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El secretario general del PRI, Arturo Zamora, advirtió del riesgo que corren las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho, ante el autoritarismo que ha mostrado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde que asumió el poder.

Zamora Jiménez subrayó que en estos momentos está en juego el equilibrio y la división de poderes, la permanencia y la estabilidad de la democracia y, sobre todo, el Estado de derecho.

Acusó que el presidente de México lleva a cabo un ataque sistemático a todo aquello que signifique un contrapeso al Poder Ejecutivo, además de que mediante su partido en el Congreso, Morena, realiza “embestidas” contra la oposición, a fin de aprobar leyes incluso anticonstitucionales.

El priísta aseveró que en un Estado democrático y liberal nadie debe estar por encima de la ley. “Sin embargo, desde hace algunas semanas vemos acciones contrarias que intentan instaurar una nueva ‘normalidad’: la del poder único, absoluto, autoritario y profundamente conservador”.

Recordó que AMLO ha mostrado un “nulo respeto” al pacto federal, y como ejemplo dijo que los gobernadores tuvieron que salir en defensa de la soberanía de sus estados; también recordó las constantes descalificaciones que el tabasqueño ha hecho a los órganos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Banco de México, así como al Poder Judicial.

 

El Presidente Enrique Peña Nieto participó hoy en la 109ª Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que dijo que el Instituto recuerda el valor de preservar y fortalecer las grandes instituciones de México.

“Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas. Son las instituciones las que nos permitirán seguir transformando a nuestra nación”, dijo el mandatario.

Peña Nieto aprovechó para resaltar que durante su Administración se alcanzó por primera vez en la historia, la afiliación en un solo sexenio de cuatro millones de nuevos trabajadores ante el IMSS. Dijo que se trata de empleos que abrieron nuevas oportunidades para el desarrollo de las familias.

Reconoció la labor que realizaron los tres directores del Seguro Social que le acompañaron durante los años de su mandato: José Antonio González Anaya, hoy Secretario de Hacienda; Mikel Arriola, ex candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el actual Director, Tuffic Miguel.

Por su parte el actual director presentó su informe sobre la situación que guarda el Instituto y afirmó que esta administración dejará un IMSS con bases sólidas para que siga siendo el seguro de México.

 

JOSÉ WOLDENBERNG

EL UNIVERSAL

 

El domingo escribí sobre otro asunto. Pero el lunes en la mañana me entero de los resultados de la llamada consulta y de la reacción de los organizadores y decido escribir estas notas al “bote pronto”. Me refiero solo al procedimiento. Por desgracia lo que parece un juego no lo es.

1. La votación realizada entre el 25 y 28 de octubre puede ser denominada como se quiera menos consulta. La consulta está regulada por la Constitución y la ley y el ejercicio realizado no cumplió con ninguna de esas condiciones normativas.

2. Habrá quien diga que mejor eso a nada. Pues no. La única garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestras autoridades no actúen de manera discrecional, arbitraria o facciosa, es precisamente la ley. Son las normas las que establecen lo que pueden hacer y las condiciones para ello.

3. Se dirá entonces que los organizadores no son aún gobierno y que por ello no están obligados a cumplir –como si fueran gobierno- con el marco constitucional y legal. Y en efecto así es. Pero faltando apenas un mes para su ascensión como tal, la única manera de leer el ejercicio es como una fórmula para hacer a un lado las obligaciones
normativas.

4. La “consulta” no contó con ninguno de los mecanismos de seguridad con la que se realizan en México las elecciones. Ni listas de electores, ni funcionarios de casilla sorteados y capacitados, ni vigilancia por parte de representantes de ambas opciones, ni posibilidades de inspección, ni tinta indeleble para evitar el doble voto y sígale usted. Por lo que sus resultados pueden ser creídos o no. Actos de fe.

5. La “consulta” refleja de manera mucho más inexacta que una encuesta la “voluntad popular”. La segunda se construye con una muestra representativa de la población, la “consulta” está sesgada desde origen. Ni remotamente se puede afirmar que “representa” la opinión de la sociedad.

6. El pueblo se hizo chiquito. Según los propios organizadores votó un poquito más del uno por ciento de los electores registrados en el parón. Es decir, 99 de cada 100 no participaron. Ello porque en muchas poblaciones –se anunció desde el inicio- no se instalaron casillas (se excluyó a parte del pueblo) y los otros porque simple y llanamente le dieron la espalda al ejercicio.

