de víctimas de delito por la fiscalía del estado y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su apoyo para validar las distintas acciones y apoyos otorgados

Además, pidió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en el estado su intervención “debido a que hay menores de edad y núcleos familiares”.

Esto se anuncia luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconociera que los 32 migrantes secuestrados “fueron liberados” por sus captores y “no rescatados” por fuerzas de seguridad, tal como se anunció el pasado miércoles.

Esa sería la razón de que por el momento no se reporten detenidos relacionados a la privación de la libertad de la que fueron víctimas los migrantes.

Y es que las declaraciones del mandatario contrastaron con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes.

Por ahora, las autoridades han señalado que los migrantes fueron identificados 26 procedentes de Venezuela y 6 de Honduras.

López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero dijo que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes.

Las autoridades mexicanas conocieron sobre el secuestro el pasado 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús en el que viajaban 36 pasajeros que iba de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, según expuso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Inicialmente se indicó que eran 31 los migrantes secuestrados; sin embargo, cuando se les ubicó luego de ser liberados, se confirmó que en el grupo había un bebé, por lo que el número de víctimas eran 32.

Ahora, el INM precisó que, “tras ser declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.

El Gobierno federal disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre avanzando por Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.

Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En esta oportunidad, sin embargo, no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.

Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala.

El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC, que guiaba al contingente, indicó que de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.

García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.

La caravana, formada por unos 6,000 migrantes, partió en Nochebuena desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se detuvo con la mitad de sus integrantes.

La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para evaluar la crisis migratoria.

La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden y AMLO el pasado 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12,000 cruces ilegales al día.

Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.

La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó ayer por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

México detectó más de 680,000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137,000 personas pidieron refugio en el país.

La caravana migrante que partió la semana pasada de la frontera sur del país, como la más numerosa en l que va del año, se desintegró este viernes tras más de 10 días de recorrido en el estado de Chiapas.

Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, explicó que el grupo se dispersó porque unos 500 migrantes, en particular familias, aceptaron lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) les ofreció, mientras que otros partieron por su cuenta a otros municipios.

“Este grupo de personas que quedó está más capacitado para poder caminar, pues estamos los que estamos y se va seguir adelante y especialmente caminaré hasta (el vecino estado de) Oaxaca”, comentó el activista, quien acompaña a los migrantes.

La mayoría de los extranjeros expresaron estar agotados, con llagas en los pies, enfermos, con dolores musculares y a paso lento, pero sin desistir de su intento de llegar a Estados Unidos, aunque sea por su cuenta.

La caravana, que llegó a sumar cerca de 8,000 migrantes, partió la semana pasada como la más grande del año desde Tapachula, donde resistió y avanzó por más de 10 días, a diferencia de otras realizadas en meses anteriores que se desintegraban en breve.

Su avance se obstaculizó porque el INM les negó la entrega de Fórmulas Migratorias Múltiples (FMM) que les permitan transitar hacia el norte del país, pero los migrantes insisten en que el Gobierno se solidarice.

El grupo que permanece en camino tiene la idea de descansar hasta el municipio de Mapastepec, y después, llegar a Pijijiapan.

La situación en la frontera sur refleja un flujo migratorio “sin precedentes” de la región, como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 16,000 migrantes que llegan al día a las fronteras de México, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó y rescató este jueves a 350 migrantes de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador hacinados y deshidratados en la caja de un tráiler.

El organismo señaló que en una caseta de cobro entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos, en Veracruz, agentes le marcaron el alto al conductor de dicho transporte de carga y detectaron, mediante rayos gamma, la presencia de personas al interior de la caja.

Personal del INM y elementos de seguridad escucharon gritos y golpes, por lo que abrieron la puerta posterior y, al abrirla, los migrantes retiraron una mampara que les impedía tomar aire.

“En una zona de seguridad, la autoridad migratoria identificó a 350 personas extranjeras que no pudieron comprobar su estancia regular en el país: 340 provenientes de Guatemala, seis de Ecuador, tres de Honduras y uno de El Salvador”, indicó el INM.

Los menores de edad y quienes conformaban núcleos familiares quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local,

Mientras que las autoridades llevaron a las personas adultas a una sede del INM en el estado para iniciar el procedimiento para definir su situación migratoria en México.

