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La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, informó este lunes a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados que en diciembre de 2018, tan pronto llegó al organismo, se detectaron irregularidades en la entrega de becas a deportistas.

“Se detectaron 18 pagos sin expedientes no autorizados, que ascendían a un monto de 668 mil pesos; cinco apoyos duplicados entre becas de la Conade y apoyos ordinarios del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) con un monto de 104 mil pesos, y con un daño al erario de 772 mil 300 pesos”, precisó en su comparecencia.

Guevara Espinoza señaló que en el régimen anterior se creó una clasificación de becas Conade, denominadas por Perspectiva, que “se caracterizaban por asignar montos entre los tres mil pesos hasta siete mil pesos, en función de la subjetividad de los entonces metodólogos”.

Detalló que cuando tomó posesión del cargo, se revisaron mil 669 expedientes recibidos por la Subdirección de Becas, que entregaba sus funciones, donde encontraron un total 348 deportistas becados por Perspectiva, los cuales “no tienen resultados deportivos, ni se justificaba tampoco su permanencia”.

Agregó que el monto de estos deportistas becados asciende a un millón 393 mil 500 pesos mensuales, lo que se traduce en el año a 16 millones 722 mil pesos.

La funcionaria consideró que la Conade deberá implementar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios de las unidades de becas.

La titular de la Conade refirió que el otorgamiento de becas, no puede ser a discreción. “Hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley, las reglas de operación y la normatividad interna”.

La funcionaria también se refirió al tema de los presuntos recortes de becas señalados por algunos atletas, entre ellos, Nabor Castillo (Judo); Alely Hernández (Esgrima); Cristopher Tronco (Natación/Deporte Adaptado) y Sergio Guzmán (Clavados).

“Derivado de esto, hago hincapié: no han sido reducciones, han sido ajustes”, dijo la también ex medallista, y aclaró a los diputados de la Comisión que dichas investigaciones le impedían hablar sobre el presunto caso de corrupción en el Fodepar.

“Estas cuatro investigaciones me impiden hablar y profundizar hacia el tema del Fodepar, dado que éste (la Cámara de Diputados) es un poder más de nuestro sistema y cualquier argumentación o dichos de mi persona podrían tomarse como parte de la investigación, por lo tanto, me veré impedida para poder profundizar en el tema”, respondió la funcionaria.

Al sostener este miércoles una reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que a partir del próximo mes, la institución entrará en número rojos por lo que no podrán pagar ni los servicios de la misma.

“Les adelanto que a partir del mes que entra entramos en números rojos. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre (…) no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, indicó Guevara al asegurar que la Comisión a traviesa por una crisis presupuestaria.

Ante los cuestionamientos de los últimos días, la también ex medallista olímpica indicó que la falta de recursos no solo afecta al tema de las becas, que de por si es un tema sensible, sino que afecta áreas o servicios indispensables tales como el de la luz.

Adelantó que ante la situación, tendrá que recurrir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitar una extensión de recursos, y es que recordó que el presupuesto de la Conadetuvo una reducción del 35% para este año, que de por sí, “tampoco era gran cosa”.

Guevara negó las acusaciones de que se hayan cometido irregularidades en la Conade en los siete meses que lleva al frente de ella, y por el contrario acusó que heredó una dependencia caracterizada por el dispendio y la discrecionalidad en la aplicación de recursos.

“En antaño los atletas tocaban la puerta de la dirección y se les daba lo que pedían. Había una discrecionalidad brutal: boletos de avión, viajes, campamentos, personas que acompañaban, etcétera. Y era un gasto excesivo; obvio que se tenía más presupuesto que el actual. Hoy no tenemos ese nivel de presupuesto, por lo tanto nos obliga a ajustarnos a un cumplimiento de esta planificación”, expuso la funcionaria a los Senadores.

Sobre lo “rebeldía” y oposición que ha habido al interior de la Conade, Guevara dijo entender las razones, pero dijo que no va a ser “cómplice de la corrupción”, y muestra de ello dijo, no hay forma de encontrar actos de esa naturaleza en su administración.

Afirmó que en lo que lleva de gestión, está armonizando lo que no se hizo en seis años, “entonces sí tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo pues la caca del pasado, no lo podemos llamar de otra forma”, sostuvo.

