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Con 31 votos a favor, este miércoles el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el dictamen de reforma propuesto por el gobernador, Enrique Alfaro para la creación de una nueva Constitución.

Además se fijó el plazo de un año para que el Congreso Constituyente redacte la nueva Carta Magna, mediante el formato de parlamento abierto y con mesas ciudadanas; además contará con el acompañamiento de un consejo técnico y académico.

La integración del Congreso Constituyente será encabezada por 138 personas y todas tendrán un cargo honorífico: 10 representantes del Poder Legislativo; 10 del Poder Ejecutivo; 10 del Poder Judicial; 4 representantes de los pueblos originarios; 4 jaliscienses radicados en el extranjero; 80 ciudadanos electos, representantes del listado nominal. Para tal fin, se respetará el principio de paridad de género, y la elección de los representantes será organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

El gobernador, Enrique Alfaro celebró la aprobación del organismo constituyente que redactará la nueva Carta Magna de la entidad, y calificó el aval del legislativo como una buena noticia para el estado.

Vany Rodíguez Méndez, el director de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, Jalisco, fue asesinado este sábado a balazos.

En la agresión también murieron sus escoltas Julián Cerrillo Antimo y José Norberto Juárez Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, el jefe policiaco y sus escoltas fueron sorprendidos por hombres armados, quienes les dispararon en la Calle 2, al cruce con Guadalajara, en la colonia Las Palmas de ese municipio.

En el ataque también resultó lesionada una mujer, quien fue trasladada al hospital regional del IMSS.

Al municipio se trasladó personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Secretaria de Seguridad Estatal para iniciar las investigaciones.

Peritos forenses iniciaran con la fijación de indicios y hasta el momento se desconoce la cantidad de casquillos localizados en el lugar.

La exdirectora Administrativa de la Fiscalía de Jalisco, Yolanda Salomé Santiago Villela, fue enjuiciada por el caso de los tráileres que alojaron más de 700 cadáveres luego de que la morgue metropolitana estaba saturada de cuerpos.

El Juez Octavo de Control del primer distrito, Javier García Muñoz, dictó, a petición de los agentes de Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, medidas cautelares contra la exservidora pública con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por tanto, Santiago Villela deberá presentarse a firmar cada quince días, no salir del país y dar una garantía de cinco mil pesos en un lapso de diez días hábiles.

Las comparecencias se celebrarán durante seis meses y concluirán el 3 de marzo del 2020.

El 15 de septiembre de 2018, vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga reportaron la presencia de un tráiler con una caja frigorífica y que estaba abandonado; del contenedor escurría sangre y emanaban olores fétidos.

Posteriormente, autoridades estatales informaron que el alojamiento de cuerpos en el tráiler se debía a la falta de espacio para almacenar los cadáveres en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Tras lo anterior, la Contraloría del Estado de Jalisco levantó varias denuncias ante la Fiscalía General, y éstas se desarrollaron con dilación hasta la llegada de la nueva administración estatal, que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía Anticorrupción, y ya entonces comenzaron las indagatorias.

De las investigaciones, se determinó que no existió un contrato de prestación de servicios entre la Fiscalía y las empresas Logística Montes y con Cold Red Transport para la renta de refrigeradores donde se almacenaron cadáveres.

La responsable de esa omisión de contrato fue la entonces Coordinadora General de Administración y Profesionalización, Yolanda Salomé Santiago, quien ordenó los pagos con dinero del Fondo Revolvente de la Fiscalía, mediante cheques expedidos a nombre de empleados que no se presentaban a trabajar.

Los cheques, a su vez, eran endosados a nombre de los prestadores de servicios aun cuando el fondo solo está destinado para atender gastos menores y urgentes de la dependencia, y contemplaba menos de 20 mil pesos mensuales.

Los gastos indebidos superan los 222 mil pesos.

Además, la exfuncionaria es investigada también por recibir pagos como proveedor por parte del Gobierno del estado aunque desempeñaba un cargo público.

Antes de su cargo, fue directora general del Sistema Nacional de Empleo en Jalisco entre 2013 a 2015, y en el periodo de 2015 a 2018 ocupó la Coordinación General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General; desde entonces aparece en el padrón de proveedores del Gobierno de Jalisco, que en 2017 le hizo pagos por 125 millones de pesos, bajo el concepto de ‘Fondo Revolvente’.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informo este miércoles que, Marco Antonio ‘N’, chofer de la plataforma de transporte privado DiDi, y supuesto responsable de violación a una pasajera, fue sometido a juicio y se le dictaron dos años de prisión preventiva.

La jueza Sugui López Kim, titular del Juzgado de Control, Juicio Oral, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal, Especializado en Violencia contra las Mujeres, con sede en el Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara, Jalisco, validó los medios probatorios aportados por la Fiscalía General, y fijó el plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento, es la única denuncia formal contra el imputado, quien, según la acusación de la afectada, el 18 de agosto, poco después de la media noche, la recogió al salir de un bar en la zona Centro de Guadalajara y la llevaría al municipio de Tonalá, pero cerca del destino marcado, la amenazó con una pistola y la sometió para atacarla sexualmente.

