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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH) un Amicus Curiae por el caso de desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, ocurrido presuntamente por elementos de las Fuerzas Armadas en 2009 y otros casos que se suman a la lista en nuestro país, con el propósito de aportar elementos, principalmente de contexto, que puedan ser jurídicamente relevantes al momento de emitir la sentencia.

La CDHDF expuso entre sus argumentos que hay una violencia generalizada en México, misma que se ha incrementado con la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos específicos del país y donde se ha acreditado la perpetración de vulneraciones graves como ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, además de que, en algunos casos, las víctimas terminaron siendo sujetas a un procedimiento penal.

De igual forma,  la CDHDF consideró que la estrategia de militarización establecida por el Gobierno federal no ha tenido un impacto real en la disminución de la delincuencia, por el contrario, se ha documentado la violación sistemática de los derechos humanos.

La Comisión reiteró su preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, ya que casos como el presente, a la luz de dicho marco normativo, terminarían siendo invisibilizados y tolerados con la justificación de acciones estatales encaminadas a mantener la “seguridad interior”.

En este contexto, el Amicus Curiae argumentó que, el juicio de amparo no es un recurso que sea efectivo cuando se trata de delitos de desaparición forzada, lo que se agrava cuando son Fuerzas Armadas las señaladas.

Por ello, la CDHDF espera que la CoIDH establezca medidas de no repetición que contribuyan a que no haya más víctimas de desaparición forzada en nuestro país.

 

Redacción APO / Foto: Twitter

Dos jueces federales concedieron amparos a organizaciones civiles en contra de la Ley de Seguridad Interior al considerar que violan los derechos humanos.

El Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva resolvió en el expediente número 118/2018 que la actuación de militares en tareas de seguridad pública puede generar actos que no podrían repararse a integrantes de la sociedad.

Destacó que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública constituye un riesgo para los derechos fundamentales de la población.

En tanto, la Juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, , al considerar que 7 artículos de la Ley de Seguridad Interior violentan los derechos humanos y contravienen principios constitucionales para la población en general.

El pasado 21 de diciembre,  esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el que determina que las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo Acciones de Seguridad Interior necesarias para atender riesgos en aquellas zonas del país que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

 

Con información de Agencias / Foto: 

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió esta tarde a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior a nombre de su gobierno.

 

El mandatario estatal indicó que la decisión de interponer el recurso legal se debe a que la Ley de Seguridad Interior desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal, la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos.

 

 

“Nos parece, a todas luces, indebida y más allá de la Constitución, o en contra de la Constitución, la definición que se ha dado de seguridad interior”, dijo Corral esta tarde al hacerse acompañar de representantes de su gobierno y de activistas de organizaciones civiles que lo han apoyado desde la Caravana por la Dignidad que encabezó recientemente.

 

El panista indicó que su intención al presentar la controversia no es desconocer la labor de las Fuerzas Armadas, sino busca proteger a dichas corporaciones. “Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente, porque les desnaturaliza su función y su misión primordial y primigenia, las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado”, dijo.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

A través de la asociación “Por México Hoy” que dirige, el líder de las izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó esta tarde un Amicus Curiae con los elementos jurídicos que asegura prueban la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

 

Cárdenas indicó que la Ley de Seguridad Interior permite que mediante una decisión unilateral del Ejecutivo Federal se mantengan las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones para las que no fueron entrenados.

 

“De esta manera, dicho ordenamiento nos regresa al Estado absolutista en donde no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: un Estado policíaco-militar”, señaló.

 

La asociación afirmó que el actual gobierno quiere una Ley de Seguridad Interior para deconstruir el orden constitucional y el Estado nacional, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre y los derechos humanos, entregando el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, a través de una modalidad totalitaria y autoritaria.

 

Indicaron que al presentar el instrumento jurídico, buscan un modelo de seguridad ciudadana que permita generar una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes con el máximo respeto a los derechos humanos; con una administración de justicia  fortalecida, sin corrupción ni impunidad; y con un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido.

