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Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, colocó una ofrenda floral con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana y en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En ese contexto, el morenista habló sobre la creación de la Guardia Nacional, una iniciativa que este martes llegó al Congreso.

“Nosotros no vamos a violar la ley”, dijo, a la vez que afirmó que es erróneo pensar que sustituirá a la policía municipal y estatal.

Previamente, el tabasqueño montó una guardia de Honor en el parque Alameda Ánfora por el 108 aniversario de la Revolución, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así como de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante la ceremonia, también estuvo presente Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, quien recordó que en ese lugar, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron fusilados tras un movimiento golpista que terminó con su legítimo gobierno.

Sheinbaum señaló que lo ocurrido hace 108 años, debe servir para recordar el afán democrático de Madero, y para ratificar el compromiso por la paz y la justicia por el bien de todos.

#EnVivo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y la futura jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hacen un homenaje a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez

Posted by El Heraldo de México on Tuesday, November 20, 2018

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves, con nueve votos a favor y uno en contra, declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

A excepción del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien presentó el proyecto de sentencia que declara constitucional esta normatividad, el resto de sus compañeros en el Pleno se manifestaron en contra de esta legislación.

Dicha ley se promulgó con el fin de generar un marco legal que justifique el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en materia de seguridad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, los ministros resolvieron este jueves que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó el plan para restaurar la seguridad en el país que presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que pone al frente de la Guardia Nacional al Ejército.

“Es una contradicción del morenista con sus dichos de campaña”, afirmó Osorio Chong.

“Lo que ayer plantearon, que fue de una manera muy general, pero pues ya habla de contradecirse al respecto de lo que plantearon en campaña y que ahora no solamente no cumplen lo que al respecto comentaron, sino que ponen al frente de la estrategia a los militares”, declaró el priista.

El legislador del tricolor manifestó su preocupación de que López Obrador vulnere la Constitución al dejar al Ejército al frente de tareas que corresponden a las fuerzas civiles sin ninguna legislación que lo regule.

En la sesión ordinaria de este jueves, se prevé que Morena y sus aliados en el Senado aprueben en el pleno el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC votarán en contra del dictamen, el cual, consideran, no asegura la autonomía del fiscal del presidente en turno, ya que no contempla reformas al artículo 102 de la Constitución.

Está previsto que las bancadas fijen en tribuna sus posiciones en torno al dictamen, el cual se prevé sea votado a favor por las bancadas de Morena, PT y PES y, una vez que sea aprobado, deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.

Por otra parte, también se prevé que sea votado el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución, el cual establece que la extinción de dominio se aplique en casos de corrupción.

 

 

Con información de El Financiero

Este martes, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentará una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de la marihuana.

Sánchez Cordero señaló que “la Constitución no debería imponer un ideal de excelencia humana; sino permitir que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás, el Estado tiene dos obligaciones: Por un lado respetar la autonomía de las personas y por el otro, la de evitar que dicha autonomía afecte a los demás”.

En tanto su proyecto de ley para para regulación de la marihuana propone: Respetar la autonomía de las personas, proteger su salud frente a un producto psicoactivo, minimizar la alteración de potencias de componentes del cannabis con efectos inciertos, promover la información basada en evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo, además de proteger de riesgos a la población vulnerable, es decir, niñas, niños y jóvenes.

Dicha ley busca regular la siembra, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, y en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al cannabis y sus productos.

Entre las finalidades de esta ley se busca blindar a pacientes con enfermedades de difícil tratamiento que puedan acceder a medicamentos con características que permitan mejorar sustancialmente su calidad de vida y bienestar; también pretende desalentar las actividades ilegales en relación con la cannabis mediante sanciones apropiadas, así como prevenir y disminuir la incidencia de casos de envenenamiento por consumo no controlado de productos personales y medicinales de cannabis y sus derivados.

Los expresidentes de México, deberán buscar un nuevo ingreso, luego de que se oficializara la publicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Este lunes 05 de noviembre, se expidió el decreto que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona al Código Penal Federal.

Con la promulgación de esta ley, queda eliminada la pensión mensual que se daba a los exmandatarios.

