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Los demócratas pidieron esta tarde una investigación a Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump y asesora de alto rango en la Casa Blanca, luego de que se conocieran los reportes que indican que el año pasado usó una cuenta personal de correo electrónico para tratar asuntos del gobierno.

Y es que, en una revisión de la Casa Blanca del correo de Ivanka Trump, se encontró que ella usó su cuenta personal hasta 100 veces para contactar a otros funcionarios de la administración, reportó el lunes el Washington Post.

El uso de una cuenta personal para asuntos del gobierno potencialmente violaría una ley que exige conservar todos los registros presidenciales.

Asesores de Elijah Cummings, el demócrata de más alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, confirmaron que el panel investigaría las comunicaciones de La Casa Blanca una vez que los demócratas asuman su mayoría en la cámara baja, en enero.

“Planeamos continuar nuestra investigación de los registros de los documentos presidenciales y federales, y queremos saber si Ivanka cumplió con la ley”, indicó la oficina de Cummings en un comunicado.

El texto indicó también que el año pasado se inició una pesquisa de la correspondencia de la Casa Blanca pero que los republicanos, que actualmente son la mayoría en la cámara baja, la desecharon.

Peter Mirijanian, portavoz del abogado de ética de Ivanka Trump, Abbe Lowell, dijo al Post que su uso del correo personal era distinto del caso de Clinton porque no hubo un servidor privado, ninguno de los mensajes tenía información clasificada y fue antes de que tuviera conocimiento de esas regulaciones.

Y es que recordemos que Trump realizó varios ataques durante la campaña de 2016 contra Hillary Clinton, por el uso de su correo personal y un servidor privado.

La Procuraduría General de la República (PGR) investigará a jueces y magistrados de Veracruz por los criterios legales aplicados contra los involucrados en el caso del exgobernador Javier Duarte.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Muñoz Vázquez, dijo que la dependencia cambiará de estrategia para evitar que los implicados puedan estar fuera de la cárcel.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

El funcionario dijo que la PGR no comparte las estrategias de los jueces y magistrados de Veracruz, por lo que realizará otras acciones legales para lograr condenas contra los implicados y que no queden libres.

De Muñoz Vázquez aseguró que, ante esta forma de actuar de los jueces y magistrados, la PGR ya los investiga, puesto que podrían tener nexos con el crimen organizado y por ello liberan a delincuentes.

Además, explicó que en el caso de Javier Duarte de Ochoa buscaron una sentencia rápida con un proceso abreviado ante esta amenaza legal debido a la actitud de los jueces.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR) la carpeta de investigación por el delio de abuso sexual cometido presuntamente por un profesor contra 37 alumnos de un kínder.

La decisión se desprendió luego de una reunión que los padres de los menores sostuvieron con el Procurador capitalino, Edmundo Garrido. Los hechos recordaron, fueron denunciados desde el pasado 12 de octubre.

Las autoridades explicaron que toda vez que la escuela donde presuntamente ocurrieron los hechos pertenece a la federación, el expediente se derivará a la PGR para que continúen las indagatorias y se esclarezcan los hechos.

´Por su parte el asesor de Coordinación de Vinculación Interinstitucional y el responsable del Área Jurídica de Preescolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometieron a restablecer el funcionamiento del colegio y revisar el procedimiento que se implementó por parte de las autoridades educativas al tener conocimiento del hecho.

Finalmente la PGJ CDMX adelantó que coadyuvará en las indagatorias a través de “Bosty”, un personaje virtual, mediante el cual se busca obtener las declaraciones ministeriales de niños víctimas de delitos sexuales.

 

Foto: Twitter @ohernandezb

Luego de que desde el fin de semana pasado comenzara a circular en redes sociales la información de una supuesta agresión a una alumna del CCH Naucalpan, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que no se ha podido corroborar dicha agresión, por lo que hizo un llamado a que quien cuente con detalles para dar seguimiento al caso.

A través de un comunicado señaló que pese a la desinformación que existe sobre la supuesta agresión, decidió presentar las denuncias correspondientes ante las procuradurías de la Ciudad de México y del Estado de México, para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Reconoció que existen diferentes versiones sobre los supuestos hechos, publicadas a través de las redes sociales y medios de comunicación. “Son confusas e incluso incurren en contradicciones respecto al sitio donde se dice que ocurrió la supuesta agresión”.

Sostuvo que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, personal de la UNAM acudió a los ministerios públicos y a los hospitales de la zona para indagar si había sido presentada alguna denuncia o si existía algún ingreso de una paciente con una lesión similar a la que se mencionaba.

“En todos los casos no encontró ningún dato que pudiese estar relacionado a la información que en redes circulaba”, advirtió la Máxima Casa de Estudios.

Añadió que también se procedió a revisar las bases de datos de la Dirección General de Servicios Escolares del CCH para identificar a alumnas que pudieran coincidir con el nombre de la supuesta alumna lesionada; sin embargo dijo que en los casos donde hubo coincidencias se estableció comunicación y “todas ellas se encontraban con buen estado de salud y negaban haber sido agredidas”.

