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Cientos de personas se manifestaron violentamente ayer en Guerrero, llevándose retenidos a 13 elementos de seguridad, en una protesta que, según las autoridades, sería impulsada por grupos criminales.

Este martes, un nuevo grupo de manifestantes llevan a cabo nuevos bloqueos en la Autopista del Sol. De acuerdo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se encuentran cerrados todos los carriles de la autopista a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo.

Transportistas y pobladores de distintos municipios de Guerrero, ligados al grupo delictivo ‘Los Ardillos’, se han venido movilizando desde el pasado fin de semana, donde además de retener al personal estatal y federal, tomaron un camión blindado y causaron destrozos en Chilpancingo, capital del estado.

Fueron poco más de 2,000 personas las que tomaron por un momento las sedes estatales del poder Ejecutivo y Legislativo, además de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una política de “no represión” del Gobierno estatal.

La marcha fue organizada la noche anterior en las comunidades y municipios del conocido circuito Río Azul, que va de Chilpancingo a Quechultenango, en donde se pidió a los habitantes apoyar a “los amigos del pueblo”.

“Si ellos prolongan la privación de la libertad de estas personas (…) entonces ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tendremos que tomar otra estrategia”, dijo Ludwig Reynoso, secretario de Gobierno estatal en conferencia de prensa sobre la retención de los trabajadores estatales y federales.

Los 13 rehenes: cinco policías, cuatro guardias nacionales, tres funcionarios locales y uno federal, eran parte de los 300 elementos desplegados para contener a los manifestantes que marcharon por la carretera federal México-Acapulco.

Según sus organizadores, la protesta reclama al gobierno por el incumplimiento en la construcción de obras viales para tres comunidades, una versión cuestionada por las autoridades por la actitud “agresiva y tumultuaria” de los manifestantes y su rechazo a dialogar.

El violento reclamo ocurre también tras la detención la semana pasada de dos presuntos miembros del grupo criminal ‘Los Ardillos’, una de las bandas que opera en el estado.

Al respecto, el secretario Reynoso informó que en la marcha se detectó la presencia de “familiares” de los detenidos, así como de “gente armada” que disparó contra los vehículos blindados de la policía.

La protesta también es precedida por el asesinato el fin de semana de cinco taxistas en distintos puntos de Chilpancingo y la vecina ciudad de Tixtla, por hombres armados que también incendiaron sus vehículos, según reportes de autoridades y medios locales.

Además, se reportó que en lugares como en el poblado de Petaquillas las personas fueron prácticamente obligadas a acudir a la manifestación, o tendrían que pagar multas de entre los 500 a 2,000 pesos.

Esta mañana, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que se tienen identificados a los presuntos responsables de las movilizaciones de ayer, a quienes acusó, lejos de las demandas que han hecho públicas, buscan la liberación de dos líderes de ‘Los Ardillos’ capturados recientemente.

La funcionaria indicó que se investiga a Gilmar Jaír ‘N’ y a Guillermo ‘N’, identificados en otras manifestaciones en donde también se ha hecho uso de la fuerza y la violencia. “Son mostrados a continuación en este árbol delincuencias y dos personas de las que estaba haciendo la movilización de la región”, señaló.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los pobladores de la región para que no se dejen manipular por los grupos delictivos.

“No se dejen manipular y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes, no, no hay tortura en este Gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones”, apuntó.

Reiteró que el Gobierno no va a caer en “la provocación” y pidió a la gente que comprenda si es que hay bloqueos en las carreteras por estas manifestaciones.

“Como lo mencionó Rosa Icela es dialogar, si traen una demanda justa, claro que se les atiende”, argumentó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes  que la polémica reforma judicial que ha provocado multitudinarias protestas y una contestación sin precedentes en Israel, será detenida.

“Me voy a tomar un tiempo para dialogar”, ha afirmado Netanyahu en un breve mensaje a la nación. El objetivo es “lograr un amplio consenso”.

En concreto, el alto al trámite se refiere a la tercera y definitiva lectura parlamentaria de la reforma judicial, que quedarán detenidas hasta la próxima sesión de la Knesset o Parlamento israelí, prevista para dentro de varias semanas.

El dirigente israelí ha subrayado que su gobierno “jamás aceptará una guerra civil” derivada de la crisis política actual y advirtió que esta situación supone “una amenaza real para la unidad nacional”.

Previo al anuncio, decenas de manifestantes se concentraron este lunes ante la sede del Tribunal Supremo, en Jerusalén, para expresar su respaldo a la reforma, según reportó el diario israelí ‘The Jerusalem Post’.

La protesta en apoyo a la reforma, se da mientras más de 100,000 manifestantes protestaron frente a la sede de la Knesset o Parlamento israelí tras la fulminante destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien había pedido el sábado detener el trámite de la polémica reforma que ya ha provocado una profunda crisis política en el país.