El hallazgo de migrantes hacinados refleja el repunte del flujo migratorio por México tras la disminución inicial que provocó en mayo la expiración del Título 42 de Estados Unidos, según reconoció el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

México ha registrado en semanas recientes el arribo de migrantes prácticamente de todas las regiones del mundo, principalmente Centro y Suramérica, lo que muestra el inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de migrantes indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera en el año fiscal 2022.

3.5 millones de pesos recibirá cada familia de los 40 migrantes que murieron por un incendio el pasado 27 de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las autoridades, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecía con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación.

Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron nada por evacuar a los migrantes. Incluso se observa que no se procedió a abrir la puerta de la celda donde se encontraban.

Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. Además 27 sufrieron lesiones. La mayoría de los fallecidos eran de Guatemala, el resto de El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia.

El INM, responsable de las estaciones de migrantes, informó que todos los cuerpos ya fueron enviados a sus países de origen y que solicitó a la secretaría de Hacienda “una partida presupuestal especial para la reparación del daño”.

El monto aprobado fue de 140 millones de pesos todas las víctimas fallecidas, detalló el INM.

“El 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal ‘especial’ para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva. El 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos; la SHCP validó este monto al INM para el pago respectivo”, detalló el Instituto en un comunicado.

Reconoció que la muerte de los 40 migrantes extranjeros y la lesión a 27 más fue un hecho “doloroso y lamentable”, y dio que representa un momento “crucial” para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de las personas en contexto de movilidad.

El propio Instituto recordó que pro estos hecho, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, está vinculado a proceso, junto a otros funcionarios.

También reiteró que tras lo sucedido en Ciudad Juárez, se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que certificara las condiciones éstas y determinara cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.

Para garantizar la no repetición de hechos, el INM dijo que después de concluido el proceso de supervisión directa de la totalidad de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de Protección Civil.

Entre ellas se informó la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas. La instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas.

De las 54 sedes que tiene el INM en todo el país, continúan abiertas 17 estaciones migratorias con una capacidad de 3 mil 791 espacios, que constituyen el 73% de la capacidad total instalada, además que hay 3 centros integradores con una capacidad de 3,700 en funciones.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México interceptó este lunes a 126 migrantes centroamericanos, entre ellos 12 menores de edad, que iban transportados de manera ilegal en un autobús de turismo en Veracruz.

En un comunicado, el INM precisó que agentes de migración encontraron a 78 migrantes que viajaban en núcleos familiares procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, “así como 12 menores de edad no acompañados y 36 adultos solos”.

De acuerdo con la información, detuvieron al autobús en la caseta de cobro Las Choapas-Ocosocuautla, donde los elementos le marcaron el alto al conductor de la unidad de pasajeros y, tras una revisión, encontraron a los extranjeros en condiciones de hacinamiento.

Los centroamericanos, además, no comprobaron su estancia legal en el país.

Las autoridades afirmaron que en el lugar les proporcionaron asistencia médica, agua y alimentos. Trasladaron a las familias y menores de edad al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acayucan, mientras que a los adultos que viajaban solos los trasladaron instalaciones migratorias.

Apenas esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció un aumento en el flujo migratorio en el país en los últimos dos meses, y recordó que su Gobierno está atendiendo el abandono de migrantes en autobuses de pasajeros, lo que ha aumentado en los últimos días.

El pasado viernes, agentes interceptaron un autobús de pasajeros con 62 migrantes de tres continentes en Sonora, fronterizo con Arizona, Estados Unidos.

Ese mismo día, el INM reportó haber encontrado un autobús abandonado con 89 migrantes de Ecuador, Honduras y Egipto en Veracruz.

Apenas el sábado reportó que se encontraron 265 migrantes hacinados en camiones de carga.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dio inicio a la transformación de las Estaciones Migratorias, luego del incendio que se presentó en una de éstas en Ciudad Juárez, Chihuahua y que dejó sin vida a 40 migrantes.