De acuerdo a un reportaje periodístico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría perdonado al gobierno de Chiapas, entonces dirigido por Manuel Velasco, desvíos por 685 millones de pesos.

El portal Animal Político dio a conocer que la Auditoría, que hoy dirige David Colmenares, decidió dar carpetazo a una investigación que estaba en proceso desde meses atrás, en la que se habían encontrado diversas irregularidades.

Dicha investigación fue realizada por la ASF pero en la pasada administración, la que encabezó Juan Manuel Portal; en ella se habían documentado irregularidades en los recursos destinado a un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de la entidad.

Según lo relatado por el portal, “el perdón” de la Auditoría se dio en un par de días, en el marco de que en el Senado se iba presentar un punto de acuerdo para que el ex gobernador respondiera sobre los supuestos desvíos.

“Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma”, señala el reportaje.

Se relata que la investigación inicial comenzó en 2017 en contra de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) de Chiapas, por la contratación de 26 empresas que brindarían servicios relacionados con el programal ‘Bienestar: de corazón a corazón’.

El programa buscaba “empoderar” a más de 300 mil madres solteras de bajos recursos con la entrega de tarjetas-monedero, inscripciones en el Seguro Popular, y la realización de pláticas y talleres para enseñar diversos oficios. De acuerdo al cronograma del programa, las acciones se llevarían a cabo de mayo a diciembre de 2016 con 80 eventos masivos.

La ASF, bajo la dirección de Juan Manuel Portal, detectó irregularidades en los 685 millones que la Sedem pagó a las compañías que organizaron dichos eventos. Se encontró que se adjudicó de manera directa contratos a 26 empresas argumentando que el gasto en servicios de mariachis, payasos y marimbas era una “causa de fuerza mayor” y una “urgencia” para Chiapas que no podía esperar a una licitación pública.

La Auditoría realizó visitas a las compañías contratadas y se encontró con edificios abandonados, despachos vacíos, y con direcciones inexistentes.

En febrero de 2018, el gobierno de Chiapas entregó documentación para solventar las irregularidades encontradas por la ASF, quien determinó lo entregado no era prueba suficiente para solventarlas.

Sin embargo, en octubre de 2018, cuando el Senado discutía una propuesta para llamar a cuentas a Manuel Velasco, la Auditoría anunció que se habían solventado las irregularidades con la misma documentación que ochos meses atrás, no se había dado por válida.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que además de la planta de fertilizantes ubicada en Pajaritos, Veracruz, las administraciones pasadas adquirieron otros complejos que están siendo investigados.

Al ser cuestionado sobre cuántas son las plantas chatarra que el gobierno de Enrique Peña adquirió, el mandatario dijo que fueron muchas, sobre todo aquellas que estaban abandonadas desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

“Pues las plantas que quedaron abandonadas cerca de 10 años, como la de Camargo. Recordemos que el estado tenia una empresa Fertimex que producía todo el fertilizante, logró ser autosuficiente, pero con la llegada de Carlos Salinas de Gortari se desmantela”, dijo el presidente.

AMLO refirió que entre las plantas aparte de la de Pajaritos, que fueron compradas de forma irregular y que se encuentran en abandono están una en Lázaro Cárdenas, Michoacán, otra en Baja California Sur y una más en Camargo.

El mandatario añadió que aparte de estas platas de fertilizantes, también se adquirieron reservas de materia prima en Baja California Sur y aseguró que se están revisando todas “en las que hay elementos (para sospechar irregularidades)”.

López Obrador aseguró que antes de llegar a la presidencia ya existían investigaciones en curso, sin embargo, no se atendían.

“Ya hay denuncia pública, pero también había en el interior del gobierno, inclusive de Pemex, hubo funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la Función Pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que había irregularidades”, dijo el presidente.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que a los beneficiarios del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ que se habían incorporado en 15 organizaciones de la sociedad civil  están siendo reubicados ante las irregularidades reportadas.

Alcalde Luján señaló que “hay casos donde se les está pidiendo cambiar su centro de trabajo derivado de irregularidades en la capacitación encontradas en 15 organizaciones de la sociedad civil”, sin embargo aclaró que ningún aprendiz del programa ha sido dado de baja de su capacitación.