 

Al considerarlas “notoriamente improcedentes”, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, desechó las controversias constitucionales presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

 

Pese a que los organismos argumentaron que la Ley invadía su competencia al ser un riesgo para los datos de las personas que acuden a ellos a denunciar violaciones a los derechos humanos, el Ministro refirió que como se ha hecho constar en casos previos, los órganos autónomos estatales no pueden presentar controversias constitucionales, y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, sólo pueden presentarlas cuando se impugna una ley local y no una federal.

 

Se espera que dentro de este criterio, sea declarada inválida la controversia presentada por la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

 

Recordemos que el Ministro también desechó una acción de inconstitucionalidad que presentó Movimiento Ciudadano al indicar que los partidos políticos sólo pueden impugnar leyes electorales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que esta tarde interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una Controversia Constitucional en contra de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

 

 

Acompañada por el cuerpo directivo de este Organismo, la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, hizo entrega del documento en el que argumenta que los Artículos 31 y Tercero Transitorio afectan la competencia de la Comisión, porque no le permite cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la capital del país.

 

De acuerdo a lo que indicó el organismo, en los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere, administre o tenga en posesión la CDHDF, no obstante de quien se trate ni de la condición que tenga como víctima, ni la vulneración de la que haya sido objeto, lo cual genera una situación de riesgo al individuo.

 

Por considerar “la trascendencia nacional e internacional” de dicha Ley, la CDHDF también solicitó al Máximo Tribunal la realización de audiencias públicas para su análisis y discusión, así como atención prioritaria al tema.

 

El senador de Morena, Zoé Robledo, advirtió que Estados Unidos intenta imponerle a México una Ley de Seguridad que únicamente le conviene a esa nación.

Las declaraciones se produjeron horas antes de que Robledo acudiera junto otros senadores del PT-Morena, PAN y PRD, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.

“A nosotros nos parece que ésta es la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley ‘Trump’ de Seguridad; si la ONU, la oposición mexicana, la opinión pública, todos estamos en contra de la ley, el único aliado que le queda a este Gobierno son los Estados Unidos”, indicó Zoé Robledo.

 

El legislador destacó que como parte de un acuerdo con Estados Unidos, la política de seguridad de México estará sobre la mesa de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Pareciera que ésta es la ley que les están pidiendo desde Estados Unidos, que en la mesa de negociaciones del TLC está la política de seguridad de México y lo que pida Trump se lo están dando”.

Aseguró que la Ley de Seguridad Interior conviene únicamente a Estados Unidos. “Cuando dice Trump que si no hay muro, no hay Tratado, en realidad lo que está diciendo es que si esta ley se cae, no habrá tampoco Tratado”, remató el militante de Morena.

 

En línea con lo que hicieron los Diputados de sus bancadas, esta mañana los Senadores del PRD, PAN y PT-Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

 

La acción jurídica contó con el respaldo de 49 legisladores, y fue entregado este mañana por los perredistas Luis Sánchez, Isidro Pedraza y Angélica de la Peña. Por los senadores del bloque Morena-PT Manuel Bartlett, Zoé Robledo y David Monreal, así como por el panista Ernesto Ruffo Appel.

 

 

Bartlett insistió en que en la Ley de Seguridad Interior “hay excesos por parte del Ejecutivo federal que deben ser corregidos, precisamente con los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veremos si hay República”.

 

Los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano informaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que promovió el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y su partido.

 

Los partidos indicaron que ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinará si los artículos de la Ley son válidos, pues señalan que están en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

 

Acusaron al gobierno federal de que la Ley de Seguridad Interior “en vez de superar la política de militarización, la pretende hacer permanente”. Los cuatro partidos consideraron también como “un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras (Diputados y Senadores)” haber aprobado la Ley.

 

El recurso legal se logró luego de conseguir 188 firmas, de las 167 que necesitaban para que fuera una realidad la acción de inconstitucionalidad.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

 

El pleno del instituto aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

 

Sobre los artículos, el INAI advierte lo siguiente:

  • El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.
  • Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
  • Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

 

Se indicó que “el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad”.

 

Sobre el artículo 31 de la Ley, el INAI señaló que:

  • Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
  • No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
  • Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.

 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que “los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos”.

Acuña Llamas aseguró que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.

