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Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional (PAN), informó a través de sus redes sociales que entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una carta de denuncia sobre el fraude cometido en la elección del próximo titular de la CNDH.

La panista detalló que entregó a Almagro la carta firmada por el dirigente del PAN, Marko Cortés, y por los coordinadores del partido en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En la carta indican que el proceso de renovación del titular estuvo marcado por el fraude y las irregularidades en su etapa final. Insistieron en la «desaparición» de dos votos, pasando de 116 emitidos a 114 contados, con lo que Rosario Piedra Ibarra habría alcanzado la mayoría calificada que necesitaba.

«Preocupa que el grupo mayoritario en el Senado de la República permita irregularidades de este tipo en la elección de una figura trascendental para la vida democrática de México y que lo haga para beneficiar a una persona que es cercana al presidente de la República, militante de su partido y que fue candidata a diputada federal en el proceso electoral de 2018», sostienen los panistas.

Por su parte el coordinador de la bancada panista en Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió que Rosario Piedra Ibarra no rinda protesta este martes como se tiene planeado, y se reponga el proceso de su elección, ya que hubo “fraude” en la votación y hay muchas presiones.

Adicional, indicó que además de la OEA, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evitar que se debilite a los órganos autónomos.

El líder parlamentario refirió que varios candidatos a la presidencia de la CNDH acudieron al Senado a pedir la reposición del proceso de elección del cual resultó ganadora Rosario Piedra Ibarra.

“Alguien como Rosario Piedra, que viene de una familia emblemática de derechos humanos, debería pedir la reposición del procedimiento porque hay presiones de todo tipo”, insistió el diputado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 586 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales, luego de detectar irregularidades en sus informes de ingresos y gastos ordinarios en el ejercicio de 2018.

La sanción más alta es para Morena con 238.8 millones de pesos, seguido de Acción Nacional con 69 millones; el PRD con 65.5 millones; del Trabajo con 56.9 millones; PRI con 56.3 millones; Movimiento Ciudadano con 37.6 millones, y el Partido Verde con 28.6 millones.

En sesión extraordinaria del Consejo General donde se aprobó el proyecto de dictamen, se detalló que la auditoría abarcó recursos ejercidos por partidos políticos por un total de 33 mil 500 millones de pesos, de los cuales 17 mil millones fueron de ingresos y 16 mil 500 millones de pesos de egresos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que si bien las sanciones de poco más de 585 millones de pesos tienen un impacto en las finanzas de los partidos, «representan únicamente en sí 3.3 por ciento de los ingresos totales (en 2018)».

De este modo, sostuvo que la fiscalización no debe poseer un carácter punitivo, sino verse como una herramienta útil para la rendición de cuentas, el apuntalamiento del sistema de partidos y «un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política».

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Benito Nacif, enfatizó que no existió una sola omisión en la entrega de los informes, lo que calificó de «excepcional».

«Los partidos políticos dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la salida de 9.4 millones de pesos, es decir se reportó el 99.9 por ciento del dinero que entró a los partidos y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los partidos políticos», refirió.

Añadió que se fiscalizaron 627 informes, nueve de los Comités Ejecutivos Nacionales, 288 de los Comités Directivos Estatales, 288 de los Comités Ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

«No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público», dijo la tarde de ayer el director de CFE.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó este viernes que tras una revisión, encontró un posible desvío de recursos por parte del ahora extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística (CPTM) a cuentas propias y a empresas en el extranjero.

Por este, adelantó que presentará las denuncias correspondiente.

Fue el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien público en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, «coincido con la posición de la @SECTUR_mx y su titular @TorrucoTurismo (Miguel Torruco)».

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido afirmando desde que asumió el poder, que el Consejo de Promoción Turística recibió 6 mil millones de pesos que se destinaban a pagar publicidad en el extranjero, además de para «pagar favores».

Ante dichas irregularidades, y en línea con las políticas de austeridad, indicó que el organismo desaparecería.

“Estaban encariñados con el manejo de los 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y el extranjero; pagar publicidad, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores”, dijo AMLO en mayo pasado.

Recordemos que el CPTM era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística de México a nivel internacional.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, informó este lunes a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados que en diciembre de 2018, tan pronto llegó al organismo, se detectaron irregularidades en la entrega de becas a deportistas.

“Se detectaron 18 pagos sin expedientes no autorizados, que ascendían a un monto de 668 mil pesos; cinco apoyos duplicados entre becas de la Conade y apoyos ordinarios del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) con un monto de 104 mil pesos, y con un daño al erario de 772 mil 300 pesos”, precisó en su comparecencia.

