Seis de cada diez venezolanos están “muy dispuestos” a votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, según una encuesta elaborada por Datanálisis, difundida este viernes.
El 60.9% de los 830 encuestados entre el 16 y el 27 de febrero pasado en Caracas y 9 de los 23 estados del país expresaron su absoluta disposición a participar en los comicios de julio, cuya fecha fue anunciada esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE indicó que la fecha se definió tras evaluar una propuesta hecha por diversos sectores en un proceso encabezado por el Parlamento, que recordemos, es controlado por el chavismo.
El 15.2% de los participantes son simpatizantes del oficialismo y el 35.7% de la oposición, mientras que un 41.1% no se identifica con alguno de estos dos bandos; un 8% “no sabe/no contesta”.
Según la encuestadora, más de la mitad de la población está dispuesta a votar “a pesar del clima político turbulento con respecto a la definición de la candidatura de la oposición unitaria”, que representa actualmente María Corina Machado.
Machado fue elegida como tal en las primarias de octubre pasado pero inhabilitada para competir por cargos públicos de elección popular hasta 2036, algo que ha sido calificado como un intento del Gobierno de Nicolás Maduro de no permitir la participación de la oposición.
Aseguró que, en “el escenario específico mostrado para presidenciales (sin Machado, sustituto nombrado por ella ni candidato opositor unitario específico)”, el comediante Benjamín Rausseo y el periodista Leocenis García “presentan candidaturas fuertes contra la opción” del oficialismo, que si bien apuesta por el presidente Nicolás Maduro, comenzó consultas con sus bases para escoger al aspirante.
Machado descartó este jueves la posibilidad de elegir a alguien que la sustituya como candidata para las elecciones, en las que no podrá competir debido a la inhabilitación política, que considera inconstitucional.
Según el calendario establecido, las organizaciones políticas deberán presentar a sus candidatos entre el 21 y el 25 de marzo, lo que da a la oposición apenas dos semanas para decidir cómo proceder en este caso.
