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Ha trascendido que un tribunal federal concedió al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, un amparo para detener el auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal agravada, al considerar que no dicha orden no se encuentra debidamente fundamentado.

 

Como parte de a sentencia, el juez indicó que se debe presentar un nuevo auto de formal prisión que cumpla con todo lo que la ley marca.

 

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura indicó que el dictamen es para que el Juez Cuarto de Distrito deje insubsistente el actor reclamado, y en su lugar ordene se subsane la omisión, para lo cual, deberá remitir comunicación oficial al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, por ser la autoridad que emitió la sentencia de prisión por el delito referido.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Un juez de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, confirmó la suspensión de las órdenes de aprehensión que existen en contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que fueron emitidas por un juez penal del estado del priísta.

 

Dichas órdenes son por las que el  gobierno de Veracruz solicitó su extradición cuando el ex gobernador se encontraba en Guatemala.

 

Cabe aclarar que la suspensión concedida no implica su liberación, toda vez que el Duarte de Ochoa se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a través de un proceso penal de carácter federal y que es por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

En entrevista exclusiva con la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el juez brasileño que ha llevado las investigaciones sobre el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción que ha sacudido a 12 países de América Latina y África, advirtió que aplicar la ley contra los intereses de los poderosos, acabar con la impunidad y hacer pública la información de los casos han sido las claves para enfrentar uno de los peores males de las democracias modernas.

 

Hace tres años, Brasil vivía sumido en la corrupción institucionalizada. Los sobornos eran una práctica común para obtener contratos en el Gobierno. Y lo peor, había un clima de impunidad: los poderosos podían transar a sus anchas, sin riesgo de castigo. Ese entorno cambió radicalmente, a partir de marzo de 2014, cuando se hizo pública la operación Lava Jato, que como cascada empezó a revelar el involucramiento de cientos de políticos, empresarios y funcionarios en una red criminal que tenía su origen en el saqueo de fondos en la petrolera brasileña Petrobras.

 

La red se extendió por el mundo y desató un terremoto en al menos 12 países; en Brasil, Perú, Panamá, Colombia y El Salvador, los delatores involucraron a ex presidentes y a mandatarios en funciones, a quienes habían financiado sus campañas electorales con dinero sucio. A la fecha se ha apresado a 160 involucrados y hay más de 500 órdenes de búsquedas de captura. Los sobornos en este caso superaron los 3 mil millones de dólares a nivel global.

 

El personaje central en esta sacudida internacional se llama Sergio Moro, quien encabezó la Operación Lava Jato desde la 13 sala criminal federal en la ciudad de Curitiba, considerada por los propios brasileños como la capital anticorrupción, porque fue en esta población al sur de Brasil donde se ha investigado, procesado y sentenciado a decenas de personajes influyentes, incluido el expresidente Luiz Inacio Lula.

 

Como caso especial, el juez decidió hablar con periodistas de América Latina y de África que integran la red Investiga Lava Jato. “Acepté dar esta entrevista especialmente en reconocimiento al trabajo de periodistas investigativos que resolvieron actuar de manera cooperativa”, explicó.

 

En el caso del operativo Lava Jato, el mayor logro fue el combate a la impunidad, afirma el juez. “La corrupción siempre va a existir. Pero lo importante es que la impunidad no sea más la regla para ese tipo de criminalidad tan dañina a la economía, a las arcas públicas y a la propia democracia (…) Cuando la impunidad de la corrupción era la regla en Brasil, eso también generaba un sentimiento de descrédito en la democracia”.

 

 

 

Con información de MCCI / Foto: Archivo APO

El equipo defensor del ex gobernador Javier Duarte presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del juez federal que determinó vincular a proceso al priísta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Los abogados de Duarte presentaron la apelación vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García con sede en el Reclusorio Norte, en la que argumentó que no se garantizó la defensa del político, pues la medida carecía de los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

El equipo legal del ex gobernador indicaron que durante la audiencia inicial fueron informados del desvío al erario por una suma de 38.5 millones de pesos, mientras que en la reciente audiencia la PGR retomó la misma acusación pero por un monto de  mil 650 millones, por lo que no se vieron limitados para presentar pruebas de descargo o solicitar aclaración del monto expuesto.

 

Ahora será el juez de control quien remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal de la Ciudad de México, quien tendrá que definir si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO

Durante la audiencia de esta tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 prueba contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, además de que el fiscal Pedro Guevara Pérez pidió al juez federal no dejar en libertad al priísta pues se mandaría un mensaje de impunidad a la sociedad mexicana.

 

“El pueblo de Veracruz y el pueblo de México lo exigen; por todos los datos de prueba que han sido presentados se solicita vincular a proceso al imputado y fijar un plazo para que continúe la investigación y no queden impunes los hechos (…) no hacerlo así es mandar el mensaje de que cualquier gobernador, por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedará exento de la justicia”, afirmó el funcionario de la PGR.

