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El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido a pesar del amparo presentado por la muerte de 40 personas tras el incendio que se desató en la estación migratoria de la ciudad a finales de marzo.

Con el arresto de González Guerrero suman siete los detenidos en relación al incendio.

La detención de Guerrero fue detenido la tarde de ayer, a pesar del recurso de amparo que presentó el pasado 13 de abril, y un día después de que fueran arrestados por delitos de homicidio y lesiones otros cuatro funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el sábado Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; y Cecilia Rivera Tena, agente migratoria.

De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos habrían incumplido sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que permanecían recluidas en las instalaciones a su cargo.

Hasta la fecha, los cuerpos de 39 migrantes han sido repatriados a sus países de origen, la mayoría de ellos de países de Centroamérica.

Recordemos que las imágenes de las cámaras de seguridad del centro muestran como varias de las víctimas permanecían encerradas mientras se extendían las llamas, cuando los funcionarios abandonaron el lugar sin abrir la puerta o intentar brindar otro tipo de apoyo.

En un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a los propios internos de originar el fuego, en protesta por su posible deportación. Sin embargo, días después informó que no se abrió la puerta pues la persona que tenía la llave no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “va a esperar”, antes de tomar decisiones, los resultados de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El mandatario evadió responder durante su conferencia de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo, pese a la investigación que la FGR abrió en contra del titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los 40 migrantes el pasado 27 de marzo.

“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento”, se limitó a responder.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno, por el incendio de Chihuahua.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

“En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, añadió el mandatario.

El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico contra México, al calificar el hecho de un “crimen de Estado” y exigir la destitución de los titulares de la política migratoria en el país.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos como antes”, añadió esta mañana López Obrador.

La FGR explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM), entre ellos a su titular Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio a finales de marzo en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía señaló directamente a Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos.

Junto a Garduño, la FGR acusó penalmente a otros directivos del INM: Antonio “N”, Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes de acuerdo a la Fiscalía, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

Aunque no trascendió la identidad del resto de los acusados, ha trascendido que uno de los acusados es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua.

Recordemos que el pasado 27 de marzo se registró un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez que dejó un saldó de 40 personas sin vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a los propios internos de originar el fuego al prender las colchonetas en señal de protesta ante una posible futura deportación.

Sin embargo, una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados, en celdas cerradas con candados, mientras funcionarios del INM y de la empresa de seguridad privada, abandonaban las instalaciones.

Además de los hechos en Ciudad Juárez, a los acusados se les atribuye “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones” en otro incidente “semejante” registrado el 31 de marzo de 2020 en Tenosique, Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”, recalcó la fiscalía en su comunicado.

Sin que se haya pronunciado al respecto, Francisco Garduño compartió en redes sociales que se encontraba en Ciudad Juárez desde el primer momento que tuvo conocimiento del “lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.

Los nuevos funcionarios acusados, se suman al migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un elemento de seguridad de la empresa privada que operaba en el lugar.

López Obrador ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad” y ha prometido que se actuará contra quien resulte responsable, aunque ha preferido no posicionarse sobre Francisco Garduño.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

El Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo la repatriación a su país de origen de 23 cuerpos de personas fallecidas en el incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este martes, funcionarios del INM encabezados por su titular, Francisco Garduño, se trasladaron al Aeropuerto Internacional “Abraham González” de Ciudad Juárez, donde arribaron las carrozas funerarias que trasladaban a las personas fallecidas, 17 de Guatemala y seis de Honduras.

Autoridades consulares que corroboraron la documentación y acreditación de los expedientes de cada uno de ellos, estuvieron presentes durante todo el proceso hasta que los féretros fueron trasladados en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Asistieron autoridades como el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores; y el Vicecónsul de Honduras, Darwin Medina.

Tanto familiares como autoridades de Guatemala y Honduras, viajaron en los aviones de la FAM para acompañar a sus connacionales hasta llegar a su país de origen.

Al día de hoy suman 31 cuerpos de personas fallecidas en el incendio las que han sido repatriadas a sus países, de un total de 40 víctimas mortales que dejó el incendio.

