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Luego de que se confirmara la creación de una nueva central sindical, encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si esta no se convertirá en una central que esté cercana al gobierno y a los alineamientos que pudiesen dictarse desde el gobierno federal.

El mandatario dijo que durante su administración habrá libertad total, libertad sindical, democracia sindical y no habrá intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos.

“El cambio en esta materia es que no hay sindicatos promovidos por el gobierno, no hay sindicatos amparados, protegidos por el gobierno, tampoco dirigentes sindicales, subordinados al gobierno, apoyados por el gobierno”, recalco López Obrador.

Indicó que los trabajadores deben elegir libremente a sus representantes, aunque enfatizó en que tampoco debe de haber monopolios en lo que tiene que ver con la organización de los sindicatos.

Sobre el caso de Napoléon Gómez Urrutia, dijo que no se puede impedir que los trabajadores o dirigentes puedan, de conformidad con la ley, solicitar la conformación de un sindicato, de una confederación.

Negó que se esté ante la creación de una nueva CTM, tal como sucedió en los años sesentas y setentas: “ya no hay sindicatos de gobierno, nada, se acaba el que corporativismo”.

Las declaraciones del presidente llegan un día después de que el legislador diera vida a la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), la cual descartó se trate de una agencia del gobierno o de Morena.

“Los colores de la central, guinda, son una coincidencia (…) Somos coincidentes con este gran proyecto de transformación y vamos a ir juntos en los avances, vamos a apoyar todo lo que represente el mundo del trabajo hacia la justicia laboral, hacia un avance de la democracia sindical”, dijo Gómez Urrutia.

En el evento que se realizó en el Teatro 11 de Julio, el legislador se hizo acompañar de Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Rodolfo González, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y de Miguel Ángel Yudico, quien fue el representante sindical de los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación.

 

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto al considerar que se redujo su presupuesto sometiéndolo a limitar, cancelar o postergar proyectos de información estadística y geográfica y se acota el salario de sus servidores públicos de alta especialización técnica, a lo que gane el presidente.

El organismo, cuyo titular es Julio Alfonso Santaella Castell, argumentó que en defensa de su autonomía, otorgada por la Constitución, es que presentó una demanda de controversia constitucional.

El reclamo del organismo fue en dos vertientes; la primero referente al establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.

“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica”, expuso.

En la segunda parte de su controversia, rechaza la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019.

Ello “porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.

Explica que la interposición de la controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país.

El encargado de Despacho del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, señaló que el cargo que desempeña desde hace 15 días es formal, por lo que no le preocupa seguir así hasta que se publiquen las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

“Sigo siendo encargado de despacho hasta quién sabe cuándo, pero tampoco me preocupa, es formal, ahora estamos en espera que la Ley se publique, si no se publicó hoy, se publicará mañana y luego la Presidencia genera el nombramiento”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

El escritor aseguró que ha habido avances en los 15 días que lleva al frente del organismo del gobierno federal. Explicó que en el Fondo de Cultura Económica se procedió a cambiar a los altos mandos y adelantó que los contratos que se terminan este mes, no se renovarán.

Comentó que, hasta el momento, no se ha encontrado corrupción significativa, pero “esto es lento, porque se están analizando los caminitos” y resaltó que lo que se ha encontrado es dispendio, casos de ineptitud y contratos equivocados firmados, así como gastos innecesarios y libros hechos por puntada, ediciones que se fueron completas a la bodega.

Al respecto informó que entre Educal, el Fondo y la Dirección General encontraron 8 millones de libros estancados en las bodegas y se descubrió que iban a destruir 150 mil libros porque tenían defectos menores, como manchones y pequeñas raspaduras en las portadas; “se detuvieron todas las destrucciones y se dio el compromiso de jamás destruir libros, ni siquiera los libros chatarra”.

Afirmó que las estadísticas de que en México no se lee son mentiras, pues con los descuentos, en dos días se obtuvieron muy buenos resultados, por lo que reiteró que lo que se necesita es que la gente tenga acceso a los libros.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas que ha recibido en los últimos día  tras haber mandado su terna para magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Senado.

“Es una facultad del Ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley. No existe, en el supuesto que se fuesen militantes de mi partido, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que el miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo. No existe”, respondió AMLO.

Aclaró que propuso a tres mujeres que tienen mérito propio. Señaló que Celia Maya lleva años siendo magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, trabajando en el Poder Judicial del estado. Recordó que Jazmín Esquivel Mossa es miembro del Tribunal Administrativo en la Ciudad de México, mientras que Loreta Ortiz, ha sido maestra durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, responsable de la carrera de Derechos Humanos.