Con esta ley, también se regula la reducción de salarios de los altos funcionarios, quienes ganarán menos que el presidente en funciones, monto que para el próximo año será de 108 mil pesos mensuales, según dispuso el próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, se cumplen dos de las promesas de campaña del tabasqueño, quien desde hace años, había señalado que se gastaban cifras exorbitantes en las pensiones presidenciales.

Según información del Congreso de la Unión, se destinaban en promedio 40 millones de pesos para pagar las pensiones vitalicias a los expresidentes de México. Los recursos se canalizaban a la Presidencia de la República y de ahí se asignaban a los exmandatarios o sus viudas.

 

Consulta la Ley de Remuneraciones aquí

Mario Delgado, presidente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que no debe volver a realizarse una consulta como la que se hizo para la construcción del nuevo aeropuerto.

El legislador morenista ofreció aprobar en noviembre una iniciativa de reforma de su partido para dar transparencia, certidumbre y legalidad a estos procesos.

En conferencia desde San Lázaro, Delgado dijo: “queremos decir que fue la última de las consultas bajo esas condiciones, con esas características, bajo esas circunstancias”.

“No veremos ya otra consulta con las características que tuvimos respecto del aeropuerto, por las condiciones y restricciones naturales que tenemos por no estar en el gobierno y por tener una ley altamente restrictiva”, precisó.

“Todas las consultas ciudadanas que se hagan de aquí para delante van a estar sujetas a la ley. Para ello presentamos desde el 27 de septiembre pasado una iniciativa para reformar los artículos 35, 36, 41, 73, 99 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, detalló el legislador.

Además, explicó que en esa nueva ley hay dos grandes objetivos: establecer el proceso de revocación de mandato y facilitar la consulta popular.

“La consulta popular ya está prevista en la Constitución, en el artículo 35; sin embargo, en su actual diseño, hay que decirlo, es inoperante. Basta recordar la consulta que se negó a los ciudadanos cuando se juntaron más de 3 millones de firmas respecto de la Reforma Energética”, señaló.

“Ya está pasando la tormenta que causó la consulta para decidir sobre el nuevo aeropuerto”, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador este miércoles.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el futuro mandatario afirmó que “la democracia a veces produce inquietudes” y señaló que ya habló con contratistas e inversionistas para generar acuerdos, sobre la base de que comenzará una etapa nueva sin corrupción.

Acompañado de Julio Scherer Ibarra, quien se perfila como el próximo consejero jurídico de Presidencia, el tabasqueño refirió que acabar con la corrupción es un trabajo de todos.

Asimismo, AMLO adelantó que el próximo lunes se va a presentar una iniciativa de Ley de Responsabilidad Ciudadana para acabar con la corrupción a todos los niveles, la cual abordará, entre otras cosas, que se suspenda la vigilancia y fiscalización a establecimientos mercantiles, a fin de que ya no haya inspectores.

Ante el descontento que ha causado la consulta ciudadana que el gobierno electo realizará para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el PRD abrió la puerta a una posible reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, pues acusó que la que planea llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es ilegal.

El partido basó su argumento al recordar que el artículo 35 de la Carta Magna y la Ley Federal de Consultas Populares establecen que si se quiere hacer esta consulta, la convocatoria la debe realizar el Congreso de la Unión, el presidente de la República en funciones o, en su defecto, el 33% de los legisladores de cualquier cámara o el 2% de la ciudadanía en el listado nominal.

Manuel Granados, dirigente nacional del PRD añadió que la organización, el desarrollo, la vigilancia, el cómputo y la publicación de los resultados de la consulta deben ser realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE); y sólo pueden ser válidos y vinculantes para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, si participa el 40 por ciento de la ciudadanía del listado nominal.

“Como oposición responsable le decimos al presidente electo que actué conforme a la ley, pues no existen las condiciones políticas para que dicha consulta se realice legalmente, y puntualizó que el PRD no la boicoteará”, sentenció el dirigente nacional.

Aseguró que, si fuera necesario hacer una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, el PRD está en disposición de sumar sus votos para que dicha reforma se realice de forma inmediata. “Por eso afirmamos que si Morena realmente quisiera la consulta popular se realizaría con el debido respeto a las leyes y a las instituciones de la República”, remató.

 

Como resultado de una denuncia presentada por el PRD, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a dos políticos de Morena por actos proselitistas en Morelos, además de concluir que al ser extranjera, la cantante Belinda violó la Ley Electoral.

