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Morena exigió investigar, clausurar e incluso demoler la construcción de un fraccionamiento de la Ciudad de México en el que reside Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencia del opositor Frente Amplio por México (FAM).

La petición la realizó la dirigencia del partido en la capital del país, al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

“El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, manifestó el partido en un comunicado.

Además, el Comité Ejecutivo Estatal en Ciudad de México exige sanciones al director responsable de la obra en la que se ubican cinco residencias, entre ellas la de Gálvez; así como la revocación de la manifestación de construcción, en términos administrativos.

“Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe de aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia”, señaló.

Recordemos que Tabe es alcalde de la demarcación que previamente dirigió la ahora aspirante presidencial. También es de las filas del PAN, partido que la postuló a la alcaldía y por el que ahora está en el Senado.

La representación de Morena añadió que se debe de investigar el posible conflicto de interés alrededor de la construcción y a Xóchitl Gálvez, por la presunta entrega de permisos durante su gestión como delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“En 2017, Xóchitl Gálvez -siendo delegada en Miguel Hidalgo- entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción; esto le generó beneficios, ya que su casa -la Casa del Moche- la adquirió a precio preferencial”, acusó Morena.

En respuesta, la virtual candidata de la oposición recordó que anteriormente también han buscado destruir sus empresas y orígenes, en referencia a señalamientos en su contra del propio presidente López Obrador en sus conferencias matutinas.

“Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, escribió Xóchitl en X (antes Twitter).

El equipo de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena en el 2024, denunció que existen un gran número de irregularidades en el levantamiento de la encuesta que habrá de definir a quien coordinará la Defensa de la Transformación.

Los tres representantes del excanciller señalaron que la ciudadanía no está informada de lo que está sucediendo, más que a través de una sola fuente, esto en referencia a la dirigencia nacional del partido, quien a través de las redes sociales ha estado informando.

“Informar a la gente que ha habido una serie de situaciones, incidencias, que a nuestro parecer no podrían seguir sucediendo (…) hemos visto incidencias que se han visto reflejadas en la anulación de algunas de las urnas”, dijo Malú Micher, representante de Marcelo Ebrard.

Algunas de las incidencias que reportaron es que no hay relación entre las secciones y los folios de las urnas; urnas sin actas; urnas incompletas; problemas con las bolsas de seguridad; levantamientos con representantes de los aspirantes que propusieron a la firma, entre otros.

“Son algunas de las incidencias que hemos venido demostrando en las mesas de cada una de las casas (encuestadoras) y esto ha llevado a que tengamos bastantes incidencias que se han demostrado y que ha logrado la anulación y cancelación de los paquetes de las urnas”, añadió otra de las integrantes del equipo.

Daniel Sibaja, parte del equipo del aspirante, reconoció que estaban preparados para esta situación, aunque se dijeron sorprendidos de las incidencias que han existido.

Recordó que en días pasados se entregó un expediente donde se expusieron las regularidades que, señalaron, ahora se comprueban.

Denunció que “compañeras y compañeros conocían previamente la sección en donde se iba aplicar la encuesta” y hubo volanteo, lo cual dijo, anularía todo el proceso democrático.

El equipo recordó que lo que Marcelo Ebrard quiere es que la gente decida y que se respeta la decisión de la ciudadanía.

“No lo estamos diciendo porque vayamos a perder o porque vayamos a ganar. Lo estamos haciendo porque somos unos demócratas (…) creemos que así es la democracia, no solamente cuando te afecta o cuando te ayuda. Se es demócrata siempre”, precisaron.

Al recordar que se levantaron cinco encuestas, la principal a cargo de Morena y cuatro ejercicios espejo, apuntaron que la encuesta madre, la más importante de las encuestas que está a cargo del partido, es en la que más observaciones, irregularidades, incidencias afectaciones tiene.

En ese sentido, señalaron que si la encuesta madre está mal hecha, las otras cuatro no tendría ningún caso, pies son espejo de la principal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó El registro de la organización “Que Siga la Democracia”, que apoya a la autollamada 4T,  como agrupación política nacional.

