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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que la liberación de la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, es un ejemplo más de «ineficacia y corrupción».

López Obrador aseguró este lunes que se trata de «un problema añejo»en el sistema de justicia mexicano.

«Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la investigación y es una forma de ocultar un acuerdo», sugirió el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Anunció que se va hacer una investigación a fondo para investigar por que se dejó en libertad a María Eva Ortíz, madre del líder criminal.

López Obrador admitió que se ha vivido una semana «difícil», pues además del sismo del martes pasado, se vivió el ataque contra el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.

“Aquí estamos y seguimos adelante. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr, entre todos los mexicanos, la transformación del país y a pesar de los pesares vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los mexicanos”, dijo López Obrador.

Adelantó que el próximo miércoles ofrecerá un mensaje a la nación con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

El grupo farmacéutico británico AstraZeneca afirmó este viernes que espera resultados en septiembre sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en el que está trabajando con la Universidad de Oxford.

«En septiembre deberíamos saber si tenemos o no una vacuna efectiva», dijo a la BBC el director ejecutivo de la compañía, Pascal Soriot.

La Universidad de Oxford, cuyo proyecto está financiado por el gobierno británico, se asoció con la farmacéutica para fabricar y distribuir en todo el mundo la vacuna que está desarrollando.

Los ensayos clínicos con humanos comenzaron a finales de abril en el Reino Unido y deben hacerlo este mes en Brasil, que es ahora «el epicentro de la epidemia», dijo Soriot.

Para ganar tiempo, se decidió no esperar a los resultados antes de comenzar la producción.

«Estamos empezando a producir esta vacuna ahora, tiene que estar lista para cuando tengamos los resultados», aseguró Soriot.

Esta estrategia representa un «riesgo financiero» pero «es la única manera de tener una vacuna disponible» rápidamente en cuanto se confirme su eficacia, añadió.

AstraZeneca ha firmado acuerdos para establecer cadenas de suministro paralelas, entre ellas una con el Instituto Serum de la India para la entrega de mil millones de dosis a los países de ingresos medios y bajos, a fin de duplicar la capacidad de producción hasta los dos mil millones de dosis.

Ayer, el grupo anunció un acuerdo de 750 millones de dólares con dos organizaciones internacionales especializadas, CEPI y GAVI, para la fabricación y distribución de 300 millones de dosis, con entrega a partir de finales de año.

Un total de diez proyectos de vacunas contra el Covid-19 han alcanzado la fase de ensayos clínicos en todo el mundo.

La disputa entre Estados Unidos y China sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la OMS va en aumento, mientras el mundo quiere estrategias conjuntas y acelera la búsqueda de una cura contra el coronavirus.

Acusando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ser una «marioneta de China», donde brotó el virus a fines de 2019, el presidente Donald Trump amenazó con congelar indefinidamente el financiación a esa agencia de la ONU e incluso con retirar la membresía de su país si no hacía «mejoras sustanciales» en 30 días.

En respuesta, el gobierno chino acusó a Trump de utilizar a China para «eludir sus obligaciones» ante la OMS. «Es un error de cálculo y Estados Unidos ha elegido el objetivo equivocado», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.

Inmerso en la polémica, la Unión Europea (UE) expresó este martes su apoyo OMS. «Es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral», dijo la vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu.

La controversia estalló justo cuando se celebra la asamblea general de la OMS, en la que los 194 países miembros acordaron este martes una investigación independiente de la respuesta de la Organización ante la pandemia.

El texto aprobado por consenso prevé lanzar «lo más pronto posible un proceso de evaluación imparcial, independiente y completa» de la acción internacional coordinada por la OMS ante la pandemia, incluyendo las decisiones de la organización durante el desarrollo de la crisis.

Trump considera que la OMS ignoró los informes sobre la aparición del virus y le reprocha ser demasiado indulgente con las autoridades chinas en su manejo de la pandemia de la Covid-19.

El presidente Donald Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de contar con una vacuna contra el Covid-19 para fin de año o «quizás antes».

«Estamos buscando tenerla para fin de año si podemos, quizás antes», dijo Trump desde La Casa Blanca, al informar sobre la carrera en el país para desarrollar una inmunización

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, con 1.4 millones de contagios y cerca de 86,000 muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.

A la pregunta de cómo se puede lograr una vacuna en un plazo tan acotado, Trump respondió que se iniciaron los trabajos en enero cuando se tuvo la secuencia genética del virus.

La proyección de Trump es más optimista que la de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), quien ayer indicó que una vacuna podría estar lista en un año en un «escenario optimista».

