Ana Paula Ordorica
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LUIS RUBIO

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El problema de fondo

LUIS RUBIO

REFORMA

México es una contradicción andante. Se han implementado ambiciosísimas reformas y, sin embargo, los resultados, al menos en promedio, no son encomiables. El problema es el promedio: el país vive contrastes extremos entre un sur pobre que apenas se mantiene vivo y un norte que crece a tasas casi asiáticas. Hay regiones enteras que se han transformado, hay una industria híper moderna que compite con las mejores del mundo, hay ejemplos de virtud en el desempeño de las funciones de gobiernos locales y, por supuesto, empresas mexicanas que son exitosas dentro y fuera del país. ¿Cómo es posible que convivan estos extremos?

Hay partes del país que funcionan como en el primer mundo y hay fuerzas -tradiciones, intereses y grupos poderosos, tanto económicos como políticos y sindicales- que han logrado atorar cambios y reformas para preservar el statu quo. En la práctica, esto implica que, mientras una parte de la población -y del país en general- prospera, hay otra que experimenta un deterioro continuo en los niveles de vida. En otras palabras, son dos verdades indisputables y realidades contrastantes con las que los mexicanos convivimos todos los días.

Si uno observa el crecimiento del PIB per cápita, las exportaciones, el empleo formal o el acceso a Internet, por citar indicadores obvios, el país ha avanzado de manera definitiva. Por otra parte, los rezagos son igualmente evidentes, como se puede apreciar en las tasas contrastantes de crecimiento entre Oaxaca y Aguascalientes, los dos casos más extremos. Las disparidades en la economía mexicana son pasmosas tanto en términos de desempeño como de actitud, ambos producto de una realidad que no es coherente ni consistente.

Tanto la disfuncionalidad política como la transformación económica son reales; de hecho son dos caras de una misma moneda: la combinación de sobreconcentración del poder con gobierno disfuncional (donde lo primero explica a lo segundo) lleva a la parálisis porque impide la institucionalización del poder. Las leyes y reglas del juego cambian de acuerdo a las preferencias de quien se encuentra en el gobierno, lo que se convierte en la fuente de disfuncionalidad y causa de la ausencia de instituciones capaces de ejercer funciones autónomas y de contrapeso. Estos fenómenos son históricos y el sistema emanado de la Revolución los agudizó.

Por otra parte, el crecimiento del país en términos tanto económicos como demográficos generó una dislocación del sistema político tradicional porque los viejos mecanismos de control dejaron de ser funcionales. Lo paradójico es que la respuesta que han dado sucesivos gobiernos a la pérdida de capacidad de gobernar y la consecuente desaparición de la legitimidad del Estado no ha consistido en el reforzamiento o reconstrucción de las capacidades del propio gobierno o, incluso, la redefinición de sus funciones, sino en la adopción de parches, componendas y soluciones temporales.

El punto de todo esto es que el problema del país no es económico sino político. Si uno ve las cifras agregadas de crecimiento, la economía ha experimentado un desempeño patético (de 2% anual en promedio); sin embargo, si uno ve región por región, hay partes del país que experimentan una transformación inconcebible. La pregunta relevante es: ¿por qué no crece a la misma velocidad el sur del país? La realidad es que las reformas emprendidas desde los ochenta hasta la actualidad han sido transformadoras donde ha habido liderazgo (político o empresarial); por otro lado, donde las estructuras político-sociales se han enquistado y privilegian a grupos retardatarios como sindicatos, burócratas y empresarios tradicionales, el crecimiento ha sido muy bajo o nulo.

El asunto acaba siendo político, no económico. La economía del país va bien y podría ir mucho mejor de llevarse a cabo profundas reformas políticas. En este sentido, la propuesta de AMLO de echar para atrás las reformas económicas no haría sino empobrecer al país. Si lo que quiere es resolver los entuertos que nos caracterizan, debería estar proponiendo una reforma política de avanzada que tenga por ejes medulares la institucionalización del poder, la construcción de pesos y contrapesos y la apertura del sistema político a la participación abierta y activa de la ciudadanía. No lo hace porque su visión es la de concentrar el poder. Es decir, no reconoce que el país ha avanzado en lo económico y su problema es justamente la parálisis y disfuncionalidad política.

México ha sido un caso peculiar de transformación parcial e incompleta. Muchas naciones han procurado reformas, pero pocas han sido tan parciales en su proceso de reforma como nosotros. Chile, España, Corea y otras naciones paradigmáticas asumieron la modernización como un proceso integral; aunque evidentemente han encontrado problemas y crisis en el camino, su instinto ha sido el de reformar más para poder avanzar. En México, las reformas económicas se emprendieron para no reformar la estructura del poder y ese es el problema que yace en el corazón de nuestro “mal humor social”. Anular las reformas destruiría lo que sí funciona.