El titular del INM visitó la Estación Migratoria de Las Agujas, ubicada en la Ciudad de México, para encabezar la develación del mural envolvente “Migr-ARTE”; ahí indicó que la transformación implica que las estaciones se conviertan en espacios abiertos, seguros y amigables para alojar a personas en contexto de movilidad irregular

En entrevista con El Universal, el funcionario indicó que desde 1990 no se ha remodelado ninguna de las 56 estaciones permanentes y provisionales que hay en el país, por lo que reconoció que las instalaciones del sistema migratorio seguían alineadas a un sistema de seguridad que no empatizaba con los migrantes.

“La necesidad de la no repetición nos hace un replanteamiento de construcción de las estaciones migratorias, quitándoles los barrotes, los candados, dejando las puertas abiertas y bajo otras condiciones totalmente diferentes a lo que se venía señalando. Esta transformación implicará la no repetición”, afirmó.

En ese sentido, Garduño Yáñez recordó que está vinculado a proceso como responsable del incendio en Ciudad Juárez, lo que lo obliga a recapacitar.

Y aunque lo había evitado, a casi cuatro meses de los hechos, ofreció una disculpa por lo sucedido en la estación migratoria.

“Estar aquí en este recinto donde se reciben a migrantes es importante; el hecho y el suceso lamentable de Ciudad Juárez, nos hace reflexionar (…) Hay que humanizar estaciones migratorias y tutelar que las cobijen los derechos humanos. Si en algún momento los hemos ofendido con palabra o conducta les pedimos perdón. Caminen con libertad”, expresó Francisco Garduño.

El comisionado explicó que el propósito es replicar la transformación en todas las estaciones migratorias del país, esto en colaboración con la organización Agenda Migrante, que dirige Eunice Rendón Cárdenas

El funcionario enfatizó que en los últimos cuatro años el INM ha otorgado 2.2 millones de documentos a personas migrantes.

El Instituto Nacional de Migración (INM) localizó a 206 migrantes que habían sido abandonados por presuntos traficantes en un tráiler cerca de la ciudad José Cardel, en Veracruz, donde los habrían obligado a ingerir sustancias para soportar el encierro.

El rescate, según un comunicado del INM emitido este lunes, se produjo el pasado sábado y los migrantes, procedentes de Guatemala y Honduras, estaban “hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas, de acuerdo con sus propios testimonios”.

De los 206 migrantes localizados, 132 guatemaltecos viajaban en núcleos familiares, así como 3 familias con 12 personas procedentes de Honduras.

Entre los que viajaban solos, se encontraron a 35 hombres, 4 mujeres y 20 menores de edad (15 niños y 5 niñas) procedentes de Guatemala; y 3 adultos de nacionalidad hondureña.

“Los menores de edad y los núcleos familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras que las personas adultas se trasladaron a instalaciones del INM para realizar los trámites migratorios correspondientes”, expuso el organismo que depende de la Secretaria de Gobernación.

Además del hecho que los migrantes aseguraron que habían sido medicados, trascendió que la caja del tráiler, adaptada con soportes metálicos para formar un segundo piso, estaba cubierta con material hermético para evitar que su contenido pudiese identificarse mediante las cámaras de rayos X de los cuerpos de seguridad.

Los migrantes también habían sido identificados, presuntamente por los traficantes, mediante brazaletes.

El conductor del camión, añadió el INM, habría huido del lugar dejando a los migrantes encerrados en la caja del tráiler, en una práctica recurrente.

El hecho refleja el inédito flujo migratorio, con más de 2.76 millones de migrantes indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera en el año fiscal 2022.

Mientras que México registró un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular” en el país en el pasado año, cuando detectó 444,439.

Los migrantes que atraviesan México para llegar hasta Estados Unidos, además, se enfrentan desde el pasado 11 de mayo a una situación incierta, después de que Washington pusiera fin al Título 42, una ley sanitaria con la que expulsaron a 2,8 millones de extranjeros bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus.

En su lugar, el Gobierno estadounidense aplica ahora el Título 8, que agrava las sanciones para aquellos que crucen la frontera de forma ilegal.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a las oficinas de todos los estados del país que no expidan documentos migratorios ni otros permisos que permitan viajar dentro del país.

El gobierno federal hizo pública la noticia en una presentación difundida durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, después de que Estados Unidos revisara sus políticas fronterizas a última hora la noche de ayer.

El documento presentado refiere que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional esta semana, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos “al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros”.

“También informó que los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios”, se indicó.