 

La Fiscalía apeló a que el ex Gobernador, con sus presuntos desvíos y operaciones de lavado, vulneró la seguridad nacional y el sistema financiero.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

En punto de las 10 de la mañana, Javier Duarte arribó a la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se encuentra desde el pasado lunes que llegó a la Ciudad de México procedente de Guatemala.

 

Se espera que durante esta audiencia se determine si es vinculado a proceso o no por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 439 millones de pesos que le finca la Procuraduría General de la República (PGR), y en el que el juez de control Gerardo Moreno García tomará en cuenta las pruebas que aporte tanto la fiscalía como la defensa del priísta.

Una de las grandes incógnitas es si esta ocasión los fiscales Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Labor Alvarado, llegarán preparados a la audiencia y esta vez logren encarar al ex gobernador y a su equipo defensor.

En caso de que Duarte sea vinculado a proceso, el priísta  podría ser enviado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, pues fue una petición de la propia PGR.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de la audiencia que se celebró la tarde de ayer en contra del ex gobernador de Veracruz, la nota no fue dada por Javier Duarte, sino por la Procuraduría General de la República (PGR), quien al ser representada por tres fiscales, que acusaron al priísta por el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, sólo pudieron acreditar 38.5 millones de pesos.

 

La PGR estuvo representada por los agentes del MP: Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez.

 

“Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, quien presidió la audiencia.

 

Tal fue el desorden que los fiscales mostraron, que el juez calificó de “incongruentes” y “contradictorios” los datos expuestos la tarde de ayer, respecto a los que la propia Procuraduría le entregado meses atrás cuando solicitó las órdenes de aprehensión.

 

 

 

La propia defensa de Duarte exhibió la falta de preparación del equipo de fiscales. “Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, sostuvo Marco del Toro, abogado del ex gobernador.

 

 

Otro de los momentos centrales fue cuando el juez indicó que “Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia”.

 

Los errores de los fiscales continuaron, no pudieron demostrar la compra de cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, ni de las joyas que obraban en el expediente presentado por la PGR. “Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando”, confrontó el abogado de Duarte.

 

 

 

“Es la primera vez que yo los veo a ustedes. En este caso ya los conozco, pues también vinculé y sentencié a dos personas detenidas con anterioridad. La defensa ha hecho preguntas muy simples, y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”, sentenció el juez Gerardo Moreno García.

 

“No sé si es por la carga de trabajo que tienen y llevan varios casos, pero eso no es culpa del presentado ni sus abogados”, recriminó el titular del juzgado, quien pidió a los fiscales prepararse para la próxima audiencia.

 

Con información de Animal Político / Foto: PGR

 

Se ha dado a conocer que un juez federal invalidó dos órdenes de aprehensión emitidas contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, emitidas por un juez penal de dicho estado.

 

Las órdenes de aprehensión giradas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, y que toman en cuenta los delitos por los que se logró su extradición, tales como abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, quedaron por el momento sin validez.

 

El juez que invalidó los recursos jurídicos, indicó que ninguno de estos delitos que se señalan son graves, por lo que no merecen prisión preventiva.

 

Se indicó que para mantener la medida, se fijó como garantía la cantidad de 6 mil pesos y se indicó que será el próximo 26 de julio cuando se determine si se concede o no la suspensión definitiva.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México anunció que un juez de control decidió vincular a proceso a Jorge Luis “N”, presunta pareja sentimental de Lesvy, chica que fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria el mes de mayo pasado.

 

El juez determinó vincular a prisión al implicado por el delito de homicidio simple doloso, y para cumplimentar la orden, se estipula que la prisión preventiva oficiosa se llevará a cabo en el Reclusorio Oriente y determinó un periodo de cuatro meses para concluir la investigación sobre la muerte lesvy.

 

Dicha resolución se da en el marco de protestas por parte de familiares de la fallecida y activistas que han seguido el caso, quienes demandan se investigue a profundidad pues de acuerdo a sus versiones, Lesvy no se suicidó, si no que fue asesinada por lo que piden el caso sea declarado como feminicidio.

 

Con información de Publimetro / Foto: Twitter @carlosarveca

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Eduardo Javier Sáenz Torres negó la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, pues detectó inconsistencias en la conformación de la carpeta de investigación por supuesto delito de peculado electoral.

 

El juez se basó en el elemento de que uno de los principales testigos que sostiene la acusación en contra del priísta de desviar recursos, emitió su declaración sin acompañamiento legal.

 

A pesar de que la investigación fue calificada como un procedimiento deficiente, se ha informado que la La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) tiene la opción de solicitar una nueva orden de aprehensión con una reintegración de la carpeta de investigación.

 

La acusación que pesaba en contra de Duarte se basa en la presunción de peculado electoral por el desvío de 15 millones de pesos que se descontaba a los empleados gubernamentales, y que presuntamente se destinó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado y que sirvió para financiar la campaña electoral de 2015.

 

Con información de El Financiero / Foto: Twitter