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Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, «nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores».

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado «al extremo» de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho».

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las «concertacesiones y el dedazo» de «conservadores hipócritas del pasado».

Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en la trampa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para aprobar la revocación de mandato, hay un claro intento de perpetuarse en el poder.

“Nosotros lo que hoy decimos con claridad es: no podemos creer en López Obrador, que dice una cosa y hace otra. Y por eso es que no aprobamos la revocación de mandato porque lo que busca el Presidente es perpetuarse en el poder”, indicó el panista.

Destacó que la postura de Comisión Permanente del PAN de no apoyar la revocación de mandato se basa en que el Presidente de la República dice una cosa y hace otra, como ocurrió con el mando de la Guardia Nacional en donde no respetó la Constitución al poner a un militar en activo, cuando en la reforma se establecía que debía ser civil.

Recordó que lo mismo pasó con la reforma educativa, en donde se presumía que se iba a conservar la calidad educativa, pero en leyes secundarias se hizo lo contrario, con lo que también se violentó la reforma constitucional.

El dirigente del blanquiazul dijo que la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora es un hecho que va correlacionado con la revocación de mandato, porque es clara la intención del gobierno federal de vulnerar al Poder Judicial.

Pidió que el Ministro explique cuáles son las razones graves por las cuales ha renunciando, porque el texto constitucional dice con claridad que un Ministro sólo puede renunciar por causa grave.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.

El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto los que votaron en contra fueron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.

El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el dictamen, destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.

El diputado de Morena, Erasmo González Robledo, explicó que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo» y regule las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición a los funcionarios, e incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

Las autoridades de Hong Kong recurrieron este viernes en una ley de emergencia para prohibir el uso de máscaras durante las protestas y disuadir así a los manifestantes, a lo que los ciudadanos respondieron levantando barricadas con el rostro tapado.

La región semiautónoma atraviesa desde junio su peor crisis política desde que fue retrocedida a Pekín en 1997, con protestas casi diarias y enfrentamientos cada vez más violentos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que se tapan la cara.

Ni el gobierno central chino ni el ejecutivo local han logrado frenar la movilización.

Este viernes, la jefa del ejecutivo, Carrie Lam, blanco de las críticas de los manifestantes, hizo referencia a unas disposiciones de emergencia (Emergency Ordinance Regulations) que datan de 1922 y que no se habían utilizado desde hacía 52 años, para prohibir el uso de máscaras.

«Creemos que la nueva ley tendrá un efecto disuasorio en los manifestantes violentos y ayudará a la policía en su misión de mantener el orden», dijo en conferencia de prensa.

La mandataria precisó que la prohibición, que entrará en vigor a medianoche, no significaba que su gobierno hubiera declarado el estado de emergencia en el territorio semiautónomo.

En las redes sociales, la respuesta no se hizo esperar, con multitud de llamados a la manifestación para los tres próximos días. Una muchedumbre invadió las calles del barrio de Central, una escena que se ha vuelto habitual.

Miles de hongkoneses se han adelantado al anuncio de Lam y se habían manifestado, asegurando que no respetarían la prohibición.

El martes, la ciudad vivió su jornada más violenta desde junio. Mientras que en China celebraban el 70º aniversario de la instauración del régimen comunista, Hong Kong fue escenario de enfrentamientos en numerosos barrios.

La ley de 1922 autoriza al ejecutivo a tomar «cualquier medida», sin necesitar el permiso del cuerpo legislativo, si se produce una situación de emergencia o si existe un peligro para la población.

Foto: Twitter @nathanlawkc

Al ser consultado sobre si está considerando proponer una reforma para renovar al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que dicha reforma tiene que darse por iniciativa propia.

Indicó que tiene confianza en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien considera una persona integra, escuchará las peticiones que la ciudadanía expresa constantemente.

Aclaró que no es «partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente Zedillo. Yo no voy a proceder de esa manera, no voy a enviar ninguna iniciativa ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores; no va a actuarse de esa forma, porque considero que la mejor reforma, la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial».

Sin embargo señaló que lo que si hará es que cuando le toque proponer al senado a nuevos Ministros, va a cuidar que sea gente honorable y gente honesta.

Al ser consultado sobre lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde la noche de ayer Porfirio Muñoz Ledo anunció que no buscaría la reelección en la Mesa Directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la transformación del país que promueve debe pasar por el estricto apego a la legalidad.

«Que se acabe con la simulación, esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz, de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Nadie puede estar por encima de la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie», afirmó el presidente.