“La STPS manifiesta que quienes han solicitado su incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con diversos canales de comunicación directa con la dependencia, por lo que les advierte que no se requiere de ningún intermediario, organización política, sindical o de la sociedad civil para poder ingresar, permanecer o adherirse a cada uno de los beneficios de este programa del Gobierno de México”, dijo la dependencia

La funcionaria hizo un llamado a los jóvenes a denunciar cualquier acto en el que se les solicite “moche” para obtener algún beneficio del programa que busca atender a un sector de la población que dijo, se encontraba olvidado.

El llamado a no dejarse sorprender por algún intento de fraude fue tanto para los jóvenes como para los tutores.

Finalizó indicando que en poco más de cuatro meses, el programa sumó a 534 mil aprendices y les atiende de manera directa a través de la plataforma mediante sus claves de incorporación.

Luego de los resultados de un análisis de los ejercicios 2016 y 2017, que permitieron identificar diversas irregularidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que fiscalizará las cuotas obrero-patronales de los partidos políticos nacionales.

El Director General del IMSS, Germán Martínez, informó que la decisión también responde a algunos avisos y requerimientos de información hechos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Martínez Cázares detalló que el análisis de años anteriores permitieron identificar que tres partidos políticos no registraron trabajadores, mientras que otros 3 presentaron una plantilla reducida; por lo que los 6 se consideraron omisos.

Adicional se detectó que ningún partido político manifestó subcontratación de personal de manera directa; otros, prácticamente no registraron cotizantes y solo reportaron salarios mínimos. Otros más tuvieron indicios de subdeclaración de sueldos. Finalmente salgunos partidos políticos presentaron plantillas de trabajadores que tributan bajo los esquemas de Asimilados y de Honorarios.

Se detalló que se iniciarán las revisiones utilizando la opción de “Carta Invitación”, con el propósito de buscar el cumplimiento espontáneo de obligaciones y la restitución de los derechos de los trabajadores.

El funcionario recordó que el Instituto ha emprendido una serie de tareas para combatir la simulación en las cuotas obrero-patronales, pues, dijo, que permitir este tipo de acciones es una injusticia contra los trabajadores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió extender de manera directa, el contrato con la empresa alemana Veridos, por 27.7 millones de dólares para la emisión de pasaportes.

Esta misma empresa había obtenido en abril de 2015 un contrato por un periodo de 32 meses, en una licitación que fue impugnada legalmente por presunto favoritismo por un consorcio de cinco compañías que habían presentado una oferta más barata.

Veridos ganó dicha licitación con una propuesta de hasta 93.9 millones de dólares, mientras que el consorcio encabezado por la empresa Vangent propuso un costo de 79.9 millones de dólares. Sixsigma Networks y la británica La Rue International Limited, habían ofrecían realizar el servicio de emisión de pasaportes a un costo de 86.4 millones de dólares.

Sin embargo, la SRE, encabezada entonces por José Antonio Meade, justificó la contratación de la empresa Veridos con el argumento de que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico.

Sin embargo cuando Veridos empezó a emitir los pasaportes en octubre de 2015, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios. De 11,908 pasaportes que se emitían en promedio diariamente a nivel nacional, cayó a sólo 911 diarios, según reveló una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Fue necesario que la SRE aplicara acciones urgentes para restablecer el servicio.

Pese a estos antecedentes, la actual administración federal decidió ampliar el contrato a Veridos, mediante una asignación directa con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019, por un importe total, sin IVA, de 27 millones 760 mil 666 dólares, equivalentes a 537 millones de pesos al tipo de cambio actual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación, sea cual sea el servicio que vengan prestando.

Afirmó que se está cuidando que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad, en todos los casos.

Reconoció que había muchos abusos por parte de las empresas, en general, “estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada”. Por eso dijo, se está limpiando, “el cochinero” que les dejaron.

El mandatario fue cuestionado sobre la relación que se tiene con la empresa ‘La Cosmopolitana’, la cual es proveedora de alimentos en todos los penales del país, y a quien se le ha acusado de tener contratos abusivos.

Se le cuestionó si Julio Scherer, actual Consejero Jurídico de la Presidencia, estaría participando en la revisión de dichos contratos, ya que su despacho trabajó con la empresa durante cinco años.

“Si Julio Scherer fue, antes de entrar al gobierno, abogado de esta empresa, pues ahora si a él le tocara atender este asunto no podría por cuestiones, no solo de conflicto de intereses, sino por cuestión ética, moral, pero hay otras instancias”, enfatizó AMLO.

