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Durante la conferencia matutina de este lunes, el canciller Marcelo Ebrard habló sobre el avance que tiene el plan especial migratorio que, como se explicó semanas atrás, tiene cinco vertientes.

Indicó que la primera vertiente consistía en la instalación de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, lo que dijo, ya ocurrió y está completado su despliegue.

La segunda vertiente del plan, que correspondía al Instituto Nacional de Migración (INM), que consistía en acelerar la integración del personal del Instituto y desarrollar las actividades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean ingresar a nuestro país o transcurrir por el territorio mexicano.

“Básicamente lo que es la responsabilidad del Instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana, no es un programa más allá de la ley, es lo que dice la ley”, señaló Ebrard.

Al respecto recordó que el artículo 16 indica que los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria cuando le sea requerida por la autoridad migratoria; proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes, entre otras.

El canciller indicó que las personas que deseen visitar, trabajar o cruzar nuestro territorio deben presentar su documentación y deben dar la información a la autoridad migratoria.

Enfatizó que dicha situación es algo que está en Ley, más no “una decisión que hayamos tomado nosotros”.

El tercer campo de trabajo del plan, a cargo de Secretaría de Bienestar, que tiene que ver con la expansión del programa Sembrando Vida en el sur del país, que dijo, va avanzando conforme a lo previsto.

La cuarta vertiente del plan, que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, y que tiene que ver con oportunidades laborales para quienes están esperando en nuestro país su trámite ante autoridades estadounidenses. Al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, informó Ebrard.

Finalmente, la quinta vertiente del plan es en relación a la relación con los países de Centroamérica, organismos internacionales, para atender las causas de fondo que generan la migración y el flujo migratorio.

Con 74 votos a favor, ninguno en contra y 29 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores dictaminaron sobre la minuta que recibieron de la cámara de Diputados, imponiéndose la mayoría de Morena y sus aliados sobre el bloque del PRI, PAN y PRD que venían trabajando desde la semana pasada a la que se hicieron 28 modificaciones.

La Ley de Austeridad es una ley de orden público e interés social, la cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

«Se destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan», indicó el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta.

«La situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesaria la eliminación de los privilegios y los derroches de la alta burocracia y la función pública», abundó el morenista.

Los objetivos de la Ley son: establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que bajo el compromiso de vigilar el estricto cumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo urbano y evitar una consecuente afectación a la calidad de vida de las personas, se inició mesas de diálogo con distintas empresas inmobiliarias.

Señaló que los particulares mostraron interés por ajustarse a lo marcado en el programa general, parciales y delegacionales de desarrollo urbano, al reconocer que en muchos casos se estaban incumpliendo las normas.

Detalló que a la fecha suman alrededor de 150 compañías y agrupaciones del sector atendidas por la Seduvi como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), quienes han respondido a la necesidad de respetar la zonificación con los niveles permitidos, los porcentajes máximos de construcción y mínimos de área libre.

Señaló que los inmobiliarios han mostrado su disposición de modificar sus desarrollos, especialmente en lo relativo a los Estudios de Impacto Urbano y Uso de Suelo, indispensables para iniciar la ejecución de sus obras; para posteriormente solicitar la manifestación de construcción ante la alcaldía correspondiente, autoridad encargada de  verificar que las construcciones se apeguen a lo autorizado.

Enfatizó que actualmente suman casi 200 proyectos arquitectónicos en revisión, en cuyo proceso colaboran también la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Secretaría de Medio Ambiente y cada una de las instancias realiza observaciones a fin de hacer los cambios que atiendan las disposiciones aplicables.

«La Seduvi de ninguna forma ha detenido ni ocasionado afectaciones al desarrollo de la Ciudad de México, únicamente tiene el firme propósito de aplicar el orden y la legalidad que permita la inclusión y el respeto de los derechos de las personas», remató la dependencia.

Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, a pesar de que el gobierno suspendió el examen del texto tras las protestas duramente reprimidas.

Y aunque aún no hay una cifra oficial, medios locales hablan de que más de un millón de personas salieron a las calles para manifestar su inconformidad.

En la movilización de hoy, los inconformes lazaron consignas como «¡Desechen esa maldita ley!», mientras avanzaban por las calles pidiendo la renuncia de la jefa del poder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, quien ayer anunció la suspensión del controvertido proyecto de ley.

Los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva. Respecto a Lam, no sólo pretenden su renuncia, sino que antes presente excusas por la represión policial de los últimos días.

La multitud de personas vestidas de negro que salieron a las calles se dirigió hacia el Parlamento. Es la segunda marcha multitudinaria que según estimaciones ha sobrepasado el millón de asistentes.

