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La comunidad jesuita en México lamentó que, después de cinco meses del asesinato de dos sacerdotes y un guía turístico en el norte del país, el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en el país.

“A cinco meses del asesinato de nuestros hermanos Javier (Campos) y Joaquín (Mora), junto con Pedro Palma, los jesuitas de México lamentamos que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la Sierra Tarahumara”, señalaron en un comunicado.

El 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que un día antes los sacerdotes fueron asesinados dentro de una iglesia en Cerocahui, en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua.

“Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes”, sostuvo entonces.

Las muertes de los religiosos fueron condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

Días después del asesinato, el mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida.

Sin embargo, la comunidad jesuita en México señaló que, “a más de 150 días de los dolorosos hechos, la paz no ha llegado a Cerocahui, como recientemente declaró la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”.

En este sentido, los jesuitas enfatizaron que, “en la comunidad prevalece la inseguridad, el miedo de que la situación quede en el olvido y de que el perpetrador regrese a la zona”.

Además, reprocharon que mientras no haya justicia no se podrá hablar de paz y reconciliación, dos estandartes de la estrategia de seguridad del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

También aprovecharon para insistir en su llamado a los diferentes niveles de gobierno, a fin de que se dé continuidad a la seguridad en el territorio serrano y se alcance la justicia que tanto añoran las comunidades.

“Nos sumamos al manifiesto de la Diócesis de Tarahumara, quien ha convocado a construir ‘un país donde verdaderamente reine la verdad y la justicia que nos lleven a la verdadera paz y amor’”, concluyeron los jesuitas.

La Trump Organization, compañía familiar del expresidente Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1.6 millones de dólares en multas.

El juicio inició este lunes en la Corte Suprema del estado Nueva York en Manhattan con la selección del jurado.

Este proceso penal es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco.

El exdirector financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.

El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, será uno de los testigos clave del juicio a la compañía actualmente dirigida por dos de los hijos del expresidente: Donald Trump Jr y Eric Trump, que tiene negocios inmobiliarios, hoteles y campos de golf en todo el mundo, así como a sus dos filiales Trump Corporation y Trump Payroll.

Weisselberg, que hasta ahora se había negado a testificar en contra de Donald Trump, vinculó directamente a la Organización Trump con “una amplia gama de actividades delictivas”.

Según la acusación presentada el 1 de julio de 2021, era uno de los ejecutivos que “recibía partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos”.

Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, el exjecutivo, que antes de ser director financiero había sido contador y contralor de la compañía, pagará 2 millones de dólares de resarcimiento y se enfrenta a cinco meses de cárcel.

Bajo su supervisión, la compañía de la familia Trump, que se ha declarado no culpable, está acusada de haber mantenido dos contabilidades paralelas para esconder las prebendas que tanto él como otros ejecutivos recibían como complemento salarial.

Personalmente, Donald Trump no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que infravaloró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

La oficina de James reclama 250 millones de dólares en multas al expresidente, que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado y a sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se les impida comprar propiedad inmobiliaria en el estado por un periodo de 5 años.

Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, entre otras, la posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de La Casa Blanca y ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México, según un informe presentado por México Evalúa.

El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

En el informe “Hallazgos 2021” se da seguimiento y se evalúa el sistema de justicia penal del país, seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.

Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 % de los delitos investigados en el país queden impunes.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, indicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% respecto a 2020. De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR), la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

Señala que actualmente 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en compañía de estudiantes, realizaron este viernes una manifestación que terminó en choques con policías y ataques con petardos y cohetes al Campo Militar Número 1, ubicado en los límites de la CDMX y el EdoMex.

Con pancartas y  fotos de los rostros de los desaparecidos, los inconformes gritaron consignas como “fue el Estado”, “asesinos” y “nos faltan 43”.

Los estudiantes y familiares aseguraron que a ocho años de los hechos siguen en pie de lucha hasta dar con la verdad.

Los inconformes exigieron que se abran los archivos militares del caso y entregar a los elementos involucrados en la desaparición de los jóvenes, además de que se acabe con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos.

