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La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está “pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva”.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son “libres” y “voluntarias”.

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este lunes “inmoral” que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de delitos de corrupción por la trama Odebrecht, fuera captado comiendo en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

“Es legal pero es inmoral que se den estas cosas. Es una imprudencia, una provocación”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La periodista Lourdes Mendoza difundió este fin de semana unas fotografías de Lozoya, quien afronta su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de Lomas de Reforma en la Ciudad de México.

López Obrador recordó que Lozoya “está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción” del gobierno anterior, pues interpuso una denuncia en la que implicó en la trama Odebrecht a varios políticos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Por eso produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México”, dijo el presidente.

El mandatario confió en que la Fiscalía informe sobre este asunto, aunque aclaró que tiene “confianza” en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Y es que el tema de las fotografías causaron gran polémica, pues muchos usuarios compararon el trato a Lozoya con la intención de la FGR de imponer en prisión preventiva a 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por supuestos actos de corrupción.

“Que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar, no. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre ambos casos.

Recordemos que Lozoya, que estuvo al frente de Pemex entre 2012 y 2016, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; por ello, el exfuncionario cerró un acuerdo con la FGR general mediante el cual confesó e implicó a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Denunció que Peña Nieto y el exsecretario Hacienda Luis Videgaray, usaron sobornos de la constructora brasileña para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Por esta denuncia, un juez impuso a Lozoya el uso de un brazalete para seguir su proceso en libertad. Y en abril pasado también se impuso prisión preventiva al exsenador Jorge Luis Lavalle, la única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Foto: Twitter @lumendoz

Un juez Decidió ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de La planta de Agronitrogenados.

Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta de fertilizantes.

La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura.

Emilio Lozoya participó este viernes por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que también están implicadas.

Recordemos que Lozoya fue arrestado el año pasado en España y extraditado a nuestro país, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.

Tras su llegada a México, el excolaborador de Enrique Peña Nieto cerró un acuerdo con la justicia, por el que delató a diversos políticos, a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética.

Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el excandidato presidencial Ricardo Anaya. La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos a cambio de su voto en la reforma.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado las cuentas bancarias de Anaya, como se sugirió en algunos medios y redes sociales.

“En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, comentó Nieto al participar en la plenaria de los Diputados de Morena.

Quien también se refirió al caso de Anaya, fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien participó en la plenaria de Morena en el Senado. Dijo que pese a lo que han hecho creer,  no se trata de un caso de una persona que haya recibido dinero o que haya votado en un sentido, sino de corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

“Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (…) es un caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”, contestó Gertz Manero al ser cuestionado sobre el tema.

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

“Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que “según consta en diligencias ministeriales” ese soborno fue entregado a Anaya “por una persona de confianza” del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia” de que Ricardo Anaya “votó a favor de la misma”, añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos “manifestaron haber presenciado diversas visitas” de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos “incompetentes” ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una “persecución” en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.

Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.

El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.

El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.

De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.

El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos. 

Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.

Investigación completa en MCCI

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero”, señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

“La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes”, dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

“Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial”, dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al secretario de Relaciones Exteriores y Crédito Público, Luis Videgaray, de utilizar dinero público para conseguir su candidatura a la presidencia y suceder así a Enrique Peña Nieto, con quien colaboró desde que el priísta estaba en el gobierno del Estado de México.

Según información que publica este lunes el diario Milenio, durante una comparecencia Lozoya aseguró que Videgaray “no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigioso consultor Peter Schechter para posicionar su imagen”.

Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña Nieto por instrucción de Videgaray: “Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la presidencia”, declaró Lozoya.

“Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento de que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual”, añadió Lozoya Austin.

En este sentido, Schechter habría asegurado que trabajaba con Videgaray en relación con las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero.

Lozoya enfatizó que éste era el “asesor electoral personal” de Videgaray y que se reunía con él una vez al mes. Habría sido Schechter quien puso en contacto a Videgaray con Jared Kushner,  yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

En más sobre Videgaray, el portal Animal Político informó que el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa, indicó ante la FGR que durante el sexenio de EPN se ejecutó el esquema de desvío de recursos, la “Estafa Maestra” que incluyó a diversas dependencias federales a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre para actos proselitistas.

“Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno. Una de las ramas de dicha estrategia se denominó ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, señaló el excolaborador de Rosario Robles.

Detalló que fue la Secretaría de Hacienda, entonces dirigida por Luis Videgaray, quien dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol, mismos que  Robles Berlanga indicó fueran utilizados para organizar eventos, campañas de medios, volanteos, brigadas y grupos de activismo político en varios estados de la República.

El esquema de la ‘Estafa Maestra’, que consistió en contratar empresas privadas a través de universidades públicas habría sido acordado entre Robles Berlanga y Videgaray Caso.

Zebadúa aseguró que los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre también fueron utilizados para pagar deudas y compromisos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, misma que fue coordinada por Luis Videgaray.

Recordemos que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de “traición a la patria” al exsecretario federal.

Luis Alberto de Meneses Weyll, cabeza de Odebrecht en México, quien ha reconocido entregó sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, equivalentes a 10.5 millones de dólares a Lozoya (2012 y 2014), desmiente los señalamientos que Lozoya Austin ha ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meneses Weyll afirma, a través de su abogado Carlos Kauffmann, que Odebrecht no entregó dinero para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ni para sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética, ni para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, tal como lo indicó Lozoya en su declaración con la que buscó el criterio de oportunidad y así convertirse en testigo colaborador a cambio de que evitar la acción penal en su contra.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann a QUINTO ELEMENTO LAB.

El abogado del director de Odebrecht negó que se haya entregado dinero expresamente para financiar la campaña de Peña. Afirmó que los sobornos fueron exclusivamente para Lozoya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”, según consta en sus declaraciones a las autoridades brasileñas. de 2016.

Y aunque Lozoya afirmó que hubo dos encuentros entre Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll con Peña Nieto y Luis Videgaray, Kauffmann asegura que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público que no fuera Lozoya.

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”. Aclaró que pese a entregar el dinero de los sobornos, indicó que no estaban al tanto del destino de los recursos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

Sobre las declaraciones de Lozoya Austin de que la empresa brasileña no solo buscó contratos y beneficios del gobierno, también que participó activamente en la política energética del país, Carlos Kauffmann dijo que Odebrecht Infraestructura nunca tuvo interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación. “Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta (Odebrecht) no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el defensor de Meneses Weyll.

El abogado de Meneses Weyll también rechazó que su cliente haya realizado algún pago por la adjudicación del contrato a Braskem, filial de Odebrecht, correspondiente a la planta Etileno XXI en Veracruz. “No existen relatos en ese sentido, no hay motivo (…) Si hubiera habido pagos, Luis Weyll ya lo hubiera dicho”.

Kauffmann adelantó que su cliente está a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario. “Weyll está comprometido solo con la verdad”.

Para que las autoridades mexicanas puedan interrogar al exdirector de Odebrecht, deben firmar un acuerdo en el que se comprometen a no utilizar las pruebas obtenidas contra el propio Meneses Weyll tanto en el ámbito penal, civil o administrativo.

Sobre el caso, el diario Reforma informó esta mañana que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura contra el excolaborador de Peña Nieto, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

Y aunque la FGR solicitó dicha orden en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se devolvió el expediente pues presentaba deficiencias. Las fuentes consultadas por el diario adelantaron que el Fiscalía haría una nueva solicitud.

La imputación contra Videgaray se basa en los testimonios de Emilio Lozoya. Se le acusa de traición a la patria al ser supuestamente el responsable del financiamiento de Odebrecht a las campañas del PRI.

Las pruebas relacionadas al dinero que la empresa brasileña Odebrecht entregó a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, que Emilio Lozoya entregó buscando recibir beneficios, estaban en poder de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde septiembre de 2018.