Reconoció que será el Senado, quien tendrá que elegir a una de las tres si así lo consideran las dos terceras partes de los legisladores. Explicó que si no se logra la elección, enviará otra terna. “Estamos cumpliendo con los procedimientos legales”.

Enfatizó que al ser una mujer la ministra que pasa a retiro, quiso que quien la sustituyera fuera otra mujer, “por eso tres mujeres en la terna”.

 

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, hizo un llamado urgente al gobierno federal, a hacer valer el Estado de Derecho y actuar para poner fin a los bloqueos en las vías férreas en Michoacán.

El dirigente patronal indicó que sin importar filiaciones políticas, y salvaguardando los derechos humanos, hagan cumplir la ley y sea restablecido de inmediato el servicio ferroviario en Michoacán.

“Que no imperen los cálculos políticos, sino el cumplimiento de la ley”, exigió el dirigente empresarial.

Señaló que los bloqueos perpetrados por integrantes de la CNTE son claras violaciones a la Ley de Vías de Comunicación, que además afectan al tránsito de personas y el traslado de mercancías.

La Coparmex advirtió sobre el riesgo de una parálisis del sector industrial pues suman 15 días de bloqueos, lo que ha provocado que permanezcan varados más de 200 trenes de carga, que no han podido mover miles de toneladas de suministros y mercancías, con una afectación estimada en más de mil millones de pesos.

Remató indicando que los sectores más afectados son el agropecuario; el automotriz; la industria siderúrgica, mineral y hierro, así como la producción de gasolina en plantas de Pemex.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves a trámite los recursos de reclamación presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República en contra de la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dictada el viernes pasado.

Además, la Corte planteó que si alguno de los ministros considera necesario sesionar de forma extraordinaria durante el periodo de receso, que inicia este viernes, presente su solicitud a la presidencia del máximo tribunal a más tardar a las 14:00 horas del 14 de diciembre.

Cabe recordar que el viernes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al que perciba el presidente de la República.

Pérez Dayán admitió ese día a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la legislación no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren pero sí prohíbe utilizar la Ley de Salarios impulsada por Morena para fijar los mismos.

Pese a que se mandó a la “congeladora” luego de los desafortunados comentarios del escritor Paco Ignacio Taibo II, esta tarde el Senado aprobó las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En medio de un acalorado debate, con 66 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, se aprobaron las reformas a Ley, que entre otras contempla eliminar que sólo un ciudadano mexicanos por nacimiento dirijan algún organismo paraestatal.

Con esto, Taibo II, que nació en Gijón, España, y es naturalizado mexicano, podrá cumplir con la encomienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE).

En el debate que se prolongó por cerca de dos horas, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio reprochó a los legisladores del PAN y del PRI que cuando funcionarios de sus partidos fueron los que protagonizaron declaraciones polémicas no hicieron ni dijeron nada.

Recordó por ejemplo, que la ahora Senadora Xóchitl Gálvez dijo en su momento “¿quién se chingó al Peje ayer en el debate? Claro que sí y nos lo vamos a chingar en la elección”. También recordó la polémica declaración del ex presidente Enrique Peña Nieto del PRI, cuando dijo que “ningún chile les embona”.

“¿Y qué dijeron ustedes? Nada, Bien calladitos, bien sentaditos, no dijeron nada”, reprochó el legislador.

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, aseguró que es inadmisible pretender conservar salarios “ofensivos” por desempeñarse en el servicio público, esto en referencia a la acción de inconstitucionalidad que frenó la aplicación de la Ley de Remuneraciones.

Al respecto, dijo que no puede haber sueldos elevados para funcionarios, mientras el país enfrenta una crisis sistémica.

Por ello, anunció que los legisladores de Morena impugnarán dicha suspensión, y solicitará que sea resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La suspensión genera incertidumbre para el proceso de Presupuesto 2019 y afecta el interés nacional; se invaden poderes y se viola la ley. Lo demostraremos”, advirtió el ex jefe delegacional de Cuauhtémoc.

Monreal argumentó que la resolución que suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones contravino el artículo 64 de la Ley en la materia. “Demostraremos que se violó la ley”, insistió.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió este viernes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República.

La suspensión de la Ley se derivó a la acción de inconstitucionalidad que Senadores de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) interpusieron ante la corte, misma que fue admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro.

Debido a que existe una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice los recursos. Se prevé que dicha revisión se de los primeros meses del próximo año.

Los denunciantes indicaron que con la Ley podía generar un daño irreparable a los servidores públicos.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta para la elaboración de los presupuestos 2019, los ingresos de los altos funcionarios antes de los límites que conllevaba la Ley de Remuneraciones que recientemente se aprobó, y que fueron planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que desde el periodo de campaña, López Obrador indicó que en caso de llegar a la Presidencia, ganaría 40% menos que lo que percibía el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tan pronto resultó ganador de la elección presidencial, anunció que su sueldo sería de 108 mil pesos, por lo que dicha cantidad sería el tope para el sueldo de los funcionarios públicos.

 

Durante la presentación de sus libros ‘El olor de las magnolias’ y ‘La libertad, la bicicleta’, Paco Ignacio Taibo II se refirió a la Ley que el Congreso alista para retirar el candado que le impide dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE) al no haber nacido en México.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el escritor explico que la Ley se encontraba en el Senado, y que pasaría a Diputados para su ratificación; sin embargo adelantó que si para el lunes próximo, fecha en que espera asumir, aún no era ratificada, “va a haber un edicto del Presidente nombrándome encargado del despacho mientras sale la Ley”.

Fue en ese momento cuando sorprendió al asegurar que “sea como sea se las metimos doblada”, esto en referencia a las trabas que se creía tendría para cumplir con la encomienda del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la reacción que desató, el escritor reconoció que se “pasa de lepero”, pero indicó que “si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre: los ladrones, ladrones; los traidores, traidores; los enmascarados, enmascarados; los culeros, culeros… ya, lenguaje y claridad”.

 

El PRD calificó como un gran retroceso para el país la instauración de la figura de los superdelegados señalada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fue aprobada ayer en el Senado.

Acusó a los legisladores de Morena de haber aprobado la Ley, pues dijo que aprovecharon su mayoría para demostrar su “falta de voluntad y compromiso” con el país y con los mandatarios estatales.

“La dirección nacional del PRD vemos con mucha preocupación este hecho y lamentamos que el gobierno electo haya hecho oídos sordos a los planteamientos de los gobernadores de la CONAGO quien de manera precisa (…) hicieron patente la disposición para apoyar todo el trabajo del gobierno que está por iniciar y la disposición a discutir un nuevo pacto de coordinación fiscal”, indicó el partido.

Martha Dalia Gastélum, Secretaria de Fortalecimiento a la militancia del CEN del PRD, recordó que con la regulación de los superdelegados, el gobierno electo elimina delegados de diversas Secretarías de Estado y concentra en un sólo delegado los diversos temas y aspectos en los estados.

Indicó que dicha acción marca un hito en la historia del federalismo mexicano porque vulnera el Pacto Federal y pasar sobre los principios Republicanos.

Lamentó que no se haya respetado la experiencia y el conocimiento del territorio de los gobernadores, pues dijo los gobiernos estatales en coordinación con el gobierno electo, pudieron haber hecho un trabajo eficaz para sacar al país de la crisis en materia social, política y de seguridad en que se encuentra.

 

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio aseguró que los gobernadores que se oponen a la incorporación de los ‘superdelegados’ en sus administraciones, es porque se “les acabarán sus negocios” de influyentismo.

“El asunto de los ‘superdelegados’ que tanto traen es que se les va acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares en dependencias federales”, señaló el legislador.

Al respecto, dijo que ningún gobernador podrá oponerse a lo que mandata la Ley, pues dijo que es en el Senado donde se discute y analiza la viabilidad de las leyes, esto en referencia al aval que se dio la tarde de ayer a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin embargo las declaraciones de Salgado Macedonio han causado polémica, ya que amagó con desaparecer los poderes en los estados donde los mandatarios estatales no acaten la Ley.

“Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes (…) vamos a estar muy atentos”, remató.

 

El nuevo dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que su partido apoya a sus gobernadores, quienes esta mañana publicaron un desplegado en la prensa nacional en el que rechazaron a los ‘súper delegados’ del presidente electo.

Recordemos que dicha figura fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y recibió el visto bueno del Senado la tarde de ayer cuando se aprobó en lo general las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el desplegado, los 12 gobernadores blanquiazules manifiestaron su disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de dichas entidades, así como a erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia.

Sin embargo indicaron que les sorprendió la intención de AMLO de “supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados Coordinadores Estatales del Gobierno Federal y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros Invitados”. Sostuvieron que dicha idea es “inaceptable”.

En el texto publicado, los gobernadores enfatizaron que colaborarán en el ámbito de su competencia con las autoridades federales, pero aclararon que dicha colaboración no debe ser entendida como sometimiento “de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar como es nuestro caso”.

Por su parte Marko Cortés indicó que los 32 coordinadores estatales creados por el nuevo gobierno no pueden ni deben asumir funciones en los consejos de seguridad locales, porque esa función les corresponde a los gobernadores electos, y reiteró la idea de los mandatarios estatales: “colaboración, sí, pero no subordinación ni sometimiento al nuevo gobierno”, enfatizó.