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El Gobierno mexicano ha confiscado cerca de 50,000 armas de contrabando durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el 70% de ellas de Estados Unidos y la mitad de estas del estado de Texas, según afirmó el presidente.

“Hemos decomisado en lo que va del sexenio casi 50,000 armas. ¿Y saben la mitad de dónde proviene? El 70% de Estados Unidos, pero de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas”, afirmó el mandatario.

El gobernante mexicano exigió una explicación al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, con quien ha chocado en múltiples ocasiones por sus políticas antiinmigrantes, como la instalación de boyas en el río Bravo y alambre de púas que ha provocado la muerte de migrantes.

“¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? La mitad de todas las armas que entran de Estados Unidos a México provienen de Texas”, remarcó el presidente.

Detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México ha sido uno de los principales reclamos del Gobierno de López Obrador, que en agosto de 2021 demandó a 11 empresas estadounidenses que fabrican y venden armas, a las que acusa de negligencia por facilitar que caigan en manos de criminales mexicano.

La canciller Alicia Bárcena afirmó en enero pasado que en una reunión con funcionarios en Washington advirtieron sobre la presencia en México de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos, aunque el embajador estadounidense, Ken Salazar, negó que fuesen propiedad de las Fuerzas Armadas.

La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado porque, además del creciente tráfico de fentanilo y los niveles récord de migración, las elecciones presidenciales de ambos países coinciden este 2024.

López Obrador reiteró ahora su reclamo tras criticar a los políticos estadounidenses por proponer cerrar la frontera común si crece la migración irregular y por sugerir que designarán como terroristas a los cárteles mexicanos para usar al Ejército para combatirlos.

“Esas baladronadas de amenazar y que van a intervenir y que van a tomar medidas unilaterales, no hay que tomarlas muy en serio porque es, insisto, temporada de elecciones”, manifestó.

Y aunque ha defendido la no intervención en asuntos internos, el presidente consideró “injusto” y calificó de “propaganda” que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su gestión de la frontera.

“Ayer, de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mayorkas. Lo desaforaron, aprobaron el juicio político, pero falta. Pero eso es propaganda porque él no tiene la culpa”, indicó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, inició este martes una investigación para un juicio político al presidente Joe Biden.

La iniciativa prepara el escenario para meses de audiencias divisivas en la Cámara que podrían distraer los esfuerzos del Congreso para evitar un cierre del Gobierno y sobrecargar la carrera presidencial de 2024, en la que todo parece indicar que se volverán a enfrentar Biden y Donald Trump.

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo que los republicanos no han encontrado pruebas de irregularidades. “Política extrema en su peor momento”, escribió en las redes sociales.

Los republicanos, que ahora controlan por un estrecho margen la Cámara de Representantes, acusan a Biden de haberse beneficiado mientras ocupó el cargo de vicepresidente entre 2009 y 2017 de los negocios de su hijo Hunter en el extranjero, aunque no han presentado pruebas.

Biden se ha burlado con anterioridad de los republicanos por sus planes de buscar una destitución. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido destituido nunca mediante un juicio político, pero el procedimiento se ha convertido ahora en algo habitual.

Muchos en el partido de McCarthy se enfurecieron cuando la Cámara, entonces controlada por los demócratas, buscó enjuiciar políticamente a Trump en 2019 y 2021, aunque fue absuelto ambas veces en el Senado.

No obstante, algunos republicanos de línea dura indicaron ahora que intentarían destituir a McCarthy como líder de la Cámara si no actuaba contra Biden.

“Estoy ordenando a los comités de la Cámara que inicien una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden”, dijo McCarthy a periodistas. “Iremos donde nos lleven las pruebas”.

Un antiguo socio de negocios del más joven de los Biden declaró en una audiencia en la Cámara que Hunter Biden vendió la “ilusión” de acceder al poder cuando su padre era vicepresidente, según una transcripción publicada el mes pasado.

Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante su negativa a reducir su salario como lo establece la ley, con el fin de que ganen menos que el Presidente de la República.