Guevara Espinoza señaló que en el régimen anterior se creó una clasificación de becas Conade, denominadas por Perspectiva, que “se caracterizaban por asignar montos entre los tres mil pesos hasta siete mil pesos, en función de la subjetividad de los entonces metodólogos”.

Detalló que cuando tomó posesión del cargo, se revisaron mil 669 expedientes recibidos por la Subdirección de Becas, que entregaba sus funciones, donde encontraron un total 348 deportistas becados por Perspectiva, los cuales “no tienen resultados deportivos, ni se justificaba tampoco su permanencia”.

Agregó que el monto de estos deportistas becados asciende a un millón 393 mil 500 pesos mensuales, lo que se traduce en el año a 16 millones 722 mil pesos.

La funcionaria consideró que la Conade deberá implementar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios de las unidades de becas.

La titular de la Conade refirió que el otorgamiento de becas, no puede ser a discreción. “Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley, las reglas de operación y la normatividad interna”.

La funcionaria también se refirió al tema de los presuntos recortes de becas señalados por algunos atletas, entre ellos, Nabor Castillo (Judo); Alely Hernández (Esgrima); Cristopher Tronco (Natación/Deporte Adaptado) y Sergio Guzmán (Clavados).

“Derivado de esto, hago hincapié: no han sido reducciones, han sido ajustes”, dijo la también ex medallista, y aclaró a los diputados de la Comisión que dichas investigaciones le impedían hablar sobre el presunto caso de corrupción en el Fodepar.

“Estas cuatro investigaciones me impiden hablar y profundizar hacia el tema del Fodepar, dado que éste (la Cámara de Diputados) es un poder más de nuestro sistema y cualquier argumentación o dichos de mi persona podrían tomarse como parte de la investigación, por lo tanto, me veré impedida para poder profundizar en el tema”, respondió la funcionaria.

Al sostener este miércoles una reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que a partir del próximo mes, la institución entrará en número rojos por lo que no podrán pagar ni los servicios de la misma.

“Les adelanto que a partir del mes que entra entramos en números rojos. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre (…) no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, indicó Guevara al asegurar que la Comisión a traviesa por una crisis presupuestaria.

Ante los cuestionamientos de los últimos días, la también ex medallista olímpica indicó que la falta de recursos no solo afecta al tema de las becas, que de por si es un tema sensible, sino que afecta áreas o servicios indispensables tales como el de la luz.

Adelantó que ante la situación, tendrá que recurrir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitar una extensión de recursos, y es que recordó que el presupuesto de la Conadetuvo una reducción del 35% para este año, que de por sí, «tampoco era gran cosa».

Guevara negó las acusaciones de que se hayan cometido irregularidades en la Conade en los siete meses que lleva al frente de ella, y por el contrario acusó que heredó una dependencia caracterizada por el dispendio y la discrecionalidad en la aplicación de recursos.

“En antaño los atletas tocaban la puerta de la dirección y se les daba lo que pedían. Había una discrecionalidad brutal: boletos de avión, viajes, campamentos, personas que acompañaban, etcétera. Y era un gasto excesivo; obvio que se tenía más presupuesto que el actual. Hoy no tenemos ese nivel de presupuesto, por lo tanto nos obliga a ajustarnos a un cumplimiento de esta planificación», expuso la funcionaria a los Senadores.

Sobre lo «rebeldía» y oposición que ha habido al interior de la Conade, Guevara dijo entender las razones, pero dijo que no va a ser «cómplice de la corrupción», y muestra de ello dijo, no hay forma de encontrar actos de esa naturaleza en su administración.

Afirmó que en lo que lleva de gestión, está armonizando lo que no se hizo en seis años, «entonces sí tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo pues la caca del pasado, no lo podemos llamar de otra forma”, sostuvo.

De acuerdo a un reportaje periodístico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría perdonado al gobierno de Chiapas, entonces dirigido por Manuel Velasco, desvíos por 685 millones de pesos.

El portal Animal Político dio a conocer que la Auditoría, que hoy dirige David Colmenares, decidió dar carpetazo a una investigación que estaba en proceso desde meses atrás, en la que se habían encontrado diversas irregularidades.

Dicha investigación fue realizada por la ASF pero en la pasada administración, la que encabezó Juan Manuel Portal; en ella se habían documentado irregularidades en los recursos destinado a un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de la entidad.

Según lo relatado por el portal, “el perdón” de la Auditoría se dio en un par de días, en el marco de que en el Senado se iba presentar un punto de acuerdo para que el ex gobernador respondiera sobre los supuestos desvíos.

“Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma”, señala el reportaje.