El gobierno federal inició la repatriación de los fallecidos el pasado viernes con el traslado de un colombiano y siete salvadoreños.

Según la versión gubernamental, el incendio se originó cuando un migrante encendió un colchón en la celda donde permanecía junto con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación.

En total perdieron la vida 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.

Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el caso no quedará impune.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que las autoridades de El Salvador “tienen razón” en pedir la renuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) tras la muerte de 40 personas en una estancia de migrantes en Ciudad Juárez.

“Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, Colombia, Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno”, reconoció el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador dio estas declaraciones luego de que la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijera que su gobierno exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de 7 salvadoreños en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo.

Asimismo, el mandatario mexicano dijo que su administración está en comunicación con otros gobiernos “para ayudar” y reiteró que “no va a haber impunidad” en el caso.

“Se va a castigar a los responsables. Va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”, enfatizó.

Recordemos que el pasado 27 de marzo un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez a 40 migrantes, entre ellos 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el gobierno salvadoreño calificó de un “crimen de Estado”.

Además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los cuales 23 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron ha sido de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes al momento de los hechos.

El gobierno de nuestro país anunció el fin de semana que iniciará con la repatriación de los cuerpos de los fallecidos a sus lugares de origen.

El 27% de los mexicanos responsabiliza al Gobierno por la muerte de 40 migrantes en el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM), según la más reciente encuesta de El Financiero.

Los encuestados que culparon al Ejecutivo señalaron que fue debido “a las condiciones en que se trata a los migrantes”, un suceso, ocurrido la semana pasada en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, del que el 84% de los cuestionados aseguraron haberse enterado.

Un 21% de los encuestados consideró que la culpa del incendio la tuvieron los propios migrantes que, según la versión gubernamental, fueron quienes iniciaron el fuego. En tanto, el 39% apuntó a la responsabilidad era de los agentes del INM “por dejarlos encerrados”.

Y es que recordemos que en un video filtrado de apenas 32 segundos se puede observar cómo los agentes a cargo de la estación migratoria dejaron encerrados a los migrantes detenidos, imágenes que fueron vistas por el 59% de los entrevistados.

Los hechos sucedieron la noche del lunes 27 de marzo y, tras poco más de una semana de investigaciones, en la que ya hay cinco detenidos, el 46% de los encuestados dijo estar “muy o algo satisfecho” con las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), contra el 43% que manifestó estarlo “poco o nada”.

Pese a las promesas del gobierno y de la fiscal al cargo de la investigación, Sara Irene Herrerías, el 51% de los mexicanos consideró que prevalecerá la impunidad. El 41%, en cambio, confió en que habrá justicia.

Entre los tres funcionarios de alto nivel involucrados en el caso, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, alcanzó un 48% de aprobación, mientras que el canciller, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, obtuvieron un 42% y 41% respectivamente.

Finalmente, el ejercicio del diario midió la aprobación del presidente López Obrador, quien subió tres puntos porcentuales en marzo hasta alcanzar un 57%.

La cifra de muertos por el incendio de la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, se elevó a 40, confirmó el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en un comunicado que uno de los 28 heridos que dejó el siniestro murió durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) de la Ciudad de México.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23, precisó el gobierno.

En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana las autoridades trasladaron vía aérea a seis de los heridos hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al CENIAQ. El resto de los lesionados permanecen en diferentes centros de salud de Chihuahua.

El director del Hospital General de Ciudad Juárez, Carlos Tadeo Perzabal, dijo este lunes que en ese centro permanecen internados once de los heridos que se encuentran en estado grave, debido a que tienen distintos órganos y sistemas afectados. Agregó que a dos de los pacientes les realizarán un procedimiento especial por una falla renal aguda.

Recordemos que por el caso se han girado órdenes de aprehensión en contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones. La fiscalía federal también está investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

En un video de una cámara de seguridad difundido, se mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que no habrá impunidad para los culpables del incidente.

Al ser interrogado sobre si sería procesado el titular del INM, Francisco Garduño, por incumplir la orden presidencial de no contratar empresas de vigilancia privada para la seguridad de instalaciones públicas, López Obrador pidió esperar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República.

