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El periodista y conductor de televisión en Jalisco, Jaime Barrera, que fue secuestrado el lunes pasado, fue localizado con vida según confirmaron autoridades estatales, familiares y el propio comunicador.

Barrera, quien es colaborador de N+ Jalisco (Televisa) y otros medios locales, fue localizado “en buen estado de salud”, confirmó la Fiscalía General de Jalisco en un breve mensaje en su cuenta de X.

Su hija, una de las personas que más se movilizó en redes sociales para solicitar la ayuda de autoridades, también dijo en redes sociales que el periodista ya estaba con ellos, aunque no ofreció mayores detalles de la localización.

Barrera fue raptado el lunes por al menos cuatro sujetos al salir de una emisora de radio en Jalisco. Según reportes de medios locales el vehículo de Barrera fue encontrado en el poblado de Zapopan.

Esta mañana, N+ entrevistó a su colaborador, quien habló sobre su caso. Jaime Barrera se refirió a lo sucedido como “una experiencia que no le deseo a nadie”, en la que dijo que fueron poco más de 30 horas en las que fue “protagonista de las columnas que escribo a diario”, en referencia a su labor periodística.

“Desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos, me tocó volver a estar con mi familia”, dijo el comunicador, quien confirmó que en breve retomará sus actividades profesionales.

Indicó que se encuentra “sano y salvo, afortunadamente, con unos pequeños roses”, aunque no ofreció mayores detalles.

Jaime Barrera también confirmó que pese a las versiones que se han manejando, no fue rescatado en un operativo, sino que fue liberado por sus captores en el municipio de Magdalena, a donde llegaron elementos de la Guardia Nacional a brindarle ayuda.

Indicó que detrás de su secuestro sólo ve cuestiones relacionadas a su labor periodística, ya que no un rescate de por medio.

Relato que salió de su programa de radio el lunes, aproximadamente a las 14 horas y “fue invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a otra camioneta. Fui levado a un centro de cautiverio unos días. Afortunadamente estoy libre nuevamente”.

Confirmó que desde su liberación tiene acompañamiento de la Guardia Nacional, y que en breve solicitará adherirse al mecanismo de protección a periodistas que dijo, nunca lo había solicitado, pero que tras lo sucedido, dijo será indispensable contar con él.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también confirmó la localización del periodista. Dijo que aunque Barrera ya se encuentra en casa,  las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Gracias, de corazón, a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y a la ciudadanía por su ayuda”, indicó.

La Franja de Gaza fue escenario de fuetes combates este lunes, que continuarán incluso en el mes sagrado del Ramadán, salvo si Hamás libera a todos los rehenes, advirtió Israel.

“El mundo debe saberlo, y los dirigentes de Hamás deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah”, declaró Benny Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra israelí, en Jerusalén.

“Hamás tiene la opción. Pueden rendirse, liberar a los rehenes y los civiles de Gaza podrán celebrar la fiesta del Ramadán”, añadió el ministro, quien advirtió que podrían entrar en Rafah, en el sur del territorio.

Y es que recordemos que el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, comienza el próximo 10 de marzo.

Es la primera vez que el gobierno israelí establece un plazo para su asalto contra Rafah, la ciudad donde se refugia la mayoría de los 1.7 millones de palestinos desplazados por la guerra.

Gobiernos extranjeros, que temen una matanza, exhortaron a Israel a evitar atacar Rafah, la última ciudad de la Franja de Gaza que no ha sido invadida por tropas terrestres en la guerra que sima cuatro meses.

Pese a la presión internacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que no atacar Rafah significaría “perder la guerra”. Netanyahu reafirmó ayer su promesa de “terminar el trabajo hasta alcanzar la victoria total” sobre el movimiento islamista, con o sin acuerdo sobre los rehenes.

Gantz agregó que la ofensiva se realizará de manera coordinada con Estados Unidos y Egipto para facilitar la evacuación y “minimizar las bajas civiles hasta donde sea posible”.

En tanto, mediadores internacionales llevan semanas intentando negociar un acuerdo de tregua en El Cairo, aunque Qatar, un mediador clave, expresó el fin de semana su pesimismo sobre la posibilidad de que prospere un acuerdo.

