Tag

ley

Browsing

El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado por la Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardar los datos y la información personal de las y los mexicanos, afirmó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.

El INE está en posesión de datos biométricos como el rostro y las huellas dactilares de millones de personas. “No hay ninguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos”, indicó.

Mencionó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública, y en los convenios firmados hasta el momento para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.

“Desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, y algunos otros servicios que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos”, agregó.

Precisó que los datos personales recabados están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE.

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE explicó que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana “el Instituto Federal Electoral tendría que entregar la base de datos ciudadana”.

Sin embargo, recordó que en 1992 el entonces IFE era un órgano del gobierno y éste a su vez organizaba las elecciones. El presidente del Consejo General era el Secretario de Gobernación y se entiende que “la ley haya previsto un transitorio donde se establecía claramente que, para la construcción de un sistema de identidad, el IFE le brindará la información de los electores al RENAPO (Registro Nacional de Población)”.

Pero el país ha cambiado, mencionó René Miranda, al agregar que en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al Instituto Nacional Electoral, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

“El universo de 90 millones de ciudadanos que se encuentra en el Padrón Electoral, es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.

La reina Isabel II promulgó este jueves la ley del Acuerdo de Retirada que garantiza una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea el  próximo 31 de enero, en línea con el compromiso adquirido por el  gobierno de Boris Johnson tras las elecciones de diciembre.

La firma ha sido anunciada por la mayoría ‘tory’ en el Parlamento y  por el vicepresidente de la Cámara de los Comunes, Nigel Evans, que  ha leído ante los diputados el denominado ‘consentimiento real’.

El texto concluye así una tramitación que el miércoles había recibido el  último visto bueno parlamentario.

La ratificación, no obstante, no estará completa hasta que no se haya pronunciado también la parte europea. La Comisión de Asuntos  Constitucionales de la Eurocámara ha dado el visto bueno este jueves, lo que permitirá a los eurodiputados adoptar el acuerdo de divorcio el próximo jueves en sesión plenaria.

Después, los gobiernos de los veintisiete deberán dar su visto bueno, aunque se hará por procedimiento escrito para agilizarlo.

La firma simbólica del texto por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el responsable del Consejo, Charles Michel, tendrá lugar este viernes.

El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, publicó este jueves la ley que regulará la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero y prohibirá alargar el periodo de transición del «brexit» más allá de diciembre de 2020.

La Cámara de los Comunes someterá mañana a una primera votación esa legislación, que desarrolla el acuerdo sobre los términos de salida que han pactado Londres y Bruselas.

Johnson abrirá el debate en el Parlamento el viernes por la mañana y se espera que la votación se celebre a las 14:30 hora local. En enero continuará la tramitación del texto en ambas cámaras parlamentarias, con vistas a que esté lista para recibir asentimiento de la reina Isabel II en las primeras semanas del nuevo año.

El Partido Conservador obtuvo una sólida mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado día 12, por lo que se espera que la ley resulte aprobada sin complicaciones.

Como estaba previsto, el texto revelado hoy incluye una nueva cláusula que prohíbe explícitamente que un miembro del Gobierno extienda la transición del «brexit» más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre de 2020.

Hasta ese momento, el Reino Unido continuará integrado en las estructuras comunitarias, aunque no participará en la toma de decisiones.

La nueva versión de la ley del «brexit» elimina además las disposiciones que otorgaban al Parlamento cierto control sobre el diálogo con Bruselas en torno a la futura negociación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha, que comenzarán una vez el Reino Unido esté fuera del bloque comunitario.

El Gobierno británico también ha suprimido una cláusula en la que se expresaba el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea. El Ejecutivo ha asegurado, al mismo tiempo, que planea blindar esos derechos a través de una normativa separada.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A

Hasta el mes de noviembre, 11 mil 947 personas trabajadoras y trabajadores del hogar habían sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa piloto, dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoé Robledo.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario presentó un balance a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos.

De acuerdo con el informe, alrededor de 76% de los afiliados son mujeres y el 24% hombres; un 26% provine de la Ciudad de México y el Estado de México; las y los trabajadores del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales.

Robledo Aburto destacó que el programa busca visibilizar a uno de los sectores más invisibles e ignorados, las trabajadoras y trabajadores del hogar, que ahora tienen acceso a todas las prestaciones que ofrece el Seguro Social como servicio de guarderías y pensión.