Trump también anunció que nombrará a Moncef Slaoui, el exjefe de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, y al general del Ejército de cuatro estrellas Gustave Perna para dirigir la denominada ‘Ward Spedd’ (Operación Velocidad de la Luz).

«Mi gobierno está otorgando aproximadamente 10,000 millones de dólares para apoyar un esfuerzo de investigación médica» sin precedentes», dijo Trump, comparando la búsqueda de la vacuna contra la COVID-19 con el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial que llevó al desarrollo de armas nucleares.

Trump agregó que cuando la vacuna esté lista, los militares se encargarán de distribuirla, y evocó un espíritu de cooperación global. «Estamos trabajando juntos con muchos países diferentes», aseguró.

Hasta ahora no se ha desarrollado una vacuna exitosa para ningún tipo de coronavirus que infecte a los humanos.

Más allá de la carrera para obtener una vacuna contra el Covid-19 lo antes posible y que «millones de estadounidenses tengan acceso rápido a ella», Trump destacó que Estados Unidos está listo para reabrir su economía, severamente golpeada por la paralización generalizada de las actividades desde mediados de marzo para evitar los contagios.

«Quiero ser claro: vacuna o no, estamos de regreso», afirmó, en alusión al levantamiento de las restricciones en curso en el país.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió hoy al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, incautar los inmuebles de la organización La Luz del Mundo en México y convertirlos en centros Covid-19, a fin de ampliar la capacidad hospitalaria del sector salud.

El partido recordó que dichos espacios se encuentran abandonados y solitarios, tras la captura Naason Joaquín García, dirigente de la agrupación, quien enfrenta un proceso penal por delitos sexuales en Estados Unidos.

“Con este planteamiento, la Secretaría de Salud tiene más elementos para cubrir la demanda de personas enfermas por coronavirus, ya sea para recibir a enfermos o alojar al personal médico”, señaló el blanquiazul.

Con los inmuebles en manos del gobierno, afirmaron, es posible que el sistema de salud federal pueda tener “un respiro” ante la preocupación de falta de espacio para superar el pico de contagios que vivimos en este mes.

Indicaron que mientras se resuelve en el extranjero la situación de Naason Joaquín García, la Federación puede hacer uso las instalaciones de La Luz del Mundo bajo los principios de legalidad, al ser objetos de investigación por los presuntos delitos sexuales a los que se le acusan a su dirigente.

Remataron informando que desde el Congreso local, el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, buscará revertir la clasificación de “reservada” por 5 años a la información relativa al préstamo que hizo Bellas Artes en mayo del 2019 a La Luz del Mundo para realizar un evento, donde asistieron militantes de Morena.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

«Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad», dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

«Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana», señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

«Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes que desde Palacio Nacional se haya ordenado una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo a la columna Bajo Reserva, del diario El Universal, López Obrador habría ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, investigar las cuentas del expresidente y de su exesposa, Angélica Rivera.

«No hay ninguna investigación abierta del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto», dijo AMLO esta mañana en su conferencia de prensa. Sin embargo, dijo que podría haber denuncias ante la Fiscalía General de la República por parte de ciudadanos. «Pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, añadió

Recordó que aunque no era partidario de actuar en contra de los exmandatarios, sería la ciudadanía quien podría solicitar la realización de una consulta para decidir si se les juzgaba, desde Salinas hasta Peña, «por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos».

Sin embargo, la administración de López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos, durante el periodo que estuvo al frente del gobierno federal.

La instrucción fue girada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuentas bancarias del expresidente, su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

Irma Eréndira Sandoval solicita realizar una investigación en materia de evolución patrimonial del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018.

Por su parte Santiago Nieto confirmó que contra quien sí hay una investigación es Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Peña Nieto.

Nieto Castillo confirmó que el también compadre del mexiquense se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y «que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron».

Según informes de El Universal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la ‘Cruzada contra el Hambre’ y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Santiago Nieto indicó que desde la UIF se abierto carpetas de investigación en contra de diversos funcionarios de la administración pasada, como lo es Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya, pues han atendido la instrucción del presidente de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

«No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política», declaró Nieto.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la comisaria de la Guardia Nacional (GN), Patricia Trujillo, haya sido destituida por comprar un software a sobreprecio.

El funcionario federal aclaró que se está investigando su adquisición, a partir de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Hay observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre la adquisición de un producto de inteligencia; tenemos el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación», dijo Durazo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, acto en el que estaba presente Trujillo y el comisionado de Protección Federal, Manuel Espino.

Durazo expuso que el hecho de que se hagan observaciones sobre el desempeño de una servidora, no significa que tenga responsabilidad sobre desfalcos o malos manejos.