En la demanda aparecen los nombre de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Además de Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles anunció que junto a otros compañeros de bancada presentaron la demanda contra los ministros por la presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no bajarse el sueldo y lograr amparos.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia el 1 de diciembre de ese año.

Sin embargo, recordaron que la Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

“En esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten a lo que dice nuestra Constitución, hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que hay austeridad de parte de todo el servicio público”, expuso el diputado.

Pese a ello, el pasado 3 de julio, la Suprema Corte aclaró al gobierno federal que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

Una semana antes, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe, en donde recordaron que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La SCJN detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

El Congreso peruano rechazó este martes una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Bolaurte, presentada por partidos de izquierda, que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales.

La moción en busca de la vacancia de Boluarte por su “incapacidad moral” para gobernar fue denegada con 64 votos. Otros 37 votaron a favor y se requería un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para iniciar el proceso.

Como se esperaba, los partidos de derecha que dominan el Congreso desestimaron el primer intento para destituir a Boluarte.

La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas, entre civiles y militares, durante los últimos tres meses de violentos enfrentamientos que estallaron tras la asunción de Boluarte, de 60 años, en reemplazo de Pedro Castillo.

“Existen razones para la vacancia de Boluarte, ha instaurado un gobierno de represión y muerte”, dijo durante el debate antes de la votación el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo.

La expulsión de Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso, desató una ola de protestas en demanda de la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Parlamento y una asamblea para redactar una nueva Constitución.

Las protestas con bloqueos de carreteras, que por momentos paralizaron la operación de importantes minas en el segundo mayor productor mundial de cobre, se han reducido drásticamente desde más de un centenar en enero y solo se mantienen de forma esporádica en la región de Puno, frontera con Bolivia.

“Se debe individualizar las responsabilidades”, dijo la legisladora Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, el mayor bloque en el Congreso. “Pretender una vacancia en estos momentos no resulta prudente”, afirmó en el debate.

Recordemos que Amnistía Internacional dijo en febrero que tenía evidencias documentadas de “uso excesivo y desproporcional” de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú al enfrentar las protestas.

Boluarte, que debe completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026, enfrenta en la fiscalía una investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas, en la que se ha incluido a parte de su gabinete.

Asimismo, la fiscalía ha iniciado una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y lavado de activos, relacionados a aportaciones de campaña electoral en el 2021 que llevó al poder al profesor rural y exdirigente sindical Castillo.

Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que tenía perdida, mientras que Martín Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020 en una votación en el Parlamento, entre otros mandatarios de transición o que no lograron terminar su mandato.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados indicó que la demanda de juicio político que interpuso el senador Germán Martínez del Grupo Plural ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en contra de la ministra Yasmín Esquivel, por el plagio en que incurrió en su tesis de licenciatura, tendrá que “esperar su turno”.

“Hay un orden de los expedientes recibidos por la Subcomisión de Examen Previo y hay un principio general del derecho que dice que el que es primero en tiempo, es primero en derecho, eso significa que por regla procesal se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en orden cronológico en el que se desarrollan”, expuso el diputado Hamlet García Almaguer.

El morenista señaló que el juicio político, conforme a la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo, ya que, dijo, la primera consecuencia es la destitución y la segunda es la inhabilitación.

En ese sentido, García Almaguer recordó que están pendientes los procesos de juicio político que se sigue a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y pueden ser sujetos de esto hasta el 3 de abril de 2024.

En el caso de la ministra Esquivel Mossa, que fue electa por un período “amplio”, el diputado dijo que el proceso de juicio político en su contra está en curso y tiene tiempo para ser revisado.

El diputado de Morena reconoció que cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político, que tiene una finalidad administrativa, que es la destitución e inhabilitación de servidores públicos de alto perfil como legisladores, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, entre otros.

Y esa que ayer, el senador Germán Martínez presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una solicitud de Juicio Político en contra de la ministra de la Suprema Corte.