El proyecto de ley que fue promovido por el gobierno de Netanyahu, y busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

Sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y el carácter democrático del Estado de Israel.

El rechazo al proyecto generó en los tres últimos meses uno de los mayores movimientos populares de protestas de la historia del país.

Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden la reforma, con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.

Estados Unidos, gran aliado de Israel, ha manifestado su preocupación y subrayado la “necesidad urgente de un compromiso”.

El gobierno francés indicó que poco más de un millón de personas salieron a las calles este jueves en distintas ciudades del país, para protestar contra la aprobada reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), indicó que la cifra de inconformes fue de 3.5 millones.

El Ministerio del Interior informó 1.09 millones de personas participaron en la gran jornada de huelga que ha paralizado el sector del transporte, con trenes, aviones y carreteras afectadas, así como la educación o la sanidad, mientras continúan los paros y bloqueos en refinerías y recolectores de basura.

En la capital, París, al menos 880,000 tomaron las calles, una cifra que ha sido rebajada a 119,000 por el Ministerio del Interior durante una jornada en la que cerca de 5,000 policías montaron un operativo de seguridad.

Por el momento, las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en distintos distritos de la capital, han detenido a 80 personas, aunque se espera que la cifra crezca.

Las protestas, que todavía continúan, están siendo especialmente tensas en la Plaza de la Ópera, donde los manifestantes han prendido fuego a un puesto y han lanzado fuegos artificiales. Asimismo, un grupo de personas ha asaltado un banco de BNP Paribas de la zona.

El enfrentamiento entre manifestantes y policías se replicó en otras ciudades francesas, como Nantes, Burdeos, Rennes y Lorient, donde se han producido saqueos a tiendas y daños a ventanas en distintos edificios.

Ante el éxito de la convocatoria, los principales sindicatos franceses han decidido convocar a un décimo día de huelga general para el próximo martes, jornada que estará precedida por mítines sindicales durante este fin de semana.

Poco antes de que empezase la marcha en París, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, ha asegurado en entrevista con la cadena BFMTV, que las recientes palabras del presidente Macron, quien condenó la violencia en las protestas recordando los asaltos a las instituciones de Estados Unidos y Brasil, son una “provocación”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) ha intentado aliviar las tensiones y ha condenado la violencia de las manifestaciones, a la par que ha hecho un llamado a la calma.

En este sentido, se ha mostrado a favor de un proyecto de ley que pide un referéndum de iniciativa compartida (RIP) y que fue presentado a principios de semana en el Consejo Constitucional. Para salir adelante, necesitará el apoyo de 4.87 millones de personas, firmas que tendrán que ser recogidas en un plazo de nueve meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que su Gobierno está trabajando para repatriar a los mexicanos que se encuentran varados en Perú, donde la crisis política ha provocado manifestaciones y disturbios violentos que suman 17 muertos.

“Estamos esperando a que abran los aeropuertos y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo trámites para traer a los mexicanos que están en Perú, desde luego si ellos lo desean”, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El presidente explicó que el Gobierno tiene un plan para irlos a buscar, aunque no dio detalles; señaló que el aeropuerto en el que se encuentran muchos de los turistas mexicanos varados en el país andino se encuentra cerrado.

“Nosotros vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar estamos haciendo trámites para que regresen”, reiteró.

Ayer, en el último informe de la embajada de México en Perú, se informó que al menos 450 mexicanos se encuentran esperando salir del país.

Ayer,  la Fiscalía peruana dictó 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, tomando en cuenta el riesgo de fuga que existe al haber solicitado asilo en México y que el gobierno de nuestro país ha anunciado que concedería.

Recordemos que Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.

Cuestionado sobre las manifestaciones que se viven en Perú, López Obrador insistió en que “debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y no usar la fuerza para reprimir al pueblo”.

Pese a las denuncias que el propio gobierno peruano ha hecho sobre el injerencismo en que está incurriendo, López Obrador criticó a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, por su visita a la presidenta Dina Boluarte para transmitirle el respaldo del país norteamericano.

“Hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad, estaba viendo la visita de su embajadora al Palacio de Gobierno de Perú. Independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas?, lamentó.

También criticó que el gobierno de Boluarte decretara estado de emergencia, pues a su consideración, se trata de un “estado de sitio, con militares y soldados que impiden que se puedan manifestar quienes están inconformes con la detención del presidente electo y la forma en la que actuó el Congreso”.

Activistas iraníes han llamado a protestar los siguientes tres días, después de que ayer la Fiscalía de Irán realizara un confuso anuncio del supuesto desmantelamiento de la Policía de la Moral.

“La unidad es uno de los factores para la victoria”, afirmó el colectivo Jóvenes de los barrios de Teherán en redes sociales en su llamado a movilizaciones de los próximos tres días.