La solución está ahí: en una reforma integral, no en la recreación del desarrollo estabilizador.

@lrubiof

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El nuevo dilema

Por Luis Rubio

@lrubiof

Periódico Reforma

 

El gobierno actual es prueba fehaciente de que la problemática que enfrenta el país no depende de la voluntad del presidente. Cuando el gobierno actual se aprestaba a tomar posesión, su principal consideración residía en cómo reconstruir la capacidad de acción del Estado. Era evidente que la capacidad de gobernar se había venido deteriorando y que ningún país puede prosperar con un gobierno enclenque, incompetente y paralizado, además de abrumado por factores fuera de su control. La propuesta de un “gobierno eficaz” resumía su visión de manera nítida, pero también sus limitaciones: implicaba la idea de que se puede recuperar lo perdido, o sea, que la nostalgia lo remitía a lo que había funcionado décadas antes.

En esto, el gobierno de EPN no es excepcional. Los mismos argumentos que se esgrimieron en la campaña de 2012 se pueden escuchar ahora por el lado de Morena: antes las cosas funcionaban, hoy todo es un desastre. ¿Estarán bien estos dos priistas, uno de cepa y otro de historia? La realidad es que hay muchas cosas que funcionan bien en el país y que justifican a plenitud las reformas y transformaciones que se han experimentado a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Por supuesto, hay partes del país que siguen rezagadas y persisten innumerables problemas, desequilibrios y obstáculos, pero cualquier observación objetiva revelaría lo obvio: el reto hacia adelante es enorme, pero el potencial, y el punto de partida, son excepcionales.

En 1968, el iconoclasta Samuel Huntington hizo olas cuando afirmó que “la diferencia más importante entre las naciones se refiere no a su forma de gobierno sino a su capacidad de gobierno”. Esa afirmación, publicada en el momento más álgido de la guerra fría, continuaba con otras herejías, como que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían más en común que cualquiera de ellas con naciones de África o América Latina. El punto del autor era que, más allá de ideologías y formas de gobierno, algunas naciones tenían capacidad de gobernarse y otras no.

¿Dónde está México en esa dimensión? Cuando el hoy presidente Peña proponía un gobierno eficaz o cuando Andrés Manuel López Obrador promete un gobierno capaz de sacar al país de su bache, hablan de un sistema de gobierno que existió hace medio siglo y que era capaz de implementar las decisiones que se tomaban en la cúpula. Es decir, ambos personajes públicos conciben la función de gobernar como capacidad de imponer sus decisiones. Hablan de un gobierno competente e institucionalizado e idealizan al viejo sistema priista, pero en realidad se refieren a un sistema autoritario donde sus dos piezas clave -la presidencia y el partido- se complementaban para mantener un férreo, pero legítimo, control sobre la población, lo que hacía fácil gobernar. Como han demostrado los pasados cinco años, ese sistema ya no existe y, más importante, no puede ser recreado.

La bandera partidista o ideológica es lo de menos: la pretensión de que se puede retornar a ese mundo idílico es simplemente absurda. El reto que México enfrenta es el de crear un nuevo sistema político, apropiado a las circunstancias del siglo XXI. Porfirio Díaz afirmó que “gobernar a los mexicanos es como arriar guajolotes a caballo”; el PRI pensó que los controles autoritarios habían resuelto esa complejidad, pero hoy es evidente que el problema no es de personas sino de estructuras e instituciones.

Independientemente de que siga o se termine el TLC, el gran déficit del país es su incapacidad para gobernarse. El TLC hizo posible pretender que, con las garantías efectivas a la inversión y con la confianza que provee ese instrumento, se podía evitar tener que reformar al sistema de gobierno. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: ante el riesgo de perder el TLC y frente a una elección en la que nadie está enfocado en el problema real que enfrenta el país. En lugar de debatir el problema de gobernanza, nuestro verdadero déficit, vivimos el ruido de una retórica gastada y obsoleta sobre cómo retornar al pasado o cómo proteger lo existente. La verdadera promesa de AMLO, como la de EPN, es un autoritarismo benigno: yo puedo hacerlo porque yo soy fuerte.

Lo que México necesita no son hombres fuertes e iluminados sino instituciones efectivas. Para eso se requiere una disposición de nuestra clase política a enfrentar los problemas estructurales del país que ahora han sido desnudados por Trump al hacer evidente que no tenemos Plan B ni capacidad de articularlo porque no hicimos la tarea en estos años. El TLC fue un medio muy efectivo e inteligente para resolver un problema medular (estabilizar al país y darle certidumbre a la población y a los inversionistas), pero no es suficiente para lograr un desarrollo integral y nos expone, como ahora sabemos, a los avatares de EUA, quien se suponía tenía permanencia estratégica.

