El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó esta mañana el Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas,en el cual evalúa el riesgo de corrupción, a través de las distintas prácticas de competencia, transparencia e integridad, de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal.

El reporte analizó 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados, de 2012 a 2017, por mil 537 Unidades Compradoras, lo cual representa más de 2.3 billones de pesos que equivale aproximadamente al 10% del gasto público de esos años.

Aunque en el informe se señala que durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, el IMCO aclaró que el índice mide riesgos, más no emite sentencias. “Identifica en donde se encuentra prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto federal, no casos específicos  de corrupción”.

Las tres entidades con más UC entre las 500 más riesgosas suman casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas, y las tres más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cuanto a la CFE, sus contratos entre 2012-2017 sumaron 424.5 mil millones de pesos, lo que representa el 19% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 91 de las 500 UC más riesgosas. Respecto al ISSSTE, sus contratos entre 2012-2017 alcanzaron los 147 mil millones de pesos, lo que representa el 7% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 46 de las 500 UC más riesgosas. Por su parte el IMSS concentró contratos entre 2012-2017 por 401 mil millones de pesos, lo que representa el 18% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 42 de las 500 UC más riesgosas.

El IMCO señaló que además de la elaboración del Índice, pudieron identificar algunas prácticas en contrataciones públicas que preocupan, tales como que tres instituciones concentran el 56% del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación. 30 (0.02%del total) proveedores se quedan con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas y que de los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación en los últimos 5 años, los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9% del total) representan el 80% del monto asignado en procedimientos de contratación pública.

Enfatizan que a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, es decir, por el método menos competitivo. Solamente el 22% de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente. Estas empresas ganaron 2 de cada 3 propuestas que presentaron, mientras que los demás proveedores únicamente ganaron en la mitad de las veces. El 43% del monto que recibieron las empresas fue adjudicado a tan solo 10 unidades compradoras.

Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, indicó que los contratos asignados por adjudicación directa representaron el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016. “El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, dijo Kaiser.

Con información de IMCO / Foto. Archivo APO