Tras el mitin, algunos manifestantes lanzaron cohetones y petardos a las instalaciones militares e, incluso, derribaron una de las puertas del Campo Militar, mientras que los elementos de la policía militar repelieron las agresiones con piedras y agua.

Esta decisión causó diversas críticas pues los chorros de agua alcanzaron únicamente a periodistas que cubrían los hechos.

Desde la semana pasada, familiares y activistas empezaron con las manifestaciones previo al aniversario de la desaparición de los normalistas.

El miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

Ayer, otro grupo se manifestó frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) donde se usaron bombas molotov y se agredió a policías con diversos objetos como piedras. Además, ayer también un juez concedió un amparo provisional a Murillo Karam para protegerlo de su procesamiento por el caso.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

Foto: Twitter @antimonumenta

La Justicia de Estados Unidos ha imputado a cuatro personas por la muerte de 53 migrantes que fueron hallados sin vida a finales de junio en el interior de un tráiler en la localidad de San Antonio, Texas, de los cuales 27 eran de origen mexicano.

En lo que el gobierno ha calificado como el incidente más mortífero de la historia de Estados Unidos en relación con el tráfico de personas, un jurado ha dado el visto bueno a presentar cargos contra Homero Zamorano Jr, Christian Martínez, Juan Claudio D’Luna Mendez y Juan Francisco D’Luna Bilbao por lo sucedido.

Los dos primeros, el conductor del vehículo y su presunto cómplice, fueron imputados por provocar la muerte de decenas de personas que no contaban con documentación tras conspirar para trasladarlos de un lugar a otro, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

En caso de ser hallados culpable podrían enfrentarse a la pena de muerte, tal y como ha indicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos fueron detenidos después de que la Policía revisara varios vídeos de seguridad y analizaran una serie de comunicaciones vía telefónica.

Los dos acusados permanecen bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta que se lleve a cabo el juicio.

D’Luna Mendez y D’Luna Bilbao, por su parte, han sido imputados por posesión ilegal de armas y podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de cárcel.

Además de México, la mayoría de las víctimas eran Guatemala y Honduras, y según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sufrieron insolación y agotamiento por calor y no había señales de la presencia de agua o de una unidad de aire acondicionado en funcionamiento en el camión cuando fue encontrado.

De acuerdo a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los mexicanos fallecidos en el camión había migrantes originarios de los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México.

El incidente ocurrió en un remoto camino rural de San Antonio el 27 de junio. Los policías que llegaron al lugar detuvieron a Zamorano después de descubrirlo ocultándose en unos matorrales cercanos, según un comunicado de la fiscalía federal.

Un inspección del celular de Zamorano reveló llamadas con Martinez sobre la operación de contrabando de personas.

Grandes cifras de migrantes han estado llegando a Estados Unidos a últimas fechas, muchos de ellos corriendo los riesgos de atravesar peligrosos ríos y canales, y abrasadores paisajes desérticos. Durante mayo hubo 240,000 detenciones de migrantes, un tercio más que hace un año.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a favor de Rosario Robles, exsecretaria federal, en contra de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en el 2021 la inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público.

Así lo confirmó la propia Rosario Robles Berlanga mediante un mensaje en sus redes sociales, donde informó que se le otorgó el amparo y en consecuencia la protección de la justicia federal contra la sanción señalada.

Robles Berlanga dijo que el Tribunal en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública, violaron sus derechos, por lo que ordenó que se declarara la nulidad de la sentencia que la inhabilitaba.

Recordó que la medida se le impuso por presuntamente no haber informado en su declaración patrimonial una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo movimientos y que incluso fue cancelada por el propio banco.

La extitular de Sedatu y Sedesol detalló que el Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Rosario Robles reiteró en su mensaje que “toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia, un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune”, dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. “Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto”, agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

“Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido”, apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

“Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, “sigue su curso y no está concluida”.

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes “y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos” y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público”.