7. Como siempre sucede, el pueblo que compareció votó dividido (70-30). Lo digo solamente para subrayar lo obvio: el pueblo no es un bloque ni un monolito. Se trata de un conjunto diverso, plural, con intereses, marcos ideológicos, sensibilidades, visiones y reacciones desiguales y distintas. Eso que cualquiera puede constatar es el piso sobre el cual se edifican sistemas democráticos que intentan forjar condiciones para la reproducción, convivencia y competencia de esa pluralidad.

8. Por el contrario, la utilización del “pueblo” como si fuera portador de una sola voluntad, una sola voz, un solo interés, es lo que ayer y hoy “permite” a algunos hablar en su nombre y desconocer como interlocutores legítimos a quienes disienten de su voluntad. Lo cual no suele presagiar nada bueno.

9. No puede ser considerado como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad en su organización ni de equidad entre las opciones contendientes, excluyó a millones y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que, bien a bien, pueden hacer con los resultados lo que quieran. Y otra vez, si así se entiende la consulta al pueblo, lo que tendremos serán “consultas” para que el pueblo diga lo que su pastor guste y mande.

10. México ha construido instituciones en diversos campos. Muchas son débiles, funcionan de manera inapropiada y tienen carencias. Otras, por el contrario, llevan a cabo tareas estratégicas, lo hacen con esmero y cumplen su función. Sostienen y ofrecen cauce a buena parte de la vida social y sin duda son superiores a los deseos y afanes de una o más personas, por más bien intencionadas que sean. Temo a la desinstitucionalización del país, al reino del capricho.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que en 2018, México demostró que es una democracia sólida, y que tiene elecciones auténticas en las que se garantiza el derecho del voto libre universal y secreto.

Durante la inauguración de la sexta Feria Internacional del Libro (FIL) del TEPJF, Otálora Malassis indicó que fueron varias las condiciones que se desarrollaron durante ese periodo que permitieron alcanzar el respeto del derecho al voto y que la democracia encontrara su debido cauce por la vía electoral.

La magistrada señaló que son necesarias instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo, pues a pesar de la apertura del régimen y del surgimiento de legisladores de representación proporcional, la organización y la calificación de las elecciones seguían estando en manos del partido dominante.

Destacó la participación ciudadana, pues dijo que el pasado 1 de se registró una participación masiva que permitió el triunfó de una opción de oposición y de izquierda, por vez primera en el país.

Enfatizó que la función del Tribunal y de la justicia electoral es garantizar la estabilidad del sistema político mediante el respeto de las normas básicas que lo rigen. “De lo que trata la justicia electoral es que el derecho regule a la política y no al revés”.

 

La diputada de Morena, Dolores Padierna, afirmó que la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos al país evidenció que el actual gobierno federal descuidó las instituciones de migración, además de que demuestra que carece de una política integral y de respeto a los derechos humanos.

“En primer lugar, demostró que el Estado mexicano desmanteló o dejó en su mínima expresión a aquellas instituciones dedicadas a la atención y protección de los migrantes que llegan en condiciones precarias, sin documentos y huyendo de un contexto de mucha violencia y escasez de alimentos y servicios básicos”, dijo la también vicepresidenta de la Mesa Directiva en conferencia de prensa.

“Ésta es la verdadera dimensión de la tragedia de la caravana migrante: la ausencia de una política integral, soberana y respetuosa de los derechos humanos, mucho menos una propuesta de desarrollo de la región y de presión diplomática al gobierno de Honduras”, añadió.

La diputada comentó que la llegada a México de la caravana migrante ha vuelto a colocar a nuestro país, como una nación con un desafío humanitario, diplomático y económico que se debe asumir.

Recordó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se convirtió en una de las instituciones de mayor prestigio porque atendió y protegió a miles de guatemaltecos que huyeron de su país de la represión militar, de la persecución y de la pobreza, sin embargo lamentó que hoy dicho organismo se encuentre sin titular y funcione con 30 personas para atender a los más de 5 mil centroamericanos que llegaron en la caravana.

Al respecto condenó que el gobierno mexicano tuviera que recurrir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados (ACNUR) para atender las solicitudes de asilo o refugio, en coordinación con las autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, pues dijo, es algo que debían haber hecho las autoridades mexicanas.

 

Al inaugurar el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud y encabezar la ceremonia de Graduación de las Escuelas Médico y Enfermería Naval, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre cambiarán las autoridades, pero no las instituciones.