“No está separada del cargo, no hay motivo para la separación porque de momento no hay responsabilidad», enfatizó Durazo.

Y es que de acuerdo con el periódico Reforma, Trujillo habría avalado la compra de un software israelí de espionaje y monitoreo de redes sociales por 500 millones de pesos en 2018.

En aquel entonces, Trujillo se desempeñaba como jefa de la División Científica de la Policía Federal.

De acuerdo al expediente entregado al INAI por la Presidencia de la República, se confirman los contratos millonarios con al menos 36 periodistas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea mediante la cual tuvo acceso a un folio de 780 fojas relativo a 43 empresas de columnistas y medios de comunicación por la venta de contenidos.

Entre los periodistas destaca Joaquín López-Dóriga, quien a través de las empresas Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga y Premium Digital Group mantuvo contratos con el gobierno federal, de 2012 a 2018, por 290 millones 352 mil 869 pesos.

Se menciona, también a Óscar Mario Beteta, quien a través de su empresa Comentaristas y Asociados SC, vendió cada mención por 15 mil pesos más IVA; el total, de acuerdo al expediente fue 74 millones 571 mil 101 pesos.

La empresa de Martha Debayle, Media Marketing Knowledge o BBMundo Direct SA de CV cobró por publicidad en sus revistas impresas Moi y BBMundo, radiofónicos y redes sociales, ocho millones 243 mil 761 pesos.

Otras de las empresas beneficiadas fueron Periódico Digital Sendero SAPI de CV (SDPNoticias), de Federico Arreola por 152 millones 282 mil 653 pesos; Editorial Clío, Libros y Videos SA de CV, de Enrique Krauze Kleinbort, que obtuvo 61 millones 629 mil 920 pesos; Editorial Cruzada (revista Siempre!) que facturó 59 millones 204 mil 89 pesos.

Comercial Media Bizcom SA de CV (Chiapas Hoy, Órale, qué chiquito periódico y Por Esto!), con beneficio de 44 millones 282 mil 591 pesos; Estrictamente Digital SC (Eje Central), por un monto de 36 millones 413 mil 723 pesos.

Comunícalo SA de CV, de Ricardo Alemán cobró en el sexenio pasado, 28 millones 194 mil 67 pesos; Editora de Publicaciones Especializadas y Consultores en Comunicación SA de CV, relacionada al columnista Luis Soto Ortíz, sumó 26 millones 846 mil 752 pesos.

Conducción de Telecomunicaciones SC de Adela Micha obtuvo un ingreso de 24 millones 754 mil 501 pesos; Comunicación Extensa SC de Pablo Hiriart recibió 22 millones 149 mil 942 pesos; Comunicaciones Estratégicas Newlink SA de CV (Callo de Hacha, diariodeconfianza.mx), 21 millones 450 mil pesos.

Ankla Comunicación, SA de CV fue utilizada como propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Hacienda para emitir cápsulas del periodista en los espacios radiofónicos en Grupo Fórmula de López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta, por un monto de 147 mil pesos más IVA; sin embargo, «por tratarse de la SHCP, que es un cliente muy importante para nosotros, les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 pesos más IVA».

Por control remoto, la empresa ofrecía transmitir «en la fecha y hora que ustedes elijan» por un millón 500 mil pesos y aumentaba a un millón 800 mil más IVA si prefería en particular aparecer dentro del programa de los miércoles «con la mesa de Roy Campos, René Casados y José Fonseca».

Si se trataba de conferencias magistrales, el costo era de 35 mil dólares más IVA. En total, de 2012 a 2018, Ankla Comunicación obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 949 pesos; sin embargo, dejó de operar hace un año y medio.

Recordemos que fue Nancy Flores la periodista que la semana pasada acusó a Óscar Mario Beteta de violentarla vía telefónica cuando intentó obtener su versión sobre la información que le proporcionó la Presidencia de la República en relación a los pagos que su empresa recibió de parte del gobierno anterior.

El tenor español Plácido Domingo, a quien varias mujeres acusaron en los últimos meses de acoso sexual, dijo este martes que lamenta el «sufrimiento» causado por sus conductas, y dijo que asume «toda la responsabilidad» de sus actos.

«Quiero que sepan que siento mucho el sufrimiento que les causé», dijo el cantante, de 79 años, en un comunicado este martes.

La declaración de este martes es un giro radical en el discurso que había venido sosteniendo, ya que hasta ahora el tenor había negado firmemente las acusaciones en su contra.

El comunicado fue difundido apenas unas horas antes de que la asociación estadounidense de músicos (American Guild of Musical Artists, AGMA) publicara las conclusiones de su propia investigación, anunciada el pasado septiembre.