“Se necesita honorabilidad, se necesita buena reputación, se necesita decencia, estas palabras están en el 95 de la Constitución, no están en un discurso de un Senador que viene a presentar un Juicio Político, le reclamo honorabilidad, le reclamo buena reputación desde la Cámara de los Diputados a Yasmín Esquivel y no la tiene, por eso se visten de negro, pocas profesiones tienen una investidura, literalmente, para ejercerla, ella no está ocupando el cargo con las cartas credenciales que establece la Constitución: Título y buena reputación y honorabilidad”, dijo el senador.

Germán Martínez pidió a todos los legisladores que “no haya silencios”, pues dijo, Yasmín Esquivel debe retirarse por decencia y moral personal.

“Tanto habla la 4T de la moral personal, por eso apelo a que, si hay reserva moral, a que lean la cartilla que regala el presidente de Alfonso Reyes, la ‘Cartilla Moral'”, añadió.

El senador lamentó que también haya un silencio por parte de los ministros y ministras de la Corte. Indicó que el caso de Yasmín Esquivel está generando una incertidumbre y, “como manzana podrida”,  puede manchar a sus las resoluciones de la Corte.

“Yo estoy seguro de que muchos abogados ya están intentados que se revise las resoluciones que ella propuso en la Corte, está manchando la justicia”, sostuvo.

El senador también reclamó a la UNAM el manejo del caso. “La autonomía de la UNAM no es una comodidad para gastar el presupuesto. La autonomía de la UNAM es coraje para defender un futuro de los muchachos que allí estudian. ¿Con qué cara le van a enseñar a los alumnos? ó ¿Con qué cara van a reprobar a los alumnos de la UNAM? ó ¿Con qué cara les van a exigir un buen desempeño académico? Sí, un engaño, un robo, un delito, puede hacerlos veterinarios, ingenieros, médicos o abogados”, indicó.

La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua dictaminó que la solicitud de Juicio Político en contra del ex Gobernador, Javier Corral Jurado, planteada por el ciudadano y abogado Gerardo Cortinas Murra, cumple con lo estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia-

El presidente de la Comisión, el diputado del PAN, Gabriel Ángel García Cantú, informó que la Comisión Jurisdiccional notificará a la parte denunciada sobre la denuncia interpuesta, haciéndole saber su garantía de defensa y su deber de contestar por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los diez días siguientes a la notificació.

Se indicó que de no contestar por escrito en el término establecido, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia y perderá su derecho para ofrecer elementos probatorios, de acuerdo a lo planteado en la propia Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.

El diputado García Cantú resaltó que la Comisión realiza una labor responsable y recordó que cualquier ciudadano puede interponer denuncia o queja en contra de algún funcionario que incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, Gerardo Cortinas Murra, presentó ante el Poder Legislativo, la petición de Juicio Político en contra del citado ex gobernador, dado a los actos y omisiones cometidas durante su administración, principalmente por el incumplimiento al plan de austeridad e irregularidades en el ejercicio de los recursos destinado a la atención por el tema de COVID.

En ese sentido, la Comisión Jurisdiccional acordó dar 30 días de prórroga a la Secretaría de Hacienda, para que haga llegar una información pendiente relativa al desglose de los viáticos ejercidos por el personal de la administración pública estatal pasada.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su solidaridad con el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ante la aprobación de una denuncia de juicio político en su contra en el Congreso local.

“Es lamentable que destinen recursos públicos para aplicar este tipo de medidas y persecuciones. El juicio político en contra de Javier Corral es un acto inconstitucional por parte de las y los diputados locales”, señaló el parlamentario en un comunicado.

Y es que se informó que el Congreso del estado aceptó dar trámite a la denuncia con expediente CJ/JP/001/2021, relativo al Juicio Político en contra del exgobernador, por lo que la Comisión encargada comenzará con su análisis.

“Se aceptó la demanda más no quiere decir que sea culpable, se acepta y procede desde el momento que es impuesta por un ciudadano. No lo estamos juzgando ni dando veredicto final, solamente se aceptó la denuncia porque así lo marca la Ley, en los próximos 15 días se le estará dando seguimiento”, dijo el diputado local de Acción Nacional, Gabriel García Cantú.