“Como resultado de este ejercicio democrático, el 1 de diciembre se transmitirá el Mando del Poder Ejecutivo Federal a un nuevo titular. Cambiarán las autoridades, los programas, e incluso las visiones sobre cómo conducir al país, pero permanecerán las instituciones, y sobre todo los valores que unen e identifican a todos los mexicanos”, dijo el mandatario.

Añadió que sólo trabajando en unidad y mirando hacia adelante, el país podrá seguir avanzando y fortaleciendo “nuestra gran casa común: México”.

Hizo un llamado para que en el marco del régimen democrático que se ha construido durante más de dos siglos, los mexicanos sigan dando lo mejor en lo individual y sumando esfuerzos en lo colectivo.

Al dirigirse a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, indicó que será a ellos a quienes corresponderá seguir conduciéndose con apego a los más altos preceptos del servicio militar y naval. “La tradición de honor, deber, lealtad y patriotismo que distingue a nuestros soldados, pilotos y marinos”.

 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que para fortalecer la vida democrática del país se requiere “una vida institucional fuerte, con pesos y contrapesos importantes, en donde la voluntad popular siempre prevalezca”.

“Lo que el país necesita son instituciones democráticas fuertes y eso significa partidos políticos fuertes, instituciones de la sociedad civil fuertes e instituciones públicas, como el INE, el Poder Judicial y otros órganos de control, fuertes”, dijo Córdova.

Al concluir una reunión con el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el Consejero Presidente del INE recordó la importancia del acompañamiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil al trabajo de la autoridad electoral.

Asimismo, Lorenzo Córdova refirió que el INE ha sido responsable de la organización de la elección; sin embargo, el proceso electoral aún está en marcha en su dimensión litigiosa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tendrán que tomar decisiones sobre las impugnaciones que se han presentado en las diferentes elecciones federales y locales.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el órgano jurisdiccional trabajará para dar certeza y transparentar el proceso de calificación de la elección de este 1 de julio.

“Nuestro compromiso es impartir justicia que dé certeza a la democracia y demostrar que en México el voto se respeta. Probaremos la solidez de las instituciones electorales y la vigencia de la democracia como sistema de gobierno de nuestro país”, sostuvo la magistrada.

Destacó que la democracia lleva en su esencia los mejores valores de la humanidad, como son la tolerancia y la igualdad, la fraternidad y la paz, además de que implica el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos.

Señaló que desde hace más de 25 años, los mexicanos han trabajado en el perfeccionamiento y consolidación de las instituciones electorales, con el objetivo superior de defender los derechos políticos de la ciudadanía y afianzar a la democracia como la mejor forma de gobierno para el país, logrando establecer instituciones autónomas que no participan en la lucha por el poder político y, por lo tanto, pueden fungir como árbitros y vigilantes en los comicios.

Otálora Malassis puntualizó que en México existen instituciones sólidas e independientes del gobierno para dar certeza sobre la voluntad expresada por la ciudadanía a través del voto. “Y no obstante esta solidez institucional, las elecciones de este año serán altamente complejas y pondrán a prueba nuestra joven democracia”.

 

El candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, expresó a través de sus redes sociales, su apoyo a las instituciones  que guían al país, y aseguró que las leyes deben ser cumplidas y respetadas.

 

 

Criticó el actuar de algunos políticos, y aunque no mencionó nombres, el mensaje pareció estar dirigido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Lamentablemente, algunos insisten en mandarlas al carajo. No lo comparto”.

 

Añadió que hace décadas los mexicanos decidieron dejar atrás la época de los caudillos para convertirse en un país de instituciones, por lo que los planteamientos hechos por políticos y aspirantes presidenciales, no tienen cabida en esta época.

 

José Antonio Meade cuestionó la declaración que hiciera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el marco de la Convención Bancaria, pues dijo que el proceso electoral no se trata de que nadie suelte al tigre; aseguró que lo que se busca es convencer a la gente y que esta vote por los proyectos de cada candidato.

 

El abanderado priísta señaló que tal afirmación retrata al tabasqueño de nuevo en su falta de respeto a las instituciones.

 

Indicó que mientras muchos mexicanos han trabajado mucho en construir buenas instituciones, algo habría que reprocharle a las que hoy se tienen es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de López Obrador, la cual se ha caracterizado por ser una forma de hacer política que lo ha llevado a violar todas las disposiciones, no solamente las electorales, sino a violar la libertad de comercio de libre tránsito que se tenía en Paseo de la Reforma, después de una toma de casi seis meses que él orquestó.