Ante la conclusión del Título 42 en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard informó que el flujo migratorio está en descenso, se mantiene en calma y sin confrontaciones.

Dijo que el personal de la Guardia Nacional se encuentra desarmado, continúan los patrullajes disuasivos y evitan confrontaciones con grupos de migrantes. Enfatizó que la actuación del personal está bajo estricto apego a los derechos humanos.

En tanto, llamó a migrantes y familias a no caer en engaños de traficantes de personas sobre la posibilidad de cruzar con facilidad la frontera norte de México ante la eliminación del Título 42.

Recordó la entrega de visas de trabajo o permisos humanitarios para personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Se trata de vías legales y formales de acceso al mercado laboral impulsadas por el gobierno de Estados Unidos a través de la aplicación CBP One.

Mencionó que México brinda alternativas de trabajo y refugio a quienes lo solicitan porque se trata de un derecho.

El titular de la SRE detalló que ayer, 11 de mayo, repatriaron a México un total de 942 personas migrantes: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y uno de Haití.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol rescataron a lo largo de 2022 a 4,549 migrantes víctimas de trata, tráfico de personas o delitos similares, informó el INM este viernes.

Mediante el operativo Itzel III, ambas instituciones detectaron a 2,115 extranjeros retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas.

En la operación Turquesa IV, por otra parte, se identificaron a 2,434 personas provenientes de diversos países que se encontraban en situación irregular.

Asimismo, 11 sujetos que participaban en el tráfico ilícito de migrantes fueron detenidos y puestos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como parte de las tareas migratorias, durante 2022 se llevaron a cabo 13,686 visitas de verificación y 25,330 acciones de verificación migratoria en territorio nacional”, resumió el INM.

De igual forma, 2,848 Agentes Federales de Migración (AFM) fueron capacitados en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas.

El informe se conoce cuando la región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

Nuestro país ha registrado también un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular en México” en 2022, cuando detectó 444,439.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al gobierno federal,  investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.

“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo en un comunicado.

La Comisión condenó las muertes, pero reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pidió a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.

Además, recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.

Dijo también que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.

Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

La CIDH remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia.

Recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.

Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, aunque se mantiene en libertad y al frente del Instituto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no protegerá a nadie, esto al ser consultado por la muerte de 40 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, y por el que se vinculó a proceso a Francisco Garduño, director del Instituto.

“Hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía. La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador respondió a cuestionamientos sobre el juicio en contra de Garduño, a quien un juez vinculó a proceso el domingo luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de omisión de funciones por su rol en el incendio del 27 de marzo en una estación del INM en la frontera norte.

Aunque el responsable de implementar la política migratoria de México permanece en libertad y en su cargo, el mandatario reiteró que se han hecho las investigaciones para esclarecer los hechos.

“Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió, lamentablemente”, añadió AMLO.

Respecto a las órdenes judiciales, presumió que se ha actuado de manera inédita porque no solo brindan la mejor atención médica para las víctimas, sino que también se averigua de manera inmediata y se ha logrado detener a entre nueve y 10 personas por su presunta responsabilidad en estos hechos.

La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en el incendio y a quienes resultaron heridos, ante la petición del gobierno de Guatemala.

Pese a la tragedia, el presidente López Obrador ha justificado que Garduño permanezca en su cargo, pero ha señalado que cuando concluya la investigación de la FGR decidirá si lo mantiene o no en el puesto.

La caravana ‘Viacrucis Migrante’ aceptó las propuestas que le hiciera del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que se logró disolver la caravana que buscaba llegar a la Ciudad de México.

El INM dijo que los ofrecimientos que se hicieron fueron para evitar que los migrantes “pongan en riesgo su salud y su vida al transitar de manera irregular por territorio mexicano”.

En una asamblea a mano alzada, desde el parque central de Villa Comaltitlán, la comunidad migrante aceptó la propuesta de recibir Visas Por Razones Humanitarias para mujeres y niños, mientras que para hombres y mujeres que viajan solos, se aceptó el otorgamiento de las Formas Migratorias Múltiples (FMM) por un lapso de 45 días, lo que les permitirá transitar sin problemas legales por el país.