El país requiere un nuevo sistema de gobierno, anclado en la ciudadanía y con instituciones y mecanismos efectivos. Hoy tenemos una absurda combinación de instituciones viejas, obsoletas e ilegítimas con demandas interminables de que el gobierno actúe y responda. Tenemos que encontrar la forma de empatar ambas cosas: capacidad de gobierno y legitimidad.

 

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Gobierno vs. elecciones

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

En la Odisea, Ulises retorna a su casa habiendo aprendido a distinguir lo esencial de la vida: separar lo profano de lo sagrado, así como la existencia de límites para el ejercicio del poder. Ulises había destruido el alcázar sagrado de Troya para conseguir alimentos para sus compañeros, un cálculo pragmático que entrañaba la profanación de lo que merecía respeto. La experiencia le enseña a Ulises que tiene que aprender a ser reverente ante lo sagrado, metáfora que emplea Homero para explicar los límites de las cosas, la necesidad de mesura.

El debate político en el país es álgido y en ocasiones violento, pero siempre divertido, sobre todo porque refleja lo que es natural: los intereses, pero también las pasiones. Lo que es peculiar del debate es la personalización de los asuntos: que si Calderón inició una “guerra contra las drogas” o si a López Obrador le robaron la elección de 2006. Como dice Leonardo Curzio, llevamos más de dos décadas de alternancia en una multiplicidad de estados, municipios y la presidencia y, sin embargo, seguimos peleando los asuntos electorales, como si la realidad fuese la de la vieja era del PRI. Las cosas cambian, los actores se mimetizan y la naturaleza de los problemas acaba siendo otra, exigiendo respuestas que tienen que ser distintas.

Nuestro problema es de gobierno -gobernanza- y no de naturaleza electoral. Por supuesto, no tengo duda que se podrían y deberían mejorar los procesos electorales y avanzar hacia un estadio en el que las prácticas violatorias del espíritu de la ley sean erradicadas, a la vez que se logra una legitimidad absoluta del resultado. Sin embargo, el hecho de que no hayamos logrado romper con estos vicios sugiere que el problema que enfrentamos no se encuentra en el ámbito electoral pues es evidente que quienes ahí se juegan la vida son los mismos que establecen las reglas y están dispuestos -de hecho, decididos- a violarlas tan pronto se seca la tinta del Diario Oficial.

México tiene un sistema de gobierno nominalmente federalista pero que de hecho tiene un espíritu centralista. El fenómeno del “jefe máximo”, el caudillo instalado en la silla presidencial se reproduce a nivel estatal y municipal. Antes, con un centralismo asfixiante, el presidente servía de contrapeso frente a los gobernadores, evitando sus peores excesos. Ahora, con un sistema centralista en ruinas pero que permanece ubicuo, nos hemos quedado con todos los vicios del centralismo sin su única potencial virtud, que es la que hoy caracteriza a China: ser capaz de enfocar todos los recursos hacia el desarrollo, le guste a la población o no.

Nuestro federalismo es de papel. No existen estructuras institucionales para hacerlo funcionar, sobre todo a nivel estatal y municipal, donde sobrevive el viejo centralismo asfixiante, pero dedicado casi sin excepción al enriquecimiento del gobernante en turno. Pero son las excepciones las que son reveladoras: independientemente de que se enriquezca el gobernador temporal, hay estados en los que las realidades del poder -o sea, la existencia de contrapesos de facto- hacen mucho más difícil el exceso. Por ejemplo, no es casualidad que haya menos escándalos de corrupción desmedida en estados como Querétaro y Aguascalientes, donde la presencia de enormes inversiones extranjeras se ha tornado en un factor de estabilidad y avance sistemático (en infraestructura, seguridad, etc.) que no existe en estados más diversificados o menos exitosos en atraer esas inversiones. Con esto no quiero sugerir que tienen un mejor sistema de gobierno, solo que existen contrapesos fácticos y éstos cambian la lógica del ejercicio del poder. Es decir, los incentivos del gobernador son muy claros y limitativos.

Así como antes los presidentes “supervisaban” a los gobernadores y, con frecuencia, los removían del cargo, hoy muchos gobernadores hacen lo propio con los presidentes municipales. Los métodos han cambiado en algunos casos, pero el fenómeno es el mismo: la noción del mando único es exactamente eso, la búsqueda de la subordinación con la excusa de la inseguridad. Lo que no ha mejorado -ni cambiado- es la forma de “gobernar”.