La denunciante declaró que escapó, y al llegar a su domicilio, narró lo ocurrido a sus familiares, quienes la llevaron a presentar una denuncia formal.

El señalado permanecerá en el Reclusorio Metropolitano en Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, sus compañeros de trabajo en la aplicación digital se manifestaron tras su detención en las instalaciones de la fiscalía; rechazan las acusacionesy aseguran que ella fue quien lo agredió a golpes

Al respecto, DiDi emitió un comunicado en el que da a conocer su colaboración en el caso para que se esclarezcan.

La Comisaría de Zapopan implementó un operativo en la zona de Avenida Real Acueducto, donde sometió a revisión a choferes de aplicaciones de transporte privado para verificar que efectivamente sea el conductor que marca, además que se constató que los vehículos no tuvieran ningún reporte y estuviesen debidamente registrados.

Entre enero de 2016 y septiembre de 2018, hubo 22 denuncias en contra de conductores de plataforma, pero apenas se registran detenciones y vinculaciones formales a procesos judiciales.

Gracias al pedido de auxilio de una persona que logró escapar, elementos de las policías de Zapopan, Estatal y Fiscalía de Jalisco lograron rescatar a cinco personas secuestradas y encontrar cinco cuerpos.

De acuerdo con los primeros reportes, el rescate fue realizado en una finca, que servía como casa de seguridad, de la Calzada de Las Palmas 590 A, en el cruce con Calzada Paraísos, en Ciudad Granja, donde hallaron los cuerpos de cinco personas, y otras cinco vivas, que presentaban lesiones, la mayoría de gravedad, al grado que una falleció en un hospital.

El vocero de la Fiscalía de Jalisco, Ricardo Franco, indicó que a los heridos los tenían casi desnudos, con visibles muestras de tortura, quienes serán presentados ante el Ministerio Público, en cuanto estén en condiciones, para que declaren en cualquier momento.

También llegó al lugar el Servicio Médico Forense, para hacerse cargo de los cuerpos y tomar pruebas que se integren a la investigación.

Por presuntas irregularidades en sus finanzas personales, este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco.

Además, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.

Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.

Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.

Por hostigamiento sexual y hostigamiento laboral entre otras causas, El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó e inhabilitó por 10 años a un juez federal en Zapopan, Jalisco.

El CJF informó que la decisión se tomó en la sesión celebrada este miércoles en la que los Consejeros advirtieron que la responsabilidad de los juzgadores no solamente radica en su actuar jurisdiccional.

El juez inhabilitado es, Carlos Ríos Díaz, juez cuarto de Distrito en materia Civil, contra quien desde hace cinco años se inició un procedimiento sancionatorio.

El organismo, advirtió que todas las causas de responsabilidad se fundaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además, se señaló que en el procedimiento hubo absoluto profesionalismo y apego al debido proceso.

El juez sancionado aún tiene la posibilidad de imputar la resolución y, en este caso, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva en definitiva.

Un muerto fue el saldo que dejó la caída de una avioneta tipo Cessna este martes en el estado de Jalisco mientras realizaba trabajos de fumigación.

De acuerdo con las autoridades, la persona fallecida es el piloto de la aeronave, quien sobrevolaba la comunidad de Carrozas, en el municipio de Tototlán.

Los primeros reportes indican que la avioneta se impactó contra cables de energía eléctrica, lo que provocó el desplome. Al estrellarse, se incendió la aeronave.

A pesar de que elementos de la Unidad de Protección Civil del municipio arribaron hasta el sitio del incidente, no pudieron rescatar al piloto.

El cuerpo de la persona fallecida será sacado de la avioneta por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Este miércoles, el Servicio de Administración Tributaria informó sobre la destrucción de más de tres mil botellas de bebidas alcohólicas en Tonalá, Jalisco que fueron introducias de manera ilegal al país y cuyo valor comercial era de tres millones de pesos.

El SAT señaló que dichas botellas podrían haber afectado a las marcas Buchanans, Moet & Chandon, Baileys, Johnnie Walker Red, Label, Jack Daniel Old, Torres 20, Gran Duque D Alba, Captain Morgan, Absolut, entre otras, en el país.

Además en el comunicado, se indica que, para combatir prácticas ilícitas como la piratería, y la producción y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, el Gobierno federal y el sector privado realizan acciones que contemplan la estrategia ‘Juntos contra la Ilegalidad’.

Este martes el gobierno de jalisco, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quien resulte responsable, por la devastación de zonas forestales en 14 municipios del sur del estado.

Enrique Ibarra Pedroza, secretario General de Gobierno detalló que la denuncia es por la deforestación en el lugar, la cual supuestamente se debió a movilizaciones fuera de norma donde se sembraron árboles de aguacates.