El diputado de MC dijo que se trata de un acto de persecución política, que deja en evidencia que persiste el uso a modo de la justicia. “Es preocupante que ante la inseguridad en Chihuahua sean empleados mecanismos de este tipo desde el Congreso local”.

El líder opositor señaló que el legado de Javier Corral es claro, pues además de ser el responsable de documentar la corrupción de anteriores administraciones en Chihuahua, también por ser un actor fundamental en el avance democrático en el país.

Afirmó que desde el Congreso de la Unión se dará seguimiento al actuar de las y los diputados locales y se denunciará cualquier abuso de autoridad y violación al estado de derecho en la entidad.

Al respecto, Corral Jurado utilizó sus redes sociales para denunciar que la actual gobernadora, Maru Campos, “ordenó a sus lacayos” comenzar con un juicio político en su contra.

La senadora Kenia López Rabadán y el diputado Santiago Torreblanca, acudieron a la Cámara de Diputados a presentar una demanda de juicio político en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su negligencia en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Los legisladores solicitaron a la Cámara de Diputados que inicie un juicio político en contra de Sheinbaum Pardo, a efecto de que sea destituida del encargo y se puedan establecer con transparencia las causas y los responsables que originaron el colapso del tramo elevado de la Línea 12.

Al presentar la demanda de juicio político, los panistas señalaron que la sociedad requiere verdad y justicia sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, que dejaron 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos, porque hasta el momento no hay ningún responsable en la cárcel.

“La obstrucción en las investigaciones de la tragedia por parte de las autoridades de la Ciudad de México, constituyen violaciones graves a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicaron.

Consideraron que la titular del gobierno capitalino ha buscado obstruir las investigaciones y deslindarse de cualquier responsabilidad, “para ella los únicos culpables son unos pernos; busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia”, acusaron.

“Claudia Sheinbaum debe ser condenada y sancionada, vía juicio político, con la destitución como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México e imponérsele inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, aseguraron.

En ese sentido, reprobaron que se haya querido ocultar el tercer informe que emitió la empresa noruega DNV, ya que el mismo debe ser tomado en cuenta en el deslinde de responsabilidades.

Señalaron que la visión de la jefa de Gobierno sobre los hechos está alejada de una verdadera investigación científica, exhaustiva y diligentemente conducida.

“Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la Jefa de Gobierno los publicó y aceptó, pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato”, abundaron.

Dijeron que resulta inaceptable que Claudia Sheinbaum sea juez y parte en la investigación de la tragedia en la que las víctimas y las familias reclaman el esclarecimiento de las causas, la reparación integral de los daños y las garantías de no repetición de este tipo de hechos.

Consideraron que, al actuar de forma indebida para proteger sus intereses particulares sobre los colectivos, la Jefa de Gobierno renunció a su deber de presentar las evidencias que permitan identificar a los responsables de la tragedia.

En Broojula, te presentamos el mejor análisis sobre la crisis política que enfrenta la Jefa de Gobierno, y de la cual hasta el presidente López Obrador ha salido en su defensa.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político, misma que ratificó, contra los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo ocurrido en el pasado proceso electoral donde se le retiró la candidatura por Morena a gobernador de Guerrero.

En declaraciones a la prensa, señaló que la denuncia versa sobre el abuso y excesos en el ejercicio de sus facultades como servidores públicos, que violaron el marco jurídico y el derecho de un ciudadano a ser votado.

“Hago pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano, acreditado con mi credencial de elector, he venido a poner esta denuncia; ya se ratificó y turnó a la comisión correspondiente para que analicen la procedencia o no de la denuncia”, comentó.

Dijo que la solicitud se presenta porque los consejeros “tuvieron excesos en su determinación”, no como una venganza, por lo que se busca obtener una respuesta jurídica, no política.

