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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizará la reforma que realizó el Congreso de Baja California que extiende el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, a fin de ver qué participación tendrá en el asunto la Cámara de Diputados.

“En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión la Junta de Coordinación Política para ver a la Cámara de Diputados, como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto, si es el caso”, indicó Mario Delgado.

Sostuvo que habrá que revisar, con cuidado la reforma y ver sobre todo su constitucionalidad y que no sea un caso que atente contra la democracia.

El morenista indicó que la polémica que ha causado la reforma se debe a que pudo haber aprobada antes de la elección, ya que las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo; en este caso, reconoció, el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma.

Aclaró que la modificación a la Constitución estatal “fue respaldada por un partido que no es Morena”, pues lo hizo “una mayoría de Acción Nacional”.

En el caso de los legisladores de Morena que apoyaron la reforma, puntualizó que será el partido quien decidirá sobre ellos, y “seguramente tendrá que ser la Comisión de Honor y Justicia del partido” quien intervenga.

Luego de la polémica que ha desatado la decisión del Congreso local de Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, se da a conocer una encuesta sobre dicha acción.

La más reciente encuesta de Refirma señala que 54% de los encuestados está en contra de que el mandato de Bonilla sea de cinco años, cuando en las elecciones votaron por un periodo de dos. 41% apoya dicho cambio.

57% de los consultados consideran que la decisión de los legisladores de ampliar el periodo es una medida antidemocrática. Solo 35% la considera como una medida democrática.

Al considerar el planteamiento que ha hecho Morena para avalar dicho cambio, sobre que se ahorrarán recursos al no tener una elección en un corto tiempo, 67% de los encuestados indicaron que es mejor respetara la ley. 31% apoya la medida para ahorrar recursos.

Tal como lo han indicado las voces que critican la decisión del Congreso local, 55% cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe rechazar el cambio. 41% indicó que debe avalarlo.

54% de los bajacalifornianos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe mantenerse al margen de la situación. 43% señaló que el mandatario debe intervenir.

Finalmente, 41% de los ciudadanos confían en que Jaime Bonilla será un buen gobernador, 25% indicó que será un mal mandatario local.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo indicó que debido a la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, el Poder Legislativo analiza proponer la desaparición de poderes en Baja California.

De llevarse a cabo esta acción, la Cámara alta tendría que designar a un «titular del Poder Ejecutivo provisional», que deberá convocar a elecciones conforme a la Constitución de la entidad afectada.

La Constitución establece: «»El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas».

Sobre el tema de la reforma que amplia el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a los llamados a los legisladores locales de Baja California, para dar marcha atrás a la reforma que permite la ampliación del mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

A través de un comunicado, el CCE pidió a los legisladores y al actual gobierno estatal a respectar la Constitución local, que señala de manera clara, el periodo por el que fue elegida la próxima administración.

«Los legisladores tienen la obligación de respetar la voluntad de los bajacalifornianos, que votaron de manera libre e informada por un candidato para un periodo de dos años», indicó el CCE.

Enfatizaron que en caso de que se perpetre dicho cambio, sentaría un preocupante precedente jurídico y político en la demoracia mexicana, además de que vulneraría el Estado de Derecho del estado y del país.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la reforma aprobada por el Congreso local, pues indicó que en lo que hace al desarrollo de la democracia, Baja California pone el mal ejemplo al cambiar su Constitución para extender el periodo del gobernador.

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, recodó que el Poder Judicial Federal ha impedido en dos ocasiones que el gobernador electo vulnerara la Constitución del estado y manipulara el proceso electoral.

El 26 de febrero, somo superdelegado federal, a petición de Morena, el Tribunal Electoral del estado resuelve ampliar la gestión estatal a cinco años, aunque un mes después, el Tribunal Federal revirtió el fallo.

El 8 de mayo, como candidato a gobernador, el Tribunal local vuelve a resolver que el periodo del próximo gobernador será de cinco años, esto a petición de Bonilla. 20 días después, el Tribunal Federal vuelve a echar atrás la resolución.

Ante el tercer intento, el presidente de Coparmex sostuvo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá la responsabilidad de frenar la ambición del morenista. «Vencerá la legalidad», señaló.

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

Ante la decisión del congreso de Baja California de avalar la modificación de la Constitución local para que el morenista Jaime Bonilla se mantenga en su cargo comogobernador del estado por cinco y no dos años, como establecen las leyes locales.