Indicó que celebraba que se haya resuelto por respetar la ley en el caso del Poder Legislativo; es decir, que no se haya modificado la Ley orgánica en el Poder Legislativo para que Morena retuviera la presidencia de la Mesa Directiva, pues dijo, eso no debe de permitirse.

Al respecto, la prensa le cuestionó si entonces no estaba de acuerdo con que se cambie una Ley cuando el juego ya había comenzado.

«¿Usted, entonces, en general en todos los casos no estaría de acuerdo que se modificara la ley cuando ya el juego inició, terminó, no sé, por ejemplo, el caso de Baja California?», se le preguntó al presidente.

AMLO respondió que para él, en todos los casos se debe llevar a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX: ‘Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’.

Hizo un llamado a acabar con la simulación y establecer un auténtico Estado de derecho.

«Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza».

Al insistirle si esa sería también su postura respecto a Baja California, AMLO insistió que espera que se actuara de igual manera en todos los casos y dar un buen ejemplo.

Indicó que Morena debe demostrar que no son iguales, que es lo que quisieran los conservadores.

«Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda», remató.

Al ser consultados sobre si el gobierno piensa hacer algo con casos de empresas que se amparan para no cubrir sus adeudos fiscales pese a hacer públicas acciones de compra, como ha sido el caso de Interjet, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que aun cuando se trate de un asunto que pueda significar una afectación a la hacienda pública, serán respetuosos de la ley.

«Tenemos que ajustarnos a esos procedimientos aunque no estemos de acuerdo siempre hay que respetar al Poder Judicial que es, en este caso, el encargado del otorgamiento o es el que concede el amparo», explicó AMLO.

Reconoció que hay muchos otros contribuyentes, hasta políticos, que tienen vigentes amparos para no cubrir sus adeudos, ante lo que no pueden hacer nada, pues no se van a violar los procedimientos legales.  Sin embargo dijo, aunque hay casos en donde se da una especie de sabotaje legal, dichas maniobras no dejan de ser legales.

Fue en ese punto donde dijo que como ejemplo de dichas maniobras, están los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, en donde de acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, hay en marcha 147 amparos promovidos.

López Obrador dijo que ese caso, «están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo»; incluso mencionó, el empresario Claudio X. González mediante una organización se encuentra detrás, pues es un personaje que siempre ha tenido diferencias con su proyecto.

«Desde el tiempo de Salinas, porque el señor Claudio X. González, con todo respeto, su papá fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones. Entonces, le siguen, están inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación; pero también están en su derecho, son conservadores», expuso el presidente.

Sostuvo que lo que quieren los conservadores es que no cumpla con sus compromisos, que quede mal y que no se haga el aeropuerto. Indicó que sus reclamos no son en defensa del medio ambienten y la defensa de los pobladores de la zona. Aseguró que hay ninguna razón, y que sólo es una motivación política.

Recordó que cuando su administración en la Ciudad de México decidió hacer los segundos pisos también «llovieron los amparos».

«Es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal, no se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país, porque nosotros tenemos que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y no lo íbamos a hacer, no vamos a seguir con la corrupción como ellos lo proponían, de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco para que se hundiera y costara miles de millones de pesos», dijo AMLO.

En ese sentido dijo que su gobierno no cederá ante campañas abiertas o encubiertas; dijo que perseverante y más cuando está convencido de la causa que se tiene que defender. Indicó que seguirán enfrentando los cuestionamientos sin recurrir a actos autoritarios, respetando al Poder Judicial y haciendo valer el Estado de derecho.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a sus 65 años de edad está “bien y de buenas”, se siente fuerte y que incluso es “un chamaco” en comparación con otros mandatarios de las naciones económicas y políticas más importantes del mundo.

Y es que le fue planteado que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsa una ley para que el titular del Ejecutivo de a conocer un reporte completo sobre su estado de salud.

Señaló que hubo un cuestionamiento a su estado de salud luego de conocerse que padece de hipertensión, lo que le ocasionó el infarto.

“La edad es un estado de ánimo, no es un asunto físico, y ayuda mucho por la experiencia”, expresó el mandatario. Dijo que puede mandar sus análisis clínicos, pues a sus 65 años, se siente muy fuerte.

Incluso, el presidente planteó: “Me gustaría que los que dicen que estoy enfermo tuvieran la jornada que yo tuve el fin de semana, visitar cuatro estados en tres días”.

Y es que en días pasados, la diputada del PRI, Dulce María Sauri, propuso una reforma constitucional para que sea obligatorio que el Presidente de la República presente, de forma anual, un informe sobre su estado de salud.

