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El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que con la aprobación de la reforma laboral, el gobierno federal ya no tiene pretextos para implementar los cambios necesarios, para atender “las sombrías señales que se ciernen sobre la economía” del país.

Indicó que entre los aspectos relevantes de la legislación se destaca la refundación del sistema de justicia laboral y la desaparición de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje. Manifestó que los diputados del PAN votaron a favor de dichos cambios, pues también se atiende la refundación del sistema de justicia y la democratización de las organizaciones sindicales.

Señaló que con la legislación su cumple con lo acordado en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el anexo laboral 23-A y de paso se responde a la advertencia de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica: “a menos que México apruebe una legislación acorde con el T-MEC ni siquiera podremos considerar podremos considerar su ratificación”.

Recordó que con esta reforma se modificaron cinco leyes y más de 100 artículos relacionados con la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

Advirtió que corresponderá al gobierno federal implementar con éxito la legislación para que concretar la creación de empleos e inversiones.

“El grupo parlamentario del PAN ya puso su parte para que el gobierno federal no ponga pretextos para implementar los cambios derivados de esta reforma, pero exigimos una atención más puntual para atender las sombrías señales que se ciernen sobre la economía”, precisó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó este jueves la ley que otorga a la policía mayores prerrogativas para contrarrestar los disturbios en las manifestaciones, esto en el marco de la crisis que atraviesa su país por las protestas de los llamados «chalecos amarillos”.

El proyecto de ley, que fue adoptado en el Parlamento en marzo pasado pese a que algunas asociaciones la consideran liberticida, fue firmada por el mandatario francés y publicada este jueves en el diario oficial.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, aplaudió la promulgación de la ley que dijo, «protege a los franceses frente a la inseguridad y a la violencia».

El Consejo Constitucional francés, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, censuró a inicios de mes una de las medidas más emblemáticas de esta ley, que preveía prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.

Inspirada de la ley de prohibición de estadio, este artículo fue rechazado por asociaciones y miembros de la oposición, que consideraban que violaba el derecho a la libre expresión y de reunión, protegidos por la Constitución.

Sin embargo, el Consejo Constitucional validó otros dos artículos controvertidos de esta ley: el artículo 2 que autoriza a las autoridades registrar bolsos y vehículos en las manifestaciones y en las zonas aledañas; y el artículo 6 que tipifica como delito el ocultarse el rostro durante protestas, y que puede ser castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

Las protestas de los «chalecos amarillos», que se manifiestan desde hace cinco meses contra la política social y fiscal del gobierno, se han convertido en el mayor desafío de la presidencia de Macron.

Varias de las manifestaciones de este grupo que sale a las calles todos los sábados desde el pasado 17 de noviembre, se han visto empañadas por actos violentos, incluyendo saqueos de comercios y quema de vehículos.

La intención del presidente Donald Trump de elegir a Stephen Miller para dirigir los temas de inmigración podría desencadenar un posible conflicto político con una de las personas más influyentes de La Casa Blanca, su yerno, Jared Kushner.

Y es que ante el reto que Trump quiere librar para asegurar la frontera sur, encomendó a Kushner desarrollar nuevas ideas sobre la reforma migratoria ante los malos resultados de la propuesta inicial del marco legal de inmigración.

Kushner, quien está casado con la hija de Trump, Ivanka, se habría convertido en la apuesta del mandatario para idear un plan que arreglara el sistema de inmigración.

«El reloj está marcando todas estas cosas», dijo un ex funcionario de Trump que se mantiene en contacto con fuentes dentro de La Casa Blanca. «No hay manera de que Stephen pueda continuar presionando una política restrictiva de la derecha y muy dura, y que Jared esté presionando una política del centro, ligeramente a la izquierda, y algo no entre en conflicto».

La tensión se produce cuando el presidente purga a sus principales funcionarios de seguridad nacional y promete adoptar un enfoque más estricto en la frontera con México, de cara a la campaña de 2020.