Según el funcionario, son mil 573 hectáreas que eran de uso forestal las que habrían sido indebidamente taladas y habrían sido objeto de sembradíos, en lugares evidentemente prohibidos.

La denuncia hace constar que la devastación boscosa provocó daños por más de 120 millones de pesos, debido a aludes de lodo y arrastres de materia física, que afectaron a domicilios, “para que se hagan todas las investigaciones correspondientes, hemos entregado esta denuncia y hemos entregado siete anexos en donde se describen dónde están esos sembradíos, indebidamente llevados a cabo” agregó.

De acuerdo con la denuncia, el área afectada comprende los municipios de Amacueca, Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupan, Tonila, Sayula, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande.

Finalmente el funcionario indicó también que este es el inicio del procedimiento y que se buscarán sanciones a las empresas responsables, de las cuales que se resistió a dar nombres, y explicó que tan solo el alud que provocó el desbordamiento del río Salsipuedes el 2 de julio en San Gabriel, dejó cinco personas muertas y más de mil fincas afectadas, los montos económicos superan los 120 millones de pesos, de acuerdo a los gastos erogados por el Gobierno del Jalisco para resarcir los daños.

 

“El Chapo 701” es el nombre de la marca de ropa presentada en una expo en Guadalajara, Jalisco.

Esta nueva línea de ropa, según Gilberto de Anda, quien se presentó como abogado de la firma, sería propiedad de Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante, aunque medios de prensa mexicanos presumen que la dueña es la actual pareja sentimental de Guzmán, Emma Coronel.

Más que un negocio, añade De Anda, se trataría de un gesto altruista. “Los ingresos están destinados a los (presos en) reclusorios y a las personas que necesiten ayuda”.

El catálogo consta de una veintena de prendas y accesorios, muchas de ellas con el número 701 impreso, el lugar que la revista Forbes le otorgó a Guzmán cuando lo incluyó en la lista de los más ricos del mundo en 2009.

Los precios son variados, van desde chamarras de 700 pesos, hasta billeteras, sacos y cinturones de más de 7,000 pesos, mientras que en la línea femenina destaca una chaqueta dorada de 1,800 pesos.

La pieza estelar del catálogo es un cinturón conocido como “piteado”, un trabajo artesanal de bordados en cuero que es muy popular en la narcocultura y en zonas rurales de México.

“Manufacturado por presidiarios y exconvictos de la cárcel de Puente Grande. Numerados del 001 al 701”, sostiene la publicidad, según la cual, las personas que compren estos productos ayudarán a la “reinserción social” de los prisioneros.

Guzmán, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó en enero de 2001 de Puente Grande en el primero de sus escapes.

Fue recapturado en febrero de 2014, pero 17 meses después protagonizó otra espectacular huida de un penal de máxima seguridad.

Fue detenido por tercera vez en enero de 2016 y un año después fue extraditado a Estados Unidos.

Tras un juicio de 4 meses, un juez de Nueva York le dictará sentencia este miércoles, luego de que febrero un jurado lo encontró culpable de traficar más de 1,250 toneladas de drogas a Estados Unidos.

Luego de que esta mañana la Secretaria de la Función Pública (SFP) informara sobre las investigaciones contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer cuáles son las conductas irregulares por las que podría ser sancionado el ex funcionario.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.

La organización recordó que las investigaciones contra Lomelí arrancaron el 22 de mayo pasado, luego de que se diera a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.

De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

El empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.

Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público;  actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  tráfico de influencias.

Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí, dijo Sandoval Ballestero. “Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, remató.

Un alto funcionario del ISSSTE está en la mira de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su relación con el exdelegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y un presunto tráfico de medicinas.

Se trata del actual director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ramiro López Elizalde, quien estaría ligado a la red de empresas farmacéuticas que controla Lomelí.

El ex superdelegado federal en Jalisco renunció al cargo, en medio de una acusación que lanzó la organización Mexicanos Contra la Corrupción que lo señaló de ser parte de una supuesta red de empresas que venden medicamentos al Gobierno Federal.

El diario Reforma tuvo acceso a la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que se señala que López Elizalde es socio de la empresa «Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía».

Esta firma a su vez tiene nexos con «Corporativo Internacional Vigilando tu Salud», en la cual Lomelí figura como socio y representante a lado de su esposa.

Reforma señala en la nota que la SFP cuenta con informes de siete expedientes sobre el entramado que tejió Lomelí en los últimos 13 años.

Se indica que el sueldo de Ramiro López Elizalde al mes es de 91 mil 957 pesos y entre sus funciones está la administración de bienes, labor de supervisión, así como manejo de recursos financieros y humanos.

El 2 de febrero de este año, lo nombraron director médico del ISSSTE, tras desempeñar el cargo de subdirector de Gestión y Evaluación del mismo Instituto, desde diciembre de 2018.