Señaló que para hacer dichas revisiones está la Secretaría de la Función Pública o la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras de gobierno.

“No estamos permitiendo nada de irregularidades, cero corrupción, cero impunidad”, dijo AMLO. Denunció que, al hacer las revisiones, han encontrado que una de las características del viejo “régimen corrupto”, fue que firmaban contratos por un plazo largo, pues dijo que había concesiones entregadas a 40 o 50 años.

 

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que la dependencia a su cargo colabora estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para esclarecer las irregularidades detectadas cometidas durante la administración pasada, la cual estuvo a cargo de Rosario Robles, Je´sus Murillo Karam y Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No es cacería de brujas. Estamos en plena colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para poder otorgar toda la información que nos han solicitado desde que entramos en funciones. Hemos dado acceso a todos los archivos, a todas las áreas y esto es el resultado de la colaboración intensiva que hemos tenido con la auditoría”, detalló.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2017 por la ASF, el funcionario se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública, como órgano competente, emita un dictamen al respecto, para poder fincar responsabilidades.

Indicó que desde que tomó posesión de la dependencia, se han detectado irregularidades en diversas áreas, mismas de las que se ha dado conocimiento al Órgano Interno de Control que se encuentra documentando y procesando la información.

“En lo que corresponde al Programa de Infraestructura y Comunicación Social, es donde hemos encontrado diferentes desvíos. Toda esa información la tiene la Secretaría de la Función Pública para que pueda proceder como corresponde”, dijo.

Meyer Falcón finalizó indicando que funcionarios de la SEDATU ya analizan la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos para generar mayor seguridad al interior de la dependencia y blindarla de actos de corrupción.

 

A poco más de un mes de la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre un presunto reporte que señalaba irregularidades sobre la investigación del incidente.

El mandatario afirmó que es un tema muy doloroso para su gobierno y para el país aunque pase el tiempo. “Esto nos afecta mucho por la pérdida de vidas humanas”.

Sin embargo descartó que haya recibido dicho reporte, e incluso que se haya realizado una investigación paralela.

“No, no es cierto. No hemos tratado este tema en las reuniones que tenemos de seguridad, o sea, es lo que se conoce y lo que tiene como investigación la Fiscalía General, nada más, o sea, no se ha presentado un informe al interior del gobierno, el Gabinete de Seguridad no tiene ningún informe sobre posibles irregularidades, omisiones o errores cometidos. No existe ningún documento sobre esto. Ni siquiera referencias verbales”, sostuvo.

Añadió que no hubo una investigación al interior de su administración sobre acusaciones de negligencia, de desatención, de errores cometidos.

Se informó que el número de muertos ascendió a 131, luego de que uno de los dos heridos que eran atendidos en el IMSS perdiera la vida. Con esto, solo 14 personas continúan hospitalizados.

 

En su calidad de Senadora, Claudia Ruiz Massieu, advirtió de las diversas irregularidades que presenta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en particular en lo referente a la creación de los superdelegados.

La priísta señaló que dicha figura significa un retroceso y una visión autoritaria del gobierno federal.

Al respecto, indicó que durante la discusión en lo particular de la Ley, que se llevó a cabo la tarde ayer en el Senado, presentó una propuesta para agregar el Artículo Transitorio Vigésimo Tercero.

Dicha propuesta tiene como fin que los superdelegados no sean figuras que al hacer uso de los recursos federales que administrarán, y de los datos personales que tendrán en su poder, se conviertan de “superdelegados en supercandidatos”.

La también presidenta nacional del PRI precisó que su propuesta establece adecuar el marco jurídico electoral, a fin de prohibir que un superdelegado pueda ser candidato a un cargo de elección popular en el ámbito local o federal durante su gestión o hasta tres años después de la conclusión de su cargo.

 

Luego de entregar el segundo paquete de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2017 en la Cámara de Diputados, trascendió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por un monto de 328.2 millones de pesos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

El diario Reforma informó que entre las anomalías detectas, están la realización de pagos con sobrecosto, el empleo de malas técnicas constructivas, diferencias entre el volumen de obra ejecutado y el pagado y retrasos en la ejecución de los trabajos, entre otras.

