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El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, expresó este miércoles que hay temas de inseguridad que deben atenderse rumbo a los comicios del 2 de junio, aunque dijo que no puede asegurarse que habrá una “narco-elección”, como lo asegurara el Tribunal Electoral.

“Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narco-elección”, dijo Castillo en una conferencia de prensa cuestionado por las declaraciones del magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral, quien señaló el peligro de que el crimen organizado intervenga en el proceso.

“Inseguridad hay en todo el país, sin duda alguna, hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo personalmente no tengo datos para afirmar que existe una ‘narco-elección’, hay temas de inseguridad que hay que atender, sin duda alguna”, añadió el consejero electoral.

A inicios de semana, el magistrado Felipe de la Mata expresó que tenía temor de pensar en elecciones dominadas por el narcotráfico.

“Lo que me da miedo es pensar que puede haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco, eso sí me da miedo, se los digo muy en serio, no está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos”, advirtió De la Mata en una conferencia.

La polémica tomó fuerza luego de la investigación de ProPublica, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a la campaña electoral del ahora presidente López Obrador en 2006.

El presidente calificó este miércoles como una “calumnia” el artículo y pidió que la DEA aclare si tiene pruebas de dichos señalamientos.

Por si parte la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, llamó a López Obrador a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió, pues dijo, “es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano”.

Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.

En cuanto al tema de la inseguridad, el consejero del INE precisó que en el organismo autónomo están preocupados por el crimen, que podría incidir en las elecciones del 2 de junio, las más grandes en la historia del país.

“Estamos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad, pero no podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y el hecho de que el INE se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección”, consideró.

La crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parece no llegar a su fin. La noche de ayer, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón confirmó  su renuncia a la presidencia del Tribunal, ante las presiones de sus compañeros de Pleno.

A través de un comunicado, y luego de que retomara las pláticas con los otros magistrados, informó que el próximo 31 de diciembre será su último día al frente del Tribunal.

“Ha sido una gran responsabilidad estar al frente de esta institución, y por ello es mi deber poner fin a la incertidumbre sobre mi permanencia en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. He decidido presentar mi renuncia como presidente del Tribunal y mi último día en ese cargo será el 31 de diciembre de 2023”, dijo Rodríguez Mondragón.

El aún magistrado presidente dijo que tomó la decisión de manera consciente y reflexiva, privilegiando su compromiso con la institución y con estabilidad política que demanda el actual proceso electoral electoral.

Al recordar que fue electo como presidente del Tribunal el 2 de septiembre de 2021 por unanimidad de las siete magistraturas que integraban el pleno de la Sala Superior, reconoció que presidir la toma de decisiones ha sido una tarea compleja que exigió construir con censos y conciliar los disensos, mismos que señaló, hoy ya no es posible.

“Las tensiones son naturales. Sin embargo es mi obligación procurar el funcionamiento organizacional y superar cualquier obstáculo de la gobernabilidad institucional. México merece tribunal electoral que continúe fuerte para cumplir con su misión de brindar, certeza e impartir justicia imparcial e independiente. Para ello debe mantenerse alejado del ruido de la especulación”, agregó.

Aprovechó para indicar que la rendición de cuentas durante su gestión al frente del Tribunal ha sido transparente y conforme derecho, por lo que toda la administración de dicho periodo puede ser revisada y auditada en cualquier momento.

La crisis en el Tribunal Electoral ha venido escalando en los últimos días ante las presiones de tres magistrados, los cuales representaban mayoría en el Pleno y quienes señalaron que había una pérdida de confianza en Reyes Rodríguez para seguir conduciendo el Tribunal.

Los magistrados que solicitaron la renuncia fueron Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto. Reyes Rodríguez solo contaba con el respaldo de la magistrada Janine Otálora, lo cual no le fue suficiente para mantenerse en el cargo.

Y aunque el relevo no será de manera inmediata, todo indica que será la magistrada Mónica Soto quien lo sustituya en el cargo, esto a pesar de que en un inicio descartó tener interés en dicha posición. Indicó que su interés de un cambio de presidencia no era más que para fortalecer al Tribunal ante la pérdida de confianza en Reyes Rodríguez.