La seguridad del centro donde ocurrió el fatal evento estaba a cargo de la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

En ese sentido, la SSPC informó que el Instituto Nacional de Migración tiene un primer contrato con la empresa, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, anunciaron las autoridades.

Aclaró que el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa. Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

Sin embargo, señalaron que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.

Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía.

Son cinco personas las detenidas hasta el momento en relación con la muerte de los 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó el gobierno federal.

“La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero (…) se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión”, detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones “y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”.

Fue la fiscal especial quien señaló que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar “de manera provisional” a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.

Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. “Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país”.

Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.

Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.

“Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas”, añadió.

Recordemos que el presidente ha prometido que no habrá impunidad tras el incendio, pero evadió responder si solicitará la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien es señalado como principal responsable de esta tragedia.

También prefirió no comentar si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria está ligada al cónsul de Nicaragua.

“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no habrá impunidad tras el incendio que mató a 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejanrdro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.

El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM, donde había 68 migrantes de distintos países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Vídeos que se difundieron muestran a agentes de seguridad saliendo mientras los migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta. El personal solo se retiró, por lo que familiares de las víctimas han denunciado que la tragedia “se pudo evitar” si se hubieran seguido los protocolos de protección civil.

El mandatario evitó también responder si la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) estaba a cargo de la seguridad privada de la estación migratoria, propiedad según reportó Latinus, de Elías Gerardo Valdés, cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila.

El diplomática ha recibido contratos multimillonarios del gobierno federal, según reportó el periodista Carlos Loret de Mola.

“Tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero yo meterme porque, como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos o protegerse”, justificó AMLO.

De igual modo, evadió exigir la renuncia de Francisco Garduño, titular del INM, pese a los reclamos de la oposición y defensores de derechos humanos.

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde va a ser la Fiscalía, para iniciar los procesos judiciales correspondientes”, mencionó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció ayer que ha identificado a ocho presuntos responsables del incendio que incluyen a dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada.

El gobierno federal informó que tras las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificó a 8 presuntos responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 39 migrantes.

“Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”, dijo en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Entre ellos se encuentran dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.

La funcionaria dijo que el gobierno “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.

Añadió que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño o los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores.

“De ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos”, apuntó Rodríguez, quien fue la encargada de compartir los detalles del incendio por instrucción del presidente López Obrador.

También dijo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y movilidad migrantes y familiares, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales.

Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen.

“Se realiza una investigación seria y profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la FGR”, señaló Rodríguez, quien sostuvo que “hubo un delito grave” en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, cuestionando “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.

Por su parte, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, informó en la misma conferencia que la institución solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número similar de personas.

Precisó que las órdenes solicitadas son contra el migrante que inició el fuego en la instalación del INM, del que no se reveló su identidad, dos son contra agentes del INM y una contra un guardia de seguridad privado.

Además, dijo que la carpeta de investigación que está integrando la FGR es por los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena, y se analizaba los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Y es que reiteró que el incendio ocurrió la noche del pasado lunes cuando, según la versión del presidente y reiterada por la fiscal, los migrantes prendieron fuego a los colchones en señal de protesta tras recibir la notificación de que serían deportados.

López Obrador aseguró ayer que su gobierno “no oculta nada” y que no habría impunidad en el caso.

Y es que la presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el Título 42.

El gobierno confirmó en 39 el número de migrantes muertos por un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

“Tras los lamentables hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas y 29 más se encuentran graves”, señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

El portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, había anunciado previamente que la cifra de fallecidos era de 40, sin embargo, la Fiscalía mantiene el saldo mortal en 39.

De acuerdo con la FGR, los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, aunque no se precisó cuántos eran fallecidos y cuántos heridos.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que el incidente ocurrió a las 21:30 de ayer, donde primero hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela.

López Obrador responsabilizó a los migrantes, por una protesta que ellos mismos iniciaron y que originaron el incendio.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, recriminó el mandatario.

López Obrador informó el director del INM, Francisco Garduño, y personal de la Fiscalía General de la República, se desplazaron al lugar de los hechos y ya investigan para deslindar las responsabilidades.

Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna.

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobe lo sucedido. Se refirió a los hechos como un “desgarrador recordatorio” de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en su travesía.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en el trágico incendio de anoche en el centro de detención de Ciudad Juárez. Nuestros corazones están con sus seres queridos”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.

El funcionario explicó que el gobierno de Joe Biden está “listo para brindar cualquier ayuda” que las autoridades mexicanas pudieran solicitarle mientras investigan las causas del incendio.

Por su parte el canciller guatemalteco, Mario Bucaro, responsabilizó a las redes de traficantes de personas, conocidas como “coyotes”, por la muerte de 28 connacionales en el incendio en el albergue de Ciudad Juárez.

Bucaro afirmó, durante una conferencia de prensa, que los traficantes de personas son “responsables” por trasladar a las personas de forma irregular. Confirmó que los guatemaltecos que fallecieron estaban por ser deportados por las autoridades mexicanas.

“Esperamos poder tener identificadas a todas las víctimas en las próximas 48 horas y comunicarnos con sus familiares”, detalló Búcaro.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió por medio de un comunicado, que se realice una exhaustiva investigación sobre este incendio.

Al menos 17 personas fallecieron luego de la volcadura que se registró ayer de un autobús que transportaba a un grupo de migrantes indocumentados, en una carretera de Oaxaca, confirmaron diversas autoridades.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en la autopista Cuacnopalan, Oaxaca, km 87, a 15 kilómetros de la Plaza de Cobro Miahuatlán, en dirección a Oaxaca, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de su cuenta en Twitter.

El camión accidentado es propiedad de la empresa transportadora de turistas Lopresti S.A de C.V., de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que en la unidad viajaban 51 personas en total.

Sin embargo, el secretario de Gobernación de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, detalló que en el autobús viajaban 45 extranjeros indocumentados.

En el lugar fallecieron 15 migrantes y otro murió cuando era trasladado a un hospital de Puebla. En total fueron 16 migrantes los que fueron enviados al hospital General de Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el grupo de indocumentados en su mayoría son colombianos, además de que se reportan haitianos y venezolanos. Medios locales reportaron cerca de 30 heridos.

En la actualización dada esta mañana, se reportan 5 migrantes en estado de gravedad y 8 más por darse de alta.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, explicó en redes sociales que tras el fatal accidente se enviaron servicios de emergencia a la zona, con el fin de brindar “todas las facilidades y atender a los lesionados”, además de que confirmó la muerte de varias personas.

En fotos difundidas por redes sociales, se aprecia como algunos pasajeros lograron salir por las ventanas del autobús en el que viajaban, que quedó semidestruido.

Al lugar de los hechos acudió personal de la Guardia Nacional, así como de Protección Civil y los servicios de emergencia de municipios cercanos de Puebla y Oaxaca y se informó que también agentes migratorios.

Recordemos que muchos migrantes centroamericanos y caribeños que buscan llegar a Estados Unidos, entran por el sureste y Oaxaca es uno de los estados más frecuentados.

Según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en el país, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos hacia Estados Unidos.

Las muertes de migrantes que viajan hacinados en autobuses ha llamado la atención, y tan solo el 7 de febrero 14 migrantes murieron en un accidente similar en Nuevo León.

Foto: SERVICIO MÉDICO MIAHUATLÁN

Autoridades encontraron y rescataron este miércoles a 269 migrantes indocumentados que viajaban hacinados dentro de un tráiler en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Los hechos se registraron en el tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, donde elementos de la Guardia Nacional se percataron de la presencia de los migrantes durante una inspección.

Los 269 extranjeros, según los datos de la policía estatal, iban de San Cristóbal de Las Casas a la Ciudad de México.

La detención del tráiler ocurrió en uno de los retenes en la entrada de Chiapa de Corzo, a unos kilómetros donde ocurrió la emblemática tragedia de migrantes de 2021, cuando murieron 56 migrantes indocumentados en un accidente carretero mientras viajaban en condiciones similares.