Jimmy Sham, del Frente Civil por los Derechos Humanos, comparó el proyecto de ley sobre las extradición con un «cuchillo» que pende sobre Hong Kong. «Casi llegó a nuestro corazón. Ahora el gobierno dice que no lo impulsará más, pero se niega a asumirlo», dijo Sham a periodistas.

El miércoles, sin embargo, Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de este territorio a China, en 1997. Una manifestación de unas decenas de miles de personas fue dispersada por la policía con bombas de gases lacrimógenos y balas de goma.

La policía justificó la represión alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas.

Y aunque las protestas fueron desatadas por el proyecto de ley sobre extradiciones, las manifestaciones expresan también un resentimiento de la población de Hong Kong hacia Carrie Lam y China.

El gobierno proPekín de Hong Kong dejó en suspenso este sábado el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China, retrocediendo ante las masiva manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.

«El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa» para «reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (…) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad» declaró a la prensa Carrie Lam, la jefa ejecutiva del gobierno.

Sin embargo, poco después, los líderes de las protestas indicaron que mantendrán la manifestación prevista para mañana, pese a la paralización del proyecto de ley.

«Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley», afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.

La jefa ejecutiva anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo.

«El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones» al respecto, dijo. «No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor», agregó.

Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.

Durante los últimos días, se han vivido manifestaciones y enfrentamientos, donde las fuerzas antidisturbios dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.

A inicios de semana, una manifestación gigantesca, de un millón de personas según los organizadores, pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, opaco y bajo influencia del Partido Comunista.

Foto: Twitter

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, habló sobre la caravana migrante que fue detenida la tarde de ayer en Chiapas. Dijo que no se permitirá que nadie viole la ley y la soberanía del país, por lo que ningún migrante que irrumpan de manera agresiva, podrá entrar al país.

Reconoció la coincidencia de las negociaciones que se mantienen en Washington, Estados Unidos, para alcanzar acuerdos en temas económicos y migratorios, y el arribo de la caravana, misma que confirmó, fue retornada a sus países de origen.

Indicó que han sido detectadas diversas organizaciones que se encargan de convocar, a través de redes sociales, a centroamericanos para ingresar al país en caravanas, lo que se suma a la entrada “hormiga” por la frontera entre México y Guatemala.

“No me cansaré de decirlo, lo que queremos es una migración ordenada, segura y regular… pero esta irrupción violenta en el puente de Chiapas, me parece un poco coincidente por decir lo menos”, subrayó la funcionaria.

Adelantó que, ante el creciente flujo migratorio, México podría endurecer sus medidas de seguridad en la frontera para evitar la llegada de más migrantes.

Recordó que el presiente Andrés Manuel López Obrador siempre ha pensado en atender las causas de la migración, bajo la premisa de que nadie migra por gusto sino por necesidad, por lo que se mostró a favor de establecer un programa de desarrollo en los países origen y en el sureste de México.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió una carta a los líderes demócratas en el Congreso en la que dice que deberían aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre infraestructura.

«Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC. Una vez que el Congreso haya aprobado el T-MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista», escribió Trump en la carta.

La misiva fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer.

El gobierno de Trump concluyó las negociaciones con Canadá y México sobre un acuerdo comercial para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero aún no ha sido aprobado por el Congreso y requiere del respaldo de los demócratas.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que levantaría los aranceles al acero y el aluminio de Canadá y México, un importante obstáculo para la aprobación del acuerdo, pero varios demócratas han expresado preocupaciones sobre otras partes del tratado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aclaró que en las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional se garantiza que el mando del cuerpo de seguridad es de carácter civil.

“La Guardia Nacional será civil. No hay forma de que mantenga o se piense en la militarización. No hay ninguna duda de eso. Se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina judicial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia”, afirmó.

El Senador detalló que sigue “encorchetada” la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, no obstante cuenta con un avance del 98%.

Por el contrario, la Ley del Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están superadas por consenso en un 96 por ciento. “Estamos a un paso”, señaló el legislador. “Nos reuniremos antes de la sesión para la firma de las iniciativas, de todos los Grupos Parlamentarios. Algo inédito, que sean firmadas por todos los senadores presentes”, subrayó.

El senador resaltó que fueron integradas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional y colectivos en defensa de derechos humanos, en estos ordenamientos.

Al respecto, señaló que la Ley Orgánica presentada por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se ha modificado en un 70%, pues siempre se buscó considerar los planteamientos de los grupos parlamentarios y no hacer uso de los votos, con los que Morena puede dar respaldo, por requerir únicamente mayoría simple.

Desde la Tribuna del Senado de la República desde donde presentar su iniciativa para expedir la Ley Federal para el fomento y protección de maíz nativo, Jesusa Rodríguez se hizo acompañar de sujetos enmascarados como parte de una representación de la ‘Ofrenda 4’.