«Tenemos las peores leyes de cualquier país en cualquier parte del mundo, ya sea captura y liberación o cualquiera de ellas», dijo Trump el martes. “Quiero decir, podría nombrar, podría sentarme aquí y nombrarlos, pero si se libró de la captura y liberación, la migración en cadena, la lotería de visas, tiene que arreglar la situación de asilo; es ridículo. Tienes gente entrando, reclamando asilo «.

Se espera que el equipo de Kushner desarrolle una nueva propuesta sobre la reforma de inmigración, debido a que Trump estaba claramente frustrado con la propuesta de inmigración legal original y sintió firmemente que el enfoque de la administración debía estar en la seguridad fronteriza, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones .

«Él (Trump) se frustró. Está muy frustrado por la crisis fronteriza. Y sintió que lo que llegaba a su escritorio no era lo suficientemente bueno y no era lo que quería hacer. Él está muy molesto por esta crisis fronteriza y vio que necesitaba dar una dirección más clara. La idea es que van a armar algo que pueda convertirse en un tema para que la administración avance hacia la reelección «, revelaron las fuentes.

Otra fuente familiarizada con la reunión dijo que el nuevo plan está más en línea con «la agenda pro trabajador de Trump».

La Casa Blanca rechazó la idea de cualquier diferencia de enfoques entre Miller y Kushner.

«El presidente Trump desea establecer una política de inmigración que esté diseñada para resolver la crisis humanitaria en nuestra frontera, evitar el ingreso ilegal a nuestro país y proteger al pueblo estadounidense. No hay divergencias entre el equipo del presidente mientras trabajan para implementar esa agenda», dijo un vocero de la administración Trump.

En menos de una semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, renunció a su cargo y se retiró la nominación de Ron Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier reducción en la inmigración no se puede hacer a la inmigración ilegal, por lo que probablemente se haría a la inmigración legal.

«Sin duda, representa un golpe para uno de los principales objetivos legislativos de Jared, que esperaba usar la reforma migratoria para mejorar su relación personal con algunos de los principales directores ejecutivos y líderes tecnológicos de los Estados Unidos, y ahora sabe que esas personas no van a ser testigos de ser capaz de sacar algo de esta administración «.

Aquellos que conocen a Miller dicen que no deben subestimar a unos de los asesores principales de Trump, ya que él es más estratégico de lo que se piensa. Afirman que no pondrá en peligro su posición con el presidente debido a una disputa con Kushner, quien como miembro de la familia presidencial es considerado como intocable.

El reciente ascenso de Miller en las decisiones de inmigración se ve como un retorno a los temas centrales que hicieron que Trump sea elegido.

Trump ganó la nominación del Partido Republicano y la presidencia en 2016 haciendo campaña con la promesa de acabar con la inmigración, construir un muro fronterizo y terminar con el programa de la era de Obama que ofrecía a los llamados Dreamers permisos de trabajo temporales y renovables.

 

Texto original publicado en Miami Herald por Franco Ordoñez

Donald Trump registró un repunte en sus índices de popularidad entre votantes norteamericanos, de acuerdo con un sondeo de la empresa Rasmussen.

Según su más reciente “tracking” diario, 53% de los votantes probables aprueban la labor del mandatario norteamericano.

En contraste, únicamente un 45% de los consultados desaprueban la labor del mandatario.

Ni su decisión de dar marcha atrás al cierre de la frontera con México, ni el fracaso de la construcción del muro parecen haber hecho mella entre los seguidores del mandatario republicano.

Según las cifras de Rasmussen Reports, 37% de los votantes probables aprueban fuertemente el trabajo de Trump, mientras que 36% lo desaprueban fuertemente.

Esto le daría un índice de Aprobación Presidencial positivo, de un +1%, una de las pocas ocasiones en que este sondeo ha registrado esta cifra.