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que “asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este jueves de mentirosos a los legisladores estadounidenses, que enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para acusar al Estado mexicano de perseguir a opositores a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son, con todo respeto, mentirosos porque no es cierto”, indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer, en una carta dirigida a Blinken, y al procurador general Merrick Garland, varios legisladores demócratas expresaron su preocupación por señalamientos de que López Obrador y la FGR politizan la justicia y ponen en peligro la independencia de las instituciones democráticas.

Los senadores, encabezados por Bob Menéndez, denunciaron que el fiscal Alejandro Gertz Manero usaría el cargo para perseguir a opositores políticos y saldar cuentas.

Los demócratas también culpan a López Obrador de atacar públicamente a un juez que falló en contra de sus políticas energéticas, de promover un plan aparentemente inconstitucional para extender el periodo de un juez de la Corte Suprema y de plantear el desmantelamiento del máximo tribunal electoral del país. También expresaron sus preocupaciones por los cargos penales en contra de Ricardo Anaya.

“Les pedimos considerar seriamente el riesgo de un sistema judicial debilitado y politizado en México”, indica la carta, que también fue firmada por el senador por Vermont, Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, y los senadores Benjamin Cardin, por Maryland, y Jeffrey Merkley, por Oregon.

“Son mentirosos, no usamos a los aparatos del Estado para ello (perseguir opositores), yo no tengo ya ninguna relación, como (sucedía) antes, con el fiscal General de la República (FGR), esta instancia es autónoma”, reiteró López Obrador.

Como se ha hecho costumbre, justificó que los señalamientos que ahora se hacen se deben al proceso electoral estadounidense que está en marcha.

“Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones y que bueno que nada más son cuatro (los senadores), porque cuatro golondrinas no hacen verano. ¿pero qué voy a contestarles?, nada, y van a seguir así”, añadió.

López Obrador instó a los congresistas a que se informen y que si tienen pruebas que las presenten y agregó que “por lo general son denuncias sin sustento, es por la temporada (electoral)”.

Además, reveló que en este mes sostendrá un encuentro con senadores estadounidenses para tratar el desarrollo en el sureste de México y en Centroamérica y combatir la migración.

“Estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, para finales de abril para que podamos reunirnos en el sureste. Eso sobre el desarrollo del sureste y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando”, remató.

Reporteros, fotógrafos y camarógrafos irrumpieron esta tarde en el Congreso de Michoacán, tras el asesinato a tiros de Armando Linares, periodista y director del portal de noticias Monitor Michoacán.

Los comunicadores michoacanos exigen a las fiscalías de la República y de Estado realizar las investigaciones a fondo para esclarecer el homicidio de Armando Linares, quien apenas el 31 de enero denunció amenazas en su contra tras el asesinato de Roberto Toledo, otro colaborador del mismo medio.

Antes de irrumpir en el Congreso estatal, los periodistas de Michoacán marcharon en la ciudad de Morelia, hasta llegar al Palacio de Gobierno.

Al encontrar las puertas cerradas, avanzaron hacia el Palacio Legislativo, donde irrumpieron hasta el pleno mientras los diputados locales realizaban una sesión ordinaria.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), primera encargada de las investigaciones del crimen de Armando Linares, no ha reportado ningún avance en el caso, que representa el segundo periodista asesinado en el año en Michoacán y el octavo caso a nivel nacional en 2022.

Al respecto, el presidente López Obrador indicó que mañana durante su conferencia matutina se informará sobre este asesinato, así como de todos los que han ocurrido en el año.

Este  miércoles se celebraron los servicios fúnebres de Linares en Zitácuaro, casi en la soledad y solo con la presencia de sus familiares cercanos.

Salatiel Arroyo Zamora, periodista y director del diario El Despertar de Zitácuaro, indicó que el gremio periodístico tiene una sensación de impotencia ante el crimen de Armando Linares, pero también un sentimiento de terror que impide a periodistas alzar un poco más la voz contra la violencia que impera no solo en esa ciudad, sino en todo el país.

El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por supuesta extorsión.

Según el reporte del periódico Reforma y del portal Animal Político, Collado denunció a Scherer Ibarra, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una de las personas más cercanas al mandatario entre 2018 y 2021, de que junto con sus abogados le habrían pedido entregar acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V además de altas sumas de dinero para, supuestamente, negociar su libertad.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019; entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

De acuerdo con las notas periodísticas, Collado supuestamente les entregó 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Según Collado, además de los 10 millones de pesos, habría entregado a Scherer y a sus abogados 1.3 millones de dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

Asimismo, afirmó que dio un pago final de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, a fin de que Scherer promoviera su excarcelación.

Aunado a ello, en un segundo encuentro, los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia le habrían insistido al empresario y jurista hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

En la denuncia, Collado relató cómo sufrió extorsiones y presiones de Scherer Ibarra a través de sus abogados.

Tras la publicación de los artículos, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en su cuenta oficial de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y aseguró que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre de 2020.

Más tarde, Scherer Ibarra habló del asunto también en Twitter, en donde reconoció que se reunió con los hijos de Collado pero refirió que fue a petición de ellos y que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República “por ser de su competencia”.

“No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, enfatizó.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente poderosa en el país. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También defendió a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico y se hizo cargo de la representación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.

Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, inició una acción penal contra dos mujeres por haber propagado por las redes sociales una noticia falsa en la que se afirma que había nacido con sexo masculino y que en realidad es una persona transgénero.

Fuentes judiciales confirmaron este viernes a los medios locales que estas dos mujeres, que se presentan como “médium” y “periodista independiente”, tendrán que comparecer en una primera audiencia el próximo 15 de junio ante el Tribunal Judicial de París.

Las acusadas habrán de responder ante la sala 17 del tribunal sobre la acusación de atentar contra el derecho a la imagen y a la privacidad de la primera dama.

Los rumores sobre su identidad sexual comenzaron en el mes de noviembre a través de varias cuentas de Twitter en las que se decía que Brigitte Macron se llamaba al nacer Jean-Michel. En estos señalamientos también se apuntaba a ella no era la madre de sus tres hijos.

Esos contenidos fueron compartidos decenas de miles de veces en diciembre y desde entonces el entorno de la esposa de Emmanuel Macron hizo saber que tenían la intención de llevar este asunto ante la Justicia.

Según el diario Libération, la difusión de todos estos infundios estaba vinculada con cuentas de perfiles de extrema derecha en las que abundan los contenidos contra su marido, que dudan de la gravedad del COVID-19 y contrarios a las vacunas.

El físico de Brigitte Macron ha sido objeto de diferentes ataques y bromas de mejor o peor gusto, en particular durante la campaña de las presidenciales de 2017 con las que su esposo llegó al Elíseo. La mayoría se habían centrado en la diferencia de edades; aludían al hecho de que ella es 24 años mayor que él.

Un grupo de periodistas de Tijuana exigió este jueves durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protección tras los recientes asesinatos de compañeros del gremio.

Visiblemente emocionada, la periodista Sonia De Anda, de Esquina 32, fue la encargada de leer un comunicado en el que se exige protección y justicia.

“Queremos informales que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se comenten en contra nuestra no se aclaran”, dijo la reportera.

Explicó que en Tijuana se enterraron a “dos de nuestros colegas” en lo que va de año: Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado. “No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando a periodistas”, apuntó la reportera.

A continuación, citó los nombres de los cinco fallecidos asesinados por su labor periodística en lo que va de año, mientras el resto de los compañeros gritaba al unísono: “¡Presente!”.

Así, la periodista pidió al presidente apoyo para que haya transparencia en todo el caso de Lourdes Maldonado, a lo que López Obrador dijo que se estaba dando mucha información pero que, por el “debido proceso”, no se puede dar a conocer. “No tenemos nada que ocultar”, aseguró.

Además, el mandatario negó que el caso de Margarito haya sido “relegado” por el de Maldonado, un crimen más mediático porque en 2019 acudió a la mañanera a pedir protección. “En ningún caso (habrá impunidad). Estamos investigando todos los crímenes y esto es lo que nos permite que haya autoridad moral y dar la cara, porque trabajamos todos los días”, concluyó.

López Obrador refrendó la responsabilidad del gobierno federal de garantizar seguridad, libertad de expresión y justicia a periodistas.

“Nosotros no somos represores, que no nos confundan. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, enfatizó.

Y es que México suma cinco periodistas asesinados por su labor en lo que va de año, convirtiendo el país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 30 en el actual de López Obrador.

Familiares de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años acusada de corrupción, anunciaron este lunes el inicio de una resistencia civil para pedir la inmediata liberación de la ex funcionaria.

En conferencia de prensa, Francisco Robles y Mariana Moguel Robles, hermano e hija de la también exjefa de gobierno, señalaron que entre las actividades que tienen programadas están concentraciones en Paseo de la Reforma, una vez a la semana, además de una movilización de 36 horas en el Zócalo capitalino a finales de noviembre y un ayuno de 10 días.

Dijeron que lo que buscan con estas movilizaciones es la liberación inmediata de la Robles Berlanga, pues, acusaron, se trata de un caso político y no legal lo que la mantiene en prisión.

“No es solo por Rosario, tiene que ver con las miles de mujeres y hombres que no solo se encuentran de manera injusta en los centros penitenciarios, sino que se les fabrican pruebas”, denunció Mariana Moguel.

La también política afirmó que recurrirán a todo lo que sea necesario, “tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho, como tiene por derecho, llevar su proceso en libertad”.

Asimismo, dijo que su madre es víctima de una injusticia y una venganza política, y aseguró que el movimiento civil lleva más de un año, en donde la familia de Robles ha denunciado las violaciones sistemáticas de las que la detenida ha sido víctima.

Aseguró además que, a diferencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se encuentra preso luego de que la Fiscalía rompió el acuerdo por el cual el exfuncionario incriminó al expresidente Peña Nieto y a medio centenar de políticos, su madre no señalará a nadie para probar su inocencia.

“A mí no me importa el caso de otras personas como el de Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios”, aseguró.

Robles, también secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está acusada de permitir el desvío público de más de 5,000 millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

Un juez en Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, empresario cercano al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro, debido a “garantías” dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami desde el pasado 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de lavado de dinero y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado “garantías” a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación”, explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.

Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.

Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano lvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La Fiscalía asegura que ambos lucraron y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.

La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas. El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en nuestro país.

El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable. Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell, ya que dicho encuentro no tuvo lugar porque fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.

El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado este martes por México Evalúa.

En 2019 la impunidad se situaba en un 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad.

En el informe “Hallazgos 2020” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), que no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías,

La Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.

Por otro lado, la octava edición de dicho informe también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%.  Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”.

México Evalúa también recogió que una de cada cuatro detenciones en México son ilegales.

El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. Una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia.

Además, México Evalúa detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este lunes que habrá justicia para José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

“Que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba, que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el pasado 21 de julio, y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado la madre de la víctima.

Pese a las denuncias, el viernes pasado los cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”; incluso aseguró que no había evidencia de abuso policial.

Sin embargo, el caso ha tomado fuerza, luego de que el  fin de semana se difundiera un video de la detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.

Ante los crecientes reclamos, agrupados en el movimiento #JusticiaParaJoséEduardo, que se ha hecho viral en las redes sociales, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender el asunto.

“Que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo”, sostuvo.

María Ravelo ha denunciado que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para desistirse de sus denuncias. Ante esa situación, la madre ha pedido una audiencia con López Obrador, quien este lunes afirmó que no hace falta. “Es lo que puedo mandarle decir a la señora, que voy a intervenir”, declaró.

El mandatario también ha criticado al Poder Judicial por la liberación de los policías acusados. “Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, sentenció.