Estados Unidos, aliado principal de Israel, ha presionado por una tregua de seis semanas a cambio de la liberación de 130 rehenes que Israel considera que siguen en Gaza, incluidos 30 que habrían muerto.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto discutir esta semana una nueva resolución para exigir un alto el fuego en Gaza, pero Estados Unidos adelantó que lo podría vetar por considerar más conveniente un acuerdo negociado de tregua con un canje de rehenes.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró este lunes al presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva “persona non grata” por comparar la actual guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto.

Y es que el dirigente brasileño acusó ayer a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza; comparó sus acciones con la campaña de Adolfo Hitler contra los judíos, una declaración que generó fuerte rechazo en Israel.

Netanyahu calificó los comentarios de Lula de “vergonzosos y graves” y su gobierno convocó al embajador de Brasil en Israel, y lo invitó a reunirse con el jefe de la diplomacia en el centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.

A menos de dos semanas de que una jueza liberara a ocho militares acusados de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que siguieran su juicio en libertad, las autoridades volvieron a detenerlos.

Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó que ayer por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.

Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.

La decisión de la jueza, con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados, fue duramente criticada, no sólo por los abogados de las víctimas.

El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una fuerte condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo impugnaría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas.

La nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este Gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó.

No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró, en teoría por carecer de elementos, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes.

La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años.

Expertos y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

México reiteró su llamado “urgente” a liberar rehenes en la Franja de Gaza, a más de 100 días de iniciado el conflicto, que estalló el pasado 7 de octubre con una agresión del grupo islamista Hamás que dejó 1,200 muertos en Israel, cuyo Gobierno respondió con ataques que han causado casi 25,000 muertos en esta zona fronteriza.

Según cifras, Hamás capturó aquel día a 240 cientos de personas, de las que alrededor de 130 permanecen secuestradas, entre ellas un ciudadano mexicano.

“México hace un llamado urgente a las autoridades y actores involucrados en la región para apoyar de manera decidida las acciones encaminadas a la liberación inmediata de los rehenes y, en particular, del ciudadano mexicano Orión Hernández”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, expresó que “el Gobierno de México continuará realizando todas las gestiones necesarias hasta lograr su liberación y respaldará todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz duradera en la región en estricto apego al derecho internacional”.

El pasado 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su Gobierno “no toma partido ni por Israel ni por Palestina” pese a la remisión que envió el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) para que “investigue la probable comisión de crímenes de su competencia” en Gaza.

Recordemos que México envió junto a Chile a la CPI la solicitud que “obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte”, según explicó la Cancillería.

En tanto, la Embajada de Israel en México respondió en un posicionamiento que “lamenta el anuncio del Gobierno de México”, pero ni López Obrador ni la SRE mencionaron presuntos crímenes cometidos por Israel, al argumentar que buscan la paz.

El mandatario sostuvo que la remisión que México envió a la CPI es porque busca hacer todo lo posible “para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame”.

“Lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles, ya son más de 20.000 muertos, hay que buscar la paz, no se trata de condenar a nadie, sino cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea”, argumentó.

El presidente pidió al Consejo de Seguridad de la ONU “reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda: aprobar un cese al fuego, aun cuando se trate de una tregua”.

Cuatro miembros de la comunidad mormona de Chihuahua fueron secuestrados el domingo por la noche en la zona de la sierra de ese estado, informó el activista y líder del grupo, Julián LeBarón.

Mediante un mensaje de vídeo publicado en la red social X, LeBarón informó de la desaparición de las cuatro personas, quienes viajaban por la sierra de Chihuahua. Indicó que la última vez que fueron vistos fue en región de El Largo Maderal.

Se trata de Miguel Ángel Moreno Sánchez, Shem Lamar Stubbs Gwin, Manuel Horacio Ríos Jacob y Christian Bruce LeBaron Johnson, quienes el domingo salieron rumbo a la Sierra Tarahumara por el municipio de Madera, no llegaron a su destino y hasta la noche de ayer se desconocía su paradero.

“Aquí nadie se esfuma, los vamos a encontrar y haremos lo que sea necesario. Los queremos con sus familias, en su comunidad. Dejemos de ser el país de desaparecidos. Por favor a la gente de Galeana, de la región, si tienen información que los regrese, díganla, de corazón lo pido”, expresó Adrián LeBarón.