La magistrada también rechazó algún tipo de negociación con Morena, esto luego de que fuera captada con Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien el pasado miércoles fue elegido por cuatro de sus compañeros para presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que José Luis Vargas fuera removido de su puesto, anunció esta tarde que declinará a la presidencia del organismo, con el fin de contribuir a la la reconciliación y la concordia interna.

“Voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida. Ello forma parte sustantiva de nuestra independencia judicial. Ello espero, deseo, que sirva para fortalecer a esta”, dijo el magistrado en una carta pública.

Indicó que a pesar de que agradeció la distinción, y coincidió en la necesidad de fortalecer la independencia judicial, enfatizando la importancia de la colegialidad del Tribunal, la decisión de designarlo como presidente fue tomada en ausencia de dos magistraturas que integran el pleno del Tribunal, en referencia al magistrado Vargas Valdez y a la magistrada Mónica Soto.

Señaló que un órgano jurisdiccional colegiado debe cuidar siempre que en sus decisión participen todos sus integrantes, por lo que era indispensable una elección de un nuevo presidente o presidenta del Tribunal Electoral.

Aseguró que la presidencia del TEPJF tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal, y de un proceso que incluya las voces de todas las y los magistrados que integran el pleno.

“La crisis en la sala superior del TEPJF es el resultado de una cadena de acontecimientos que han puesto a prueba la independencia e imparcialidad de este tribunal. Cuando en el debate entre jueces y juezas existe la menor sospecha de que existen injerencias de intereses externos, ese diálogo entre juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se vuelve casi imposible”, resaltó Reyes Rodríguez.

Hizo un llamado a sus compañeros para que trabajen de la mano por fortalecer el organismo; dijo que es la hora de reconciliarse a través del derecho y la impartición de justicia.

Invitó a abrir un debate para que el TEPJF pueda contar con un mejor andamiaje regulatorio para su toma de decisiones, pues dijo, parte de los conflictos internos que hoy tiene el Tribunal están asociados a la falta de reglas claras en la administración y toma de decisiones.

Así, propuso la creación de una comisión de reconstrucción institucional que tenga como objetivo una revisión de los procesos y, la emisión de reglas claras, respecto del gobierno interno del Tribunal, que fortalezca las reglas de colegialidad y que contribuya a fortalecer la independencia judicial, alineando los objetivos a la reciente reforma judicial.

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

“Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”, sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

“Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes”, remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, que se circuló a inicios de esta semana entre sus compañeros de forma física y no electrónica para evitar que el documento se filtrara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfilaba confirmarla negativa de otorgar la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, a Félix Salgado Macedonio.

El proyecto señalaba que el candidato de Morena había omitido entregar sus informes de gastos durante la etapa de precampañas, razón por la que el INE lo había sancionado, en dos ocasiones, con el retiro de la candidatura.

Las sesiones, tanto privada como pública en las que se definiría, entre otros temas, lo relacionado con Salgado Macedonio, se reprogramó de último momento por decisión del Presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, quien a través de un correo electrónico avisó a sus compañeros de Sala la noche del miércoles.

Ante la situación, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior acusaron a Vargas Valdez, de haber tomado la decisión de aplazar dichas sesiones de forma «unilateral».

El ‘respiro’ de tiempo que Vargas Valdez dio al morenista, sirvió para que éste solicitara al Tribunal Electoral derecho de audiencia de alegatos, en la que busca dar a conocer sus razonamientos jurídicos para que se le permita participar en la elección del próximo 6 de junio.

“He solicitado respetuosamente al @TEPJF_informa me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora”, escribió el guerrerense.

Las sesiones, en las que se prevé abordar lo relacionado a la candidatura de Salgado Macedonio, Raúl Morón en Michoacán, y la asignación de diputaciones de representación proporcional, se estaría retomando el próximo martes 27 de abril, lo cual daría tiempo para que la solicitud del morenista sea atendida.