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, y su marido, Jared Kushner, usaron sus correos personales y el servicio de mensajería instantánea Whatsapp para asuntos relacionados con La Casa Blanca, según reveló este jueves un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos.

El abogado de ambos implicados, Abbe Lowell, confirmó al presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings, que Kushner ha utilizado WhatsApp para relacionarse con líderes  internacionales.

Además explicó que Ivanka Trump recibe mensajes oficiales en su cuenta privada de correo electrónico y que, en muchos casos, no los reenvía a su cuenta oficial, tal como dicta la Ley de Registros Presidenciales y Política de La Casa Blanca.

Cummings envió hoy una carta al abogado principal de La Casa Blanca, Pat Cipollone, para pedir explicaciones sobre este asunto y aclarar si, efectivamente, Ivanka Trump y Kushner han infringido la ley.

En la carta, Cummings recordó que los asesores de La Casa Blanca y el presidente y vicepresidente no tienen permitido usar «cuentas de mensajes electrónicas no oficiales» a menos que adjunten copias de su actividad o reenvíen los mensajes a sus cuentas oficiales en un plazo de 20 días.

De acuerdo con su relato, ni Ivanka Trump ni Kushner han actuado como dictamina la ley de comportamiento de La Casa Blanca, por lo que ha pedido a Cipollone que envíe al comité que dirige toda la información relacionada con esta cuestión antes del próximo 4 de abril.

Entre otras solicitudes, Cummings ha reclamado los números de teléfono y nombres de cuentas electrónicas «no oficiales» usados para tratar temas que implican a La Casa Blanca y documentación que demuestre si la información compartida en esos mensajes era «sensible o clasificada».

 

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su amenaza de vetar una resolución del Congreso que revoque su declaración de emergencia en la frontera sur del país.

Trump declaró la emergencia para tratar de evitar al Congreso y destinar más fondos a un muro fronterizo, su mayor promesa de campaña.

Está previsto que el Senado vote la resolución este jueves y se espera que muchos republicanos se unan a los demócratas en el rechazo a la declaración.

Trump tuiteó a primera hora de la mañana sobre «la gran votación de Emergencia Nacional de hoy” en el Senado. “Estoy preparado para vetar, si es necesario”, dijo calificando la situación en la frontera de “Pesadilla de Seguridad Nacional y Humanitaria”.

Hasta el momento, Trump no ha bloqueado ningún proyecto de ley. Para revertir un veto presidencial hace falta una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, pero en la resolución sobre la frontera no tiene votos suficientes para hacerlo.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo, otra vez, de opinar sobre la aprobación de leyes que prohíban la interrupción legal del embarazo pues dijo «ser dueño de su silencio».

«En este caso me reservo mi opinión porque no quiero polemizar, no quiero tomar partido. Ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto entonces por lo pronto no me meto, soy también dueño de mi silencio», mencionó.

López Obrador dijo que su abstención se debe a que prefiere evitar una confrontación.

«Soy respetuoso de las libertades, de que todo mundo se manifieste, pero en este caso, permítanme mantenerme al margen», señaló.

El presidente insinuó que «si el caso lo amerita» el tema de la interrupción legal del embarazo sería atendido.

«Siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia, pero ahora tenemos una encomienda que es la que está demandado todo mi tiempo, mi trabajo: acabar con la corrupción en México», declaró.

López Obrador ya había sido cuestionado sobre el tema el viernes pasado, cuando se le preguntó si vetaría una iniciativa que prohíba o criminalice el aborto a nivel federal.

Al respecto, el mandatario contestó que la prioridad del Gobierno es el combate a la corrupción y que una vez lograda esa meta se podrían ver otros asuntos.

«Primero logremos limpiar de corrupción al régimen, que es lo que más ha dañado (al país), y una vez logrado eso vamos viendo, entre todos, otros asuntos porque hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción al Gobierno», declaró en aquella ocasión.

En su pasada sesión ordinaria, el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó la propuesta que formuló la Presidenta Claudia Ruiz Massieu, para renovar la dirigencia nacional con voto abierto y directo de la militancia.