Sin embargo, confirmó la multa impuesta a dicha organización por la entrega de formatos de apoyo con información de personas fallecidas, durante el proceso de revocación de mandato.

Recordemos que la dirigencia nacional del PRD impugnó su registro como agrupación política nacional.

El partido del Sol Azteca legó que el registro se debía negar, debido a las irregularidades que la asociación cometió durante la obtención de apoyos en el proceso revocatorio y en el proceso de registro

En su momento, debido a que la entonces asociación presentó 14,940 formatos de apoyo con datos de personas fallecidas, se les impuso una multa de $500.000.00, junto con una mencionada medida adicional, la cual implicaba la difusión de un extracto de la sentencia en la que se identificó como infractora.

La organización, en desacuerdo con la decisión, acudió a la Sala Superior para impugnar el fallo.

El pleno, a propuesta de la magistrada Mónica Soto Fregoso y del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó las determinaciones impugnadas.

Respecto de la multa, consideró que estaba demostrada la responsabilidad que llevó a la imposición de la multa. Sin embargo, se dejó sin efectos la medida adicional, ya que no está prevista en la norma electoral ni la autoridad responsable justificó por qué las medidas que ofrece el procedimiento especial sancionador son insuficientes para prevenir o evitar su repetición.

En cuanto al registro como agrupación política nacional, se argumentó que las irregularidades alegadas no podrían afectar el otorgamiento del registro, pues los apoyos ciudadanos entregados con ese fin habían sido verificados y validadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, sin que el PRD hubiera refutado las razones para calificar como válidos los apoyos correspondientes.

Además, los magistrados señalaron que el supuesto que planteó el PRD para negar el registro solo está contemplado en la ley como supuesto para declarar la pérdida de registro de una agrupación política nacional y no para el otorgamiento registro.

‘Que Siga la Democracia’ es una organización que surgió para apoyar al gobierno federal, y está integrada por diputados morenistas, exlegisladores federales, familiares de funcionarios públicos y dirigentes estatales del partido. Se constituyó como asociación civil el 11 de octubre de 2021, es decir, cuando López Obrador ya era presidente.

Su dirigente nacional es Gabriela Jiménez, que ha sido candidata a diputada local y federal por el PRD, PAN y MC. De ahí las fotos que han circulado de ella con personajes a los que ahora critica el gobierno federal como Felipe Calderón, Ricardo Anaya o Xóchitl Gálvez.

Fue directora general de Servicios a Diputados en San Lázaro y candidata de Morena en la elección del 2021.

La ahora agrupación política se encuentra apoyando a Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena para definir al coordinador de la Defensa de la Transformación, posición que llegado el momento se convertirá en el o la candidata del partido a la elección presidencial de 2024.

A un día del primer aniversario del derrumbe de un puente elevado de la Línea 12 ubicado en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, donde un vagón cayó sobre la carretera y quedó encallado en forma de “V”, dejara 26 muertos y un centenar de heridos, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló “nuevas irregularidades” en la construcción y peritaje que se hizo a la llamada Línea Dorada.

La asociación indicó que revisó más de 15,000 páginas de documentos en los que halló anomalías en la construcción a cargo del Grupo Carso, empresa del empresario Carlos Slim, la “sustracción” de bitácoras de la obra, y la “pérdida” de un registro sobre pruebas de uno de los peritajes del colapso que tuvo lugar el 3 de mayo de 2021.

“Es la línea más joven de toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), con menos de 10 años de antigüedad, pero durante su historia, dos veces ha permanecido cerrada durante meses por fallas graves”, advirtió MCCI.

Aunque aún no hay una resolución penal, tanto el peritaje de la Fiscalía capitalina como un informe independiente encargado por el gobierno de la Ciudad de México a la empresa noruega DNV, concluyeron que el accidente se debió a una “falla estructural” de la construcción, en el periodo de 2006 a 2012.