El hecho de haber reprogramado las sesiones para abordar el asunto, señalaron expertos, daría pie a que se ejerciera presión al interior del Tribunal, y el proyecto del magistrado Indalfer Infante pudiera sufrir modificaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está considerando a cuatro o cinco juristas para reemplazar a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte y que anunciará a su nominado el próximo viernes o el sábado.

Trump siguió adelante con sus planes para realizar su tercera nominación para la Suprema Corte que consolidaría una mayoría conservadora de 6-3, mientras crece la duda entre republicanos sobre si respaldarán una decisión así semanas antes de una elección.

El mandatario republicano indicó en entrevista con Fox News que quería esperar por respeto a Ginsburg, una magistrada liberal que murió el viernes a los 87 años.

“Deberíamos esperar hasta que hayan concluido los servicios por la jueza Ginsburg”, afirmó.

La muerte de un icono liberal como Ginsburg agitó la campaña, ofreciendo a Trump y su partido la oportunidad de fortalecer su influencia sobre el tribunal, cuyas decisiones influyen en la mayoría de las esferas de la vida estadounidense, desde la salud hasta los derechos sobre las armas y el acceso al voto.

Trump dijo que la votación sobre su candidato a la Suprema Corte debería celebrarse antes de la elección del 3 de noviembre.

“Ganamos la elección y tenemos derecho hacerlo, así que tenemos mucho tiempo, bastante tiempo”, dijo Trump a Fox. “La votación final debería celebrarse antes de la elección. Tenemos mucho tiempo para eso”.

Al respecto, el candidato del Partido Demócrata a La Casa Blanca, Joe Biden, ha instado a los senadores republicanos a “seguir su conciencia” y aplazar hasta después de las elecciones de noviembre el debate sobre la vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg.

Biden se ha dirigido durante un mitin en Filadelfia al “puñado” de senadores republicanos que, en la práctica, “decidirán” si finalmente hay un sustituto para Ginsburg antes de que pueda saberse quién será presidente de Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

“No voten para confirmar a nadie nominado en las circunstancias que  Trump y (Mitch) McConnell han creado”, ha dicho, en alusión al líder de  la mayoría en la Cámara Alta. “Dejen que el pueblo hable”, añadió, apelando a los senadores que, según sus propias palabras,  “saben lo que conviene al país”.

En este sentido, Biden ha reivindicado su derecho a proponer el nombre del nuevo magistrado si es él quien se impone en los comicios del 3 de noviembre.

La senadora republicana Lisa Murkowski anunció este domingo que se opone a que se cubra la vacante antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, con lo que son ya dos las legisladoras conservadoras que lo rechazan.

“Durante semanas he afirmado que no apoyaría ocupar una potencial vacante en la Suprema Corte tan cerca de las elecciones. Lamentablemente lo que entonces era hipotético ahora es nuestra realidad, pero mi postura no ha cambiado”, dijo Murkowski, que representa al estado de Alaska, en un comunicado.

“No respaldé aceptar una nominación (de un juez) ocho meses antes de las elecciones de 2016 para cubrir la vacante que dejó el juez (Antonin) Scalia. Ahora estamos incluso más cerca de las elecciones de 2020, a menos de dos meses, y creo que deben aplicarse los mismos estándares”.

De esta manera Murkowski se une a la senadora republicana por Maine Susan Collins en su oposición a que Ginsburg sea reemplazada en la Corte antes de los comicios.

Collins consideró el sábado que “la decisión de un nombramiento vitalicio para el Tribunal Supremo debería ser hecha por el presidente que sea elegido el 3 de noviembre”.

Recordemos que Ginsburg falleció el pasado viernes a los 87 años; con ella, la corte tenía cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, con lo que si Trump logra la confirmación de su nominado apuntalaría aún más el predominio conservador, que podría durar décadas y adoptar decisiones de suma importancia en asuntos como el aborto o la inmigración, fundamentales para su base de votantes.

Los jueces de ese tribunal son designados por el presidente y confirmados en el Senado.

Los republicanos son mayoría en la Cámara Alta con 53 de los 100 escaños, y necesitarían 51 votos para confirmar al nominado por Trump para la Suprema Corte, con lo que solo pueden perder tres respaldos antes de que el presidente de la Cámara, el vicepresidente del país Mike Pence, pudiera emitir un voto de desempate.