Cuauhtémoc Cárdenas escribió en su cuenta de twitter que el Congreso de Baja California ofende a la inteligencia, cae en lo ilegal y pierde legitimidad al modificar la Constitución local.

Cuauhtémoc Cárdenas agregó que los bajacalifornianos deben protestar y demandar a las autoridades y al Congreso federal, una sanción para los diputados locales que votaron por la prolongación del mandato.

Por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, dijo que es necesario investigar si legisladores de Baja California recibieron recursos para votar a favor de la ampliación del periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla.

Mientras que, para el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional , Mauricio Kuri, es “una pena” y “una vergüenza” que sus compañeros de partido hayan votado a favor de ampliar el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla.

Luego de que el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años la duración de la próxima gubernatura, que estará encabezada por Jaime Bonilla, postulado por Morena en las pasadas elecciones estatales del 2 de junio, decisión apoyada por el grupo parlamentario del PAN que es el que tiene mayoría con 12 de 25 diputados.

La consejera electoral del INE, Pamela San Martín advirtio que con esta decisión el Congreso de Baja California viola el Estado de Derecho.

Pamela San Martín sostuvo que “Es anticonstitucional. Suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio, donde los electores votaron por un gobernador para dos años, no para cinco”.

Y calificó esta esta decisión de los diputados de Baja California como un “verdadero escándalo”, ya que indicó que “atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución”.

La reforma fue aprobada con 21 votos a favor de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT y MC. El diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California, no se presentó a la sesión, y el panista Miguel Osuna Millán votó en contra de la iniciativa.

De acuerdo a la legislación aprobada, el gobierno de Bonilla iniciará el próximo 1 de noviembre y concluirá el 31 de octubre de 2024.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que su candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, impugnó ante el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad el triunfo de Jaime Bonilla, abanderado de Morena, debido a violaciones a la Constitución  y a disposiciones en materia electoral.

La denuncia señala que fue ilegal el otorgamiento de la constancia de mayoría que realizó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California a favor de Jaime Bonilla, pues existe documentación que acredita que el morenista no cumple con la temporalidad de residencia efectiva de 15 años.

El PRD detalló que Jaime Bonilla ostentó la doble ciudadanía mexicana-estadounidense entre 2000 y 2011, desempeñándose como Director de Agua de Otay, California; incluso, se integró a las filas del Partido Republicano de los Estados Unidos. Adicional, en 2012 fue diputado electo plurinominal. De ese mismo año al 2016 se inscribió para participar electoralmente al cargo del director de Agua de Otay”.

Ante dichas irregularidades, la denuncia presentada refiere que el candidato de Morena violó “el Artículo 41 de la Constitución Política de Baja California, la cual exige que todo candidato a gobernador debe tener una vecindad en el estado, con residencia efectiva, de por lo menos 15 años inmediatos anteriores al día de la elección”.

Al respecto, el candidato Jaime Martínez Veloz acusó que Bonilla ha permanecido engañando a las autoridades de ambos países (México y Estados Unidos) ya que está registrado y certificado como votante del estado de California hasta el año 2018.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) entregó esta tarde la constancia de mayoría al candidato de la coalición «Juntos Haremos Historia», Jaime Bonilla, que lo acredita como gobernador electo, tras los comicios del pasado 2 de junio.

Durante la ceremonia, Bonilla Valdez agradeció la confianza de los ciudadanos, y dijo que será un «gobernador para todos» y que será respetuoso de la división de poderes, además de que se comprometió a trabajar en beneficio de los bajacalifornianos.

Adelantó que entre sus primeras acciones estará eliminará a la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como hacer una revisión del presupuesto estatal, a fin de reducirlo. En ese sentido, no descartó elimina algunas Secretarías.

Bonilla agradeció al equipo que lo acompañó en campaña, pues dijo, «me queda claro que este es un resultado del trabajo en equipo, y quiero agradecerle a todos los consejeros por su profesionalismo y neutralidad en todos los temas, y quiero decirles que estoy muy orgulloso del equipo que me llevó a este triunfo, porque todos sabemos que es triunfo del colectivo. Ningún hombre es una isla, todos necesitamos de todos”.

Previo a recibir la constancia, los siete consejeros electorales de la entidad declararon la validez de la elección, el cómputo y la elegibilidad de Bonilla Valdez, quien se desempeñará en el cargo por un periodo de dos años, a partir de 1 de noviembre próximo.

Recordemos que el candidato de Morena ganó la elección con 391 mil 101 votos, es decir el 13.92% del listado nominal de Baja California.