En la propuesta de la legisladora, se plantea que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene delicados problemas cardiacos, por lo que debería precisar cuál es su estado actual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Segunda Sala, determinó que el derecho de réplica no tiene la finalidad de resolver si el ciudadano tiene la razón o no sobre si la información difundida es falsa o inexacta, sino lo que busca es un balance entre los medios de comunicación y las personas referidas.

Al resolver el amparo en revisión 1173/2017, la Suprema Corte resolvió que el derecho de réplica permite a través del mismo medio en que fue divulgada la información, que la persona aludida pueda presentar una versión propia de los hechos, y así los receptores tengan mayores elementos para formarse una opinión al respecto.

El Alto tribunal estableció que la ley que regula el derecho de réplica, exija que el nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono del responsable de recibir y resolver las solicitudes de réplica estén publicados en el portal electrónico de los sujetos obligados: medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes, entre otros.

Señaló que la publicación de los datos del responsable, no vulnera el derecho a la vida e integridad de las personas dedicadas al periodismo o al proceso informativo, toda vez que puede publicarse la dirección de la persona moral o en caso de una persona física, basta con la publicación del correo electrónico.

Será el día de mañana cuando se presente la iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Congreso de Puebla, la cual busca quedar aprobada antes del 1 de agosto, cuando tomará posesión Miguel Barbosa como nuevo gobernador del estado.

En dicha iniciativa, se plantea que la Secretaría General de Gobierno (SGG) pase a ser la Secretaría de Gobernación, mientras que la Contraloría se convertirá en la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, no sólo se contempla el cambio de nombres, sino que se plantea crecer de 12 a 17 las secretarias de estado. Cuatro de las que actualmente existen se van a dividir, y se creará una más.

Se dará vida a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual atenderá temas de género, por lo que sustituirá al Instituto Poblano de las Mujeres.

La actual Secretaría de Finanzas y Administración se plantea dividir en dos: la Secretaría de Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Administración.

De la Secretaría de Competitividad, Trabajó y Desarrollo Económico se desprenderían la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía.

Las Secretaría de Cultura y de Turismo, que actualmente despachan desde la misma dependencia, se desincorporarán.  Mismo caso aplicará para la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes, para ahora tener la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El resto de las secretarías se mantendrán como hasta ahora.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el canciller Marcelo Ebrard habló sobre el avance que tiene el plan especial migratorio que, como se explicó semanas atrás, tiene cinco vertientes.

Indicó que la primera vertiente consistía en la instalación de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, lo que dijo, ya ocurrió y está completado su despliegue.

La segunda vertiente del plan, que correspondía al Instituto Nacional de Migración (INM), que consistía en acelerar la integración del personal del Instituto y desarrollar las actividades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean ingresar a nuestro país o transcurrir por el territorio mexicano.

“Básicamente lo que es la responsabilidad del Instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana, no es un programa más allá de la ley, es lo que dice la ley”, señaló Ebrard.

Al respecto recordó que el artículo 16 indica que los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria cuando le sea requerida por la autoridad migratoria; proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes, entre otras.

El canciller indicó que las personas que deseen visitar, trabajar o cruzar nuestro territorio deben presentar su documentación y deben dar la información a la autoridad migratoria.

Enfatizó que dicha situación es algo que está en Ley, más no “una decisión que hayamos tomado nosotros”.

El tercer campo de trabajo del plan, a cargo de Secretaría de Bienestar, que tiene que ver con la expansión del programa Sembrando Vida en el sur del país, que dijo, va avanzando conforme a lo previsto.

La cuarta vertiente del plan, que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, y que tiene que ver con oportunidades laborales para quienes están esperando en nuestro país su trámite ante autoridades estadounidenses. Al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, informó Ebrard.

Finalmente, la quinta vertiente del plan es en relación a la relación con los países de Centroamérica, organismos internacionales, para atender las causas de fondo que generan la migración y el flujo migratorio.

Con 74 votos a favor, ninguno en contra y 29 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores dictaminaron sobre la minuta que recibieron de la cámara de Diputados, imponiéndose la mayoría de Morena y sus aliados sobre el bloque del PRI, PAN y PRD que venían trabajando desde la semana pasada a la que se hicieron 28 modificaciones.

La Ley de Austeridad es una ley de orden público e interés social, la cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

«Se destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan», indicó el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta.

«La situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesaria la eliminación de los privilegios y los derroches de la alta burocracia y la función pública», abundó el morenista.

Los objetivos de la Ley son: establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado.


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