Si aparte de Collins y de Murkowski, otros dos senadores republicanos se oponen a celebrar la confirmación del nominado por Trump antes de las elecciones, los demócratas tendrían entonces apoyo suficiente para evitar que se produjera la nominación.

Foto: Twitter @Politico

El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata ha presentado y compartido con sus colegas de la Sala Superior del Tribunal, un proyecto de sentencia mediante el cual busca darle una segunda oportunidad al Partido Encuentro Social (PES) para conservar su registro como partido político nacional.

En el proyecto del cual reporta el diario Reforma, el Magistrados propone que el PES mantenga su registro como partido político nacional, ya que si bien no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de julio pasado, sí habría alcanzado dicho porcentaje en su representación en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 diputados federales y 8 senadores, lo que en el primer caso representa 11.2 por ciento del total de diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de senadores”, explica De la Mata en su texto.

Argumenta que, considerando dicha información, es “lógico” que si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputados, el PES conserve también su registro como partido.

La propuesta incluye la revocación del acuerdo del Consejo General del INE, mediante el cual se declaró la pérdida de registro del PES el 12 de septiembre.

“El PES, al pasar el tamiz constitucional y al mantener su registro como partido político nacional, tiene derecho a la asignación de todas las prerrogativas constitucionales y legales que le corresponden, así como las de administración directa de sus bienes”, añade el proyecto filtrado por el diario.

 

Luego de la renuncia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión privada los magistrados que integran la Sala Superior eligieron por unanimidad al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente de dicho órgano.

Al asumir el cargo, el magistrado presidente Fuentes Barrera señaló que la justicia electoral resuelve todos los días asuntos importantes para la democracia; y para la protección de sus derechos político-electorales. Por ello, dijo “el Tribunal debe seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones y así fortalecer el Estado de Derecho”.

Fuentes Barrera señaló que su gestión se regirá por ejes fundamentales tales como: hacer valer los principios constitucionales como órgano jurisdiccional de última instancia para que sigan existiendo elecciones libres, auténticas y confiables, que doten de certeza al pueblo de México; construir una doctrina judicial que dote de previsibilidad y estabilidad de criterios para dotar de certeza a todas y todos los justiciables que acuden al Tribunal Electoral; anteponer los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía; y finalmente conseguir eficiencia y racionalización en el uso de recursos públicos.

El nuevo magistrado presidente reconoció el trabajo de Otálora Malassis, y agradeció la confianza depositada en él para coordinar los esfuerzos del Tribunal; se comprometió a velar en todo momento por la unidad institucional. Pidió a magistrados y funcionarios del TEPJF su compromiso de trabajar con autonomía e independencia.

 

Luis María Aguilar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas iniciar una indagatoria contra el magistrado Adolfo Serrano Ruiz, quien en redes sociales es identificado como #LordMinistro.

Y es que, el magistrado de un Tribunal en Veracruz fue exhibido en fotografías mostrando su colección de relojes de alta gama, automóviles de lujo y su afición por los habanos.

En relación a estas publicaciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió la indagatoria que permita esclarecer la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial.

De acuerdo con las autoridades, esta indagatoria no prejuzga la situación del magistrado, pero advirtieron que de encontrar anomalías en sus ingresos, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes que, en un extremo, podrían derivar en su destitución.

El caso salió a la luz, luego de que usuarios de redes sociales criticaron al magistrado por presumir sus excesivos lujos, tras lo cual, Serrano eliminó sus cuentas de Instagram y Twitter, en las que se identificaba como @the_cigar_magistrate y @Dadyserrano, respectivamente.

Usuarios en redes sociales expresaron su indignación y criticaron la forma de presumir la vida de lujos que se da Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en Veracruz.

A través de Instagram y Twitter, el magistrado ha publicado numerosas fotografías en donde se le ve fumando habanos, conduciendo autos de lujo y en las que presumía una colección de relojes Rolex. En medio de la controversia generada por la oposición de jueces y magistrados a la Ley de Remuneraciones, los internautas bautizaron a Serrano como #LordMinistro.