En dichas conclusiones, la AGMA sostiene que Plácido Domingo tuvo «una conducta inapropiada, desde el flirteo hasta proposiciones sexuales, dentro y fuera de su lugar de trabajo».

«Muchos de los testigos expresaron temor a represalias profesionales como razón para no hablar antes», indica la asociación, indicando que sus administradores «han aceptado las conclusiones del informe y tomarán las acciones correspondientes», sin detallar estas.

En el comunicado, Domingo dijo que reconoció que «algunas mujeres hayan podido tener miedo a expresarse abiertamente, por el temor de que sus carreras se vieran afectadas».

El cantante ha sido acusado por al menos 20 mujeres de besarlas a la fuerza, agarrarlas o acariciarlas, en incidentes que se remontan, en algunos casos, a hace 30 años. Varias de las mujeres dijeron que intentó presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él, y que a veces incluso tomaba represalias profesionales cuando rechazaban sus insinuaciones.

El tenor asegura que pasó meses «reflexionando sobre las acusaciones que varias colegas» realizaron en su contra y agregó: «respeto que estas mujeres finalmente se hayan sentido cómodas para hablar».

El cantante dijo también que está «comprometido con promover un cambio positivo en la industria de la ópera, para que nadie más deba pasar por una experiencia así», y dijo tener «el ferviente deseo» de que el mundo de la ópera sea más «seguro» para todos, y que su ejemplo «anime a otros».

EL comunicado fue publicado horas después de que un jurado de Nueva York declarara culpable de agresión sexual y violación al exproductor de cine Harvey Weinstein.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana desconocer si hay una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto, luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Y es que ayer, el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer que un alto funcionario reveló que el gobierno federal supuestamente está indagando a Peña Nieto por corrupción.

“No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña», comentó AMLO, aunque reafirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de abrir la investigación ya que es autónoma y no tiene que reportarle nada a él.

Al preguntarle si a partir de la judicialización del caso Lozoya, su gobierno acusaría al exmandatario priísta, López Obrador dijo que sólo se haría si el pueblo lo pide, “nosotros hemos dicho que solo presentaríamos denuncia contra expresidentes si los ciudadanos no los piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante».

López Obrador criticó que la Constitución establezca que los presidentes solo pueden ser juzgados por el delito de traición a la patria, lo que acusó, les da impunidad constitucional.

En ese sentido, informó que envió una iniciativa a los legisladores para que los presientes puedan ser juzgados por cualquier delito como un ciudadano común.

En la actualidad «no se puede juzgar a los presidentes de México más que por los delitos de traición a la patria, no se les puede juzgar por corrupción; en este caso los presientes tienen impunidad constitucional».

El gobierno de México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según reveló al The Wall Street Journal (WSJ) un alto funcionario judicial de México.

La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.

La Fsicalía lo acusa de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México.

«La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel», dijo al WSJ el alto
funcionario refiriéndose a Peña Nieto. «La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro».

La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que terminó el mandato de Peña Nieto en 2018.

Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.

Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente. Después de su arresto en España, su abogado,  Javier Coello Trejo, dijo que su cliente «no actuó por su cuenta», lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.

Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016.

El escándalo ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los expresidentes de Perú, Panamá y Brasil.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso esta tarde una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública (SFP) contra varios funcionarios federales, entre ellos los titulares del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el supuesto desabasto de medicamento en el país.

Karen Quiroga Anguiano, de la Dirección Nacional General Extraordinaria del partido, expuso que solicitan la destitución de los funcionarios, así como su inhabilitación como servidores públicos por considerar que cometieron delitos como omisión y daño a la Hacienda Pública.

Lo anterior, dijo, causó un daño al erario público, ya que, al no realizar la compra consolidada y no haber abasto de medicamento en los diferentes hospitales, ha generado que se tengan que hacer gastos extra no solo a nivel de contribuyente, sino gastos que deberían estar destinados para otros rubros.

Los integrantes del PRD también denuncian la presunta falta de cuidado en el ejercicio de las funciones porque, afirman se ha afectado de manera importante el derecho a la salud.

“No pensamos que sea una falta del sector salud. Se ha tratado de culpar a distintos médicos, directores del sector salud. No es ahí donde radica la culpa, la responsabilidad se tiene con nombres precisos y quien fungía la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy responsable del SAT», dijo Quiroga Anguiano.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha denunciado que existe “huachicoleo de medicamentos, y aunque el PRD no duda que esto exista, cuestionaron que “no se ha presentado absolutamente ninguna denuncia y no se tomaron las previsiones necesarias para comprar los medicamentos que eran necesarios, como el tratamiento de los niños con cáncer.