La investigación de MCCI encontró bitácoras de la obra de 2008 a 2012 con “alertas de omisiones e irregularidades en tramos al frente de Grupo Carso, como la subcontratación de empresas sin las certificaciones requeridas, falta de varillas en cabezales, inconsistencias en fabricación de trabes y pernos faltantes en estructuras”.

Además, un año y nueve meses antes de la inauguración de la línea, el 30 de octubre de 2012, la empresa supervisora de la obra, IACSA, advirtió a Grupo Carso sobre “la falta de colocación de pernos” en el tramo Olivos-Tezonco, donde ocurrió el incidente de 2021.

Sobre el peritaje del derrumbe, MCCI reportó que la cadena de custodia de tres muestras de acero que formaban parte del tramo colapsado “desapareció” después de que DNV las envió por paquetería a un laboratorio de análisis en Ohio, Estados Unidos.

“Esta irregularidad en el peritaje independiente contratado por el gobierno de la Ciudad de México quedó asentada en una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia”, señaló la organización.

La construcción de la Línea 12 ha costado más de 22,000 millones de pesos y 300 millones de pesos en mantenimiento, además de los 1,900 millones de pesos que se habrán gastado en reparaciones a finales de este 2022.

Investigación completa en MCCI

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020, en el que identificó 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarar, mientras que 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

De acuerdo a un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el monto identificado en irregularidades es una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado 

Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado, es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales, y que concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.

En el caso de las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico, específicamente las actividades de Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado: CFE y Pemex, con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.

Tan sólo las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

En tanto, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020. Entre estas entidades, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizaron un ejercicio irregular de los recursos por alrededor de 160 millones cada una. En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar no ha justificado o devuelto el ejercicio de 113 millones de pesos. Le siguen la Secretaría de Cultura con 89 millones, las aportaciones a la seguridad social con 75, la Secretaría de Educación Pública con 32, Salud con 22 y las instituciones de educación superior con 5 millones de pesos.

La Auditoría detectó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.

Con la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.

Investigación completa en MCCI

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, se dijo a favor de la petición del candidato indígena Yaku Pérez, para el recuento voto a voto en siete provincias, lo que según ella ratificará “la transparencia del proceso”.

“Hace pocos minutos el candidato Yaku Pérez ha ingresado una solicitud de recuento voto a voto en: Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Para ratificar la transparencia de este proceso considero que el Pleno del CNE debe aprobarlo”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Y es que Pérez acudió a la sede del órgano electoral en Quito para hacer entrega de esa petición tras considerar que se podría haber producido un fraude electoral en siete provincias del país, donde se registraron varias inconsistencias tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Ecuador.

De acuerdo al último balance oficial del escrutinio con corte al mediodía de este jueves, el candidato correísta, Andrés Arauz, sigue encabezando la liza presidencial para una segunda vuelta el 11 de abril, con el 32.62% de votos, seguido por el centroderechista Guillermo Lasso, que suma el 19.69% con lo que sería él quien se enfrente a Arauz, mientras que Yaku Pérez se mantiene con el 19.47% del sufragio.

La diferencia de votos entre el segundo y el tercer candidato es de 20,068, según los últimos datos oficiales. Pérez supera a Lasso en 16 de las 24 provincias del país, aunque el candidato conservador registra mayor apoyo en las más pobladas como Guayas (Guayaquil), Pichincha (Quito) y Manabí.

Asambleístas del grupo político indígena Pachakutik presentaron este jueves ante la Fiscalía General de la provincia de Guayas una denuncia penal por delito de fraude electoral contra el CNE.

El movimiento también solicita a la Contraloría General, “una auditoría técnico forense electoral” en las mesas y actas que registraron irregularidades, avanzó Pérez por la mañana en Quito.