Christian Bruce, hermano de Julián y Adrián LeBarón, también es activista, además que Shem Lamar sobrino de Adrián LeBarón, según confirmaron los afectados, quienes están recorriendo la región para intentar encontrarlos.

Más tarde, los hermanos LeBarón informaron que dos de los desparecidos habían sido localizados, confirmando que sí fueron secuestrados. “Estamos esperando que se comuniquen los otros dos que estaban secuestrados. Sabemos que los golpearon y estamos muy preocupados de que todos estén bien. Que los devuelvan sanos y salvos”.

El activista también informó que una caravana salió a la capital del estado, para exigir a las autoridades que hagan su trabajo y los dos secuestrados aparezcan con vida.

Las familia LeBarón, Miller, Langford y Johnson, entre otras, conforman las comunidades mormonas binacional que habitan en la región de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Sonora y Chihuahua, pero también en Arizona y Utah en los Estados Unidos.

En los últimos años, las familias mormonas que habitan entre Sonora y Chihuahua han sido víctimas del embate de los grupos de la delincuencia organizada que operan en la sierra, muy cerca de la frontera.

El 6 de noviembre de 2019, el grupo criminal de “La Línea”, cometió un atentado armado en contra tres camionetas repletas de niños y mujeres, donde murieron baleadas y calcinadas nueves personas: las madres Dawna, Christina y María Ronita; con sus seis hijos menores: Rogan, Trevor, Howard y Krystal, las víctimas más jóvenes fueron los mellizos: Titus y Tiana, de ocho meses.

En mayo de 2009, la familia LeBarón cobró notoriedad y se volvieron activistas en la Marcha Por La Paz con Justicia y Dignidad junto al poeta Javier Sicilia, tras el secuestro de Érick LeBarón en la comunidad mormona de Chihuahua.

Autoridades confirmaron que fueron 32 los migrantes que fueron localizados la tarde de ayer en Tamaulipas, mismos que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre en el municipio de Río Bravo, además de asegurar que no hay ninguna detención hasta el momento.

“Derivado de la colaboración efectiva entre el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Tamaulipas, se informa que después del proceso de revisión médica y toma de datos generales para identificación, el total de los migrantes rescatados es de 32 personas, los 31 reportados el 30 de diciembre y un bebé que no había sido reportado en ninguna lista”, aclaró la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

Fueron cuatro días los que estuvieron desaparecidos los migrantes, que fueron secuestrados, según los reportes oficiales, por un grupo armado el sábado 30 de diciembre cuando se trasladaban en un autobús de la empresa privada SENDA hacia Matamoros provenientes de Monterrey.

La zona en que ocurrieron los hechos ha sido señalada como una las regiones donde opera una de las facciones del cártel del Golfo identificada como “Los Escorpiones”.

Los presuntos delincuentes obligaron a bajarse a los 36 pasajeros, entre los que se encontraban mexicanos, pero sólo se llevaron a 31 de ellos.

Pese a que diversos medios reportaron han documentado que ya se habían registrados casos similares en la entidad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que era atípico el número de migrantes secuestrados al señalar que regularmente se reportan secuestros de entre una a tres personas, pero de no de un grupo tan grande.

Tamaulipas, estado donde se registró el secuestro múltiple, enfrenta una ola de violencia debido a las disputas que mantienen distintos grupos del crimen organizado por el control del territorio. Pese a ello, el presidente López Obrador defendió al gobernador, el morenista Américo Villarreal, quien dijo, encabeza un Gobierno íntegro, eficiente y responsable.

Versiones periodísticas de medios locales aseguraron que pese a lo informado por el Gobierno, no hubo un rescate como tal por parte de las autoridades, sino que los 31 migrantes fueron liberados por sus captores en una tienda de autoservicio de la zona.

Es decir, que el operativo que se montó y en el que participaron diversas corporaciones, no rindió frutos pues no logró ubicar o rescatar a los migrantes.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este jueves que los 32 migrantes secuestrados “fueron liberados” por sus captores y “no rescatados” por el Gobierno, por lo que aún no se reportan detenidos.

“No fueron rescatados, los dejaron libres. Sí, fue una serie de factores, primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto, todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal). Ayuda también el sensacionalismo porque se sabe en todo el país”, indicó.

Las declaraciones del mandatario contrastan con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes este miércoles aseguraron que las autoridades “rescataron” a los migrantes.

En su conferencia matutina, López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes, al reportar un total de 32 víctimas tras sumar una bebé que no se había contabilizado en un principio.

“Eran 31 y una niña de un año, y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no (había mexicanos), que los soltaron a los mexicanos, y era por el cobro, por extorsión, a familiares en Estados Unidos”, detalló.

La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, fue liberada este martes tras ser secuestrada desde el sábado pasado, según confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario expuso que la Guardia Nacional interceptó a las 6:15 horas un autobús en el que viajaba la funcionaria en el municipio de Villamar, en dicha entidad.

“Celebramos esto, que ya se haya liberado a la presidenta municipal”, declaró AMLO en su conferencia de prensa matutina.

La alcaldesa, de las filas de Acción Nacional, sufrió un secuestro el sábado pasado en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el vecino estado de Jalisco.

Sánchez es presidenta municipal de Cotija, una localidad en la frontera entre Jalisco y Michoacán que padece una ola de violencia por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la Fiscalía de Jalisco, la alcaldesa salió de una plaza comercial el sábado pasado casi a las 19:00 horas, cuando un comando armado interceptó el vehículo en el que viajaba.

López Obrador no compartió hipótesis sobre el motivo del secuestro, y se limitó a informa que la liberación se reveló durante la reunión del Gabinete de Seguridad.

“Hoy a las 5 de la mañana el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora (Michoacán)”, detalló.

El Universal reportó que la alcaldesa fue trasladada a Cotija, bajo un importante dispositivo de seguridad, donde se reunió con su familia. Se le reportó en buen estado de salud, aunque se indicó que presenta severas afectaciones emocionales.

Ayer, el presidente reconoció que la violencia política se incrementa ante las próximas elecciones de próximo año. Recordemos que en 2021 México vivió la elección más violenta de su historia, con 1,066 ataques a políticos y 102 fallecidos, de los que 36 eran candidatos, según la consultora Etellekt.

Además, Jalisco, con 1,350 homicidios en lo que va del año, y Michoacán, con 1,214 asesinatos, son dos de los seis estados más violentos del país.

Manifestantes que mantenían los bloqueos en Chilpancingo, Guerrero, liberaron este martes a los 13 funcionarios públicos, incluyendo policías y guardias nacionales, que mantenían como rehenes desde la tarde de ayer.

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno estatal, los pobladores también desbloquearon la autopista Del Sol.

Poco después de las 13:00 horas, y tras salir de una reunión con autoridades, los manifestantes dejaron libres a los cinco miembros de la Guardia Nacional, cinco de la policía estatal, dos funcionarios del Gobierno del estado y uno de la Secretaría de Gobernación federal.

También regresaron algunas de sus pertenencias y dejaron el vehículo blindado que había tomando, aunque con destrozos y llantas ponchadas.

Las autoridades trasladaron a los funcionarios en ambulancias para su valoración médica.

Los representantes de los manifestantes lograron pactar obras para sus comunidades, y entre las peticiones también estuvo la garantía para el transporte público.

Y es que Guerrero vivió este martes una segunda jornada de disturbios por la movilización organizada por el grupo delictivo ‘Los Ardillos’ tras la detención de dos líderes de esta agrupación, según lo confirmó el Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los inconformes apostar al diálogo, y rechazó que se fuera a responder con “violencia”.

Recordemos que las protestas comenzaron desde la semana pasada tras la detención de dos transportistas por portar armas y droga, y que, según las autoridades, es el trasfondo de las movilizaciones. Dichas personas pertenecerían a ‘Los Ardillos’.

El gobierno de Nicaragua liberó a más de 200 opositores presos y los envió en un avión rumbo a Estados Unidos, confirmó un alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden.

Nicaragua “decidió unilateralmente liberar a 222 individuos que tenía encarcelados”, algunos de ellos tras pasar varios años en prisión “por ejercer sus libertades fundamentales, en condiciones horribles y sin acceso a un debido proceso”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato.

La fuente señaló que Estados Unidos facilitó el traslado a su país, “donde serán puestos en libertad condicional por razones humanitarias por un período de dos años”.