La dirigente sostuvo que la elección se realizará de manera democrática, de la mano de los priístas y por medio de procesos abiertos, “porque la fuerza del PRI está en su militancia”.

Además, se aprobó solicitar formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar el proceso interno en el partido.

Ruiz Massieu llamó a construir entendimientos estratégicos entre las fuerzas políticas de oposición, así como a consolidar contrapesos institucionales en el sistema de partidos y en el Congreso, frente a la centralización, la improvisación y la pretensión de estar por encima de la ley, que ya caracterizan al gobierno federal.

“Con decisión, hemos asumido nuestra condición de oposición, frente a un gobierno que antes de cumplir cien días en el poder ya ha demostrado su vocación autoritaria y centralista, que cae en decisiones erráticas y sin conocimiento cabal de los retos que enfrenta el país, propone soluciones que muchas veces generan más problemas, cancelan el futuro de México o ponen en riesgo el sistema democrático y federal”, resaltó.

Fue en este evento donde se dio a conocer que el ex presidente Enrique Peña Nieto fue incluido como consejero político nacional del PRI, al igual que figuras como Ernesto Nemer y a Alejandra del Moral, ambos priístas que colaboraron con el ex mandatario durante su gestión en el gobierno federal.

Tras el intento que hizo en noviembre pasado por eliminar las comisiones bancarias, el líder de bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habría alcanzado ya un acuerdo con bancos y autoridades para materializar la Ley para regular las comisiones bancarias.

Sin embargo, dijo su asesor Juan Garay en entrevista con Bloomberg, la nueva versión del proyecto de ley elimina las prohibiciones generales que se planteaban en la propuesta original, aunque mantiene que los bancos ofrezcan cuentas sin costo a los clientes de bajos ingresos.

“El propósito es disminuir el número de comisiones que actualmente existen en el sistema financiero nacional, beneficiar la transparencia de las prestaciones de servicios que brindan las instituciones de crédito, asegurar una política económica que garantice una justa distribución del ingreso y la riqueza y brindar mayor seguridad a los pequeños actores del sistema financiero”, señaló Monreal al presentar la propuesta.

En la nueva protesta se prohíbe a los bancos cobrar por transacción en los cajeros automáticos, incluidos los retiros realizados en los bancos donde no tienen cuentas, aunque estaría limitado para los clientes que usen el servicio más de tres veces al mes.

Se espera que el proyecto sea votada por el Senado en las próximas semanas, pues según representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) shabía «pocas objeciones» a la nueva propuesta.

La Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que exige revisiones de antecedentes a nivel federal para todas las ventas y transferencias de armas de fuego, la primera medida de control de armas en ser considerada por el Congreso en casi 25 años.

Los demócratas dijeron que la votación de 240 a favor y 190 en contra fue un paso importante para poner fin al control que tienen los cabilderos de la industria de las armas en Washington y comenzar a hacer frente a una epidemia de violencia de armas, incluido el tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos el año pasado.

El proyecto de ley es el primero de dos que los demócratas presentarán en la Cámara de Representantes esta semana como parte de un plan para hacer más estrictas las leyes de armas luego de ocho años de que ambas cámaras del Congreso tuvieron mayorías republicanas.

La otra medida extenderá el periodo de revisión de antecedentes de tres a 10 días.

Ambas propuestas enfrentan perspectivas poco prometedoras en el Senado, con mayoría republicana, y amenazas de veto por parte del presidente Donald Trump, quien declaró que impondrían requisitos irrazonables a los propietarios de armas.

Los proyectos de ley solo cerrarían los vacíos legales para garantizar que las revisiones de antecedentes se extiendan a las ventas privadas y por internet, las cuales a menudo pasan desapercibidas, comentaron los demócratas.