Se relata que la investigación inicial comenzó en 2017 en contra de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) de Chiapas, por la contratación de 26 empresas que brindarían servicios relacionados con el programal ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

El programa buscaba “empoderar” a más de 300 mil madres solteras de bajos recursos con la entrega de tarjetas-monedero, inscripciones en el Seguro Popular, y la realización de pláticas y talleres para enseñar diversos oficios. De acuerdo al cronograma del programa, las acciones se llevarían a cabo de mayo a diciembre de 2016 con 80 eventos masivos.

La ASF, bajo la dirección de Juan Manuel Portal, detectó irregularidades en los 685 millones que la Sedem pagó a las compañías que organizaron dichos eventos. Se encontró que se adjudicó de manera directa contratos a 26 empresas argumentando que el gasto en servicios de mariachis, payasos y marimbas era una “causa de fuerza mayor” y una “urgencia” para Chiapas que no podía esperar a una licitación pública.

La Auditoría realizó visitas a las compañías contratadas y se encontró con edificios abandonados, despachos vacíos, y con direcciones inexistentes.

En febrero de 2018, el gobierno de Chiapas entregó documentación para solventar las irregularidades encontradas por la ASF, quien determinó lo entregado no era prueba suficiente para solventarlas.

Sin embargo, en octubre de 2018, cuando el Senado discutía una propuesta para llamar a cuentas a Manuel Velasco, la Auditoría anunció que se habían solventado las irregularidades con la misma documentación que ochos meses atrás, no se había dado por válida.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que además de la planta de fertilizantes ubicada en Pajaritos, Veracruz, las administraciones pasadas adquirieron otros complejos que están siendo investigados.

Al ser cuestionado sobre cuántas son las plantas chatarra que el gobierno de Enrique Peña adquirió, el mandatario dijo que fueron muchas, sobre todo aquellas que estaban abandonadas desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

“Pues las plantas que quedaron abandonadas cerca de 10 años, como la de Camargo. Recordemos que el estado tenia una empresa Fertimex que producía todo el fertilizante, logró ser autosuficiente, pero con la llegada de Carlos Salinas de Gortari se desmantela”, dijo el presidente.

AMLO refirió que entre las plantas aparte de la de Pajaritos, que fueron compradas de forma irregular y que se encuentran en abandono están una en Lázaro Cárdenas, Michoacán, otra en Baja California Sur y una más en Camargo.

El mandatario añadió que aparte de estas platas de fertilizantes, también se adquirieron reservas de materia prima en Baja California Sur y aseguró que se están revisando todas “en las que hay elementos (para sospechar irregularidades)”.

López Obrador aseguró que antes de llegar a la presidencia ya existían investigaciones en curso, sin embargo, no se atendían.

“Ya hay denuncia pública, pero también había en el interior del gobierno, inclusive de Pemex, hubo funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la Función Pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que había irregularidades”, dijo el presidente.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que a los beneficiarios del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ que se habían incorporado en 15 organizaciones de la sociedad civil  están siendo reubicados ante las irregularidades reportadas.

Alcalde Luján señaló que “hay casos donde se les está pidiendo cambiar su centro de trabajo derivado de irregularidades en la capacitación encontradas en 15 organizaciones de la sociedad civil”, sin embargo aclaró que ningún aprendiz del programa ha sido dado de baja de su capacitación.

«La STPS manifiesta que quienes han solicitado su incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con diversos canales de comunicación directa con la dependencia, por lo que les advierte que no se requiere de ningún intermediario, organización política, sindical o de la sociedad civil para poder ingresar, permanecer o adherirse a cada uno de los beneficios de este programa del Gobierno de México», dijo la dependencia

La funcionaria hizo un llamado a los jóvenes a denunciar cualquier acto en el que se les solicite “moche” para obtener algún beneficio del programa que busca atender a un sector de la población que dijo, se encontraba olvidado.

El llamado a no dejarse sorprender por algún intento de fraude fue tanto para los jóvenes como para los tutores.

Finalizó indicando que en poco más de cuatro meses, el programa sumó a 534 mil aprendices y les atiende de manera directa a través de la plataforma mediante sus claves de incorporación.

Luego de los resultados de un análisis de los ejercicios 2016 y 2017, que permitieron identificar diversas irregularidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que fiscalizará las cuotas obrero-patronales de los partidos políticos nacionales.

El Director General del IMSS, Germán Martínez, informó que la decisión también responde a algunos avisos y requerimientos de información hechos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Martínez Cázares detalló que el análisis de años anteriores permitieron identificar que tres partidos políticos no registraron trabajadores, mientras que otros 3 presentaron una plantilla reducida; por lo que los 6 se consideraron omisos.