 

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La denuncia señalaba que los candidatos a diputado federal de Morelos y presidente municipal de Jojutla, postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, coaccionaron el voto, toda vez que en un acto de campaña entregaron utensilios domésticos a los pobladores, por conducto de la cantante Belinda.

La mayoría del Pleno determinó que se acreditaba la falta denunciada luego de que constatara la existencia de un acto proselitista por parte de Jorge Argüelles Victorero y Juan Ángel Flores Bustamente, pues en el evento referido los entonces candidatos pidieron el voto a su favor,

Adicional se acreditó que, desde un vehículo rotulado con propaganda electoral, la cantante Belinda entregó en propia mano a la ciudadanía cobijas, almohadas y balones

“Se determinó que la entrega de artículos constituyó un beneficio directo y en especie a un grupo vulnerable que afectó su derecho a la libertad del sufragio”, indicó la resolución del TEPJF.

Señalaron que toda vez que se acreditó que la cantante Belinda reside en el país con la calidad de extranjera y que participó directamente en un evento político-electoral, se ordenó dar vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) en términos de lo dispuesto en la Constitución, que establece que los extranjeros no podrán participar en los asuntos políticos del país.

“Podríamos o no estar de acuerdo y se acreditó que el evento fue un acto político electoral (…) Procederemos a informar de inmediato para los efectos que la Secretaría determine (…) es la única que tiene las facultades para pronunciarse sobre la situación de las y los extranjeros que tuvieran un nivel de participación en un acto político”, indicó la magistrada presidenta por ministerio de ley, Gabriela Villafuerte Coello.

 

Foto: Twitter @Alexanderybeli

El Grupo Parlamentario del PRD cuestionó la premura con la cual fue presentada por Morena, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues dijo que la minuta databa desde 2011, por lo que lamentó que sin un análisis previo para su actualización, fuera aprobada la tarde de ayer.

“¿Por qué la prisa? ¿por qué el cambio? ¿quién dio una orden y se está cumpliendo?” cuestionó el diputado Antonio Ortega Martínez.

El legislador indicó que por la prisa de sacar la Ley, se pueden generar problemas en la siguiente administración, tales como separaciones voluntarias; renuncias; amenazas de demandas de amparo, y jubilaciones adelantadas entre otros.

Acusó que no se está cuidando con responsabilidad el tema de moderar los salarios de altos funcionarios.

Sostuvo que lo único que los legisladores de Moresa y sus aliados están haciendo es provocar la división del pueblo: “el pueblo bueno vs el pueblo malo”.

 

Los diputados aprobaron la minuta del Senado sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que pondrá un tope a los ingresos que reciben los funcionarios públicos por debajo de los ingresos que perciba el presidente.

Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, los legisladores avalaron la ley que regula los artículos 75 y 127 de la Constitución e implican a los servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los entes públicos federales.

La minuta, aprobada este jueves por la noche, señala que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Se considera remuneración o retribución “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

También los diputados reformaron el Código Penal Federal, adicionando un capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, el cual establece sanciones de prisión e inhabilitación por hasta 14 años.

El coordinador del grupo parlamentario del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el asunto que “apremia” para la LXIV legislatura es la designación del Fiscal General de la República.

Adelantó que la bancada de Morena propondrá a la Junta de Coordinación Política integrar un grupo plural de trabajo para redactar la iniciativa de ley.

Anunció que desde el 1 de septiembre se trabajará inmediatamente en la redacción de la Ley de la Fiscalía General y aclaró que no se tiene a nadie prefigurado o seleccionado para ocupar la titularidad de esa institución.

El ex delegado de Cuauhtémoc indicó que está abierta la posibilidad de tener propuestas de la sociedad civil, de la academia “y de todo el mundo”; aunque primero se tiene que ver el marco jurídico, es decir la Ley General de la Fiscalía General, la Ley Orgánica o “como quiera llamársele”.

Señaló que desde el primer día van a tratar de redactar la iniciativa de Ley y “una vez aprobada, iniciar el proceso que establece la Constitución, de enviar, cuando menos, a diez personas, hombres y mujeres, al Ejecutivo Federal para el retorno de la terna”.