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Lydia Cacho

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El Primer Tribunal Unitario, con residencia en Quintana Roo, giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario, José Kamel Nacif, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Otro al que también le libraron orden de aprehensión por este caso fue el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Los delitos que se le imputan tanto a Marín como a Nacif Borge son abuso de autoridad y tortura cometidos durante la detención de la periodista hace 14 años.

La detención de Cacho se debió a la supuesta difamación y las calumnias contra el político y el empresario con la publicación de su libro “Los Demonios del Edén” en el que los señala por explotación sexual contra menores de edad.

El tribunal señala que el 26 de noviembre de 2018 se había negado la orden de aprehensión en contra de los implicados, sin embargo, se presentó una apelación con lo que se pudo liberar la orden desde el pasado 11 de abril.

“Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogad@s, de ustedes. Gracias”, dijo Lydia Cacho a través de twitter.

Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera una resolución el pasado 31 de julio, respecto de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por la detención arbitraria a la que fue sometida en 2005.

El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”. Añadió que en esta nueva etapa en la vida del país, el poder político y el poder público no estarán subordinados al poder económico.

Sánchez Cordero ofreció la protección del gobierno federal a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López (AMLO) insistió en que desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación «defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada».

Por su parte el subsecretario Alejandro Encinas fue el encargo de pronunciar el mensaje central, al decir que “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

La periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, aseguró que cada gobierno se convierte en garante de la legalidad, lo que significa que asume responsabilidad. Confió en que el nuevo gobierno logre dar paso a un verdadero Estado de Derecho.