Precisó que l gobierno de Estados Unidos ha puesto a disposición de estas personas asistencia médica y legal, luego de que todos consintieran voluntariamente viajar.

El funcionario consultado recordó que Washington llevaba “mucho tiempo pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales, como primer paso hacia la restauración de la democracia y la mejora del clima de derechos humanos en Nicaragua”.

En ese sentido, dijo que la decisión del gobierno nicaragüense es “positiva y bienvenida”.

Recordemos que el presidente Daniel Ortega ha dicho en repetidas ocasiones que los opositores encarcelados y otros estuvieron detrás de las protestas de 2018 que, que según él, fueron un complot para derrocarlo.

En ese sentido, en una declaración emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua y leída en conferencia de prensa, se indicó que se ordenó “la deportación inmediata efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia” y por “incitar a la violencia” y “lesionar los intereses” de la nación.

De acuerdo con la resolución los deportados fueron “inahibilitados de forma perpetua” para ejercer cargos públicos o de elección popular.

Sin embargo, según cifras de la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” ascendía a 245 personas hasta esta semana.

Héctor ‘El Güero’ Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, alcanzó finalmente su libertad, luego de haber sido liberado, aunque debido a la labor del gobierno federal logró ser detenido a su salida y trasladado a Ciudad de México para responder por otra causa.

Fue el presidente López Obrado quien informó que ayer que venció la ampliación del plazo que el juez concedió, la Fiscalía General encontró “alguna denuncia no aclarada”, por lo que solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo el asunto.

“Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes. Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería” a liberarlo, pues recordó que es un mandato de ley.

Palma fue absuelto del delito de delincuencia organizada y logró obtener el fallo de libertad el sábado pasado, aunque las autoridades obtuvieron ampliar el plazo y posponer su liberación hasta este martes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la resolución de su caso y señaló que “no es un procedimiento de lo más adecuado”. Indicó que las autoridades involucradas quisieron aplicar el llamado ‘sabadazo’.

Las autoridades comenzaron así a investigar si tenía causas pendientes con alguna fiscalía estatal o con la Justicia estadounidense, con el objetivo de evitar su liberación.

‘El Güero’ Palma, fundador junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del Cártel de Sinaloa, fue arrestado en 1995 cuando se estrelló con su avioneta camino a Guadalajara, debido a las malas condiciones climatológicas, y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico.

Sin embargo, nueve años después, en abril de 2016, fue puesto en libertad en la frontera con Texas, desde donde fue trasladado por militares mexicanos para seguir cumpliendo condena en el penal de máxima seguridad conocido como ‘El Altiplano’.

Palma abandonó la cárcel esta madrugada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que intervinieron agentes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Foto: Twitter

Héctor Palma Salazar, alias “El Güero” Palma, quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad en el centro del país, fue absuelto de la acusación en su contra por el delito de delincuencia organizada, por lo que se ordenó dejarlo en libertad.

“El Güero” Palma, que fundó junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán el Cártel de Sinaloa, fue absuelto del cargo de delincuencia organizada presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el juez del Juzgado Segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó la “inmediata y absoluta libertad” del detenido, indicaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

El juzgado estableció que Palma Salazar podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito.

Por ellos, las autoridades se encuentra en proceso de consultas con la FGR, las 32 fiscalías estatales, y con gobiernos internacionales, para corroborar que no exista alguna causa en curso contra Palma Salazar.

Palma Salazar, quien tenía ordenes de aprehensión por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones, fue arrestado en 1995 y condenado a siete años de cárcel en un penal de alta seguridad en Jalisco.

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión tras ser declarado culpable de traficar cocaína. Luego de cumplir 9 años de condena fue liberado por buen comportamiento y se le tomó en cuenta los años de cárcel que pasó en México.

A mediados de 2016 fue deportado a México donde era requerido por el asesinato de dos policías y fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado México, donde aún se encuentra recluido.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó esta mañana la decisión del juez federal que el sábado absolvió de forma “repentina” a “El Güero” Palma.

“Un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El presidente reveló que el domingo consiguieron que el juez diese un plazo de 48 horas, que vence mañana martes, para que la Fiscalía, la SSPC y la SRE recopilen información sobre denuncias o procesos de extradición.

“No podemos decir nosotros que el señor debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando que se le libere porque ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto. Sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos, de que no hay ningún pendiente”, comentó.