Por otra parte, simpatizantes del líder indígena de trece provincias llegaron hoy a la ciudad de Guayaquil, para manifestarse de forma pacífica frente a la sede del CNE, donde más de 300 uniformados de las fuerzas de seguridad vigilaban el recinto a fin de impedir altercados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este miércoles que se realizará una auditoría a instrumentos financieros como Banca de Desarrollo y Financiera Rural porque en estaban acostumbrados a dar créditos por órdenes “de arriba” de “manera discrecional” en los sexenios pasados.

“Se está viendo hacer una auditoría a la Banca de Desarrollo, porque en todo esto de Odebrecht se utilizó a la Banca de Desarrollo, de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos”, dijo el mandatario.

El presidente adelantó que será la Secretaría de Hacienda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes realicen las auditorías, ya que hace muchos años no se hace.

Ejemplificó la problemática al señalar que fue justo la Banca de Desarrollo la que dio el crédito para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, e incluso antes de operar (la planta) ya les estaban devolviendo el IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito.

Dijo que esta situación le pareció muy extraña, por lo que pidió que se investigara, siendo informado que dicha operación fue legal.

Afirmó que la auditoría se va a empezar este mismo año.

En ese tema, López Obrador confirmó que existe un préstamo vigente a los dueños del periódico El Financiero, tal como lo reveló Emilio Lozoya en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el cual fue otorgado por Nacional Financiera en 2015 por un monto de 100 millones de dólares.

“Quiero decir que en efecto son 100 millones de dólares de crédito. Creo que se otorgó el crédito en 2015 aproximadamente, no con intereses y hay una garantía también”, dijo AMLO al explicar que esa garantía consiste en varios edificios ubicados en distintas partes de la Ciudad de México.

Afirmó que este tipo de negocios eran “jugosos” y no eran revisados. “Se aprobaban, nunca se sabían en medios de comunicación ahora no, ahora ya se sabe, que no se piense que es un asunto que nosotros damos a conocer porque se trata de un periódico”, puntualizó.

Resaltó su buena relación con el dueño de dicho periódico pero aclaró que este “no es un asunto de amistad, es un asunto público”.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes sancionar a las organizaciones que buscan su registro como partido político, debido a irregularidades encontradas en la revisión de sus informes mensuales de Ingresos y Egresos.

Las multas impuestas ascendieron a un monto global preliminar de 6.14 millones de pesos, y se componen de la siguiente forma:

Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. (México Libre), organización que dirigen la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, fue la que mayor sanción recibió, por un monto mayor a 2 millones 700 mil pesos.

Fuerza Social por México fue la segunda organización con la mayor multa, por un monto de 1 millón 141 pesos. Las otras cinco organizaciones recibieron multas de entre 63 mil y 907 mil.

En la fiscalización, la autoridad electoral encontró en los registros contables de todas las organizaciones aportaciones por parte de personas no identificadas por un total de 13.3 millones de pesos.

El INE señaló que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de las organizaciones Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre), Redes sociales Progresistas y Súmate a Nosotros, debido a que sus aportaciones de personas no identificadas rebasan las 1500 UMAS, equivalentes a 130 mil 320 pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la fiscalización de las organizaciones no es un tema menor.

“Se trata, ni más ni menos, que de la valoración hecha por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a las conductas financieras de aquellas organizaciones que aspiran a obtener un registro para insertarse en ese sistema democrático”.

La Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que, de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940 pesos.

Explicó que las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que destacan: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7,819 pesos) y aportaciones de ente prohibido.

Al respecto, fue cuestionado este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se le preguntó si no era preocupante que una asociación que todavía no es partido político, haya rebasando los topes de financiamiento, y cometido ilegalidades, en referencia a México Libre.

“Bueno, yo pienso que hay que tenerle confianza al pueblo. Pueden tener registro los partidos (…) pero al final va a llegar el día en que el pueblo va a votar y ahí se va a saber quién es quién”, respondió.

Indicó que se están viviendo tiempos excepcionales, por lo que es natural que haya desconfianza en algunas instituciones, pero dijo, se están renovando, y señaló al INE como ejemplo de ello.