Recordemos que la información que circuló en redes sociales señalaba que una alumna que asistía a la Asamblea Interuniversitaria como comisionada de CCH Naucalpan, había sido interceptada, golpeada, apuñalada y amenazada.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en Cuernavaca.

La investigación se originó luego de que en la autopista se formara un socavón en que fallecieron dos personas.

El organismo indicó que entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.

“Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones”, indicó la Comisión.

Indicó que durante su investigación, encontró irregularidades y una relación entre la autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, por lo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso, tanto en lo que tiene que ver con las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas. Señaló que salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas

En la recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, la CNDH señala que la aspectos como la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción.

La CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con BANOBRAS, CONAGUA, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas, según una investigación publicada hoy por el diario The New York Times (NYT).

El periódico, que ha analizado un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos, destaca además que a lo largo de los años Trump recibió de su padre el equivalente a más de 413 millones de dólares, lo que contradice sus repetidas afirmaciones asegurando ser un multimillonario hecho a sí mismo.

Según el Times, gran parte de ese dinero llegó al mandatario gracias a que éste ayudó a sus padres a evitar  impuestos.

Entre otras cosas, el periódico destapa que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando se hicieron con él.

En total, The New York Times calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de 1,000 millones de dólares por la que apenas pagaron al fisco 52.3 millones.

El diario describe en detalle cómo el constructor Fred Trump facilitó importantes cantidades de dinero a su hijo, el ahora presidente, durante muchos años, a menudo con fórmulas “creativas” para esquivar los impuestos a pagar por donaciones y herencias.

No es la primera vez que The New York Times publica informaciones que ponen en cuestión las prácticas fiscales de Trump, pues ya durante la campaña presidencial de 2016 el diario difundió documentos que sugerían que el magnate neoyorquino pudo evitar durante años pagar impuestos sobre la renta.

 

Con información de EFE y The New York Times / Foto: Archivo APO

A cuatro años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró su compromiso “irrefutable” con la investigación.

A través de un comunicado indicó que en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de averiguación previa, entre los que destacó: 1,447 personas declaradas ante el Ministerio Público, 1,945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Adicional resaltó las consignaciones que se han hecho ante los tribunales, y que han llevado a que actualmente se encuentren bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos.

La PGR aclaró que como parte del proceso, se han atendido líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La PGR reitera, además del compromiso irrefutable, su comprensión respecto a la gran afectación que lo sucedido vino a causar en las familias de los estudiantes normalistas, y a los derechos que por ley les asisten en esa condición, así como el legítimo derecho que tienen para mantener sus demandas de justicia”, finalizó el comunicado de la dependencia.

 

Las investigaciones que durante tres años se llevaron a cabo contra Guillermo Padrés y sus presuntos cómplices por delitos del fuero común no tienen valor alguno y ahora la Procuraduría General de Justicia de Sonora deberá comenzar de cero si aún pretende fincarles alguna responsabilidad.

Al declarar inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, un tribunal federal no sólo determinó en forma definitiva que ese organismo ya no podía investigar al ex Gobernador, sino también anuló todas las indagatorias que integró en su contra.

Según la versión pública de la sentencia del amparo en revisión 194/2017, difundida la semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Hermosillo invalidó todas las actuaciones de las cinco investigaciones de esa Fiscalía contra el sonorense.

El fallo fue más allá de lo dictado el 16 de marzo de 2017 por el juez federal Manuel Rivera Navarro, quien en su momento estableció que la Fiscalía era inconstitucional, pero sus actuaciones debían turnarse a la Procuraduría estatal para que continuara con las indagatorias.

De acuedo con el colegiado, si la Fiscalía era producto de un decreto inconstitucional, por haber sido publicado el 28 de septiembre de 2015, antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales del Sistema Anticorrupción, entonces sus investigaciones también debían ser invalidadas.

“En este orden de ideas, los acuerdos, diligencias o determinaciones emitidas por los agentes del Ministerio Público especializados en la llamada Fiscalía Anticorrupción que tengan fundamento directo en el decreto declarado inconstitucional, deben declararse nulas”, resolvió el colegiado.

Si bien la PGJES aún puede indagar a Padrés por los mismos hechos, su trabajo deberá partir de cero, ya que no tendrá que considerar ningún documento, testimonio, peritaje, cateo, aseguramiento o prueba diversa obtenida o diligenciada en los últimos tres años por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

 

 

Con información de Reforma

En conferencia de prensa la Comisión Investigadora del accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Durango el pasado 31 de julio, informó sobre el avance en el proceso de investigación de las causas que originaron el desplome de la aeronave.

El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán, destacó que la rápida reacción y coordinación de las instancias federales, estatales y municipales que participaron en las acciones de emergencia fueron claves, junto con la eficaz actuación en el procedimiento de evacuación, para que no se presentaran pérdidas humanas.

Por su parte José Armando Constantino Tercero, Director de Análisis e Investigación de Accidentes de la DGAC, presentó el informe de avances de la Comisión Investigadora, en el que se menciona que de acuerdo a la lectura de los registradores de datos de la aeronave, se desprende un comportamiento normal de los motores; sin embargo enfatizó que se observaron variaciones en las velocidades del aire y de la aeronave que indican la presencia de un factor externo.

Dichas condiciones climatológicas fueron confirmadas por el grupo de meteorología que detectó la ocurrencia de un fenómeno conocido como ‘micro-rafaga’ durante la carrera de despegue. Explicó que dicho fenómeno consiste en una columna descendente muy localizada de aire y agua que impacta el terreno generando micro-ráfagas de gran intensidad en todas direcciones.

Detallaron que con la información de los registradores de datos y de meteorología se construyó un escenario de simulador para evaluar el desempeño de la tripulación durante la operación, para lo cual varias tripulaciones realizaron el ejercicio de simulador con el escenario construido, y ninguna de ellas pudo alcanzar un resultado distinto al que se vivió la tarde del accidente.

El presidente de la Comisión Investigadora comentó que como parte de los trabajos realizados se detectó una “sesión de habilitación en ruta no autorizada”, ya que un tripulante, un piloto en entrenamiento, desarrolló las funciones de copiloto bajo el acompañamiento del comandante, hasta que este le pidió los controles.

“La sesión no se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos, por lo que se dio aviso a la autoridad aeronáutica”, indicó Fonseca Guzmán, quien precisó que si bien esa situación no fue la causa del accidente, se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar, en su caso, las sanciones que establece la normatividad.

Por ello se indicó que se emitirá una circular obligatoria para fortalecer los controles de acceso a la cabina y los protocolos para asegurar la concentración y disciplina que deben prevalecer en ella.

Constantino Tercero concluyó señalando que hasta el momento no existe evidencia de fallas mecánicas en la aeronave, ni de fallas humanas en la operación de esta, ya que no hubo información para que la tripulación considerara demorar el despegue y los ejercicios de simulador concluyeron todos con el mismo resultado, por lo que las evidencias obtenidas hasta el momento apuntan a los factores climatológicos como principal línea de investigación.

La fiscalía de París abrió una investigación preliminar en contra de la estrella del cine francés Gérard Depardieu por “violación y agresión sexual” después de una denuncia presentada el lunes.

Gérard Depardieu “niega absolutamente toda agresión, toda violación”, dijo el abogado del actor, Hervé Temime, a la agencia AFP.

El abogado lamentó el hecho de que dicha denuncia se haya ventilado a los medios de comunicación, pues dijo que  “causa un grave perjuicio” a su cliente. Adelantó que se demostrará la inocencia del actor francés.

Temime pidió “máxima moderación, en el respeto de los derechos de todas las partes”.

 

Con información de AFP / Foto: Twitter @Gegedeuxpardieu

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, confirmó que la investigación en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso relacionado a la brasileña Odebrecht, aún está en curso.

El funcionario señaló que se encuentran a la espera de la información que se solicitó a instancias jurídicas internacionales, pues dijo que en el sistema penal acusatorio, al que calificó como “muy rígido”, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

Díaz Santana prefirió no indicar de qué países están esperando la información, pues sostuvo que de hacer pública la información se podría ver afectada la investigación. “Pero estamos avanzando en el caso”, enfatizó.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a buscar y, en su caso, dar a conocer los informes sobre investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, generados durante la gestión del procurador Diego Valadés Ríos.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales afirmó que saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable no solamente de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad.

Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definió el derecho a la verdad como un derecho de carácter colectivo que permita a la sociedad acceder a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.

“Como sociedad democrática contar con la información pública es indispensable, para participar con conciencia de causa, para realizar un escrutinio público de la narrativa oficial y para generar una memoria colectiva basada en hechos y razonamientos expresados bajo el valor de la verdad”, subrayó Bonnin Erales.

La decisión del INAI llega luego de que la PGR proporcionara a un particular las ligas electrónicas del “Informe de la
investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada no correspondía con lo requerido.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) en Jalisco inició cuatro carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables, por la probable comisión del delito contra la salud, derivado de la localización de tres sembradíos con 70 mil plantas, de aparentemente marihuana.

De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Policía Federal (PF) hicieron del conocimiento a los representantes públicos de la Federación que, al realizar diversos recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la comunidad Los Soyates y el poblado de Amatitán, en el municipio de Tequila, Jalisco, localizaron los plantíos.

En los predios, los efectivos federales destruyeron, por medio de incineración, las 70 mil plantas de la hierba verde, mismas que se encontraban en una superficie de aproximadamente seis mil 500 metros cuadrados.

En otra acción, elementos federales localizaron en el poblado de Mitlán, del municipio de Tequila, un secadero con media tonelada de plantas de la hierba verde referida, que posteriormente fue destruida por medio de incineración.

En estos lugares, se recabaron muestras representativas, mismas que fueron puestas a disposición de los Ministerios Públicos de la Federación, quienes continúan con la integración de las carpetas de investigación, para resolver conforme a derecho.