Entre los beneficios que el exdirector de Pemex busca, tales como una reducción de pena e incluso su posible libertad, solicitó le fuera otorgada la figura de testigo colaborador, prometiendo entregar pruebas que permitirían saber qué fue lo que pasó en la red de sobornos, así como los nombres de personajes que hubieran participado.

Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que la información sobre el financiamiento electoral que presentó Lozota ya estaban en la carpeta de investigación.

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año, así como a legisladores de la oposición para que apoyaran las reformas estructurales.

MCCI indica que lo que Lozoya Austin no contó, y que la Fiscalía ya sabe, es que para ocultar los pagos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

El expediente al que accedió la organización contiene cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que señalan que los pagos que recibieron eran por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.

Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht, la cual se menciona en la propia denuncia del exdirector de Pemex.

Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza.

“De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña”, señala la investigación.

 

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LUIS CARLOS UGALDE

EL FINANCIERO

 

 

Los videoescándalos de la semana pasada sólo confirman que todos los partidos, campañas y candidatos son rehenes de un problema estructural y cada vez más grave de la democracia electoral en México: el financiamiento ilegal de las campañas o el llamado ‘dinero bajo la mesa’.

Aunque López Obrador diga que es diferente, durante los últimos años han aparecido de forma intermitente videos o audios de colaboradores o aliados que en su nombre piden o reciben dinero en efectivo. Ha sido un mismo modus operandi que se repite aquí y allá.

Hacer política a ras de tierra como López Obrador requiere mucho dinero en efectivo para la gasolina, para transportar gente a los mítines, para la logística y el sonido y la comida. Desde que tomaba pozos petroleros en Tabasco, luego en sus grandes caravanas por la democracia que realizó de Tabasco a la Ciudad de México en los años noventa y durante su peregrinaje por todo el país, el efectivo fue su medio para pagar buena parte de sus actividades.

Él mismo no usa tarjeta de crédito y ha presumido que no tiene una cuenta de cheques porque su dinero lo administra su esposa. Tampoco se sabe que haya pagado impuestos en los últimos años. López Obrador es, en sí mismo, el hombre del efectivo.

La semana pasada dijo que el caso Lozoya-Oderbrecht refleja una gran corrupción corporativa mientras el caso de Pío son aportaciones voluntarias del pueblo. Pero en realidad son intercambios de la misma naturaleza: en uno se trata de probables donaciones de un gran conglomerado empresarial brasileño que da dinero a cambio de contratos; en el otro se trata –seguramente– de la contribución de un gobernador mediante desvío de recursos públicos para comprar impunidad o para tener acceso político al nuevo gobierno.

En ambos casos la lógica de juego es la misma: te doy dinero hoy a cambio de un favor futuro. Ambos casos generan corrupción.

En el libro Dinero bajo la mesa que publicamos en 2018 María Amparo Casar y yo –con la investigación de Ximena Mata y Leonardo Núñez– argumentamos que las campañas políticas en México se han inundado de dinero bajo la mesa por tres razones principales. Uno, por los requerimientos financieros cada vez mayores de los candidatos para ser competitivos (una campaña de gobernador cuesta 10 veces más que el tope legal). Dos, porque las donaciones ilegales a campañas sirven para comprar acceso al nuevo gobierno. Y tres, porque las campañas son una buena oportunidad para enriquecerse.

Muchos gobernadores dan dinero a campañas de sus partidos o de otros para ganar aliados o comprar impunidad al dejar el cargo. Ese fue el caso de varios que apoyaron la campaña de Peña Nieto en 2012 y que lograron así trato privilegiado e incluso impunidad. Y este puede ser el caso de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, quien en 2018 ‘reventó’ la alianza que su partido tenía con el PRI y de donde salieron cientos de miles de votos que ayudaron al triunfo de Morena en esa entidad.

Entender que el problema del dinero bajo la mesa es estructural y sistémico es el primer paso para corregirlo. La negación es prolongar el problema. En 2021 se celebrará la elección más grande de la historia de México. ¡Cuánto dinero correrá en efectivo para los cientos de aspirantes a gobernador y alcaldes de ciudades importantes!

