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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga el presunto conflicto de interés del superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

De acuerdo con una investigación, familiares de Lomelí forman parte de una red de empresas farmacéuticas que ha obtenido contratos por más de 164 millones de pesos en el gobierno de AMLO.

“No hay inuyentismo, nepotismo, amigismo, ninguna de esas lacras de la política”, aseguró el mandatario.

“La SFP está haciendo esa investigación para proceder si hay una responsabilidad”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Ejecutivo expresó que a diferencia de los “conservadores”, su gobierno actuará con responsabilidad y no habrá impunidad.

“No hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, antes había corrupción e impunidad” y aseguró que el no va a proteger a nadie, incluida su familia.

«Si no me importa mi familia, que me van a importar los amigos», dijo el mandatario.

Tal como le anticip´´e en mi columna de El Universal hace tres semanas, el empresario Carlos Lomelí excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región, en la que coordina la entrega de apoyos sociales de la Administración federal, ha sido señalado por el diario El País por un presunto conflicto de interés.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El País retoma una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que relaciona a Carlos Lomelí Bolaños con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y señala: «los negocios de Abisalud con dependencias del Gobierno federal representan un nuevo reto para Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder impulsado por un discurso de combate a la corrupción y a las malas prácticas en la Administración pública».

Según la investigación, Abisalud también firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con otro gobierno surgido de Morena, el de Cuitláhuac García en Veracruz, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones.

López Obrador ya ha lidiado con temas similares en los cinco meses y medio que lleva en la presidencia. El 26 de abril, el líder de Morena anunció su intención de cancelar un contrato que había ganado la empresa Bio Pappel Scribe para vender papel a la Secretaría de Educación Pública, debido a que la compañía es propiedad del empresario Miguel Rincón, amigo y compadre de López Obrador, además de ser parte de su Consejo Asesor Empresarial.

Tras las palabras del presidente, el Consejo de Administración de Bio Pappel anunció la retirada del concurso sin solicitar indemnización.

«El caso de Lomelí, sin embargo, resulta potencialmente más tóxico: los superdelegados, un cargo que ya de por sí despierta recelos entre los gobernadores, que temen ver menguados sus poderes, son elegidos y nombrados de forma directa por el Gobierno federal, esto es, por López Obrador», señala el diario español.

Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró súper delegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control.

El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los súper delegados son en realidad una figura que creo el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena.

Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá. Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno.

Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales.

Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas.

El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos.

 

Columna completa en El Universal