López Obrador argumentó que no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano con este tipo de fallos judiciales, pues el gobierno de México “queda bajo sospecha”.

“Hay que cuidar la imagen del Estado mexicano, ya no es como antes que nos señalaban de afuera, acusando al gobierno mexicano de complicidad, ningún gobierno extranjero debe acusar al gobierno mexicano, y no dar motivo para eso”, manifestó.

El presidente anunció que pedirá a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentar una reforma para que los jueces no puedan emitir estos fallos en sábado o domingo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó esta mañana la versión de algunos diarios estadounidenses de que su gobierno amenazó a Washington con expulsar a miembros de la DEA, luego de que detuvieran al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, sin dar aviso a nuestro país.

“Están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA; no amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien”, dijo López Obrador.

El mandatario dijo que la intención detrás de todo este asunto no es romper con la operación que existe entre ambos países, sino que se mantenga el respeto mutuo y que se cumpla con los acuerdos que están vigentes.

López Obrador insistió en que no hubo nada a cambio de la decisión de la Fiscalía estadounidense, quien resolvió que su interés en procesar a Cienfuegos era superado por el “interés más amplio” en mantener la cooperación entre las fuerza pública de ambas naciones.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard dijo que la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) seguirá sobre el caso del exfuncionario federal, está “a la altura del prestigio de México y de la dignidad” del país.

“Hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad”, dijo Ebrard al intervenir en la conferencia de AMLO.

Ebrard reiteró que la posición de México es defender su dignidad y la de sus instituciones, sin permitir la impunidad de ningún modo. “Que quienes resulten responsables en su caso de acuerdo a nuestras leyes, sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México, y no en otros países”, afirmó.

El canciller dijo este jueves que sería muy costoso para México no investigar a Cienfuegos Zepeda, tras haber logrado que Estados Unidos desestimara los cargos de narcotráfico en su contra para dejar en manos de la justicia mexicana el caso.

“Diría que sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, añadió Ebrard.

Y es que ayer, los diarios estadounidenses The Washington Post y New York Times, entre otros, aseguraron que la decisión de la fiscalía de EUA se debió a la amenaza que el gobierno de México hizo sobre limitar los trabajos de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en sus tareas de investigación en México.

El caso del general Salvador Cienfuegos, su liberación en EUA y su traslado a nuestro país ocupó la primera plana en diversos diarios internacionales tales como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y el Financial Times.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó esta mañana que “no hay nada oculto” ni “nada a cambio” en el acuerdo que se alcanzó con la Fiscalía de Estados Unidos para retirar los cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y así quede en libertad.

“No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad” por lo haber sido informado nuestro país sobre la investigación que se seguía al exsecretario, dijo el mandatario.

Recordemos que las autoridades de Estados Unidos detuvieron el pasado 15 de octubre en Los Ángeles al general, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Cienfuegos Zepeda afrontaba cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero tras una investigación a cargo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“No hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento”, argumentó el presidente esta mañana.

Enfatizó que ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si el extitular de la Sedena permanecerá en libertad o si proceden cargos en su contra.

AMLO afirmó que no habrá impunidad para nadie, aunque dijo que no se permitirá que en ningún caso se fabriquen delitos. En ese sentido, rechazó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, reconoció que intervino por la reputación del Ejército, esto pese a que un día después de la detención de Cienfuegos había dicho que todos los miembros “involucrados” iban a ser suspendidos, retirados y, si era el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes.

“No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales, además México es un país, que no se olvide, libre, independiente y soberano”, sostuvo López Obrador.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard insistió en que en México no hay una orden de aprehensión contra Cienfuegos, por lo que llegará como “ciudadano en libertad”, ya que desde Estados Unidos tendrá dicha figura, y a nuestro país simplemente llega como un ciudadano repatriado.

Ebrard dijo que toda la investigación en torno al exsecretario se limita a la evidencia que mandó el gobierno de Estados Unidos, misma que llegó a México el pasado 11 de noviembre. “No hay otra investigación, hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República”.

El titular de la SRE rechazó la presunta condición impuesta por el gobierno de México de retirar la cooperación con la DEA y otras agencias de seguridad de Estados Unidos en el país si no se retiraban los cargos contra Cienfuegos, aunque destacó la importancia de su liberación para la continuidad de la cooperación.

“En esencia, la cuestión aquí es si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana”, sostuvo el canciller.

Aseguró que la decisión de EUA de desestimar los cargos contra el exsecretario mexicano “establece un precedente en materia de cooperación entre los dos países para que esto no vuelva a ocurrir”.

Con el fin de deslindar responsabilidades, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta tarde que se tomó la decisión de suspender a un Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, presuntamente involucrado en la liberación de José Ángel Covarrubias, alias “El Mochomo”.

El organismo indicó que derivado de la denuncia interna presentada el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR), se resolvió suspender por un periodo de seis meses al funcionario del Juzgado.

“La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras”, precisó el Consejo.

Aclaró que la suspensión del servidor público no “prejuzga su culpabilidad” y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito.

Reafirmó que en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no se tolerará ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal.

Y aunque en un principio se hablaba que la responsabilidad sería de la jueza María del Rosario Castillo Sánchez, titular del Juzgado en cuestión, tras las investigaciones, la presunta responsabilidad apuntaría al Secretario.

A inicios de mes, el CJF señaló que recibieron información que ameritaba una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que fue incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien acusó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención, “El Mochomo” logró quedar en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

María Eva Ortíz, madre de José Antonio Yépez, mejor conocido como “El Marro”, quedó en libertad la tarde de ayer, al evidenciarse que su detención fue ilegal, ya que no se contaba con una orden de cateo.

Y es que de acuerdo a las pruebas que presentó su defensa, la detención de la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ocurrió cinco horas antes del cateo que realizó la Fiscalía de Guanajuato, la cual quedó asentada en la carpeta correspondiente.

Además, entre las pruebas que se presentaron ante la jueza Paulina Medina Manzano, se demostró que la detención no ocurrió en el domicilio que la Fiscalía indicó, sino que fue en otra vivienda, desde donde fue trasladada al lugar del cateo para así justificar su detención.

La defensa de la también señalada como operadora financiera de “El Marro”, indicó que a sus clientes de les retuvo por más de cuatro horas, desde el momento de su detención, hasta el momento en que se recibió la orden de cateo.

Otro elemento más que se vino abajo, fue la versión de lo que se le aseguró a la mamá de “El Marro”.

Las autoridades señalaron que al momento de su detención, a Maria Eva “N” y otros miembros del cártel, se les decomisaron 2 millones de pesos; sin embargo, la defensa demostró que el dinero fue sembrado, pues el dinero fue sustraído por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de más de 30 domicilios en San Iisdro Elguera sin relación con el cártel.

Con la liberación de la mamá de Yépez, los 31 detenidos en el operativo de la semana pasada en Celaya, Guanajuato, han quedado en libertad.

Adicional, el viernes pasado, un juez concedió prisión domiciliaria al papá del líder criminal, quien también se encontraba en prisión, pues la defensa alegó que es una persona mayor de 60 años, por lo que se encontraba expuesto a infectarse de Covid-19.

Finalmente, la defensa de los familiares de “El Marro”, dio a conocer que sus clientes viajaron a Estados Unidos, para evitar futuras acciones contra ellos.

Foto: Twitter

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Financiero, pesar de las reacciones negativas de la opinión pública ante el manejo de los hechos de Culiacán de la semana pasada, el nivel de aprobación del presidente Andrés López Obrador (AMLO) se mantiene sin cambios significativamente.

En el seguimiento mensual que se hace a su desempeño, en octubre registró 67% de aprobación y 31% de desaprobación. En septiembre su aprobación fue de 68% y la desaprobación de 30%.

Sobre la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, el 51% de los entrevistados opinó que liberar a Ovidio fue una decisión equivocada; el 39% cree que fue una decisión correcta.

El 56% de los encuestados señaló que el crimen organizado fue el que salió ganador de lo hechos de violencia de la semana pasada en Culiacán; el 25% cree que la ganadora fue la sociedad y solamente el 8% indicó que el ganador fue el gobierno.

Respecto a la estrategia de seguridad del gobierno federal, el 60% de los entrevistados dijo que la prioridad es el combate al crimen organizado, frente a un 35% que opinó que la prioridad debe ser evitar la violencia.