Al asegurar que el maíz es una planta humana, y que México es un país hecho de maíz, la morenista dijo que se debe permitir que “hable el maíz, que desgrane sus palabras, que alimente a nuestro pueblo con su grano”.

La iniciativa fue presentada junto a la senadora Ana Lilia Rivera, quien indicó que es tiempo de hacer frente al trabajo legislativo que se realizó en favor de políticas públicas dirigidas a favorecer a empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas.

Las legisladoras afirmaron que, con su propuesta, se dará paso a construir un bastión legislativo de protección para el maíz nativo.

Detallaron que la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo se centra en cinco puntos principales: declarar al maíz nativo como patrimonio alimentario nacional; fomentar su desarrollo sustentable; promover su productividad, competitividad y biodiversidad; promover las actividades de sus productores originarios y establecer los mecanismos para su protección en cuanto a producción, comercialización, consumo y diversificación constante.

La propuesta incluye la creación el Consejo Mexicano del Maíz para que sea quien coordine y evalúe los programas que se establezcan en pro del maíz nativo. Además, contempla se ponga en marcha el “Programa nacional de semillas”, el cual implicaría tener bancos de semillas de maíz nativo; garantizar el abasto de semillas en equidad; promover el maíz libre de organismos genéticamente modificados y apoyos a productores.

“Sin maiz no hay país”, concluyeron las senadoras.

La representación de la ‘Ofrenda 4’ que encabezó Rodríguez desató críticas y burlas en redes sociales.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que enviará otro memorándum interno a la administración federal si no se aprueba en el Congreso de la Unión la Ley de Austeridad.

«Estoy esperando a que se apruebe la Ley de Austeridad y si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que somos lo mismo, el cambio va», aseguró AMLO.

El mandatario había dicho este miércoles que esperaba que el Poder Legislativo pudiera aprobar esta ley y otras dentro del periodo ordinario de sesiones, que termina el próximo 30 de abril, o en un periodo extraordinario.

La iniciativa de la Ley de Austeridad fue presentada por la bancada de Morena en septiembre de 2018.

Sin embargo, según varios medios, una serie de desacuerdos entre las secretarías de Hacienda y la Función Pública mantienen ‘atorada’ esa iniciativa en el Poder Legislativo.

Legisladores de Morena y del PAN de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda en la Cámara baja señalaron que se contemplan recortes principalmente en los capítulos mil al 5 mil del Presupuesto de Egresos de la Federación, “pero no hay criterios unificados de a cuánto ascienden los ajustes al gasto ni a dónde se destinarán esos recursos».

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que con la aprobación de la reforma laboral, el gobierno federal ya no tiene pretextos para implementar los cambios necesarios, para atender “las sombrías señales que se ciernen sobre la economía” del país.

Indicó que entre los aspectos relevantes de la legislación se destaca la refundación del sistema de justicia laboral y la desaparición de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje. Manifestó que los diputados del PAN votaron a favor de dichos cambios, pues también se atiende la refundación del sistema de justicia y la democratización de las organizaciones sindicales.

Señaló que con la legislación su cumple con lo acordado en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el anexo laboral 23-A y de paso se responde a la advertencia de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica: “a menos que México apruebe una legislación acorde con el T-MEC ni siquiera podremos considerar podremos considerar su ratificación”.

Recordó que con esta reforma se modificaron cinco leyes y más de 100 artículos relacionados con la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

Advirtió que corresponderá al gobierno federal implementar con éxito la legislación para que concretar la creación de empleos e inversiones.

“El grupo parlamentario del PAN ya puso su parte para que el gobierno federal no ponga pretextos para implementar los cambios derivados de esta reforma, pero exigimos una atención más puntual para atender las sombrías señales que se ciernen sobre la economía”, precisó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó este jueves la ley que otorga a la policía mayores prerrogativas para contrarrestar los disturbios en las manifestaciones, esto en el marco de la crisis que atraviesa su país por las protestas de los llamados «chalecos amarillos”.

El proyecto de ley, que fue adoptado en el Parlamento en marzo pasado pese a que algunas asociaciones la consideran liberticida, fue firmada por el mandatario francés y publicada este jueves en el diario oficial.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, aplaudió la promulgación de la ley que dijo, «protege a los franceses frente a la inseguridad y a la violencia».

El Consejo Constitucional francés, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, censuró a inicios de mes una de las medidas más emblemáticas de esta ley, que preveía prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.

Inspirada de la ley de prohibición de estadio, este artículo fue rechazado por asociaciones y miembros de la oposición, que consideraban que violaba el derecho a la libre expresión y de reunión, protegidos por la Constitución.