 

Tras la presentación que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera esta mañana, sobre su eventual nombramiento como próximo Secretario de Seguridad Pública en caso de que su proyecto gane la presidencia del país, Alfonso Durazo realizó algunas precisiones sobre la estrategia que el tabasqueño seguiría en el tema del combate a la inseguridad.

 

“El tema de la amnistía es un recurso constitucional que tiene más de 100 años. Sé que es una propuesta audaz, pero dada la dimensión del problema de la inseguridad en el País las soluciones no son fáciles y una buena parte de las propuestas serán controvertidas como el tema de la amnistía”, y señaló que “es viable, pero en todo caso la viabilidad la va definir el consenso que podamos construir en conjunto con la sociedad y con las víctimas. Tenemos que analizar con una visión amplia el tema de la seguridad y la visión incluye muchas vertientes”.

 

Aclaró que los límites de la propuesta tendrá que ser analizada, pues hasta ahora no se ha pensado en sentarse a negociar con capos del narcotráfico, a diferencia de los miles de casos de campesinos que se involucraron en el narcocultivo, al ser esta su única opción de sobrevivencia.

 

“Pensemos entonces en los beneficios de carácter social que podría tener una amnistía pensando en aquellos que han encontrado en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica (…)  y que en la medida que tengamos capacidad para ofrecerles oportunidades laborales, de estudio, de salud, de recreación, etcétera, podremos rescatarlos de las garras de la criminalidad”, sostuvo el ex funcionario federal.

 

Aprovechó para comentar sobre la Ley de Seguridad Interior, de la cual confió en que “la Suprema Corte corrija las deficiencias que ha señalado la opinión pública de manera generalizada respecto a la Ley de Seguridad Interior (…) pero si la Suprema Corte incurriera en las mismas deficiencias que ya se han señalado (…) en ningún momento el próximo Presidente de la República hará uso de las facultades que esa ley le atribuye”.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

En el marco de la inauguración del Primer Periodo de Sesiones correspondiente a 2018, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  Luis María Aguilar Morales, aseguró que hasta el momento no se ha recibido ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.

 

 

 

 

El ministro presidente señaló que a pesar de que se ha señalado en los medios de comunicación que se presentarían acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, éstas no han sido presentadas hasta este momento.

 

Aguilar Morales destacó que las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugnan normas locales por ser contrarias, según el argumento, a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, se atenderán como prioridad durante el primer semestre del año.

 

El Ministro Presidente afirmó que sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar. “No sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”.

 

Explicó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CF) que para que el Derecho sea una realidad, se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no la cumpla.

 

 

En su primer acto de precampaña de 2018, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, habló entre otros temas, sobre el tema de la seguridad, un problema que dijo, “hay plena conciencia de eso, se ha incrementado la violencia”.

 

El ex titular de Hacienda indicó que será una de las prioridades de su gobierno, y para ello detalló que se trabajará en cuatro vertientes, “primero tenemos que tener una política de control en materia de armas, así como hemos venido desarrollando una política en materia de drogas, tendríamos que hacer lo mismo en materia de armas. Tendríamos que ser mucho más asertivos y eficientes en el combate a los recursos en manos de las organizaciones delincuenciales. Tenemos que construir un marco que permita mejor cooperación entre niveles de gobierno y, finalmente, tenemos que tener investigaciones contextualizadas que nos permitan ser mucho  más asertivos en las mismas”.

 

Sobre la Ley de Seguridad Interior, Meade indicó que “nos da un espacio de diálogo entre ciudadanos y las Fuerzas Armadas, que nos permite que su participación se dé en un marco bien definido y bien normado. Y eso, junto con otras medidas, habrá de ayudarnos a recuperar la paz en el país”.

 

Al respecto, Meade fue cuestionado por los representantes de los medios de comunicación sobre el dispositivo de seguridad que le sigue durante sus giras, pues cuestionaron “la parafernalia impresionante de seguridad” que lo acompaña. “¿Precandidato, se siente seguro en México y en Zacatecas?”, cuestionó uno de los reporteros. “Me siento seguro en México y en Zacatecas. Sé que es un reto en el que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que trabajar duro, pero es un país que conozco y que recorro todos los días”, replicó el ex funcionario federal.