Las autoridades detuvieron al operador de la unidad de transporte de carga y a otra persona señalada como la responsable de cobrarles por llevarlos a la frontera de Estados Unidos.

Aunque las autoridades no precisaron sus identidades, durante el aseguramiento bajaron del tráiler más hombres que mujeres, la mayoría jóvenes.

Los migrantes fueron trasladados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a la estación de migración en Tuxtla Gutiérrez.

De ellos, 261 son originarios de Guatemala; tres de El Salvador; tres de Ecuador y dos de Honduras; 20 son menores de edad no acompañados y seis personas entre adultos, niñas y niños quienes viajaban en núcleo familiar.

Y es que la región vive un flujo migratorio récord, como refleja la detención de 2.76 millones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Durante 2022, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), nuestro país recibió 118,478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131,448 casos.

El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que ha detenido en solo cuatro días a 16 mil 096 personas migrantes provenientes de 46 países, quienes transitaban de manera irregular por diversas entidades del país.

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, se dieron entre el pasado 17 y 20 de noviembre en 22 estados.

Detalló que la mayor cantidad de personas migrantes extranjeras detenidas en esos cuatro días son originarias de países de Centro y Sudamérica: Venezuela, 4 mil 968; Guatemala, 2 mil 987; Nicaragua, mil 385; Honduras, mil 311 y Ecuador, mil 285.

Las entidades donde fueron identificadas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La autoridad migratoria indicó que ante el aumento de personas en tránsito irregular por el país y los peligros a los que son expuestas por los traficantes de migrantes, así como por las bajas temperaturas que pueden poner en riesgo su vida y su salud, se determinó incrementar los centros de atención de puertas abiertas para los migrantes.

Dichos centros se establecieron en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

“El INM refrenda el compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio mexicano”, señaló el Instituto.

Las detenciones en nuestro país se dan cuando Estados Unidos ha alertado sobre un número récord de cruces de migrantes en la frontera con México, incluidos 187,000 venezolanos sólo en el año fiscal 2022.

Autoridades estadounidenses habían anunciado el mes pasado un plan, acordado con México, para devolver a migrantes venezolanos que entran ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, un juez estadounidense declaró ilegal la orden de la época de la pandemia de COVID conocida como Título 42, utilizada para expulsar a los migrantes a México, lo que complica la estrategia del presidente Joe Biden para disuadir el cruce de la frontera.

Desde entonces, miles de migrantes se han visto obligados a acampar en malas condiciones en distintos puntos de México, generando una crisis que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insiste en negar.

Ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que pertenece el INM, indicó que la alerta derivó de una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó su intervención al existir una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

El propósito de la alerta es registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida del panista, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y septiembre de 2022, a través de los puntos de tránsito internacional.

Recordemos que desde 2020, trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener grabaciones por parte de la DEA que lo señalaban de diversos delitos, además de que también figura en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

Tras darse a conocer la activación de la alerta migratoria, el gobernador emitió un breve mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que se “enteró” de la supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en su contra.

“No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, dijo el exgobernador.

Al respecto, esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que las investigaciones en contra del exgobernador, de las que se deriva la orden de aprehensión, son de 2018, previo al inicio de la actual administración.

“Son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primera denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex gobernador, por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión”, relató el funcionario.

Dijo que en respuesta a dicha orden de aprensión, Cabeza de Vaca promovió  una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales que llegaron a la Suprema Corte de Justicia.

Apuntó que el 17 de agosto, la Corte resolvió que era inválida la orden de aprehensión toda vez que el entonces gobernador contaba con fuero constitucional.

Sin embargo, Mejía Berdeja dijo que luego de concluido su mandato como gobernador, el pasado 4 de octubre se giró una nueva orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ahora por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja, alerta migratoria, para evitar la fuga o la sustracción de la justicia” de Cabeza de Vaca, añadiendo que está pendiente de ejecutarse la orden de aprehensión.

Finalmente, el Sistema PAN, integrado por la dirigencia nacional y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenaron la persecución política que realiza el gobierno de Morena en contra del exgobernador de Tamaulipas.

“El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política”, dijo.

Acción Nacional aseguró que es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida.