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La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de enviar una iniciativa de ley para eliminar los organismos autónomos, tales como el INAI, el IFT o la COFECE, sería un grave retroceso para el desarrollo democrático del país, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La patronal expresó su preocupación y desacuerdo con la propuesta de López Obrador y advirtió: “seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento”, ya que son pilares “fundamentales” para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas.

“Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México”, enfatizó.

La Coparmex se pronunció respecto al anuncio de López Obrador, quien ayer informó que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos pues “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, expresó durante su conferencia matutina.

AMLO se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al respecto, la Confederación demandó resolver los nombramientos pendientes de los integrantes de dichos organismos, como el INAI, que desde abril no ha podido resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como mandata la Constitución.

La Coparmex recordó que estas instituciones “sí sirven a la sociedad”, pues garantizan el derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones en distintos temas.

Asimismo, dijo que las funciones especializadas y atribuciones que ejercen como órganos garantes constitucionales desde sus distintas áreas “son determinantes para la estabilidad del principio de División de Poderes” y “la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

“Debilitarlos y concentrar todas las decisiones en un solo Poder, representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas”, agregó.

Finalmente, señaló que la existencia y permanencia de las instituciones “no pueden ni deben estar en función del gobierno en turno ni de ideologías políticas particulares. Los órganos autónomos son una conquista ciudadana expresada en la Constitución. México no puede dar pasos atrás”, remató.

El Gobierno de México y las fuerzas armadas “no deben de hacerla de empresario” al ceder el control de diversas obras de infraestructura, reclamó el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), José Medina Mora.

La postura del líder empresarial llega en medio de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ceder el control de aeropuertos, puertos, aduanas y su plan de recuperar la actividad de los trenes de pasajeros en el país a las Fuerzas Armadas.

“Es muy claro que el Gobierno debe de poner las normas, las leyes, pero no debe de hacerla de empresario porque las empresas que maneja el Gobierno generalmente no son rentables”, afirmó Medina Mora.

En cinco años de gobierno, López Obrador delegó la construcción y control de casi una tercera parte de los aeropuertos en el país a las Fuerzas Armadas, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria, además de la totalidad de las aduanas y puertos en México.

A estos esfuerzos se suma el decreto por el cual las empresas con concesiones de vía férrea deben plantear propuestas para ofrecer servicio de trenes para pasajeros, mientras que el Gobierno alista al Ejército para ofrecer una alternativa pública, de no llegar a seleccionar los proyectos privados.

“La Constitución (de México) es muy clara, el Ejército debe estar a cargo de la seguridad nacional”, cuestionó el presidente de la Coparmex.

Medina Mora señaló que hasta ahora las Fuerzas Armadas en el país se mantienen de forma excepcional en las calles y auxiliando en tareas de seguridad pública hasta 2028, fecha límite aprobada para regresar a los cuarteles.

Sin embargo, el líder del sector patronal insistió que ni el Ejército ni la Marina tienen facultades constitucionales para “administrar” aeropuertos, aduanas, ni para construir sucursales bancarias o trenes, así como tampoco para manejar aerolíneas.

En otros temas, Medina Mora señaló que “no es momento para aumentar los costos de producción de las empresas, sobre todo de las más pequeñas”, esto al cerrar filas para insistir en que no es momento para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Explicó que tan solo en este año, la iniciativa privada ya ha acompañado tres políticas que generar incremento de los costos de las empresas: la reforma a pensiones, los cambios legales para aumentar las vacaciones y el más reciente aumento del 20% al salario mínimo.

“No es el momento (de reducir la jornada laboral en México), le quitaríamos un atractivo a las inversiones, ahorita que están llegando (al país) las empresas, vamos a motivarlas”, expresó por su parte Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario señaló que lo que requieren los trabajadores mexicanos son mejores salarios, por lo que recordó el más reciente acuerdo de incrementar un 20 % el salario mínimo general para el 2024.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega, defendió que estos cambios son inminentes, dado que forman parte de los acuerdos suscritos por México en el T-MEC.

“No nos negamos los industriales a esta reducción (de la jornada laboral), sabemos que es parte de los acuerdos del T-MEC, como fueron el tema de sindicatos, de (ampliar) las vacaciones, de (aumento a los) salarios”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la implementación de esta reforma afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debido al costo que tendrán que absorber.

Con ella coincidió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, quien subrayó que esta modificación legal podría desestabilizar el crecimiento del país y el auge del ‘nearshoring’.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estaría proponiendo un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada noviembre.

De concretarse la propuesta de la patronal, que reúne a más de 36,000 empresas que en conjunto aportan un tercio del PIB, el sueldo mínimo alcanzaría un incremento del 100% en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Consideramos que es un avance muy importante el que México pueda competir por talento y no por tener salarios mínimos muy bajos”, expresó Medina Mora, presidente de la Confederación en entrevista con la agencia Efe.

El líder empresarial detalló que la propuesta consiste en un alza del 4.6% por la inflación esperada al cierre del año más dos puntos porcentuales hasta un 6.6%, así como un porcentaje por concepto de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) para alcanzar un aumento de 26.55 pesos.

Con esta propuesta, el salario mínimo por ley pasaría de 207.44 pesos al día actuales a casi 234 pesos, es decir, un sueldo mensual de 7.020 pesos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y 20% en este 2023.

El líder empresarial recordó que la discusión inicia este noviembre en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en la que se define este aumento entre el sector patronal, el Gobierno y los trabajadores.

Al respecto, López Obrador ha anticipado un incremento “considerable”, mientras líderes sindicales han adelantado a algunos medios su intención de buscar un aumento del 25%.

Por otro lado, el líder de la Coparmex reconoció que la meta planteada desde el sector patronal y gubernamental, sobre que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer la línea del bienestar familiar, se ha retrasado hasta 2026.

Señaló que este supuesto, en el que dos ingresos alcanzan para cubrir las necesidades de cuatro integrantes en un mismo hogar, ya es una realidad en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde el salario mínimo es mayor al del resto del país, por ley.

Finalmente, la Coparmex afirmó que “no es el momento” de aprobar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y que se discute el Congreso, pues dijo, empeoraría los costos que ya afrontan las empresas por los aumentos del salario mínimo y las vacaciones.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minerales (Semarnat) denunció este viernes que la minería ha afectado 15 millones de hectáreas de 5,000 núcleos agrícolas, esto al defender la reforma que el presidente López Obrador presentó a la Ley Minera, que busca para restringir esta actividad.

Por los daños de esta industria, la Semarnat contabilizó que las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos entre 2013 y 2018.

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, advirtió del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.

Aunque la actual administración no ha entregado nuevas concesiones mineras, la Semarnat reconoció que desde 1992 se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación minera.

Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60% de las 195.6 millones de hectáreas del territorio nacional, detalló la dependencia.

“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, enfatizó Albores.

La titula de la Semarnat hizo estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la reforma que propuso López Obrador a la Ley Minera, con la que se busca que el gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.

La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.

Además, prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.

Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos y que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La legislación sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre, ha señalado la agencia Moody’s.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Jorge Álvarez Fuentes, Embajador y asociado del COMEXI, sobre la iniciativa de la Ley Minera, los riesgos sobre los que ha alertado la IP, y la defensa del gobierno federal a la propuesta del presidente.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los Senadores para que no avalen las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas esta madrigada en la Cámara de Diputados.

“Reconocemos a las y los Diputados que rechazaron primero la reforma constitucional, y luego los cambios a las leyes secundarias (…) actuaron en coherencia con la lucha que durante más de 30 años ha encabezado la ciudadanía, para evitar que sea el gobierno el que organice las elecciones”, dijo la Coparmex a través de un comunicado.

Lamentaron que, pese a las expresiones ciudadanas, desde el Ejecutivo Federal y abusando de su mayoría parlamentaria, se optara por aprobar en fast track las reformas a las leyes secundarias, conocidas como el “Plan B” del gobierno, pues dijo que se vulneró al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), así como al TEPJF.

“El llamado Plan B representa un amago en contra de la Democracia, y un desafío a los millones de ciudadanos que se manifestaron en todo el país; es una maniobra para desmantelar los organismos electorales y allanar el camino para elecciones con influencia  del gobierno. No es fruto del consenso, sino de una imposición”, alertó la Coparmex.

La Confederación insistió en que no es la forma ni el momento para una reforma electoral que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y el respaldo ciudadano.

Al respecto, el grupo parlamentario del PAN en el Senado indicó esta tarde que no permitirán que se atropelle el procedimiento legislativo para aprobar una reforma al marco legal electoral, que claramente debilita al árbitro electoral y a las instituciones democráticas.

Señalaron que no avalarán dispensas en el trámite del llamado  ‘Plan B’, por lo que solicitarán y vigilarán que la discusión de dicha iniciativa sea discutida en 2023. “Adelantamos nuestro voto en contra”, indicaron los panistas.

En conferencia de prensa, el llamado grupo de contención, integrado por las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural, expresaron que se requerirá tiempo para analizar y discutir la iniciativa, algo que dijeron, no pasó en la Cámara de Diputados.

“Sin discusión, sin análisis, únicamente siguiendo una instrucción, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han aprobado una propuesta que pasa por encima de la Constitución. No apoyaremos nada que violente nuestra democracia”, dijo la bancada del PRI.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la Cumbre de las Américas, que inició esta semana en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, al señalar que su asistencia hubiera permitido interlocución directa con los Jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes.

“La asistencia del Presidente López Obrador hubiera permitido una interlocución directa con los Jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes para consolidar relaciones clave, empezando por nuestros dos principales socios económicos, Estados Unidos y Canadá, los países con los que integramos la Alianza del Pacífico, así como con los demás países del continente con quienes tenemos tratados comerciales y acuerdos de cooperación”, señaló el CCE.

Los empresarios aglutinados en el CCE indicaron que los acuerdos de los Jefes de Estado y de Gobierno del continente americano que se den en el marco de la Cumbre de las Américas, serán de la mayor importancia para las relaciones de México con Estados Unidos y todos los países del hemisferio.

En ese sentido, expresaron el apoyo de la Iniciativa Privada (IP) a los integrantes de la delegación del gobierno de México, encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a fin de promover la inversión, el comercio internacional, la seguridad, la sustentabilidad y la prosperidad.

Se informó que el presidente del CCE, Francisco Cervantes, participará en la IV Cumbre de CEO’s de las Américas. Esta cumbre reunirá a líderes empresariales, incluidos aquellos que representan a pequeñas y medianas empresas de todo el hemisferio, y uno de sus objetivos es crear sinergias entre sector privado y gobierno para establecer acciones conjuntas que permitan superar los estragos de la pandemia de COVID-19, lograr una reactivación plena de las economías y asegurar un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

“Desde el sector empresarial compartimos y promovemos el respeto por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa, por lo que nos complace participar en esta Cumbre, que promueve la cooperación entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado en beneficio del crecimiento económico de la región”, concluyó el CCE.

Representantes de la Iniciativa Privada (IP) acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gabinete, en la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica.

Participaron Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD); Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Mauricio García Muñoz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico); José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Gregorio Gómez Sanz, integrante de la Mesa Directiva de Concamin; José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Acompañados de productores y representantes de tiendas de autoservicio, la IP celebró que las acciones anunciadas para aliviar los efectos de la inflación se hayan dado a partir del diálogo con las empresas, para que estas participen de acuerdo con sus posibilidades y de manera voluntaria.

“Desde el sector privado reconocemos la atención prioritaria del gobierno federal a la grave situación de carestía; y su disciplina fiscal, la cual también juega un papel importante en la moderación de las presiones sobre los precios en general”, indicó el CCCE.

El Consejo Coordinador Empresarial aclaró que el PACIC no intenta establecer un control de precios, además de que es un instrumento temporal.

Coincidió con lo expuesto por el presidente y secretario de Hacienda, respecto a que es de vital importancia contener la inflación mediante acciones razonadas y eficaces. En ese sentido dijo que los objetivos del sector privado están alineados a su dimensión social y son claros, y mencionó: proteger el poder de compra de la población, en especial de los más vulnerables, y concentrarse en las cadenas de alimentos de la canasta básica y otros similares, de manera temporal.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que el mejor antídoto frente a la presión inflacionaria es la inversión y el crecimiento, asegurando que se requiere una economía que no esté sujeta a costos injustificados que encarezcan las fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías.

“Juntos, sociedad, gobierno y sector privado, podremos hacerle frente a esta crisis global”, remató.

En tanto, la Coparmex calificó como positivo que el PACIC, reconociendo las 15 medidas divididas en producción, distribución, comercio exterior y otras; dijo que se pensaron para cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo, con los que se busca apoyar de manera decidida a las familias mexicanas más vulnerables para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Confiamos en que las acciones anunciadas serán efectivas, toda vez que están planeadas en un escenario de corto y mediano plazo que las hace viables para apoyar la economía familiar; mientras que el elemento de libre adhesión, permite a las empresas, sumarse sin imposiciones de acuerdo con su esquema de reestructuración y recuperación post pandemia”, añadió la Coparmex.

La Confederación destacó que la simplificación regulatoria y la reducción de costos de transacción, como la exención de Carta Porte por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a básicos e insumos en sus transportes y la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal.

Reafirmó el propósito del PACIC, que es lograr que la canasta básica por familia de cuatro personas, tenga un costo promedio de mil 129 pesos con incentivos como el arancel cero a la importación de básicos e insumos.

De la misma forma aplaudió que el PACIC reafirma el compromiso y estrategia de seguridad en carreteras para que existan menos robos de mercancías, incluyendo apoyos a combustibles, el subsidio a la electricidad doméstica, congelar los costos de ferrocarril y no incrementar el peaje en las autopistas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

“Reconocemos la disposición del Gobierno de México para no implementar un control de precios como estrategia principal para combatir la inflación, impulsada principalmente por factores internacionales, como la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministros, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el colapso del puerto de Shanghái, que es la terminal de mercancías más importante del mundo”, remató la Coparmex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca hacer frente a la elevada inflación, y el cual fue pactado con la Iniciativa Privada (IP), específicamente con las principales empresas de alimentos del país.

El PACIC incluye un aumento en la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios, según indicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

“Planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal. Y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz”, dijo el secretario al intervenir en la mañanera.

Ramírez de la O detalló que las medidas tendrán una duración inicial de seis meses, que pueden ser prorrogables.

El plan, dijo, tiene cuatro ejes que contemplan la producción, distribución de los alimentos, comercio exterior y otras medidas.

Detalló que la iniciativa busca aumentar unas 4.8 millones de toneladas en la producción de granos básicos, con medidas como reforzar el apoyo a programas gubernamentales, la entrega de fertilizantes para el campo y la eliminación de la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio.

Además, se fortalecerá la estrategia de seguridad en las carreteras para evitar el robo de alimentos, se mantendrán las tarifas en los peajes de carreteras y en rutas de tren, y se suprimirá la contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra.

“Todas estas medidas, en gran medida, son oferta, reducción de costos, no estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni ninguna otra medida directa”, aclaró el funcionario, quien agregó que se creará una reserva estratégica de granos básicos y leche.

Y es que en medio de una espiral inflacionaria agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania, el índice de precios en el país se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de abril a un 7.72% a tasa interanual, superando el objetivo de Banxico que es de un 3% más menos un punto.

“Quiero agradecer la colaboración de los productores, empresarios, comerciantes porque han aceptado participar de manera voluntaria y esto nos ayuda a todos”, dijo por su parte el presidente López Obrador al señalar que el plan busca garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un “precio justo”.

Añadió que a estas medidas se unieron empresarios como Carlos Slim, quien se ofreció a no subir el precio de las tarifas telefónicas; además de que otras empresas como WalMart y Bimbo, dieron su apoyo al PACIC, comprometiéndose a mantener el precio de algunos de sus productos, que forman parte de la canasta básica.

La Iniciativa Privada (IP) está abierta al diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta”, dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

Y es que esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”, y bajo el cual operan.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte declaró a comienzos del mes, constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las denuncias penales hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude. Dijo que si no se llegaba a acuerdos, no encubriría a nadie y aplicaría la ley como corresponde.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener “distintas interpretaciones”. “Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas”, explicó.

El también empresario indicó que la IP se siente “tranquila” y que se busca apostar por las “energías limpias” sin descartar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como quiere el gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una “mesa de diálogo”. Consideró además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería la persona ideal para encabezar estas negociaciones por parte del Ejecutivo.

Recordemos que en días recientes, el ingeniero y empresario Régulo Salinas asumió la Presidencia de la Comisión de Energía del CCE, en sustitución de Roger González.

“¡Se cumplió!”, sostuvo Alejandro Moreno, diputado y presidente nacional del PRI, luego de que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera rechazada la noche de ayer, al no obtener la mayoría calificada. El líder nacional del tricolor agradeció el respaldo de la ciudadanía, y dijo que “demostramos que la defensa de nuestro país siempre será la gran causa que nos una. Esta es la primera de muchas victorias que juntos construiremos”, expresó al término de la sesión.

Enfatizó que los 70 diputados federales del PRI votaron en contra, en cumplimiento del mandato que recibieron de la ciudadanía.Destacó que con sus 223 votos en contra, la oposición frenó la reforma regresiva de Morena. Al final de la sesión, los integrantes de la coalición “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD, gritaban “No pasó. No pasó” y, enseguida, entonaron el Himno Nacional desde sus curules.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que su bancada hizo lo correcto: “rechazamos la tóxica reforma eléctrica morenista, frenamos los caprichos del presidente, defendimos la Constitución, la economía de las familias, energías limpias y a México”.

 

Tras celebrar el voto en contra de la “regresión y destrucción”, indicó que impulsarán su propuesta alternativa que permitiría a los mexicanos pagar menos por la luz, cuidar el medio ambiente y avanzar en la generación de energías limpias y renovables. “Nuestra iniciativa busca fortalecer la confianza de las inversiones y el Estado de derecho. Buscamos el respeto de los órganos reguladores autónomos y los tratados internacionales”, sostuvo el líder panista.

Cortés Mendoza señaló que entre las acciones que de inmediato se podrían poner en marcha se encuentra el programa de paneles solares para los hogares con niveles de consumo básico, el cual se puede financiar perfectamente con los 70 mil millones de pesos que la CFE destina actualmente al subsidio de la electricidad.

El panista dijo que la llamada #LeyBartlett de López Obrador representaba un duro golpe a la economía familiar, porque aumentaría el precio de la luz y los más perjudicados serían los sectores más pobres. También dijo que habría provocado apagones generalizados en todo el país y mayor contaminación y daños al medio ambiente.

La dirigencia nacional del PRD indicó que en el partido del Sol Azteca se está a favor de una reforma eléctrica que considere a la electricidad como un derecho humano, cuya rectoría la tenga el Estado a través de los organismos reguladores y la CFE sea una empresa competitiva, que garantice tarifas bajas, electricidad limpia y renovable, y no de una que violente tratados internacionales, como era la de Morena.

“Queremos dejar en claro que el PRD sí está de acuerdo con la integración de la electricidad y el litio como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, pero bajo un diseño institucional que establezca el papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el litio”, señaló la dirigencia del PRD.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconoció el trabajo de las y los Diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual insistieron iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia y el cumplimiento de los tratados internacionales tanto en materia económica como ambiental.

La IP lamentó que en la elaboración del dictamen que se votó en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y aliados no hayan tomado en cuenta las participaciones de expertos, representantes del sector empresarial y académicos en el Parlamento Abierto, lo que acusaron convirtió a dicho ejercicio en una mera simulación.

“La política se trata precisamente de lograr acuerdos utilizando como principal herramienta el diálogo. Esta reforma no fue aprobada porque la mayoría parlamentaria desestimó el diálogo, buscó imponerse “sin cambiar ni una coma”, le faltó voluntad y generosidad. La propuesta no tuvo la mayoría calificada requerida en la Cámara baja, es decir las dos terceras partes de los integrantes, por lo que fue desechada”, celebró la Coparmex, que en 101 ciudades del país aglutinan a más de 36 mil empresarios.

La confederación insistió en que se requiere visión de largo plazo, donde se tenga una CFE fortalecida, un país con energías limpias; donde se respete el Estado de Derecho, se mejore el servicio a la sociedad, se respeten los acuerdos internacionales y se fomente la inversión para así contar con suficiente energía para el crecimiento que requiere el país.

“Reconocemos el trabajo de los legisladores de oposición que se mantuvieron firmes a pesar de las presiones y los chantajes desde el poder, privilegiando el principal objetivo de buscar el beneficio para México. Sin duda, al no aprobarse esta reforma, ganó México”, añadió la Coparmex.

Finalmente, se dijo preocupa que una vez desechada la reforma, se pretendan seguir impulsando maniobras desde el gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a los diputados para que voten en contra de la reforma eléctrica, tal como fue presentada por el presidente López Obrador.

Pidieron que en la discusión prevista para este domingo escuchen las voces de los ciudadanos, tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten por lo que México necesita, privilegiando las razones técnicas y económicas, así como el bienestar de los mexicanos.

La Coparmex, que en 101 ciudades del país aglutinan a más de 36 mil empresarios, reiteró el llamado a los legisladores a que eviten dañar al país y a las familias con una reforma sin consenso y sin haber atendido los comentarios vertidos en más de 150 horas en el Parlamento Abierto.

“La Reforma Constitucional no debe ser aprobada tal como fue presentada, ya que destruye el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas”, denunció la Iniciativa Privada (IP).

Alertó que en caso de ser aprobada tal cual fue presentada, se permitiría que solo la CFE pueda comprar y vender energía al precio que ella decida. Es decir, en la práctica, la reforma crearía un monopolio, desplazaría al sector privado en beneficio único de la CFE debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país.

También alertaron sobre la cancelación de todos los permisos y contratos de generación vigentes y los pendientes de resolución por la CRE, hecho que resulta violatorio de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para cancelación de permisos otorgados por la autoridad. “De darse la reforma, cancelaría todos los contratos entre privados o entre privados y CFE”, señalaron.

Advirtieron que de aprobarse la reforma habría incrementos de por lo menos el 17% para las tarifas domésticas y de por lo menos 150% para las empresas; además de que se generaría un boquete en las finanzas públicas.

Los empresarios indicaron que la reforma atenta contra la sustentabilidad ambiental, por lo que se interrumpiría la transición energética y pondría en riesgo de cumplimiento los tratados internacionales firmados por México, incluido el Acuerdo de París y el T-MEC.

Recordaron que los empresarios asistieron al Parlamento Abierto para expresar su punto de vista y propuestas en torno a este tema, el cual no fue tomado en cuenta.

“En la discusión prevista para este 17 de abril estaremos atentos al actuar de cada uno de los diputados, de sus argumentos y su voto. Vigilaremos que su definición sea acorde a una visión de futuro que nos permita no sólo ser competitivos a nivel internacional para atraer inversión, sino que su actuación siente las bases para devolver a México su liderazgo en el sector energético”, sostuvieron.

Remataron recordaron que México no necesita más división, polarización ni legislaciones dogmáticas o ideológicas.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó este miércoles un aumento global del 22% en el salario mínimo, decisión apoyada por todos los sectores: gobierno, sindicatos y empresarios, según informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Con el nuevo aumento, el salario mínimo a nivel nacional pasa de 141.70 pesos a 172.87 pesos al día, mientras que en la zona especial de la frontera norte crece de 213.39 pesos diarios a 260,34 pesos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró el aumento, pese a que hace un año se opuso a la subida de 15% aprobada por el gobierno y los sindicatos.

“El CCE y los organismos que lo integran refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores que menos ganan”, indicó.

Con este aumento, el salario mínimo cubrirá el 74% de la línea de bienestar familiar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que en la frontera norte alcanzará el 112%.

Aun así, el CCE advirtió de los riesgos de la inflación, que tuvo un aumento anual de 7.05 % en la primera quincena de noviembre, la tasa general más alta desde hace 20 años.

“Iniciamos una fase de recuperación económica con altos niveles de inflación que es necesario contener para evitar implicaciones adicionales a la caída económica que sufrimos a causa de la pandemia”, argumentó el organismo empresarial, cuyos socios representan 80 % del producto interno bruto (PIB).

El salario mínimo ha aumentado un 42% en términos reales desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre de 2018, según presumió el mandatario la semana pasada. Además el anuncio de este nuevo aumento coincide con el mensaje que ofrecerá en el Zócalo para conmemorar los 3 años de llegar al poder.

López Obrador defendió que el incremento del salario no aumenta la inflación. “Los incrementos al salario mínimo en el periodo neoliberal en 36 años eran si acaso la inflación y en algunos años el aumento al salario estaba debajo de la inflación, por eso se deterioró completamente el poder adquisitivo del salario”, sostuvo el mandatario en su conferencia del viernes.

El incremento que entrará en vigor en 2021 se suma al de 15% de inicios de año, al del 20% de 2020 y al de 16% en 2019, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el próximo sábado, en su gira por Baja California, firmará un decreto para regularizar los autos irregulares, mejor conocidos como ‘autos chocolate’ que provienen del extranjero y entran a nuestro país de forma ilegal.

“Les adelanto, el fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regular a todos, se va a dar un permiso, se les va reconocer la posesión del vehículo”, sostuvo AMLO.

El mandatario indicó en su conferencia de prensa matutina que dicho decreto implica que los dueños de los autos  paguen un monto “justo, no excesivo” por regularizar sus vehículos, dinero que se quedará en los estados para que se aplique en un programa de bacheo.