Las anomalías se detectaron tras seis auditorías practicadas a la nueva terminal aérea, que apenas este lunes se anunció su cancelación por parte del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El diario nacional refirió que la muestra auditada ascendió a 3 mil 375.1 millones de pesos, por lo que el monto involucrado en las observaciones representa el 9.7% de los recursos que fueron ejercidos.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Esta jueves dio inició la consulta ciudadana a la que convocó el gobierno electo y en particular Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el fin de decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México.

Diversos han sido los comentarios sobre la consulta en las redes sociales, sin embargo la mayoría han señalado diversas irregularidades en la organización y seguridad que los responsables implementaron.

El usuario Christian Muñoz, quien se identifica como Presidente de la organización ‘Pedalea A.C.’, mostró lo fácil que fue votar más de una vez en la consulta, esto ante la vulnerabilidad de los candados de seguridad que la aplicación que se desarrolló para la consulta presentó.

“No sé porque dicen que está amañada, yo ya voté… 3 veces” dijo el usuario. Minutos más tarde publicó un nuevo mensaje en que informó que logró votar una cuarta vez.

Otra usuario, aparentemente reportera de El Universal, subió un video en el que demostró que pudo emitir su voto en cuatro ocasiones, todas en diversas casillas de Ciudad de México.

Indicó que a pesar de que le marcaron su pulgar con tinta, se borró con facilidad lo cual permitió que votar varias veces.

La periodista Katia D’Artigues informó que la página www.mexicodecide.com.mx, que fue difundida por los organizadores de la consulta para ubicar los puntos de votación, no funcionaba.

En redes se informó que la página mostró fallas durante diversas horas.

El diario Milenio también señaló las irregularidades, y demostró con un video lo fácil que es borrar la marca de tinta que se colocaba en los centros de votación. Indicó que la tinta se lograba quitar con agua, jabón o crema.

 

Foto: Twitter @clausgr

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en Cuernavaca.

La investigación se originó luego de que en la autopista se formara un socavón en que fallecieron dos personas.

El organismo indicó que entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.

“Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones”, indicó la Comisión.

Indicó que durante su investigación, encontró irregularidades y una relación entre la autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, por lo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso, tanto en lo que tiene que ver con las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas. Señaló que salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas

En la recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, la CNDH señala que la aspectos como la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción.

La CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con BANOBRAS, CONAGUA, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual colaborador de Rosario Robles, debido a diversas irregularidades cuando estuvo en dicha dependencia.

El funcionario quien hasta hoy se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a donde llegó junto a Rosario Robles cuando ésta asumió la titularidad de la dependencia, confirmó que se separaba del cargo.

En conferencia de prensa, Rodríguez González informó las sanciones impuestas por la SFP, las cuales constaron en una multa económica y en la inhabilitación, aunque no reveló el monto ni el tiempo en que no podrá ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal.

El ahora ex funcionario indicó que se le acusa de no haber entregado materiales que comprueban la existencia de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2 años cumpliendo” en 2015 cuando trabajó en Sedesol, aunque en el Estado de Resultados 2015 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reconoció la existencia de los entregables de dicha campaña.

Al respecto, la SFP informó que del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, se han impuesto tres mil 618 sanciones a dos mil 782 servidoras y servidores públicos, que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al Registro de Servidores Públicos Sancionados, de este número de sanciones, mil 001 fueron amonestaciones públicas y privadas, 214 destituciones, 897 inhabilitaciones, mil 142 suspensiones y 364 sanciones económicas, con un monto acumulado de 956 millones de pesos.

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por incurrir en omisiones durante la obra del Paso Exprés, en Morelos.

La dependencia señaló que los funcionarios estarán impedidos para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público durante el periodo señalado.

Explicó que los ahora sancionados no atendieron las advertencias de vecinos, de los integrantes de la Barra de Abogados ni de las autoridades locales, sobre los peligros detectados en la obra que se realizó en el municipio de Chipitlán, estado de Morelos.

Indicó que en atención a las denuncias recibidas, la SFP, a través del Órgano Interno de Control en la SCT, inició las indagatorias correspondientes y, al corroborar las omisiones señaladas, resolvió sancionar a los servidores públicos.

Recordó que las nuevas sanciones se suman a las suspensiones, destituciones e inhabilitaciones que se han impuesto previamente a ocho servidores públicos: siete de la SCT y uno de Conagua, que incurrieron en “conductas negligentes y contrarias a la Ley en la construcción de la obra”.