Adicional se detectó que ningún partido político manifestó subcontratación de personal de manera directa; otros, prácticamente no registraron cotizantes y solo reportaron salarios mínimos. Otros más tuvieron indicios de subdeclaración de sueldos. Finalmente salgunos partidos políticos presentaron plantillas de trabajadores que tributan bajo los esquemas de Asimilados y de Honorarios.

Se detalló que se iniciarán las revisiones utilizando la opción de “Carta Invitación”, con el propósito de buscar el cumplimiento espontáneo de obligaciones y la restitución de los derechos de los trabajadores.

El funcionario recordó que el Instituto ha emprendido una serie de tareas para combatir la simulación en las cuotas obrero-patronales, pues, dijo, que permitir este tipo de acciones es una injusticia contra los trabajadores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió extender de manera directa, el contrato con la empresa alemana Veridos, por 27.7 millones de dólares para la emisión de pasaportes.

Esta misma empresa había obtenido en abril de 2015 un contrato por un periodo de 32 meses, en una licitación que fue impugnada legalmente por presunto favoritismo por un consorcio de cinco compañías que habían presentado una oferta más barata.

Veridos ganó dicha licitación con una propuesta de hasta 93.9 millones de dólares, mientras que el consorcio encabezado por la empresa Vangent propuso un costo de 79.9 millones de dólares. Sixsigma Networks y la británica La Rue International Limited, habían ofrecían realizar el servicio de emisión de pasaportes a un costo de 86.4 millones de dólares.

Sin embargo, la SRE, encabezada entonces por José Antonio Meade, justificó la contratación de la empresa Veridos con el argumento de que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico.

Sin embargo cuando Veridos empezó a emitir los pasaportes en octubre de 2015, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios. De 11,908 pasaportes que se emitían en promedio diariamente a nivel nacional, cayó a sólo 911 diarios, según reveló una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Fue necesario que la SRE aplicara acciones urgentes para restablecer el servicio.

Pese a estos antecedentes, la actual administración federal decidió ampliar el contrato a Veridos, mediante una asignación directa con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019, por un importe total, sin IVA, de 27 millones 760 mil 666 dólares, equivalentes a 537 millones de pesos al tipo de cambio actual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación, sea cual sea el servicio que vengan prestando.

Afirmó que se está cuidando que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad, en todos los casos.

Reconoció que había muchos abusos por parte de las empresas, en general, “estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada”. Por eso dijo, se está limpiando, “el cochinero” que les dejaron.

El mandatario fue cuestionado sobre la relación que se tiene con la empresa ‘La Cosmopolitana’, la cual es proveedora de alimentos en todos los penales del país, y a quien se le ha acusado de tener contratos abusivos.

Se le cuestionó si Julio Scherer, actual Consejero Jurídico de la Presidencia, estaría participando en la revisión de dichos contratos, ya que su despacho trabajó con la empresa durante cinco años.

“Si Julio Scherer fue, antes de entrar al gobierno, abogado de esta empresa, pues ahora si a él le tocara atender este asunto no podría por cuestiones, no solo de conflicto de intereses, sino por cuestión ética, moral, pero hay otras instancias”, enfatizó AMLO.

Señaló que para hacer dichas revisiones está la Secretaría de la Función Pública o la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras de gobierno.

“No estamos permitiendo nada de irregularidades, cero corrupción, cero impunidad”, dijo AMLO. Denunció que, al hacer las revisiones, han encontrado que una de las características del viejo “régimen corrupto”, fue que firmaban contratos por un plazo largo, pues dijo que había concesiones entregadas a 40 o 50 años.

 

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que la dependencia a su cargo colabora estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para esclarecer las irregularidades detectadas cometidas durante la administración pasada, la cual estuvo a cargo de Rosario Robles, Je´sus Murillo Karam y Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No es cacería de brujas. Estamos en plena colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para poder otorgar toda la información que nos han solicitado desde que entramos en funciones. Hemos dado acceso a todos los archivos, a todas las áreas y esto es el resultado de la colaboración intensiva que hemos tenido con la auditoría”, detalló.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2017 por la ASF, el funcionario se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública, como órgano competente, emita un dictamen al respecto, para poder fincar responsabilidades.

Indicó que desde que tomó posesión de la dependencia, se han detectado irregularidades en diversas áreas, mismas de las que se ha dado conocimiento al Órgano Interno de Control que se encuentra documentando y procesando la información.

“En lo que corresponde al Programa de Infraestructura y Comunicación Social, es donde hemos encontrado diferentes desvíos. Toda esa información la tiene la Secretaría de la Función Pública para que pueda proceder como corresponde”, dijo.

Meyer Falcón finalizó indicando que funcionarios de la SEDATU ya analizan la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos para generar mayor seguridad al interior de la dependencia y blindarla de actos de corrupción.

 


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