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Lydia Cacho

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La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel “en ser detenido y procesado por violaciones” derechos humanos y “en menoscabo de la libertad de expresión”.

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

“Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México”, declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.

De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político “solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada”.

Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.

Además, la organización señaló que el exgobernador “se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica”.

Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.

El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.

“Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva”, apuntó Maldonado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió “un proceso justo” para el exgobernador.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.

Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro “Los demonios del Edén”, Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un “coscorrón” a Cacho.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido este miércoles en Acapulco, Guerrero, acusado de haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005, luego de que revelara una red de pornografía y prostitución infantil en la que presuntamente estuvo involucrado.

“El gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor”, confirmó desde su cuenta de Twitter el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

La acusación es por el delito de tortura hacia la periodista y activista Lydia Cacho; se informó que el exgobernador ha sido trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde es requerido por las autoridades.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.

El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén”, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.

Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.

En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.

A comienzos de 2019, el gobierno federal, ya con López Obrador al frente, pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

Foto: Twitter

El Primer Tribunal Unitario, con residencia en Quintana Roo, giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario, José Kamel Nacif, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Otro al que también le libraron orden de aprehensión por este caso fue el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Los delitos que se le imputan tanto a Marín como a Nacif Borge son abuso de autoridad y tortura cometidos durante la detención de la periodista hace 14 años.

La detención de Cacho se debió a la supuesta difamación y las calumnias contra el político y el empresario con la publicación de su libro “Los Demonios del Edén” en el que los señala por explotación sexual contra menores de edad.

El tribunal señala que el 26 de noviembre de 2018 se había negado la orden de aprehensión en contra de los implicados, sin embargo, se presentó una apelación con lo que se pudo liberar la orden desde el pasado 11 de abril.

“Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogad@s, de ustedes. Gracias”, dijo Lydia Cacho a través de twitter.

Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera una resolución el pasado 31 de julio, respecto de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por la detención arbitraria a la que fue sometida en 2005.

El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”. Añadió que en esta nueva etapa en la vida del país, el poder político y el poder público no estarán subordinados al poder económico.

Sánchez Cordero ofreció la protección del gobierno federal a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López (AMLO) insistió en que desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación “defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada”.

Por su parte el subsecretario Alejandro Encinas fue el encargo de pronunciar el mensaje central, al decir que “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

La periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, aseguró que cada gobierno se convierte en garante de la legalidad, lo que significa que asume responsabilidad. Confió en que el nuevo gobierno logre dar paso a un verdadero Estado de Derecho.