López Obrador dijo que ya no hay viejas prácticas, cuando por línea del de “arriba” se ordenaba entregar candidaturas a quienes no cumplían con los requisitos, o que se entregaran registros de partidos solo porque de “arriba” decidían quién sí y quién no.

Sobre la multa que recibió, México Libre emitió un comunicado en que dijo desconocer tal sanción, ya que hasta esta tarde no había sido notificado.

“Mes a mes fuimos presentando ante la autoridad electoral un reporte puntual de nuestros ingresos y egresos. La propia autoridad electoral, que iba dando seguimiento a dicha información, fue validando dichos ingresos y egresos. Sabemos, además, que somos el partido que iba cumpliendo con mayor rigor y puntualidad dicho requisito”, señaló la organización.

Aseguraron que, tal como lo mandata la ley, todos y cada uno de los donativos que recibieron fueron donativos nominativos, registrados conforme a la  ley. “No recibimos ningún donativo anónimo”.

La organización denunció que desde la Presidencia de la República se ejerce una presión indebida e ilegal a los consejeros del INE para negarles el registro.

El subdirector de calidad para el deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez, fue destituido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) tras incumplir obligaciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“El Órgano Interno de Control en la Conade tuvo por acreditada la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no eran atletas de alto rendimiento”, explicó la SFP en comunicado.

Villas Tlalpan, ubicadas al sur de la Ciudad de México, funciona como centro de concentración, albergue y entrenamiento para los deportistas olímpicos mexicanos registrados en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

En esta villas, que cuentan con gimnasio, canchas de diferentes deportes, alberca y área de comida, se concentraron parte de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Los servicios auditados por la SFP, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, fueron solicitados por dos personas al mando de Benítez, por lo que la dependencia del gobierno mexicano encargada de vigilar a los funcionarios públicos decidió imponerle la sanción.

La SFP investiga desde 2019 a la Conade, dirigida por la subcampeona olímpica de atenas 2004 Ana Gabriela Guevara, a la que de acuerdo al organismo le encontraron 22 observaciones que fueron investigadas.

Guevara ha sido acusada de corrupción durante su gestión, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a la SFP realizar pesquisas correspondientes para deslindar responsabilidades.

“Son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías e investigación. Le pediré a la secretaria de la Función Pública que actúe y que demos a conocer el resultado de las pesquisas aquí mismo”, explicó López Obrador en junio.

El mandatario agregó que en caso de encontrar irregulares se debería proceder con una denuncia ante la Fiscalía
General de la República, sin embargo en el comunicado de la SFP no se menciona si hay planes para ello.

El Hospital de la Mujer mantenía un adeudo de 86 millones de pesos con proveedores, lo que ocasionó el desabasto de medicamentos e insumos, informó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell.

“Encontramos una historia parecida al fenómeno de los intermediarios, habían una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían”, apuntó.

Durante la presentación del informe semanal El Pulso de la Salud, el subsecretario señaló que además había “un rezago administrativo y un desorden importante”.

Referente a la deuda, explicó que se realizarán las investigaciones necesarias, siempre apegadas al marco de la normatividad y, en caso de necesitar sanciones a responsables, estas se aplicarán.

“Es un hoyo financiero que dejaron administraciones pasadas, es una deuda que se acumuló a lo largo de unos años (como) parte de la falta de transparencia administrativa que tienen varias de estas entidades”, refirió.

Detalló que actualmente la deuda no está cubierta, sin embargo, se tendrá que calcular la manera de aprovechar economías que hayan en otros elementos del sector salud y se tendrá que subsanar.

Recientemente, en dicho nosocomio residentes médicos realizaron denuncias por desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, en ese sentido López-Gatell agradeció que hicieran visible el problema para poderlo resolverlo.

López-Gatell aprovechó su participación en la conferencia matutina del presidente para informar que luego de que fuera destituido el director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y se detectaran diversas fallas, ya se comienzan a restablecer todos los servicios.