El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien acompañaba la caravana, destacó que con este acuerdo, lo más importante es que las personas van a transitar y poder llegar a su destino.

“Qué bueno que el INM ha decidido otorgar esos documentos porque realmente es lo que se necesita para que deje de ser una cárcel Tapachula”, consideró.

Elementos de Grupos Beta levantaron un censo en la plaza Villa Comaltitlán, donde se contabilizaron un total de mil 186 personas, de las que 814 son adultos y 372 en núcleos familiares, entre los que se encuentran 126 menores de edad acompañados y cinco no acompañados, mismos que tendrán oportunidad de contar con los beneficios acordados como alimento y agua.

Las autoridades migratorias también dieron a conocer que no proporcionarán autobuses para la movilidad de personas migrantes, aunque destacaron que podrán desplazarse por sus propios medios y con el documento migratorio que les permite transitar por el país de forma legal.

El INM destacó que las personas censadas, en su mayoría, son de países centroamericanos y de Venezuela.

Puntualizó que todos los menores de edad no acompañados y núcleos familiares serán canalizados al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que la Procuraduría de la Defensa del Menor resuelva su situación y el INM acatará de manera inmediato su determinación.

Se cumple un mes del incendio que mató a 40 migrantes que se encontraban en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche de ayer se difundieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del centro de detención, que muestran los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales a los migrantes.

En el video, de 16 minutos y 25 segundos, se observa el momento en que los migrantes, presuntamente en forma de protesta, tras enterarse de su deportación, colocan las colchonetas frente a los barrotes de la celda y les prenden fuego.

Previo al fuego, los funcionarios del INM y el guardia de seguridad privada no toman acciones para disuadir a los migrantes de escalar la protesta. Incluso, cuando notan el fuego y el humo comienza a expandirse, huyen de la estancia, sin abrirles la puerta.

Según lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el personal que estaba presente al momento del incendio, no tenía la llave de la celda.

Sobre los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, el máximo responsable de ejecutar la política migratoria en nuestro país, y quien está a la espera de que el próximo domingo el juez determine si le imputa.

El pasado martes compareció por última vez en el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, y la FGR lo acusó de “incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

Además de Garduño, varios funcionarios del INM están inmersos en el proceso judicial, entre los que se destacan el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, ahora en prisión preventiva; o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, en libertad condicional.

También se encuentran en prisión dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.

Tras el incendio, el INM recibió críticas por su gestión de la crisis migratoria y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia.

El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, insistió en una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Según ha declarado a medios, las negociaciones al respecto están muy avanzadas.

La tragedia con los migrantes provocó una condena inmediata de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que denunciaron las negligencias que condujeron a la tragedia, posiblemente evitable si se hubiese facilitado la salida de los migrantes privados de su libertad.

El reclamo más directo llegó del gobierno de El Salvador, que consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el gobierno de México cometió “una masacre”.

El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, reclamó el pasado martes una reparación por sus connacionales muertos y los nueve que, pese a sobrevivir, fueron hospitalizados.

Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas.

Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, garantizó que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos, aunque no dio más detalles.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró este miércoles que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a quienes resultaron heridos.

“La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”, dijo el funcionario.

López Hernández aseguró que hasta ahora no existe una solicitud formal por parte del Gobierno de Guatemala de reparar el daño a los migrantes afectados o a las familias de los fallecidos en el hecho del pasado 27 de marzo.

La aclaración del titular de SEGOG llega después de que el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, declarara a medios que solicitó al gobierno mexicano la reparación del daño para los deudos de 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio.

“No hemos tenido alguna petición formal de parte del Gobierno de Guatemala o del embajador Chicas Sosa, pero se está dando permanente atención a ellos”, apuntó Adán Augusto López. “No hay solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala”, insistió

Asimismo, dijo que desde que tuvieron conocimiento de los hechos se prestó auxilio a los familiares de quienes fallecieron y atención a los heridos.

Precisó que hasta ahora permanecen hospitalizados 9 migrantes y que en la atención de estas personas intervinieron diversas dependencias del gobierno federal.

Sobre el tema, el secretario justificó que el director del INM, Francisco Garduño, permanezca en su cargo aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal en el caso del incendio que mató a los 40 migrantes.

“Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó el titular de Gobernación, dependencia de quien depende el INM.