La Ley de Remuneraciones estipula que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, que se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2017, un ministro de la Corte recibe 6 millones 938 mil 234 pesos anuales brutos (es decir, antes de impuestos y otras deducciones).

Luego de que usuarios de Twitter criticaron al funcionario, éste eliminó sus cuentas de Instagram y Twitter, en las que se identificaba como @the_cigar_magistrate y @Dadyserrano, respectivamente.

El magistrado Francisco Arcovedo Montero tiene a 14 familires trabajando en juzgados y tribunales en Campeche, lo que lo tiene bajo la mira del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Y es que, de acuerdo con una investigación que se le sigue, de la cual da cuenta el diario Reforma, el titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito colocó a tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos, un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres.

El rotativo señala que si bien son 14 los cercanos al magistrado, el CJF ha resuelto que sólo por dos de estas contrataciones se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad y, eventualmente, sancionar a Arcovedo Montero.

Según los datos, fue el 31 de octubre, cuando el Pleno del CJF dio entrada al procedimiento contra el magistrado, así como contra los jueces de Distrito Adrián Novelo Pérez y Miriam Cámara Patrón, adscritos en Campeche y Yucatán.

Una balacera, ocurrida este viernes en Coyoacán, dejó como saldo dos muertos: la esposa de un magistrado y el agresor.

Los hechos ocurrieron en la calle Mirador y Hacienda Vista Hermosa, colonia El Mirador, en la delegación Coyoacán.

De acuerdo con Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, la balacera se originó por un conflicto vecinal.

“El señor que dispara mata a la esposa de un magistrado y hiere al magistrado y cuando la policía está en negociación con él, el tirador se suicida. El magistrado se encuentra herido con tres impactos, dos en el pecho y uno en el brazo. Parece ser que es un conflicto vecinal de hace tiempo que no tiene nada que ver con el robo”, dijo el funcionario.

Collins señaló que se encontraron dos armas y que la Procuraduría capitalina será quien intervenga en el caso.

El magistrado fue trasladado a un hospital y sus dos hijos, quienes presenciaron los hechos, fueron resguardados por los elementos de la policía.

Desde muy temprana hora, los vecinos de la colonia El Mirador reportaron que se escucharon al menos 20 detonaciones y gritos.

José Luis Vargas

Excélsior

 

 

Las críticas que importan son de las personas que uno respeta por su nivel intelectual, honestidad y sensatez. Esa es precisamente la razón que me lleva a responder a los recientes artículos de José Woldenberg, Vergüenza (12/4/18) y de Jesús Silva–Herzog Márquez, El abono (16/04/18), ambos publicados en Reforma.

Ambos analistas incurren en el mismo error: condenar a una persona a partir de la animadversión que permea en el ambiente con respecto a ella. Y es que la manera en la que Silva-Herzog se expresa en su texto del candidato Rodríguez Calderón refleja un prejuicio en el que el autor ya lo declaró culpable, sin importarle que hasta el momento no existe sentencia o investigación ministerial concluida que constate tales ilícitos. Esto a través de calificativos como los de la primera oración de su segundo párrafo: “El Tribunal Electoral ha convertido a un forajido en candidato presidencial”, o cuando afirma que “El gobernador con licencia empleó los recursos de su estado para engañar al Instituto Nacional Electoral”.

Hoy es muy fácil caer en la constante tentación de generar juicios paralelos o mediáticos a partir de la simple creencia de uno o múltiples ciudadanos de que el otro es culpable, y que ello se replique como un virus, hasta llevarlo a la condena.

Así de tajante es la conclusión del politólogo cuando nos dice en su artículo que su convicción de la culpabilidad de el Bronco entorno a presuntas firmas irregulares es porque el periódico Reforma así lo dijo hace unos días: “Reformahacía hace unos días el recuento de sus trampas”.

 ¿De verdad creemos que a la sociedad le conviene un aparato de justicia que se deje guiar por los mismos criterios inquisitivos?

