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Elisa de Anda Madrazo fue elegida este viernes como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que combate el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La funcionaria es “la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo”, según destacó la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Dentro de la organización intergubernamental, De Anda Madrazo se ha desempeñado como vicepresidenta, jefa de la delegación mexicana, copresidenta del Grupo de Coordinación y Red Global, copresidenta del Grupo de Contacto sobre Membresía de Malasia y miembro del Grupo Directivo, según expusieron las dependencias.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, había postulado a la funcionaria en noviembre pasado, y tuvo el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

Ahora el Gobierno destacó que “la elección de México representa una victoria para la diplomacia financiera mexicana y un testimonio de confianza de la comunidad internacional en nuestro país”.

La GAFI es un organismo que combate el lavado de dinero a nivel internacional y la financiación de grupos terroristas.

Entre sus labores más destacadas está elaborar las ‘listas negras’, que han ocupado países como Irán y Corea del Norte.

Pero también la ‘lista gris’, que incluye paraísos fiscales y en la que ahora hay países como Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Mali, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.

Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda.

La denuncia se presentó el pasado lunes 14 de noviembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

Recordemos que el exprocurador se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sin embargo, la UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, que desenmascararon diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

“La UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República”, detalló la Unidad.

De acuerdo con el análisis hecho, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

En dicha empresa, de la cual no se reveló el nombre, participan como socios el sobrino, yerno e hijos del exprocurador, quienes resultaron beneficiados con contratos gubernamentales cuando Murillo Karam se desempeñaba en la PGR.

La UIF identificó que esta empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2013 a 2015, mientras Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

“Por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, detalló la UIF.

Además, la UIF indicó que dicha empresa familiar presentó diversas irregularidades al momento de su constitución legal, pues los domicilios manifestados no concuerdan con las actividades indicadas a realizar. La empresa declaró fiscalmente deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento de la unidad económica al tener ganancias mínimas.

Asimismo, la autoridad identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras que han sido identificadas como empresas fachada, lo que configura “una posible defraudación fiscal”.

La UIF detectó que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero en 2017, mientras que, entre 2020 y 2021, colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias.

En ambas situaciones, los recursos no fueron declarados ante el fisco, por lo que se procedió con su informe ante la FGR a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El nobel de Economía, Joseph Stiglitz, pidió prohibir las criptomonedas, al asegurar que facilitan el lavado de dinero a gran escala.

El economista estadounidense hizo dichas en declaraciones en relación a las divisas digitales como el bitcoin al semanario alemán Der Spiegel, a quien señaló que la prohibición podría introducirse en el punto de la cadena en el que las criptomonedas se cambian a dinero normal.

Desde hace años las instituciones bancarias se esfuerzan en volver más transparentes los mercados financieros, argumentó.

El hecho de que las criptomonedas sean digitales no hace que este requisito deje de ser imprescindible, agregó Stigliz.

“En este momento hay dos grandes agujeros que tenemos que cerrar, las criptomonedas y los inmuebles,” afirmó el nobel de Economía en referencia a la lucha contra el delito de lavado de dinero en Estados Unidos, país que sigue liderando esta práctica.

Atribuyó parcialmente la responsabilidad de los problemas en el ámbito inmobiliario al expresidente Donald Trump, del que afirmó que “era conocido como lavador y se hizo rico de esa forma”.

Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000 millones de dólares anuales, según un informe difundido hoy por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.

“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año”, indica el reporte, que señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales para evitar ser rastreados.

“El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, indica la JIFE.

En el informe se detalla que para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.

La JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.

En esa línea, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.

El informe llega un día después de que el presidente Joe Biden firmara ayer una orden ejecutiva que abre la puerta a la regulación de las criptomonedas, además de que pidió a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital.

La administración Biden consideró la explosiva popularidad de las criptomonedas como una oportunidad para evaluar los riesgos y ventajas de tener activos digitales. Según la Casa Blanca, más de 100 países han lanzado monedas digitales o piensan en la posibilidad de hacerlo.

Finalmente, la JIFE señala que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta “peligro de fuga” tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que “no tiene nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso “muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su “calidad de Enviado Especial” de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

Emma Coronel, la esposa de Joquín “El Chapo” Guzmán, se declaró este jueves culpable de narcotráfico y de ayudar a su marido a escapar de prisión, ante un juez federal de Washington D.C. en Estaos Unidos.

“Culpable”, dijo Coronel al juez Rudolph Contreras cuando este le preguntó si era culpable o inocente de los tres cargos de los cuales era acusada: conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado.

Durante la audiencia, que el público y la prensa pudieron escuchar vía retoma, el fiscal Anthony Nardozzi dijo que Coronel ayudó al Chapo a enviar a Estados Unidos al menos 450 toneladas de cocaína, 90 de heroína, 45 de metanfetaminas y 90 de marihuana.

También indicó que Coronel, que se casó con el Chapo siendo adolescente y con quien procreó a dos niñas mellizas, ganó dinero al alquilar propiedades compradas con dinero resultado de la venta de drogas.

Según Nardozzi, Coronel hacía de “intermediaria” entre integrantes del cártel y su marido cuando este estaba en la cárcel, y ayudó a los hijos de “El Chapo” a “planificar y coordinar” su escapada de la cárcel en 2015.

Coronel, de 31 años, será sentenciada por Contreras el 15 de septiembre y permanecerá detenida hasta entonces. Enfrenta una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, pero su declaración de culpabilidad puede acortar su condena.

Recordemos que la también exreina de belleza mexicano-estadounidense fue arrestada en un aeropuerto internacional cercano a Washington el pasado 22 de febrero bajo sospechas de estar involucrada en los negocios de narcotráfico de su marido. Está detenida desde entonces.

El empresario Alonso Ancira, acusado del delito de lavado de dinero en nuestro país, fue entregado esta madrugada por el gobierno e España a autoridades mexicanas, con el fin de cumplir con su proceso de extradición.

Ancira Elizondo abandonó la cárcel de Palma de Mallorca, donde encontraba detenido desde noviembre pasado, para tomar el vuelo que lo traerá a México, y el cual está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La aeronave, con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía, hará una escala para la recarga de combustible dada la distancia y horas de vuelo, la cual se realizará en Canadá.

Se prevé que sea esta tarde cuando la aeronave arribe a nuestro país, aunque se desconoce si aterrizará en el hangar de la FGR en el aeropuerto de la Ciudad de México o en el de Toluca, Estado de México.

Alonso Ancira es acusado de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Pemex, en el 2015, así como del delito de asociación delictuosa; fue el 13 de noviembre cuando la Audiencia Nacional de España autorizó su extradición al considerar que los delitos por lo que lo reclamaba nuestro país no habían prescrito y al ser delitos que también se persiguen en España.

Al respecto, esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el traslado de Alonso Ancira, y dijo que una vez en México tendrá que enfrentar un proceso penal.

“Tengo conocimiento de que está volando en un avión de la Fiscalía General de la República, de allá de España para México. Tendrá que enfrentar un proceso penal, por supuesto. Pero lo que ha dicho el presidente, que devuelvan lo que no les corresponde, que devuelvan lo que fue materia de corrupción”, remató.

Esta tarde, la fiscalía estadounidense pidió al juez del caso que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, permaneciera bajo custodia y que no quedara en libertad mientras enfrenta su proceso judicial, ante la posibilidad de que se fugue. La solicitud fue aceptada.

Los fiscales aseguraron que no era recomendable que sea colocado en arresto domiciliario, ya que consideran que también podría escapar.

Los cargos presentados por la corte del distrito este de Nueva York incluyen asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Los fiscales señalan que Cienfuegos ayudó al cartel del H-2 mientras fue el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales indicaron que tienen mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como “El Padrino”, según la fiscalía. Entre las comunicaciones hay mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.

Cienfuegos apareció esta tarde en la audiencia inicial a través de video desde el centro de detención donde se encuentra en Los Ángeles. Llevaba una chamarra oscura y un cubrebocas. Fue asistido por un intérprete.

Cienfuegos permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta la próxima audiencia programada para el martes en Los Ángeles. Su abogado, Duane Lyons, apareció también en video y no respondió a solicitudes de comentarios.

Aunque los fiscales estadounidenses aseguraron que el general ayudó al cartel del H-2, en México las autoridades han descrito a H-2 como un lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva llamado Juan Francisco Patrón Sánchez, quien murió en un enfrentamiento con la Marina en 2017.

Los fiscales neoyorquinos expresaron en una carta a la jueza Carol Amon, de la corte federal de Brooklyn, que esperan que el general sea llevado a Nueva York en las próximas semanas y acusaron a Cienfuegos de asistir al cartel a cambio de sobornos. El general enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel.

En su carta, los fiscales describieron al cartel como una organización liderada por Patrón Sánchez, también conocido como H-2, que operaba desde Nayarit y Sinaloa. El cartel, aseguraron los fiscales, tenía cédulas de distribución de drogas en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales se distribuyeron miles de kilos de drogas.

Cienfuegos, continuó la carta, ayudó al cartel al asegurar que no se realizaran operaciones militares en su contra y también inició operaciones militares contra grupos rivales. El general localizó transporte marítimo para envíos de cocaína y ayudó a ampliar el territorio controlado por H-2, además de presentar a los narcotraficantes a otros funcionarios corruptos del gobierno.

Cienfuegos también avisaba al cartel de operaciones antidrogas de las autoridades estadounidenses.

Además de comunicaciones interceptadas, los fiscales señalaron que sus acusaciones están corroboradas por numerosos cientos de kilos de cocaína y otras drogas incautadas y por testigos que confirmaron la asistencia de Cienfuegos al cartel.

El general fue acusado formalmente por un jurado investigador en Nueva York el 14 de agosto de 2019.

La detención el ex funcionario federal se realizó ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, a donde llegó  junto a sus familiares quienes fueron dejados en libertad horas después. Cienfuegos fue trasladado al Metropolitan Detention Center.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

“El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo”, indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de “conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos” (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de “lamentable” el arresto y consideró que es una “muestra inequívoca de la descomposición del régimen” que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino “se hablaba de una investigación” sobre el general, aunque “no era nada oficial”.

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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El exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, se declaró culpable por lavado dinero tras haber ocultado sobornos cobrados a cambio de contratos de construcción de carreteras en la entidad.

Torres se desempeñó como gobernador interino de la entidad en 2011, y fue arrestado en México a principios del año pasado y extraditado a Estados Unidos en octubre para enfrentar un juicio en un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.

Los fiscales estadounidenses en Texas acusaron a Torres y a Héctor Villarreal, exsecretario de hacienda de Coahuila, de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos en 2013.

El priísta se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una nación extranjera que involucraban el soborno de un funcionario público, dijo el fiscal federal Ryan Patrick en un comunicado del Departamento de Justicia.

Ahota, Torres enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa de 500,000 dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó renunciar a una propiedad en Estados Unidos vinculada a los sobornos, según la autoridad local.

La jueza de distrito estadounidense Nelva González fijó la sentencia de Torres para el 10 de septiembre.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

El diario El País publicó este jueves en su edición electrónica un reportaje en el que asegura que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con fondos por 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Se relata que el priísta, que entones se desempeñaba como alcalde de Huixquilucan, participó como “representante” de la sociedad instrumental holandesa ‘Abeodan Corporation’, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Pese a que los documentos en que aparece el nombre de Del Mazo fueron consultados por el diario, en su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo omitió su relación con dicho banco y con la cuent.

Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012. Del Mazo no ha respondido a las preguntas remitidas por este diario hace diez días”, relata el diario español.

Se menciona que los fondos depositados en la cuenta fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015, y se investigó al ahora gobernador por presunto lavado de dinero.

El país señala que las investigaciones dan durado dos años, aunque recientemente se acaban de archivar y los fondos liberados.

Según el acta interna del banco a la que el diario tuvo acceso, menciona al gobernador indicó que poseía el 10% de las acciones de la compañía de estacionamientos Pumasa S.A. de C.V., mimas que habría conseguido por “cesión” de uno de los accionistas, Daniel Madariaga. Sin embargo, según documentos mexicanos, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de la empresa.

 

Nota completa  de EL País AQUÍ

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra del ex encargado de la oficia de la entonces PGR, Alberto Elías Beltrán, por presunto lavado de dinero, fue el ex funcionario quien respondió.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda informó que Elías Beltrán, junto a su esposa Marcela Kuchle, están siendo investigados por realizar diversos movimientos bancarios que datan desde 2016 y que implicarían cerca de 100 millones de pesos.

“En ningún momento su servidor y mi esposa realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario”, declaró el ex encargado de la oficina de PGR en entrevista con Grupo Fórmula.

Enfatizó que todos sus ingresos son producto de su trayectoria laboral, además de que negó tener propiedades en el extranjero.

Además, dijo desconocer la investigación en su contra, por lo que espera sea citado por la Fiscalía para poder conocer la carpeta y pueda demostrar su inocencia.

Elías Beltrán reiteró su confianza en la FGR, y en cómo su titular, Alejandro Gertz Manero, conducirá las investigaciones.

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles a nueve personas que formaban parte de una estructura criminal señalada de ingresar al país más de 11,000 millones de pesos en los últimos dos años desde nuestro país, producto del narcotráfico.

La Fiscalía y la Policía colombianas indicaron en un comunicado que la banda implementó una nueva modalidad de blanqueo de dinero denominada “lavado hormiga”, en la que enviaban a colombianos a México para que retornaran masivamente al país con fuertes sumas de dinero.

Entre octubre de 2017 y marzo de 2019, al menos 27 colombianos provenientes de México llegaron a los aeropuertos del país con cantidades de entre 20 y 80 mil dólares.

Según la investigación, la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México con todos los gastos pagos. Una vez que el viajero aceptaba la propuesta, le entregaban los pasajes aéreos para una permanencia de cinco días, además de dinero en efectivo.

“Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25,000 dólares. Sin embargo, se constató que en el lugar de la entrega eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50,000 dólares hasta 80,000 dólares”, precisó la Fiscalía.

Una vez en Colombia, los turistas evadían el control de las autoridades asegurando que el dinero era producto de la venta de inmuebles en México o un préstamo adquirido en ese país para hacer inversiones.

El ingreso del dinero era posible gracias a la participación de un funcionario de la Policía, quien cobraba para permitir el paso de los “correos humanos” por el aeropuerto internacional José María Córdova, cerca de Medellín.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmara que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que estuviera en una investigación por el presunto lavado de dinero, fue el rector de la institución quien fijó postura.

Adolfo Pontigo Loyola indicó que hasta el momento no ha sido notificado de la investigación ni del congelamiento de las cuentas bancarias que indicó la SHCP.

“Hasta este momento estoy yo en la mi oficina y no he tenido ninguna notificación de una autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones”, dijo en entrevista con W Radio.

Añadió que lo único que sabe, es la información que se ha ventilado en medios de comunicación. “Lo que yo sé es exactamente lo que ustedes (medios) saben”.

Negó la Universidad haya recibido dinero desde el extranjero, y afirmó que todo recurso que haya en las cuentas de la institución ha sido auditado, por lo que insistió tiene “las manos limpias”.

Lamentó que se haya filtrado el nombre de la institución a la prensa, pues dijo que con ello se violó el secreto bancario y financiero.

Finalmente negó que la Universidad esté bajo control del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa y personas afines a Morena.

 

El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó sobre la detección de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

Derivado de la información, la dependencia procedió a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en cuestión.

Según detalló, el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Además de que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Dichas acciones, dijo la SHCP, responden a los ejes de acción anunciados respecto al combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.