En la misma conferencia, Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh), agradeció el compromiso del gobierno federal por dignificar dicha actividad. Consideró que el fallo de la Corte ha beneficiado a miles de mujeres y hombres que hoy tienen acceso a seguridad social, con medicinas y acceso a una pensión. Sin embargo, señaló que aún falta trabajo que realizar para los derechos de ese sector sean reconocidos plenamente.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció este jueves el envío al Senado de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece protocolos para las trabajadoras del hogar.

Sobre el tema, el presidente López Obrador hizo un llamado a los empleadores de trabajadoras y trabajadores domésticos del país para que sigan inscribiéndolos ante el IMSS, y éstos puedan contar con esta seguridad social.

El titular del Ejecutivo federal confió que más allá de que la obligación de los empleadores para con sus trabajadoras está estipulada en la ley, el proceso avance por los valores del pueblo mexicano.

“Si bien es cierto que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, el amor al prójimo, que se vea como algo solidario, y se hace la convocatoria para que de esta manera todos participemos, ayudemos, que seamos más fraternos, humanos, más justos, que cumplamos con nuestras responsabilidades, dijo AMLO.

El gobierno capitalino entregó este lunes al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto que permitirá contar con información de los agresores sexuales con sentencia firme y, así facilitar las investigaciones sobre esos delitos.

Durante la entrega de la propuesta de Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México a la Mesa Directiva del órgano legislativo, se explicó que se busca «garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, evitando que se generen futuras víctimas».

Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México, detalló que en la iniciativa se obliga al gobierno local a, por conducto de la Secretaría de Gobierno, organizar, elaborar, desarrollar, administrar, monitorear y mantener actualizado el registro de agresores sexuales, así como a evaluar su operación.

Comentó que en diversos países se cuenta con registros públicos de agresores sexuales para contribuir a disminuir la comisión y reincidencia de delitos de ese carácter, por lo que para el gobierno capitalino era prioritario poner esa propuesta a consideración del Congreso de la Ciudad de México.

«El registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar la violencia de carácter sexual contra esos sectores de atención prioritaria», dijo.

Añadió que también responde a la necesidad de contar con un mecanismo de prevención y protección a las mujeres, de facilitar la investigación y de establecer incentivos para inhibir la repetición de conductas violentas contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Dicho registro incluirá información de las personas con sentencia firme relacionada con delitos de carácter sexual. Mostrará fotografía actual, nombre, edad (en su caso los alias de la persona), nacionalidad y el delito o delitos por las que son condenadas.

Esa herramienta contendrá datos a los que solo tendrán acceso los titulares del Ministerio Público y aquellos autorizados por las autoridades judiciales. En ese punto se hace referencia, por ejemplo, a señas particulares, descripción del o de los delitos por los que fue sentenciado y perfil genético.

«Con esa iniciativa el Gobierno de la Ciudad de México refrenda el compromiso para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres», enfatizó la funcionaria en el acto en el que también se entregó la iniciativa de la Ley de Ciudadanía Digital para la Ciudad de México.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó inexistentes las infracciones atribuidas, entre otras personas, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por eventos públicos sobre sus 100 días de gobierno, el festejo por el año de la elección del 1 de julio, conocido coloquialmente como AMLO Fest y por su primer informe de gobierno.

La inexistencia de infracciones es por el uso indebido de recursos públicos, vulneración a las reglas de los informes de labores; adquisición de tiempos en radio y televisión y vulneración al modelo de comunicación política, derivado de la propaganda, realización y difusión de los eventos realizados por el presidente el 11 de marzo, 1 de julio y 1 de septiembre de este año, respectivamente.

Por lo que hace a la infracción consistente en promoción personalizada, se declaró su inexistencia en virtud de que al analizar los eventos denunciados no se desprende que el presidente haya realizado expresiones o manifestaciones de manera explícita en las que se adjudicara logros o acciones de gobierno y/o programas sociales, ni se resaltaron cualidades personales o logros del servidor público.

En cuanto a la presunta vulneración de las reglas de informe de labores, se determinó que de igual forma era inexistente, toda vez que se ordenó la difusión de los promocionales relativos al informe de labores del Presidente de la República dentro de los límites establecidos para tal efecto.