Otro de los argumentos en el que coinciden ambos articulistas de este diario, es al exponer lo que a su juicio es la obligación del TEPJF: ofrecer certeza y tutelar la aplicación de la ley y la Constitución. En este apartado preciso no podría estar más de acuerdo, si no fuese porque ambos se refieren al cumplimiento de esos principios desde una perspectiva abstracta y subjetiva de lo que consideran son los “buenos” valores que deberían prevalecer en una decisión judicial. La defensa de la Constitución y de los DDHH no se limita a reponer procedimientos, sino a favorecer la protección más amplia de las personas, por lo que su alcance es el de reparar integralmente las violaciones.

Es decir, olvidan que el caso concreto al que se refieren tiene una parte demandante; Rodríguez Calderón-, quien acude a la justicia a hacer valer sus derechos y probar afectaciones concretas imputables a la autoridad electoral, quien originalmente negó su derecho a estar en la boleta.

Precisamente, la actuación de un tribunal apegado a los principios del Estado de derecho exige analizar si la actuación del Estado fue proporcional y apegada al marco legal respecto de quien acude alegando un derecho violado. En el caso concreto, el Bronco alegó y probó que durante el proceso de verificación de las casi dos millones 200 mil firmas que presentó, al menos un millón 200 mil habían sido validadas por el INE. Dentro de esa primera etapa, Rodríguez Calderón acudió a 12 audiencias en las que demostró que decenas de miles de firmas que el INE había declarado erróneamente inválidas, cumplían en realidad con los requisitos legales. En esas audiencias no se revisó la totalidad de los apoyos invalidados por la autoridad administrativa; faltando del total de apoyos, más de 400 mil de ser revisados por el aspirante.

En la última fase de verificación (revisión cualitativa), el INE le comunicó que, del millón 200 mil apoyos previamente revisados y validados a 387 mil 897 se le habían encontrado “inconsistencias” de última hora. Sin explicar en qué consistía cada una de éstas, el Bronco se dio a la tarea titánica de demostrar que existieron errores y acreditó que más de 14 mil eran en realidad válidas. Es aquí cuando él solicitó que le permitieran revisar los 418 mil 494 respaldos que no fueron cotejados en su presencia.

Hasta este momento, Rodríguez Calderón había recuperado 62 mil 760 firmas erróneamente invalidadas por el INE, lo que representó un margen de error del 8% del total de los apoyos que tras haber sido invalidados, fueron cotejados por él.  Cabe preguntar en quién debería recaer la presunción de inocencia y la protección jurídica, cuando se logró probar un desaseo de 62,760 firmas mal verificadas.

Existen otros ejemplos igualmente alarmantes como el margen de error en la verificación de firmas de la aspirante María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien de las más de 11 mil firmas que el INE le invalidó, logró demostrar que el margen de error de la autoridad administrativa en dicho proceso fue del 70%. Es decir, 7 de cada 10 firmas invalidadas fueron errores imputables al INE.

Además, resulta alarmante que en el marco de la crítica es evidente que las sentencias no han sido leídas, aún cuando son públicas y cualquier persona las puede consultar, ya que el texto de las sentencias permite advertir sus evidentes diferencias.

Cuando ambos analistas refieren que se aplican dos varas distintas a casos idénticos, connotan que no conocen a fondo ninguno de los dos casos respectivos. Ambos juicios tienen en común que el TEPJF consideró que a los dos aspirantes se les violaron sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Esto último, debido que el INE, mediante la aplicación para recabar firmas, dejó a los aspirantes sin capacidad de probar que los apoyos que les invalidaban realmente eran de ellos. En otras palabras, es como si cualquier ciudadano, al realizar un trámite administrativo como la obtención de una licencia para conducir, el pago de impuestos, etcétera, el Estado omitiera entregarle un resguardo de un comprobante que le permita acreditar que realizó ese trámite en tiempo y forma.

En otras palabras, el INE los privó de contar con una prueba que les permitiera confrontar su afirmación y con ello poder recuperar apoyos que en realidad eran válidos, lo que se traduce a que los aspirantes acudían a ciegas sin poder defenderse plenamente. Por ello, el TEPJF consideró que el derecho de audiencia que se les permitió ejercer fue deficiente.