Luego de que se confirmara la creación de una nueva central sindical, encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si esta no se convertirá en una central que esté cercana al gobierno y a los alineamientos que pudiesen dictarse desde el gobierno federal.

El mandatario dijo que durante su administración habrá libertad total, libertad sindical, democracia sindical y no habrá intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos.

“El cambio en esta materia es que no hay sindicatos promovidos por el gobierno, no hay sindicatos amparados, protegidos por el gobierno, tampoco dirigentes sindicales, subordinados al gobierno, apoyados por el gobierno”, recalco López Obrador.

Indicó que los trabajadores deben elegir libremente a sus representantes, aunque enfatizó en que tampoco debe de haber monopolios en lo que tiene que ver con la organización de los sindicatos.

Sobre el caso de Napoléon Gómez Urrutia, dijo que no se puede impedir que los trabajadores o dirigentes puedan, de conformidad con la ley, solicitar la conformación de un sindicato, de una confederación.

Negó que se esté ante la creación de una nueva CTM, tal como sucedió en los años sesentas y setentas: «ya no hay sindicatos de gobierno, nada, se acaba el que corporativismo».

Las declaraciones del presidente llegan un día después de que el legislador diera vida a la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), la cual descartó se trate de una agencia del gobierno o de Morena.

“Los colores de la central, guinda, son una coincidencia (…) Somos coincidentes con este gran proyecto de transformación y vamos a ir juntos en los avances, vamos a apoyar todo lo que represente el mundo del trabajo hacia la justicia laboral, hacia un avance de la democracia sindical», dijo Gómez Urrutia.

En el evento que se realizó en el Teatro 11 de Julio, el legislador se hizo acompañar de Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Rodolfo González, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y de Miguel Ángel Yudico, quien fue el representante sindical de los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación.

 

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto al considerar que se redujo su presupuesto sometiéndolo a limitar, cancelar o postergar proyectos de información estadística y geográfica y se acota el salario de sus servidores públicos de alta especialización técnica, a lo que gane el presidente.

El organismo, cuyo titular es Julio Alfonso Santaella Castell, argumentó que en defensa de su autonomía, otorgada por la Constitución, es que presentó una demanda de controversia constitucional.

El reclamo del organismo fue en dos vertientes; la primero referente al establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.

«Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica», expuso.

En la segunda parte de su controversia, rechaza la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019.

Ello «porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica».

Explica que la interposición de la controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país.

El encargado de Despacho del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, señaló que el cargo que desempeña desde hace 15 días es formal, por lo que no le preocupa seguir así hasta que se publiquen las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

«Sigo siendo encargado de despacho hasta quién sabe cuándo, pero tampoco me preocupa, es formal, ahora estamos en espera que la Ley se publique, si no se publicó hoy, se publicará mañana y luego la Presidencia genera el nombramiento», dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

El escritor aseguró que ha habido avances en los 15 días que lleva al frente del organismo del gobierno federal. Explicó que en el Fondo de Cultura Económica se procedió a cambiar a los altos mandos y adelantó que los contratos que se terminan este mes, no se renovarán.

Comentó que, hasta el momento, no se ha encontrado corrupción significativa, pero «esto es lento, porque se están analizando los caminitos» y resaltó que lo que se ha encontrado es dispendio, casos de ineptitud y contratos equivocados firmados, así como gastos innecesarios y libros hechos por puntada, ediciones que se fueron completas a la bodega.

Al respecto informó que entre Educal, el Fondo y la Dirección General encontraron 8 millones de libros estancados en las bodegas y se descubrió que iban a destruir 150 mil libros porque tenían defectos menores, como manchones y pequeñas raspaduras en las portadas; «se detuvieron todas las destrucciones y se dio el compromiso de jamás destruir libros, ni siquiera los libros chatarra».

Afirmó que las estadísticas de que en México no se lee son mentiras, pues con los descuentos, en dos días se obtuvieron muy buenos resultados, por lo que reiteró que lo que se necesita es que la gente tenga acceso a los libros.