 

El aspirante presidencial indicó que la amenaza de violencia del tabasqueño es una amenaza que debe ser tomada y reflexionada, porque pinta, de nuevo, a los candidatos como son, “uno que llama a la concordia, a la unidad y a trabajar para construir un país de instituciones, y otro que se esmera en criticarlas y en denostarlas”.

 

Indicó que tal como lo ha expresado, los mexicanos deben concentrarse en el país que quieren hacia el futuro, el cual aseguró es un país con paz, un país en armonía y en el que absolutamente nadie amenace con ideas de “soltar al tigre” y a ningún otro animal del zoológico.

 

Recordemos que AMLO declaró que en caso de fraude electoral durante la elección del próximo 1 de julio, “el que suelte al tigre, que lo amarre”.

 

Un grupo de intelectuales dieron a conocer una carta pública dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto en la que solicitan no utilizar a las instituciones del gobierno federal como un instrumento para perjudicar la aspiración presidencial de ninguno de los candidatos.

 

Los firmantes acusan que México es una democracia joven con instituciones débiles, y rechazan el uso del Ministerio Público federal para perjudicar el proyecto de Ricardo Anaya, pues sostienen, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano.

 

“Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia. De lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios  democracias totalmente disfuncionales. Ante la falta de autonomía del Ministerio Público federal, usted presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable de este proceso. En 2005, el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió brechas de polarización en la sociedad, que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país”, se lee en la carta.

 

Aclararon que a pesar de respaldar la carta, los firmantes tiene filiaciones políticas diversas y plurales, por lo que la petición no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios. “La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos” remataron.

 

Entre los intelectuales que secundaron la carta aparecen Héctor Aguilar Camín, Emilio Álvarez Icaza, Mario Arriagada,
Aram Barra, José Luis Caballero, Enrique Cárdenas, Jorge A. Castañeda, Jorge Castañeda,Juan Arturo Covarrubias, Denise Dresser, Christopher Domínguez, Carlos Elizondo, Elena Fortes, Fernando García Ramírez Alejandra Garza, José Pablo Girault, Fernando Gómez-Mont, Claudio X. González Guajardo, Bosco Gutiérrez Cortina Carlos Heredia, Esteban Illades, Edna Jaime, Enrique Krauze entre otros.

 

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda aseguró que este gobierno del PRI utiliza a las instituciones de justicia para perseguir a sus opositores, situación que ha quedado clara en los ataques que ha recibido el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya.

 

Zepeda dijo que situaciones como esa no se debe permitir en un país democrático, y afirmó que es responsabilidad de todos los mexicanos evitarlo; pidió luchar contra el autoritarismo.

 

Damián Zepeda aseguró que este gobierno federal del PRI es de lo más autoritario que jamás hayamos tenido en México. Dijo que a los mexicanos no se nos debe olvidar que fue descubierto espiando a activistas defensores de los derechos humanos, periodistas críticos y dirigentes de la oposición; que intentó imponer un Fiscal Carnal a modo para cubrirse las espaldas; y que ahora está utilizando a instituciones del Estado para intimidar, atacar y amenazar a la oposición.

 

El dirigente panista acusó que existen cuatro denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) presentó por los desvíos millonarios que se produjeron cuando José Antonio Meade fue Secretario de Desarrollo Social y la PGR no ha hecho nada al respecto.

 

El presidente del PAN llamó a la ciudadanía a defender a la democracia contra el autoritarismo del PRI y comparó el gobierno del PRI con Venezuela: “Tanto que han usado esa crítica para AMLO, su nuevo aliado, pero hoy la verdad es que quien más se parece a Venezuela es el gobierno del PRI. Allá también persiguen a los opositores, como ha sido el caso de Henrique Capriles o Leopoldo López, entre muchos otros. Ese no es el México que nos merecemos”, finalizó.

 

México volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción que presentó esta semana Transparencia Internacional en conjunto con Transparencia Mexicana. De 185 países medidos, México ocupa el lugar 135.

 

Se trata de uno de los perores resultados para toda la región de América Latina y del Caribe, en especial para México, quien incluso se ubica por debajo de Brasil, país que se ha visto envuelto en múltiples escándalos por el tema Odebrecht.

 

El Índice refleja que en Mexico no se trata de un tema de instituciones, sino de la falta de implementación de las leyes.