Este programa comenzará en los siete estados fronterizos con Estados Unidos, aunque se comenzará a analizar como trasladar o replicar dichos mecanismos en el resto del país.

AMLO justificó la medida diciendo que muchos mexicanos se ven en la necesidad de emplear estos autos porque no tienen los recursos para comprar una vehículo nuevo de agencia, pero les es necesario como medio de transporte para llevar sus hijos a las escuelas o para realizar sus actividades.

“Vamos a hacer un registro, una inscripción de esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recursos se le va dejar a los estados, para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga”, añadió el mandatario.

El anuncio rápidamente levantó criticas entre la Iniciativa Privada (IP). La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó dicho decreto como un “golpe al comercio automotor” nacional.

Acusó que mientras las regularizaciones se den de forma periódica, se incentivará a la importación ilegal de automóviles y a las prácticas de corrupción que se siguen viendo para los sectores en las aduanas del país.

También dijo que el decreto del presidente representa un premio a las mafias que se enriquecen con el contrabando de vehículos y un golpe al comercio automotor formal que genera empleo y paga impuestos.

La palabra se refiere a los que, sabiendo que estamos en pandemia, deciden actuar como si el COVID no existiera o como si tuvieran la certeza que, de enfermar, nada grave pasaría. En el extremo deciden que ni siquiera merece la pena vacunarse. Pero realmente puede aplicar para la humanidad en su conjunto. Hemos sido unos COVIDiotas.

Todos saben que las pestes son recurrentes en el mundo. Y aún así, nos sorprendemos y somos incrédulos cuando de pronto nos encontramos entre una peste. Ha habido el mismo número de pestes como de guerras en la historia, y sin embrago, tanto plagas como guerras toman por sorpresa a la humanidad. Eso escribió Albert Camus en su novela, La Peste, en la que describe el cierre por varios meses de la ciudad de Orán, en Argelia, al haber un brote de peste.

Al releer en estos días de vacaciones a Camus, parece que está describiendo lo que ocurre actualmente con la pandemia por el virus SARS-COV-2. Lo mal que la humanidad ha manejado la pandemia es evidente cuando hasta en los países que parecía que la habían domado, como Australia, hay brotes preocupantes a 20 meses de que escucháramos por primera vez de este virus extraño que llevó al cierre de una ciudad China de Wuhan, con todo y sus 11 millones de habitantes en pleno mes de festividades.

Y pasado más de año y medio, el mundo sigue queriendo regresar a una normalidad que es inalcanzable. Nadie va a ser libre en tanto exista la peste, escribió Camus. Mientras estamos en medio de la peste vivimos una especie de exilio. Una sensación de vacío que conlleva un irracional deseo de regresar al antes de o de acelerar la marcha del tiempo al después de la peste. Leemos, como los habitantes de Orán, los periódicos y vemos las noticias, con la esperanza de encontrar una señal de que el virus va a acabar pronto.

Creemos que ahora es peor que en otras pandemias porque tenemos acceso a más información. Pero ahora, a diferencia de otras pandemias, hay esfuerzos científicos sin precedentes para lograr tratamientos y vacunas para hacer que el COVID no nos domine. Y, sin embargo, la falta de cohesión en acciones conjuntas a nivel internacional es el reflejo de un mundo entero de COVIDiotas.

Desde el gobierno de México que ha visto al COVID como algo que le ha venido “como anillo al dedo” y ha decidido dejar al frente de la estrategia de salud a un político más que a un epidemiólogo, vemos alrededor del mundo a varios Jefes de Estado que han decidido ver la epidemia como una oportunidad para hacerse de más poder y dinero sin importar la emergencia que enfrentamos todos.

También tenemos a grandes empresarios dentro de la iniciativa privada y organismos internacionales, que ante la amenaza del virus, escaparon a sus residencias lujosas para organizar Zooms en los que hacían como que algo hacían, mientras cobraron sus sueldos completos y algunos incluso recibieron ‘bonos de riesgo’ por estar ‘trabajando’ en pandemia.

A veinte meses de pandemia, hemos fallado. El mundo puede ganarse el trofeo de COVIDiotas. Con todo el conocimiento epidemiológico disponible, los países ricos se han preocupado por salir adelante ellos. Los países pobres, muchas veces liderados por una banda de pillos que pueden dormir tranquilos a pesar de que lo que roban saben que mantiene a sus votantes en la miseria y que por ello hoy no están preparados para enfrentar al virus, quieren que ahora los vengan a salvar: a ellos, no a sus pueblos. Quieren ser rescatados para seguir echando billetes en sus bolsas.