Asimismo, Salgado Macedonio informó que, junto a un contingente de guerrerenses, también presentó un documento, firmado por 505 ciudadanos, que apoya la iniciativa de reforma electoral que envío el presidente López Obrador al Congreso.

“El INE ya perdió toda credibilidad, ya actúa sin congruencia; es incongruente y abusivo”, dijo el político, quien estuvo acompañado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Delgado subrayó que el caso de Félix Salgado es uno de los más “vergonzosos en la historia de la democracia” en México, porque se violaron los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución.

“Por eso Félix viene a poner esta denuncia de juicio político, pero también un documento donde el pueblo de Guerrero está apoyando la reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos exhortando a los diputados a que se apruebe”, concluyó.

En la denuncia de juicio político de Salgado Macedonio se señala a las consejeras y los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia; con ello se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El documento, al que se consideró de urgente resolución, por lo que se procedió a su inmediata discusión, se avaló en lo general con 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

Luego diversas horas de discusión, los artículos reservados en términos del decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea, se avalaron con 266 votos a favor, 205 en contra y ninguna abstención.

Así, decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Durante la discusión se indicó que el objeto de la ley es regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político, así como del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas, y los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del Presidente de la República.

Sobre el procedimiento de juicio político, se especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Asimismo, indica que si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez y hasta treinta años.

Sobre la Declaración de Procedencia, el documento refiere que sólo podrá ser instaurado previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras públicas.

Señala que corresponderá a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.

En cuanto a la Responsabilidad Penal del Presidente de la República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El procedimiento podrá ser instaurado previa solicitud presentada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de la persona titular de la Presidencia de la República.

Si el dictamen emitido por la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado de la República.

Recibida la acusación, la Cámara de Senadores sustanciará el procedimiento en términos de lo dispuesto en la Ley hasta erigirse en Jurado de Sentencia, pero en este caso la resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, en términos de la legislación penal aplicable.

Si el Jurado de Sentencia encuentra probablemente responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Entre las reservas que se presentaron y aprobaron, está que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones “serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.  También se avaló el cambio respecto a que los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo, se hará “respetando siempre el principio de presunción de inocencia”.

El tercer cambio avalado fue que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.

Morena se une una vez más a su aliado político, el Partido del Trabajo (PT), para iniciar un proceso de juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ya que consideran que han puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral.

El pasado 25 de enero el PT, a través del diputado Gerardo Fernández Noroña, se lanzó en contra los consejeros del INE y anunció el inicio del proceso para someterlos a juicio político al asegurar que violaron el artículo 41 Constitucional en el que se establece que el INE es un organismo conducido por un Consejo General que debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Ahora, ante las sanciones que el INE ratificó en contra de los candidatos de Morena, especialmente contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, la bancada de Morena aseguró que apoyará la iniciativa.

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena indicó que ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado, por lo que sigue en duda su independencia de los partidos políticos que en su momento los promovieron como consejeros.

Aseguran que cometieron violaciones a los principios del artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución, que establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Mier Velazco refirió que la propuesta se fundamenta en el artículo 109 de la constitución y en la ley de responsabilidades que especifica como motivos de juicio político, entre otras causales: el ataque a las instituciones democráticas; ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

“Corresponderá a esta Cámara de Diputados valorar si los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han faltado a su objetividad y, en su caso, mantienen su simpatía con las fuerzas políticas conservadores a las que se enfrenta la Cuarta Transformación. Entre las facultades que tenemos como Cámara de Diputados está resolver esta solicitud de juicio político, se respete la Constitución, les destituya y/o inhabilitar para, como lo marca la Constitución”.

Aprovecharon la situación para señalar que los consejeros siguen amparados para no cumplir con lo que ordena la Constitución respecto a que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Recordó que Lorenzo Córdova ha promovido desde 2019, a nombre del INE, amparos para impugnar el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que implica una reducción a su salario.

“Es un insulto para el pueblo de México y una violación a la Constitución que estos consejeros cobren casi 180 mil pesos mensuales. Exigen respetar la ley, pero cuando no les conviene, se amparan y hacen hasta lo imposible por mantener sus privilegios y excesos salariales”, criticó.