Sin embargo, el Consejo Constitucional validó otros dos artículos controvertidos de esta ley: el artículo 2 que autoriza a las autoridades registrar bolsos y vehículos en las manifestaciones y en las zonas aledañas; y el artículo 6 que tipifica como delito el ocultarse el rostro durante protestas, y que puede ser castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

Las protestas de los «chalecos amarillos», que se manifiestan desde hace cinco meses contra la política social y fiscal del gobierno, se han convertido en el mayor desafío de la presidencia de Macron.

Varias de las manifestaciones de este grupo que sale a las calles todos los sábados desde el pasado 17 de noviembre, se han visto empañadas por actos violentos, incluyendo saqueos de comercios y quema de vehículos.

La intención del presidente Donald Trump de elegir a Stephen Miller para dirigir los temas de inmigración podría desencadenar un posible conflicto político con una de las personas más influyentes de La Casa Blanca, su yerno, Jared Kushner.

Y es que ante el reto que Trump quiere librar para asegurar la frontera sur, encomendó a Kushner desarrollar nuevas ideas sobre la reforma migratoria ante los malos resultados de la propuesta inicial del marco legal de inmigración.

Kushner, quien está casado con la hija de Trump, Ivanka, se habría convertido en la apuesta del mandatario para idear un plan que arreglara el sistema de inmigración.

«El reloj está marcando todas estas cosas», dijo un ex funcionario de Trump que se mantiene en contacto con fuentes dentro de La Casa Blanca. «No hay manera de que Stephen pueda continuar presionando una política restrictiva de la derecha y muy dura, y que Jared esté presionando una política del centro, ligeramente a la izquierda, y algo no entre en conflicto».

La tensión se produce cuando el presidente purga a sus principales funcionarios de seguridad nacional y promete adoptar un enfoque más estricto en la frontera con México, de cara a la campaña de 2020.

«Tenemos las peores leyes de cualquier país en cualquier parte del mundo, ya sea captura y liberación o cualquiera de ellas», dijo Trump el martes. “Quiero decir, podría nombrar, podría sentarme aquí y nombrarlos, pero si se libró de la captura y liberación, la migración en cadena, la lotería de visas, tiene que arreglar la situación de asilo; es ridículo. Tienes gente entrando, reclamando asilo «.

Se espera que el equipo de Kushner desarrolle una nueva propuesta sobre la reforma de inmigración, debido a que Trump estaba claramente frustrado con la propuesta de inmigración legal original y sintió firmemente que el enfoque de la administración debía estar en la seguridad fronteriza, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones .

«Él (Trump) se frustró. Está muy frustrado por la crisis fronteriza. Y sintió que lo que llegaba a su escritorio no era lo suficientemente bueno y no era lo que quería hacer. Él está muy molesto por esta crisis fronteriza y vio que necesitaba dar una dirección más clara. La idea es que van a armar algo que pueda convertirse en un tema para que la administración avance hacia la reelección «, revelaron las fuentes.

Otra fuente familiarizada con la reunión dijo que el nuevo plan está más en línea con «la agenda pro trabajador de Trump».

La Casa Blanca rechazó la idea de cualquier diferencia de enfoques entre Miller y Kushner.

«El presidente Trump desea establecer una política de inmigración que esté diseñada para resolver la crisis humanitaria en nuestra frontera, evitar el ingreso ilegal a nuestro país y proteger al pueblo estadounidense. No hay divergencias entre el equipo del presidente mientras trabajan para implementar esa agenda», dijo un vocero de la administración Trump.

En menos de una semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo y se retiró la nominación de Ron Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier reducción en la inmigración no se puede hacer a la inmigración ilegal, por lo que probablemente se haría a la inmigración legal.

«Sin duda, representa un golpe para uno de los principales objetivos legislativos de Jared, que esperaba usar la reforma migratoria para mejorar su relación personal con algunos de los principales directores ejecutivos y líderes tecnológicos de los Estados Unidos, y ahora sabe que esas personas no van a ser testigos de ser capaz de sacar algo de esta administración «.

Aquellos que conocen a Miller dicen que no deben subestimar a unos de los asesores principales de Trump, ya que él es más estratégico de lo que se piensa. Afirman que no pondrá en peligro su posición con el presidente debido a una disputa con Kushner, quien como miembro de la familia presidencial es considerado como intocable.

El reciente ascenso de Miller en las decisiones de inmigración se ve como un retorno a los temas centrales que hicieron que Trump sea elegido.

Trump ganó la nominación del Partido Republicano y la presidencia en 2016 haciendo campaña con la promesa de acabar con la inmigración, construir un muro fronterizo y terminar con el programa de la era de Obama que ofrecía a los llamados Dreamers permisos de trabajo temporales y renovables.

 

Texto original publicado en Miami Herald por Franco Ordoñez