No hemos entendido que, es necesario que todos estemos a salvo del virus para que cada uno estemos libres de su amenaza.

Somos, como humanidad, unos COVIDiotas.

 

Columna completa en El Universal

El gobierno de la Ciudad de México presentó el ‘Plan de Reactivación Económica’ para la capital, el cual se basa en 10 ejes, y que cuenta con la participación de la Iniciativa Privada.

La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que este Plan busca reactivar las actividades económicas con responsabilidad, apoyado en acciones específicas y la operación eficiente de los servicios públicos de salud, que contempla la atención hospitalaria y vacunación contra COVID-19.

“Es momento de ‘Reactivar sin Arriesgar’ la recuperación económica, cultural, social y educativa con responsabilidad de todos y de todas (…) en este momento, lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios; a los sectores económicos, culturales, sociales, a todos e incluso, políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad y podemos hacerlo ‘Activando sin Arriesgar’ con la participación del gobierno, pero principalmente necesitamos de la participación de la iniciativa privada”, expresó.

Sheinbaum Pardo resaltó  aun con la pandemia y el repunto de contagios que se han registrado en las últimas semanas, ya no es opción el cierre de actividades económicas. Por el contrario, dijo, lo que se debe hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y que la ciudadanía aprenda a llevar una vida saludable.

El Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México contempla 10 ejes:

  • Garantizar la vacunación para todas y todos
  • Apoyo al ingreso de las familias y las MiPymes
  • Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social
  • Acciones emergentes para la reactivación de la construcción
  • Impulso proyectos estratégicos con privados
  • Reactivación turística y cultural
  • Impulso Vallejo-i
  • Reactivación del Centro Histórico
  • Economía Circular y energías limpias
  • Ciudad Segura.

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, explicó que dicho Plan, afirmando que tiene como objetivo generar mejores condiciones y oportunidades para que la ciudadanía se integre en el corto plazo a la actividad económica, partiendo de la protección de la salud como base fundamental de todas las acciones.

Entre las acciones destacó que se espera que el 100% de la población mayor de edad esté vacunada con su esquema completo para octubre de este año.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky Berry, reiteró el compromiso del sector empresarial para trabajar de manera conjunta y solidaria con el gobierno capitalino con una estrategia basada en cuatro pilares: cultura, gastronomía, entretenimiento y turismo de negocios, incluido el regreso paulatino y responsable de los congresos y convenciones.

El presidente de Grupo Kaluz, Antonio Del Valle Perochena, informó que el apoyo a las familias, a las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido fundamental para enfrentar la pandemia y que las acciones del Plan contribuirán a fortalecer la capacidad de recuperación económica en la Ciudad de México mediante la generación de empleos y acciones para el bienestar de la población.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique Téllez Kuenzler, explicó que se trabaja en conjunto con el gobierno capitalino para poner en marcha 24 proyectos estratégicos que van desde hospitales, escuelas, usos mixtos habitacionales, comerciales y de oficinas, mismos que permitirán reactivación económica.

Este martes comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Toluca, Estado de México, donde se inmunizará a personas mayores de 60 años en cuatro sedes, entre las que se encuentra la del Estadio Nemesio Díez, donde se lleva a cabo un piloto de colaboración con el sector privado.

“En esta tarea urgente para hacer frente a la pandemia del Covid-19, el sector privado aportará su capacidad logística e infraestructura para facilitar el proceso de aplicación de las vacunas. Se trata del primer esfuerzo de vacunación en el que participan el sector privado y los tres niveles de gobierno”, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Señalaron que entre las organizaciones de la iniciativa privada que participan, además del CCE y las 12 organizaciones que lo conforman, se encuentra el Consejo Mexicano de Negocios, el Deportivo Toluca Fútbol Club, GEPP, Bimbo, Grupo Lala y Funsalud, entre otros.

Explicaron que la iniciativa nace del diálogo que se ha tenido a partir de la creación del Comité de la Nueva Normalidad, integrado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.

La IP confió en que el programa piloto de buenos resultados y el trabajo conjunto se mantenga y se replique en otras sedes.

Además de Toluca arrancó el proceso de vacunación en 18 municipios más. Tan solo a la capital del EdoMex se asignaron 95 mil dosis de Pfizer.