Detalló que se reactivó la proveeduría de insumos, se reabrieron las áreas de urgencias y terapias intensivas, y se trabaja en abastecer el 81% de las claves de medicamentos que faltaban.

Además, indicó que el próximo 27 de marzo sesionará la Junta de Gobierno, y actualmente ya revisan perfiles, para designar a la nueva persona que ocupará el cargo de director del instituto.

En días pasados, el funcionario dio a conocer la destitución del ahora ex director de dicho instituto, Miguel Ángel Celis López, a causa de problemas de discapacidad técnica en la gerencia que llevaron a desabastos locales de medicamentos.

En ese momento, López-Gatell señaló que existían procesos de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que se trabajaría, junto con el coordinador de los institutos nacionales, Gustavo Reyes Terán, para garantizar los insumos y gratuidad en dicha institución médica.

Foto: Twitter @nrm_noticias

La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que después de realizar siete auditorías a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se encontraron 22 observaciones, de las cuales 16 ya fueron solventadas y seis no, estas últimas referentes al fideicomiso Fodepar.

“Las irregularidades en la documentación entregada por parte de Conade tienen un potencial daño patrimonial por más de 14 millones de pesos”, refirió la funcionaria federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que las seis observaciones que la Conade no ha podido solventar se refieren a diferentes hechos como la detección de miembros de la Comisión Deportiva que no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos, por lo que fueron separados de los cargos.

“Celebramos que la CONADE ya haya tomado medidas para separar de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con el perfil. Hoy tienen ya una comisión que cumple cabalmente con lo señalado por la ley”, dijo Sandoval.

Añadió que se observaron pagos indebidos a entrenadores por poco más de 71 mil pesos, los cuales ya fueron reintegrados a la Conade.

También se detectó a 21 entrenadores de alto rendimiento que no contaban con la experiencia para el perfil, de acuerdo con lo expuesto por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Otras de las observaciones fueron el uso indebido de instalaciones por parte de cuatro entrenadores y daño patrimonial de 33 mil pesos, así como irregularidades en la comprobación en los apoyos a deportistas y en la comprobación de gastos en eventos.

Precisó que hay irregularidades serias en la documentación entregada para comprobar gastos ejercidos para eventos y adquisición de materiales, por parte de las Asociaciones Deportivas Nacionales, mejor conocidas como Federaciones.

La secretaria comentó que aún no se encuentra en condiciones de presentar alguna denuncia procesal contra algún funcionario y tampoco determinar si la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, podría ser sancionada o no debido a las observaciones.

“Esta es la primera vez que se fiscaliza con tanto detalle el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, remató la titular de la SFP.

Aunque no se especificó el nombre y el número, un grupo de empresas publicarán en los próximos días un desplegado en un medio de circulación nacional, donde reconocerán públicamente que presentaron facturas falsas ante las autoridades fiscales durante las pasadas administraciones.

Así lo informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aludiendo a un acuerdo que se tuvo con dichos empresarios.

Recordemos que en diciembre pasado, López Obrador informó que un grupo de empresas había devuelto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 3 mil millones de pesos y reconocieron que habían cometido irregularidades fiscales.

En ese sentido, el procurador fiscal expuso que las compañías se acercaron a las autoridades y decidieron regularizar su situación, firmaron acuerdos reparatorios; sin embargo, debido a que cometieron la ilegalidad antes de la entrada de las nuevas reformas no se puede ejercer acción penal.

“Se comprometieron en próximos días a hacer una declaración en un medio de circulación nacional donde reconozcan que cometieron estas irregularidades y que van a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales”, detalló Romero Aranda.

El presidente señaló que fue gracias a las reformas que se realizaron en esta administración a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Nacional de Procedimientos Penales, que se logró recuperar los recursos.

En este contexto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda pidió a las empresas regularizar su situación ante el SAT y que paguen todo lo que deben, “a cambio de eso, no se va a ejercer acción penal, por eso es muy importante que se presenten regularicen su situación”.

Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional (PAN), informó a través de sus redes sociales que entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una carta de denuncia sobre el fraude cometido en la elección del próximo titular de la CNDH.