Este gobierno ha dado un paso importante para reducir el efectivo: combatir las empresas factureras que han sido un medio para monetizar recursos el gobierno y de empresas para canalizarlo a campañas. Pero falta más. López Obrador presume que el fraude electoral ya es delito grave. Pero el dinero bajo la mesa no se regula con leyes más estrictas sino con una reingeniería global que incluya mayores candados para el uso de efectivo, el voto obligatorio que reduzca el atractivo del clientelismo y una mayor fiscalización de las finanzas públicas.

La denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) sigue generando reacciones, y esta vez fue la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es mencionado de haber regalado un automovil al expresidente Enrique Peña Nieto.

Lozoya refiere la existencia de una Egoteca o “Museo del Presidente” que Grupo HIGA construyó para Peña Nieto al inicio de su administración, en una ubicación hasta ahora desconocida con exactitud, pero que se sabe está en el Estado de México

En dicho Museo eran colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Lozoya Austin relata que en el marco de de una sus visitas a Veracruz, con motivo de las celebraciones del “Día de Marina”, Javier Duarte se le acercó a EPN en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta.

Al subir al avión presidencial, Peña Nieto dijo: “miren lo que me regaló el gober”, mostrando el contenido de la carpeta.

“Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: Este Ferrari pertenció al Presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto”, cuenta Lozoya en su denuncia, mismo que refiere, fue llevado al “Museo del Presidente”.

Al respecto, este viernes, Duarte utilizó sus redes sociales para asegurar que dicha afirmación era mentira.

“Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”, dijo el expriísta.

Afirmó que en su vida se he subido a un automóvil de la marca italiana (Ferrari), además de que nunca ha comprado uno y mucho menos regalado alguno.

Uno de los políticos con más señalamientos en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya sobre la red de corrupción que existió en el sexenio anterior fue el priísta David Penchyna, quien decidió emitir un posicionamiento sobre las acusaciones en su contra.

Penchyna aseguró que el silencio que mantuvo en las últimas semanas, desde que su nombre apareció en torno al caso de Lozoya Austin, se debió a haber adoptado una posición “sumamente cuidadosa” ante las filtraciones que habían variado, pero que con la filtración de la supuesta demanda, misma que la autoridad no ha desconocido, decidió hablar al “considerar fidedigna”.

“Niego cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la Reforma Energética”, señaló el exlegislador.

Explicó que como Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, sí fue el enlace con la oposición para negociar los términos legales de la Reforma, pues ese era su trabajo: labor política y legislativa.

“No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya Austin está mintiendo para salvarse de la cárcel. Y en esa ruta, dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino”, añadió Penchyna.

Al igual que lo expresado por Luis Videgaray en el comunicado emitido la tarde de ayer, Penchyna aseguró que tuvo graves diferencias personales con Lozoya durante la discusión y la redacción final de la reforma energética.

Afirmó que había una “inexplicable insistencia” por parte del exdirector de Pemex para que los farmouts pudieran ejecutarse sin pasar por órganos colegiados, es decir, que su administración pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Administración y órganos reguladores, un planteamiento al que indica, se opuso tajantemente.

“Desde ese momento y aprovechando su posición como Director de Pemex, buscó golpearme política y mediáticamente, igual que hoy. Cualquiera que conozca su paso por Petróleos Mexicanos y el debate energético de esos años, lo sabe”, explicó.

“Quien quiera creerle a Emilio Lozoya Austin está en libertad de hacerlo. Yo sostengo que miente porque tiene incentivos para hacerlo, así de fácil”, enfatizó el priísta.

Subrayó que no se deslindará de una reforma en la que cree, y en la que trabajó al límite de su capacidad; además dijo que no cambiará de convicciones porque cambió el partido en el gobierno.

“No voy a permitir que alguien como Emilio Lozoya Austin, resbale responsabilidades manchando mi nombre”, remató Penchyna indicando que estará a disposición de la autoridad para aclarar lo que considere necesario.