No obstante, lo anterior, la mayoría del Tribunal reconoció que se trataba de circunstancias distintas, ya que el Bronco, al haber solicitado y acudido a revisar los apoyos que le invalidó la autoridad, demostró que el INE actuó con un alto margen de error. Por otra parte, Ríos Piter no acudió y por ende no demostró que la autoridad hubiese desestimado los apoyos que obtuvo en tal proporción como en el caso del regiomontano.

En tal sentido, las pruebas que aportó para ese asunto particular Ríos Piter, no generaban si quiera la presunción de que alcanzaría las más de las 866 mil firmas requeridas, mientras que Rodríguez Calderón sí. Se trata de mera aritmética: un 8% de margen de error del INE, contra 1.9% de firmas por alcanzar y un universo de más de 418 mil firmas que no se le dio oportunidad de revisar, a pesar de haber sido solicitado.

Esa fue la razón por la que una mayoría de magistrados del Pleno de la Sala Superior optó en el caso de Rodríguez Calderón por la inmediata reparación para que ejerciera su derecho a ser votado y apareciera en la boleta, pues de no hacerlo así y haber llegado a comprobar la validación de esas firmas (cuestión qué ocurriría por los números señalados), el hoy candidato hubiera perdido al menos una tercera parte del periodo de  campaña  (30 días), con lo cual la afectación hubiera sido irreparable y se habría vulnerado además el principio de equidad en la contienda.

Contestando precisamente a esos juicios lapidarios en los que Silva-Herzog y Woldenberg cuestionan la solvencia técnica e imparcialidad de la mayoría de la Sala Superior del TEPJF, habría que recordar que uno de los fundamentos del Estado constitucional y democrático radica, precisamente, en los límites y garantías para que la autoridad que representa al Estado no avasalle los derechos de los individuos, debido a la desproporción que existe entre uno y otro. Los jueces actuamos conforme a un expediente concreto, en donde ante cada caso se valoran y ponderan los elementos que conforman el juicio. Cuando existen pruebas o indicios a favor del individuo que generan una duda razonable o plausible, la obligación del juzgador es decantarse por su inocencia.

En ese sentido, la sentencia de la Sala Superior se avocó a verificar si los respaldos ciudadanos presentados por el Bronco eran suficientes para alcanzar la candidatura, y no a castigar aquéllos que no cumplían con los requisitos legales; además de que esas presuntas conductas irregulares son objeto de investigación ante las autoridades competentes.

Finalmente, subrayo que la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales no se mide por la popularidad de sus decisiones, sino por una actuación que constate el respeto irrestricto a los derechos humanos, a un juicio justo y al debido proceso, trátese de quien se trate.

*Magistrado del TEPJF

 

El Magistrado del Primer Tribunal Unitario, Miguel Ángel Aguilar López, resolvió no conceder el beneficio de prisión domiciliaria a la ex lideresa sindical tras indicar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga al estar procesada por el delito de delincuencia organizada.

 

“El mismo constituyente previó que el delito en mención, per se, lleva implícito el riesgo de fuga, luego, los procesados -o sentenciados- por ese ilícito, con independencia de la vulnerabilidad que presenten, serán considerados un riesgo latente de evadir la justicia”, indicó el funcionario.

 

“Luego, existe el riesgo de que la procesada pueda sustraerse a la acción de la justicia para el caso de que se le conceda la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria, no porque sea mayor de 70 años de edad y padezca precario estado de salud, sino por estar sujeta a un proceso por el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, añadió.

 

En su resolutivo, que aún no es definitivo porque la próxima semana deberá ser calificado por la Magistrada Isabel Porras Odriozola, el titular del tribunal considera que por razón de Estado la delincuencia organizada contempla restricciones constitucionales para la libertad personal.

Será la próxima semana cuando la Magistrada Isabel Porras Odriozola calificará la resolución de emitida y en caso de validarlo, la defensa de Gordillo puede inconformarse o presentar un nuevo amparo contra el fallo del magistrado.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO