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Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de sólo de dos años.

La resolución del Tribunal llega en respuesta a las impugnaciones que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Sin embargo, las magistradas y los magistrados consideraron infundadas, las impugnaciones del PRD que consideraban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

También calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.

Finalmente, la resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.

El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, rechazó que, como publicó el diario Reforma, la Sala Superior haya resuelto la duración de la gubernatura de Baja California.

Fuentes Barrera destacó que el Tribunal Electoral transmite sus sesiones de manera pública a través de sus redes sociales y en el Canal Justicia TV, con el fin de que la ciudadanía conozca el porqué de cada decisión, y sepa qué sí y qué no se ha resuelto, ya que así se vacuna a la ciudadanía contra la desinformación.

Y es que el martes pasado, el periódico publicó que la Sala Superior “confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Baja California de ampliar el mandato del gobernador por cinco años, alegando que la demanda en contra de esa decisión fue presentada de forma inoportuna”.

“Hemos visto en los últimos días en diversos medios de comunicación la emisión de diversas notas que no son exactas (…) en relación con el caso Baja California, por ejemplo, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto», dijo Fuentes Barrera.

Señaló que para evitar la desinformación, la ciudadanía puede acceder a las sentencias a través de las redes, para saber cuáles son las sentencias que sí emite el tribunal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California las demandas interpuestas por la Coparmex y otros actores, contra la consulta ciudadana aprobada por el Congreso local, que busca “conocer el sentir” de la ciudadanía sobre la ampliación del mandato de dos a cinco años del futuro gobernador, Jaime Bonilla.

Y es que los dirigentes de la Coparmex de Baja California y de Mexicali, además del partido Movimiento Ciudadano, solicitaron a la Sala Superior resolver los medios de impugnación “per saltum” y omitir la obligación de acudir previamente al Tribunal Electoral local, pues desde su punto de vista ese órgano “no garantiza una tutela efectiva de sus derechos político-electorales”.

Indicaron que como prueba de ello, el 24 de febrero y el 7 de mayo pasados el Tribunal Electoral local se pronunció a favor de ampliar el mandato de Bonilla.

Las magistradas y los magistrados  del TEPJF determinaron que no procede la figura “per saltum”, y se deben agotar todas las instancias previas, con las gestiones que las leyes establecen.

La Sala Superior consideró además que el acto impugnado es distinto a los ya resueltos, pues proviene del Congreso local, además de que agotar el recurso en este momento no genera un perjuicio irreparable a los demandantes y hay tiempo suficiente para seguir la cadena de impugnaciones. De igual forma, las magistradas y los magistrados no perciben parcialidad del tribunal local.

Recordemos que el 21 de agosto pasado, el Congreso local de Baja California aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar una comisión especial que tenga por objeto realizar una consulta ciudadana para “conocer el sentir” de las y los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, afirmó que, sobre la consulta ciudadana en torno a la duración del mandato de la próxima gubernatura de Baja California, resolverán con plena autonomía e independencia.

Indicó que se guiarán conforme lo que marca la Constitución, y rechazó así, actuar bajo presiones políticas.

Al participar en un foro en el Senado de la República, el magistrado presidente afirmó que existe un juicio en la Sala Superior interpuesto por la Coparmex en el caso de Baja California, donde la legislatura pasada aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato, relativo a la convocatoria del Congreso local para una consulta ciudadana que defina el número de años.

Al ser cuestionado sobre si han recibido presiones políticas, respondió: “no hay presiones políticas, el tribunal electoral trabaja con apego a la independencia y autonomía que Constitucionalmente tiene y la presión que recibe es la que establece el mandato del legislador y la Constitución”.

Sobre los cambios que se necesitan en el Poder Judicial, y que han sido sugeridos por el gobierno federal, Fuentes Barrera indicó que todas las instituciones deben actualizarse siempre, aunque negó que por dichos planteamientos se tenga miedo al interior del Tribunal.

En ese sentido propuso crear el juicio electoral en línea, que permitirá austeridad y agilizar los juicios, además de que exista un solo juicio electoral, uno para ciudadanos y otro para partidos, además de la obligación de dictar sentencias con lenguaje ciudadano y claro.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el Instituto nunca se ha opuesto a las políticas de austeridad y racionalidad del gasto, tal como se le ha señalado en los últimos días.

Sin embargo, afirmó que el Sistema Nacional de Elecciones requiere de recursos suficientes para preservar las condiciones de autonomía, equidad, certeza y respeto al pluralismo que caracterizan hoy a la democracia mexicana.

“En el INE no tenemos ningún problema con la austeridad. No somos ningún dique, no pretendemos serlo, a las políticas de austeridad”, dijo, “pero sí decimos, ante una eventual reforma electoral, que cualquier reforma debe cuidar al menos cuatro cosas: autonomía de la autoridad electoral, certeza en las reglas, condiciones de equidad en la contienda y la posibilidad de que se pueda seguir expresando plenamente nuestro pluralismo político”.

Córdova Vianello aseguró que el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, que aprobó este miércoles el Consejo General del INE, considera medidas de contención del gasto, racionalidad y eficiencia, y se ajusta a la misma cantidad que el INE solicitó para su gasto operativo de este 2019, más los recursos que se requieren para el inicio formal del Proceso Federal Electoral de 2021 en septiembre de 2020.

Al participar en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, los panistas reconocieron la actuación del INE en las elecciones federales y en el acompañamiento a los Organismos Públicos Locales en las elecciones estatales.

Córdova Vianello reiteró que, aunque el INE no tiene atribuciones para actuar legalmente en contra de la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, sí considera necesario pronunciarse en defensa del respeto al orden democrático y la certeza en las reglas y los tiempos de los procesos electorales.

De acuerdo con Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la aprobación de una reforma que extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, es una violación flagrante a la Constitución.

«Sería vergonzoso formar parte de una generación que construyó la democracia y que a su vez está construyendo la ruta de su desmantelamiento», añadió el consejero presidente del INE.

En la sesión de este miércoles, Córdova dijo que el Congreso de Baja California podría haber modificado el tiempo del mandato del gobernador que resultara electo antes de la elección, y no una vez que se había realizado.

«Se modificaron las reglas del juego después de que el juego terminó, y eso es una violación no solo a lo que dice la Constitución sino a los principios que rigen la función electoral», indicó.

Jaime Bonilla resultó ganador en las elecciones del 2 de junio pasado; sin embargo, el 9 de julio, el Congreso de Baja California avaló modificar su Constitución local para que el morenista se mantenga en este cargo por cinco y no por dos años, como establecen las leyes locales.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Congreso de Baja California que se deje de «marrullerías y prácticas dilatorias», y que notifique ya al Ejecutivo Estatal la reforma que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobierno local.

Indicó que dicha petición tiene la finalidad de que se publique y con eso se puedan presentar ante la Corte la Acción de Inconstitucionalidad que tienen contemplada.

“En Acción Nacional estamos listos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que anule la burda maniobra de Morena en Baja California, que atenta contra la democracia y vulnera la voluntad de los bajacalifornianos. Solo falta que el Congreso local notifique la aprobación al ejecutivo, para que se publique la reforma y se pueda interponer el recurso”, expresó el dirigente panista.

El exhorto al Congreso de Baja California se da después de 13 días de inacción de la XXIII Legislatura local que asumió funciones el pasado 1 de agosto, ya que consideran que el tema es de la mayor importancia, por representar un «gravísimo precedente» para la vida democrática en México,.

Cortés Mendoza insistió en que el experimento que Morena pretende incubar en Baja California, busca replicarse a nivel federal, con la intención de allanar el camino para que el Presidente de la República se perpetúe en el poder.

Dijo que de no ser que busque quedarse en el poder, le piden al presidente López Obrador que, sin titubeos, se ponga de lado de la legalidad y a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente su propia Acción de Inconstitucionalidad.

Marko Cortés recordó que, por cuestiones procedimentales, es necesario que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado para garantizar la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad y permitir que sea la Suprema Corte quien revierta este nuevo atentado de Morena en contra de la democracia.

La tarde de este sábado, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN informó su decisión por unanimidad, de expulsar de las filas del partido a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de aprobar la llamada ‘Ley Bonilla’. Con el cual, Jaime Bonilla gobernará por los próximos cinco años, en lugar de los dos originalmente contemplados.

Los legisladores expulsados del PAN son: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez.

El 23 de junio pasado, estos diputados, cuya legislatura concluyó el 31 de julio, validaron la legislación.

Además el cómite también separó de Acción Nacional a la presidenta municipal y síndico del ayuntamiento de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, respectivamente.

Dicho municipio, junto con Ensenada y Tecate, también votaron a favor de la ‘Ley Bonilla’.

A través de un comunicado, el órgano explicó, que se procedió a la expulsión de estos elementos debido a que incumplieron con «obligaciones que como militantes les impone el artículo 12 de los estatutos vigentes y el haber actuado en desacato a un acuerdo de los órganos del Partido, y con ello incurrir en un acto grave de indisciplina».

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron desechar la demanda presentada en contra de la llamada #LeyBonilla, que permite la ampliación del periodo del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La impugnación fue presentada por la ciudadana Luz María Flores Guarnero en contra de la determinación del Congreso de Baja California de ampliar el plazo del cargo del gobernador de dos a cinco años; se determinó que se desechaba la demanda por falta de interés jurídico.

El Pleno consideró que Flores Guarnero no acredita que dicha ampliación le cause algún daño en sus derechos político-electorales, aunado a que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y estar afiliada a un partido político en otra entidad federativa (Nuevo León) sin acreditar que es ciudadana de Baja California.

Y es que el 24 de julio pasado Luz María Flores Guarnero presentó una demanda en contra del Congreso del Estado de Baja California para controvertir el acto legislativo por el cual ampliaron el termino para ejercer el cargo del gobernador electo a cinco años.


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