Se informó que mañana acudirán también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer otras denuncias.

“La Secretaría de la Función Pública tiene que realizar una exhaustiva investigación y que existan consecuencias, consideraron los perredistas.

Julián LeBarón reveló hoy que serían alrededor de 40 los participantes en el ataque contra su familia ocurrido el 4 de noviembre pasado, en el que murieron seis mujeres y tres niños en Bavispe, Sonora.

Luego de la reunión que él y su hermano Adrián sostuvieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que hasta ahora hay siete detenidos y, de acuerdo con las investigaciones, todos los implicados son de Chihuahua.

Previo al encuentro, los familiares acudieron a la Subprocuraduía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde les informaron de los avances en la investigación.

Al salir de la reunión, el integrante de la familia atacada señaló que a los sujetos presuntamente involucrados se les identificó «por testimonios y declaraciones».

Julián LeBarón indicó que “al parecer han identificado a cuando menos a 40 personas que les dispararon a estas niñas y ya tienen a 7″.

Incluso denunció que fue la mañana del 4 de noviembre cuando su hermano le habló al fiscal de Chihuahua, y se le solicitó ayuda a la fiscalía; sin embargo dijo, «ellos nunca llegaron a la escena del crimen, ni a ayudar ni a colaborar con nosotros”.

Julián LeBarón reveló que dos abogados de la familia LeBarón estarán en contacto con las autoridades para dar seguimiento a las investigaciones. Uno es de Sonora y otro de Baja California y ambos recibirán los expedientes de estos crímenes una vez que se dé la autorización y la firma, además del video donde se observa a uno de los atacantes ordenando que quemen la camioneta donde se encontraban los cuerpos de Rhonita LeBarón de Miller y sus cuatro hijos.

“Ese video ya lo vieron familiares de las víctimas, yo no lo he visto. El FBI (Buró Federal de Investigaciones), se los enseñó y también la Guardia Nacional. En este tema están colaborando mucho con las autoridades de Estados Unidos”, expuso Julián.

Añadió que el informe presentado por Gertz Manero fue positivo, y coincidieron que este tipo de crímenes solo se pueden resolver con el apoyo ciudadano. “Que la propia gente ayude a esclarecer este tema”, pidió.

Añadió que al menos tres de los siete detenidos se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Finalmente indicó que participarán en la marcha que partirá de Cuernavaca, Morelos a la Ciudad de México el próximo 23 de enero, junto con Javier Sicilia.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, indicó que será en el primer trimestre de 2020 cuando esté concluido el diagnóstico final de la investigación técnica del accidente aéreo en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

Y es que fue el pasado 24 de diciembre de 2018, cuando el helicóptero marca Agusta A109S, se accidentó en el Poblado de Santa María Coronango, Puebla; además de la gobernadora y su esposo, perdieron la vida Héctor Baltazar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Coppe Obregón.

El titular de la SCT indicó que debido a que el análisis realizado de todos los componentes y piezas recabadas del helicóptero ha sido exhaustivo y detallado, «se prolongó más de lo previsto» la conclusión del informe.

Se indicó que tanto las autoridades mexicanas como las agencias y compañías internacionales que participan en la realización del informe, no dejarán espacio para dudas.

Los integrantes de la comisión internacional acordaron, para que no hubiera discusión sobre el resultado, que todas las pruebas y análisis de laboratorio se hicieran en presencia de representantes de cada una las agencias y compañías, lo que aseguraron, da una «enorme seguridad y transparencia», aunque hace más largo el proceso.

La comisión, integrada por las agencias y compañías, ya recibió y analiza los reportes correspondientes, para realizar el diagnóstico final, en el que se establecerán los factores causales y contribuyentes, así como las recomendaciones que deberán quedar incorporadas en el proyecto del Informe Final de Causa Probable.

En el análisis participan la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y expertos en la investigación de accidentes aéreos de la Trasportation Safety Board (TSB) de Canadá, la Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) de Italia, la National Transportation Safety Board (NTSB) de USA, y la European Union Aviation Safety Agency (EASA) de Europa.

También se tiene la asesoría de las empresas fabricantes Leonard Helicopter Division (LHD) y Logic en Italia, Patt & Whitney y Safran en Canadá, así como Honeywell Aerospace y Collins en Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si se podría descartar la posibilidad de un atentado, Jiménez Espriú sostuvo que desde un principio se descartó dicha idea, pues «no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado».

El funcionario federal señaló que no se han encontrado restos de pólvora, o algún balazo u otra prueba que pudiera apuntar a que se trate de un atentado.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».