El gobierno (y la seguridad) comienza desde abajo. Si queremos lograr un país bien gobernado tendremos que construir un sistema de gobierno municipal que funcione y eso comienza con el impuesto predial, pues así se establece un vínculo de contrapeso entre el ciudadano que paga y el munícipe que gasta. De ahí hacia arriba: justo lo opuesto de lo que hoy existe.

Cuando “explotó” Michoacán al inicio de este sexenio, el gobierno envió al ejército y a la policía federal para estabilizar el lugar, a la vez que envió a un encargado que se dedicó a comprar voluntades sin ton ni son, pero también sin éxito. Hubiera sido mucho mejor aprovechar la presencia de las fuerzas federales para construir capacidad local: policías nuevas, un sistema fiscal, un fuerte contrapeso ciudadano y así sucesivamente. O sea, construir un nuevo sistema de gobierno.

Oportunidades no faltan, pero el diagnóstico correcto sigue estando ausente, probablemente porque eso cambiaría el equilibrio de poder que es, a final de cuentas, nuestro problema de fondo.

@lrubiof

 

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Dos mundos

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

 

El país lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.

 

En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados. Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y, sobre todo, de credibilidad, cada que hay elecciones. En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.

 

No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote. En el ámbito político, las reformas electorales tampoco han cambiado la naturaleza de la interacción partidista, aunque la han hecho mucho más compleja: siguen fluyendo ríos de dinero, los gobiernos salientes y el gobierno federal siguen dedicados a manipular los resultados y los puestos de elección popular siguen siendo fuentes de enriquecimiento, no de buen gobierno. Todas esas reformas han fracasado en producir un sistema eficaz de gobierno, como ilustra la crisis de seguridad.

 

Otra manera de decir esto es que el país sigue viviendo en el pasado aunque le haga caravanas al futuro. Deirdre McCloskey expresó esta idea de una manera por demás explicativa: “la izquierda y la derecha se unen en oposición al futuro: la primera porque no es un futuro planificado y la segunda porque éste no es idéntico al pasado”. El futuro que todo mundo promete acaba siendo una quimera porque nadie tiene ni la menor intención de construirlo.

 

Hoy, día de elecciones, es necesario reflexionar sobre las promesas de candidatos en campaña frente a los rezagos, carencias, problemas y atrasos que persisten y que son producto de un pasado que los creó pero que es incapaz de resolver. ¿Cómo conciliar estas dos realidades, estas dos caras de una misma moneda?

 

Históricamente, el país ha sido un botín -para robar o para construir otro puesto, pero botín al fin- para los partidos y políticos, lo que obliga a preguntar si el ejercicio continuo e imparable de posponer soluciones es sostenible. Es decir, si bien la economía ha crecido a un ritmo de más o menos 2% en las últimas décadas, esa cifra, como todo promedio, esconde más de lo que revela. Algunas entidades y regiones crecen a tasas casi asiáticas en tanto que otras se contraen. El potencial de conflicto social en estas últimas es infinito y, en muchos sentidos, constante. A pesar de ello, gobiernos van y vienen pero los rezagos -y sus consecuencias- persisten.

 

Los mundos del pasado y del futuro no se comunican, pero uno depende del otro y es ahí donde choca la actividad gubernamental. Los problemas del pasado -inseguridad, mala educación, pésima infraestructura, ausencia de autoridad- impiden que se construya el futuro, ese que requiere condiciones idóneas para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Parecería obvio que es necesario lidiar con el pasado para que sea posible construir el futuro, pero esa obviedad no lo es en el terreno de la acción gubernamental porque implica afectar intereses: la inseguridad o la mala educación se pueden resolver, pero la solución implica meter al redil a grupos políticos, sindicatos y, en general, intereses dedicados a depredar del statu quo. Así, el pasado -que sigue siendo presente- impide la construcción del futuro.

 

Un nuevo gobierno tendría que pensar en cómo transitar de un lugar al otro. No es posible proponerse atraer inversión -el Estado de México, por ejemplo, la ha venido expulsando- a menos que se atiendan los problemas de seguridad. La inseguridad, un rezago y resabio del viejo sistema político, sólo puede enfrentarse con un sistema de gobierno distinto, fundamentado en concepciones del siglo XXI, no las que el viejo priismo heredó del porfiriato. Sin seguridad, el futuro es inconcebible. Lo mismo sucede con la educación: la educación concebida para el control y el beneficio sindical es incompatible con la economía del conocimiento y es la principal causa de los malos empleos y bajos salarios. No es casualidad que sus baluartes sindicales sean los principales soportes de la convocatoria más reaccionaria y retardataria en la elección del Edomex de hoy.

 

Con Trump, el agua le llegó al tope al viejo sistema. La pregunta es quién ofrece una mejor alternativa.

 
@lrubiof

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