Afirmó que eso por sí solo representa una franca violación a la Constitución, por lo que confiaron que basados en dicha acusación la solicitud de juicio político avanzará en la Cámara de Diputados.

Además, Ignacio Mier insistió en que ambos consejeros han emprendido una campaña en contra de Morena, “por fobias y una miopía constante”; dijo que modificaron a la mitad del proceso electoral los acuerdos que ellos mismos propusieron en torno al reporte de gastos de precampaña y alteraron las reglas de las coaliciones y de la asignación de diputados de representación proporcional.

Sobre el caso de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, se informó que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ayer una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de las sanciones impuestas por la autoridad electoral.

Gutiérrez Luna entregó la demanda confiado en que obtendrán un fallo favorable de la Sala Superior del TEPJF, y así se devuelvan las candidaturas a ambos morenistas.

Aun cuando el TEPJF no tiene un plazo fatal para resolver la impugnación, el representante de Morena dijo que ésta tendrá que darse en el menor tiempo posible, dado que la campaña en Guerrero inició el 5 de marzo y en Michoacán el 4 de abril, y debido a que el tiempo sigue corriendo rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, los candidatos de Morena estarían en desventaja.

Salgado Macedonio y Raúl Morón fueron sancionados por no entregar sus informes de gastos de precampaña. En el caso del “Toro”, el INE informó sobre la identificación de 8 publicaciones en Facebook sin pauta con un costo de $19,872 pesos, mientras que en el caso de Michoacán se identificaron 14 carteles publicitarios, 2 banners y 2 publicaciones en Facebook sin pauta con un costo total de $12,306 pesos.

Morena alega que dichos gastos no podrían incidir en el voto del electorado de 3 y 4 millones de ciudadanos respectivamente.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, por una acusación de incitación a un asalto al Congreso tras ver un vídeo gráfico del ataque de enero.

El Senado votó 56 a 44 para proceder con el juicio contra el expresidente, rechazando el argumento de sus abogados de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de dejar La Casa Blanca. Sin embargo, los demócratas esperan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales abrieron la jornada mostrando un video de partidarios de Trump arrollando violentamente a la policía en el Capitolio en el ataque del 6 de enero, con imágenes de Trump llamando a “pelear como demonios” para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre.

Los senadores, en calidad de jurados, vieron en las pantallas cómo los seguidores de Trump derribaban las barreras y golpeaban a los policías del Capitolio. El vídeo también incluyo el momento en el que el policía que custodiaba la Cámara de Representantes disparó mortalmente a la manifestante Ashli Babbitt, una de las cinco personas que murieron en los desórdenes.

En el asalto al Capitolio, la turba atacó a la policía, hizo que los legisladores corrieran en busca de refugio e interrumpió la certificación formal por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, después de que Trump pasara dos meses impugnando los resultados de las elecciones.

“Si eso no es un delito de destitución, entonces no existen”, dijo a los senadores reunidos el representante demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, tras mostrar el vídeo.

Raskin lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día para presenciar la certificación de las elecciones tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo, diciendo: “Pensaron que iban a morir”.

En contraste con la emotiva presentación de los demócratas, los abogados de Trump atacaron el proceso, argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado La Casa Blanca.

“Lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse a un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de a quién apunten hoy”, dijo a los senadores David Schoen, uno de los abogados de Trump.
El abogado denunció la “insaciable lujuria por el impeachment” entre los demócratas antes de emitir su propio vídeo, en el que se unen imágenes de varios legisladores demócratas pidiendo la destitución de Trump desde 2017 en adelante.

Condenar a Trump requeriría una votación de dos tercios del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes para votar contra Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la acusación contra Trump representa “los cargos más graves jamás presentados contra un presidente de Estados Unidos en su historia”.

Trump es el único presidente que ha sido impugnado dos veces y el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado. Antes del ataque, Trump afirmó falsamente que el fraude electoral generalizado le hizo perder las elecciones frente a Biden.

El juicio se está celebrando con una seguridad extraordinaria en torno al Capitolio, que incluye fuerzas de seguridad armadas y un perímetro de vallas y alambre de púas.

Los legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra Donald Trump acusaron al expresidente de “traición de proporciones históricas” al dar a conocer sus argumentos una semana antes de que comience el proceso en el Senado.

En su escrito previo al juicio, los miembros de la Cámara de Representantes presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que el pueblo estadounidense debe ser protegido “contra un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia”.

Los denominados “gerentes de juicio político”, todos demócratas, argumentaron en el extenso documento de 77 páginas que Trump, al hablar frente a una multitud de partidarios en Washington el 6 de enero pasado, los llevó a un “frenesí” poco antes de que marcharan hacia el Capitolio.

“En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos” e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.

“Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería”, añade el texto. “Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar”.

Trump fue acusado por la Cámara de Representantes el 13 de enero por segunda vez en un proceso de juicio político, luego de ser absuelto de otro en febrero de 2020. Sin embargo, el mandato de Trump terminó el 20 de enero, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo.

Es un argumento que se espera que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente. “No hay una ‘excepción de enero’ para el juicio político o cualquier otra disposición de la Constitución”, escribieron en alusión a la fecha estipulada para el fin del periodo presidencial, y agregaron que un presidente debe responder por su conducta “desde su primer día en el cargo hasta el último”.

El escrito de los legisladores demócratas señala varios videos, que se espera que se utilicen como prueba en el juicio, que, según dicen, muestran a Trump incitando a la multitud a cometer actos violentos y a los manifestantes gritando “¡Cuelguen a Mike Pence!” y buscando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, y durante muchas semanas después, Trump alegó que la reelección le fue robada mediante un fraude masivo. Decenas de tribunales en varios estados encontraron el argumento infundado.

Pero los gerentes de juicio político enfatizaron que la constante insistencia de Trump en acusaciones sin prueba de una elección fraudulenta impulsó a sus partidarios a respaldar los esfuerzos para revocar la victoria de Biden. Cuando esos esfuerzos fracasaron, escribieron los demócratas, Trump “convocó a una turba a Washington, los exhortó a un frenesí y los apuntó como un cañón cargado por la avenida Pensilvania” en dirección al Capitolio.

Los abogados del expresidente contestaron a los señalamientos, y dijeron este martes que el Senado no tiene autoridad para juzgarlo en su calidad de ciudadano por la acusación de que incitó una insurrección en el Congreso el 6 de enero.

El equipo de defensa de Trump dijo que no sólo el Senado carece de autoridad para juzgarle como ciudadano de a pie, sino que la Cámara de Representantes también carece de jurisdicción para impedir que vuelva a ocupar un cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el próximo lunes al Senado el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump por acusaciones de incitar a la insurrección, rechazando un pedido de retraso del líder republicano de la Cámara alta, Mitch McConnell.

El líder de la mayoría Chuck Schumer, quien desplazó a McConnell como líder del Senado después de que los demócratas ganaran dos escaños en un los comicios de Georgia, anunció la medida en el pleno de la Cámara alta, pero no dijo cuándo comenzaría el segundo juicio político a Trump.

“La Cámara de Representantes entregará el artículo de juicio político al Senado. El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo”, declaró Schumer en el piso de la Cámara alta.

Esto ocurre después de que McConnell pidiera a la Cámara que retrasara el envío de los cargos hasta el jueves y que acordara no iniciar el juicio hasta mediados de febrero para dar a Trump más tiempo para preparar una defensa contra la acusación de que incitó a la insurrección a sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

“Este impeachment comenzó con un proceso sin precedentes, rápido y mínimo, en la Cámara de Representantes”, dijo McConnell. “La secuela no puede ser un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o dañe al Senado o a la propia presidencia”.

Esta situación se da en momentos en que Schumer y McConnell están luchando para controlar una cámara dividida donde los demócratas mantienen ahora una estrecha mayoría gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El juicio podría distraer los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa que incluye casi 2 billones de dólares en ayuda para personas y empresas, así como la necesidad de confirmar a los nominados de su gabinete.

Si se envía al Senado el lunes, el ‘impeachment’ podría empezar al día siguiente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó La Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Trump se convirtió la semana pasada en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político dos veces, y cuando el Senado se reúna para este proceso será el primero en ser juzgado después de dejar el cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso de juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump, acusado de “incitación a la insurrección” por su participación en el asalto al Capitolio que llevaron a cabo sus seguidores la semana pasada.

La votación finalizó con 232 votos a favor y 197 en contra, cuando se necesitaban 217 para aprobar el juicio político al mandatario.

Al voto de los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes tienen la mayoría, se unieron varios legisladores republicanos, entre los que destacan John Katko, Liz Cheney y Jamie Herrera.

Fueron diez los legisladores republicanos que finalmente decidieron apoyar el ‘impeachment’ contra el presidente, lo que muestra el descontento al interior del partido por el incidente del Capitolio.

Al inicio del debate, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump es un “peligro claro y presente” para Estados Unidos, subrayando que “el presidente incitó está insurrección, está rebelión armada contra nuestro país”.

Además, indicó que el magnate neoyorquino ha mentido “repetidamente” sobre el resultado de las elecciones presidenciales, celebradas en noviembre, y ha puesto en duda la democracia. De forma paralela, calificó a las personas que irrumpieron en el Capitolio de “terroristas domésticos” y ha hecho hincapié en que Trump “los envió” al edificio. “No son patriotas”, añadió.

El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y incitó  a sus seguidores mediante un discurso retransmitido el propio 6 de enero.

Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, fecha en la que Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024.

Corresponderá al Senado enjuiciar a Trump, y se espera que esta misma tarde la Cámara de Representantes envíe el artículo de acusación. El Senado empezará el juicio el próximo 19 de enero, un día antes de que Trump abandone La Casa Blanca.

Trump se convierte con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, después de que en febrero del año pasado fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.

Una semana después de que los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio, la Cámara de Representantes votará este miércoles para acusar al mandatario por su papel en lo que consideran un golpe a la democracia estadounidense y dejó cinco muertos.

El Congreso de Estados Unidos inició esta mañana los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político (impeachment) al presidente Trump.

Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal alrededor de las 15:00 hora local, aunque el resultado está claro desde ahora, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja.

Al menos cinco legisladores republicanos han dicho que se unirán a los demócratas para acusar a Trump por segunda vez, siete días antes de que deje el cargo y el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero.

Una votación mayoritaria de la Cámara baja pondría en marcha un juicio en un Senado aún bajo control republicano, aunque no está claro si dicha instancia se celebraría a tiempo para sacar a Trump de La Casa Blanca.

Los demócratas avanzaron en una votación de juicio político después de que el vicepresidente Mike Pence rechazara un esfuerzo para persuadirlo de que invocara la 25 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir a Trump.

“No creo que tal acción esté en el mejor interés de nuestra nación ni sea coherente con nuestra Constitución”, dijo Pence en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Pese a la carta, la Cámara aprobó una resolución ayer por la noche pidiendo formalmente a Pence que actúe. La votación final fue de 223-205 a favor.

Mientras, había indicios de que el control dominante de Trump sobre el Partido Republicano estaba comenzando a disminuir. Al menos cinco republicanos de la Cámara de Representantes, incluida Liz Cheney, miembro del equipo de liderazgo de su partido, dijeron que votarían por su segundo juicio político, una perspectiva que ningún presidente antes de Trump ha enfrentado.

“Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución”, dijo Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, en un comunicado. Trump “convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque”, agregó.

Otros cuatro congresistas republicanos, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger y Fred Upton, dijeron que también respaldarán el juicio político. En una excepción a su procedimiento estándar, los líderes republicanos de la Cámara no instaron a sus miembros a votar en contra de la impugnación de Trump, diciendo que es un asunto de conciencia individual.