La panista detalló que entregó a Almagro la carta firmada por el dirigente del PAN, Marko Cortés, y por los coordinadores del partido en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En la carta indican que el proceso de renovación del titular estuvo marcado por el fraude y las irregularidades en su etapa final. Insistieron en la “desaparición” de dos votos, pasando de 116 emitidos a 114 contados, con lo que Rosario Piedra Ibarra habría alcanzado la mayoría calificada que necesitaba.

“Preocupa que el grupo mayoritario en el Senado de la República permita irregularidades de este tipo en la elección de una figura trascendental para la vida democrática de México y que lo haga para beneficiar a una persona que es cercana al presidente de la República, militante de su partido y que fue candidata a diputada federal en el proceso electoral de 2018”, sostienen los panistas.

Por su parte el coordinador de la bancada panista en Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió que Rosario Piedra Ibarra no rinda protesta este martes como se tiene planeado, y se reponga el proceso de su elección, ya que hubo “fraude” en la votación y hay muchas presiones.

Adicional, indicó que además de la OEA, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evitar que se debilite a los órganos autónomos.

El líder parlamentario refirió que varios candidatos a la presidencia de la CNDH acudieron al Senado a pedir la reposición del proceso de elección del cual resultó ganadora Rosario Piedra Ibarra.

“Alguien como Rosario Piedra, que viene de una familia emblemática de derechos humanos, debería pedir la reposición del procedimiento porque hay presiones de todo tipo”, insistió el diputado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 586 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales, luego de detectar irregularidades en sus informes de ingresos y gastos ordinarios en el ejercicio de 2018.

La sanción más alta es para Morena con 238.8 millones de pesos, seguido de Acción Nacional con 69 millones; el PRD con 65.5 millones; del Trabajo con 56.9 millones; PRI con 56.3 millones; Movimiento Ciudadano con 37.6 millones, y el Partido Verde con 28.6 millones.

En sesión extraordinaria del Consejo General donde se aprobó el proyecto de dictamen, se detalló que la auditoría abarcó recursos ejercidos por partidos políticos por un total de 33 mil 500 millones de pesos, de los cuales 17 mil millones fueron de ingresos y 16 mil 500 millones de pesos de egresos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que si bien las sanciones de poco más de 585 millones de pesos tienen un impacto en las finanzas de los partidos, “representan únicamente en sí 3.3 por ciento de los ingresos totales (en 2018)”.

De este modo, sostuvo que la fiscalización no debe poseer un carácter punitivo, sino verse como una herramienta útil para la rendición de cuentas, el apuntalamiento del sistema de partidos y “un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Benito Nacif, enfatizó que no existió una sola omisión en la entrega de los informes, lo que calificó de “excepcional”.

“Los partidos políticos dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la salida de 9.4 millones de pesos, es decir se reportó el 99.9 por ciento del dinero que entró a los partidos y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los partidos políticos”, refirió.

Añadió que se fiscalizaron 627 informes, nueve de los Comités Ejecutivos Nacionales, 288 de los Comités Directivos Estatales, 288 de los Comités Ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

“No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, dijo la tarde de ayer el director de CFE.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó este viernes que tras una revisión, encontró un posible desvío de recursos por parte del ahora extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística (CPTM) a cuentas propias y a empresas en el extranjero.

Por este, adelantó que presentará las denuncias correspondiente.

Fue el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien público en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, “coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo (Miguel Torruco)”.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido afirmando desde que asumió el poder, que el Consejo de Promoción Turística recibió 6 mil millones de pesos que se destinaban a pagar publicidad en el extranjero, además de para “pagar favores”.

Ante dichas irregularidades, y en línea con las políticas de austeridad, indicó que el organismo desaparecería.

“Estaban encariñados con el manejo de los 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y el extranjero; pagar publicidad, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores”, dijo AMLO en mayo pasado.

Recordemos que el CPTM era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel internacional.