En la resolución no se acreditó adquisición de tiempos en radio y televisión, pues del discurso emitido el primero de julio no se desprenden referencias o manifestaciones que tuvieran la finalidad de generar beneficio a alguna candidatura o partido político.

Respecto de los promocionales alusivos al Primer Informe de Gobierno, no se identificó alguna alusión expresa al partido Morena, ni se observa su emblema en las imágenes. Se consideró que retomar promesas de campaña que fueron realizadas por el Presidente en diversos promocionales pautados no genera promoción de ese partido, puesto que es válido hacer alusión a promesas de campaña que puedan haber dado origen a una acción de gobierno.

Por otra parte, se determinó la inexistencia de la vulneración al modelo de comunicación política por la transmisión del evento del 1 de julio, cuando se cumplió un año de la elección presidencial, pues si bien algunas concesionarias incumplieron con el pautado ordenado por el INE, resulta justificable a causa del error invencible al que se enfrentaron con la posterior cancelación de la cadena nacional.

Luego de la reunión con integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas (MNT), el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, aclaró que no existe ningún operativo especial apoyado en la Guardia Nacional contra el servicio de taxis por aplicaciones móviles en aeropuertos.

«No se trata de realizar operativos, sino de apegarse a lo que marca la ley, pues recordemos que los aeropuertos son zona federal, por lo que ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte a no ser que tenga concesión federal, como son los taxis que se ubican afuera de los aeropuertos a lo largo del país», subrayó.

Anoche, la Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con el Movimiento Nacional de Taxistas realizar un foro nacional para homologar la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones digitales.

También establecieron que Gobernación coordinará el solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Guardia Nacional (GN) o equivalente, acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal.

En el caso concreto de las aplicaciones móviles, el funcionario federal señaló mediante una tarjeta informativa que la prestación del servicio de taxis mediante aplicaciones tecnológicas es un tema que no está contemplado en la ley.

Por ello, consideró necesario revisar el modelo de negocio y su funcionamiento, aunque expuso que esa tarea compete a las autoridades correspondientes, quienes determinarán el marco legal en el que dichas aplicaciones podrían operar.

Peralta aclaró en sus redes sociales que ante la información publicada en diversos medios, «no existe ningún operativo especial con #GuardiaNacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia ley #Uber #Cabify».

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se integró en el expediente de Juicio Electoral en defensa de la certeza de los comicios donde resultó ganador Bonilla, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado que el objetivo es que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, por la que se pretende ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma «fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años, destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía “produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

El INE justificó la acción declarativa al referir que se trata de una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad de un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura de Baja California y los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incertidumbre -como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral- podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, indicó.

Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, «nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores».

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado «al extremo» de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho».

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las «concertacesiones y el dedazo» de «conservadores hipócritas del pasado».

Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en la trampa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para aprobar la revocación de mandato, hay un claro intento de perpetuarse en el poder.

“Nosotros lo que hoy decimos con claridad es: no podemos creer en López Obrador, que dice una cosa y hace otra. Y por eso es que no aprobamos la revocación de mandato porque lo que busca el Presidente es perpetuarse en el poder”, indicó el panista.

Destacó que la postura de Comisión Permanente del PAN de no apoyar la revocación de mandato se basa en que el Presidente de la República dice una cosa y hace otra, como ocurrió con el mando de la Guardia Nacional en donde no respetó la Constitución al poner a un militar en activo, cuando en la reforma se establecía que debía ser civil.

Recordó que lo mismo pasó con la reforma educativa, en donde se presumía que se iba a conservar la calidad educativa, pero en leyes secundarias se hizo lo contrario, con lo que también se violentó la reforma constitucional.

El dirigente del blanquiazul dijo que la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora es un hecho que va correlacionado con la revocación de mandato, porque es clara la intención del gobierno federal de vulnerar al Poder Judicial.

Pidió que el Ministro explique cuáles son las razones graves por las cuales ha renunciando, porque el texto constitucional dice con claridad que un Ministro sólo puede renunciar por causa grave.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.

El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto los que votaron en contra fueron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.

El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el dictamen, destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.

El diputado de Morena, Erasmo González Robledo, explicó que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo» y regule las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición a los funcionarios, e incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

WordPress Lightbox Plugin