Este grupo de activistas y otros similares convocaron a los iraníes a hacer huelga laboral este lunes, a manifestarse en los barrios el martes y ha reunirse en la céntrica plaza Azadi el miércoles.

Irán vive importantes protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2,000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.

Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Ayer, el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, informó que habría sido suprimida la Policía de la Moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por la República Islámica.

Pero horas después del anuncio, medios oficiales afirmaron que se había malinterpretado las palabras de Montazerí y que el cuerpo no había sido suprimido.

La Policía de la moral depende del Ministerio del Interior y el Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que no se han pronunciado acerca del supuesto desmantelamiento del cuerpo formado en 2005 y que ha desaparecido de las calles desde la muerte de Amini.

Montazerí también se refirió a una posible relajación en la normas de vestimenta de las mujeres, algo que estaría estudiando el Parlamento y que se anunciaría en las próximas semanas.

Y es que recordemos que el velo es obligatorio en Irán desde 1983, poco después de la revolución liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979, quien declaró que sin esta prenda las mujeres estaban “desnudas”.

Por ello, activistas opositores y potencias occidentales desestimaron el supuesto anuncio, y advirtieron que las autoridades seguirán aplicando sus estrictas normas sobre la vestimenta de las mujeres.

“Lamentablemente, nada de lo que hemos visto sugiere que los gobernantes de Irán estén mejorando su trato hacia las mujeres y niñas o cesando la violencia que inflige a manifestantes pacíficos”, declaró por su parte un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

La violenta represión de las protestas ha dejado al menos 448 muertos, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Para Omid Memarian, analista de Irán para Democracy for the Arab World Now (DAWN) “la supuesta suspensión” de la Policía de la Moral “no significa nada, pues ya se había vuelto irrelevante debido al nivel masivo de desobediencia civil de las mujeres y al desafío de las normas relacionadas con el hiyab”.

IHR informó también que Irán ejecutó al menos a 504 personas en lo que va de 2022, una cifra mucho más alta que en todo el año pasado, aunque advirtió que se estaba en proceso de confirmar otros casos adicionales de personas que supuestamente habrían sido ahorcadas.

Las cifras de IHR incluyen a cuatro personas ejecutadas el domingo acusadas de pertenecer al servicio de inteligencia israelí, según medios oficiales.

El grupo de defensa de los derechos humanos sostuvo que esas personas fueron ejecutadas en la prisión Rajai Shahr en Karaj, cerca de Teherán, también conocida como Gohardast, tras siete meses de detención.

IHR afirmó que el número de personas ejecutadas en 2022 es el más alto de los últimos cinco años.

Según estos datos, al menos 333 personas fueron ejecutadas en 2021, un aumento de un 25% comparado con las 267 de 2020.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, omitió referirse a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo, donde perdió ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, aunque dijo que “cumplirá” con la Constitución.

En sus primeras declaraciones desde la jornada electoral, Bolsonaro omitió referirse a los resultados, aunque dijo que continuará siguiendo las reglas de la Constitución.

“Siempre me han etiquetado como antidemocrático y, a diferencia de mis detractores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, dijo Bolsonaro acompañado de más de una docena de ministros y aliados, desde la residencia oficial en Brasilia.

El mandatario ultraderechista “autorizó” el inicio del proceso de transición con el equipo de Lula, según añadió por el jefe de gabinete, Ciro Nogueira, pues Bolsonaro prefirió no abordar el tema a profundidad.

El presidente aprovechó su mensaje para hablar de los bloqueos de camioneros que se viven en varias carreteras del país.

“Los movimientos populares son fruto de indignación y sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral”, e indicó que “las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas”, pero reforzó que sus métodos “no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, como la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio” y no permitir “el derecho de ir y venir”.

Recordemos que Bolsonaro, que aspiraba a la reelección, perdió con un 49.1% de los votos, frente al 50.9% que obtuvo Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha que predomina en la Corte.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia “Roe v. Wade” de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido como Estados Unidos es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade “debe ser anulado”. “Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, a los parlamentos locales, escribió.

Sus dichos muestran una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se había filtrado a principios de mayo, y que había provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.

Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes, que este viernes llegaron y han emprendido manifestaciones.

La decisión va en contra de la tendencia internacional de liberalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica sigue siendo fuerte, como Irlanda, Argentina, Colombia e incluso como México, donde en las últimas semanas más estados han legislado por los derechos de las mujeres.

Llega después de 50 años de lucha de la derecha, para la que representa una enorme victoria. También encaja con la política del expresidente Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a tres magistrados conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que apoyan la sentencia.

Los tres magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, “pone en peligran otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales” y “socava la legitimidad de la Corte”.

Al respecto, el presidente Joe Biden condenó el fallo por tomar un “camino extremo y peligroso”.

“Es un día triste para la corte y para el país”, dijo Biden en la Casa Blanca (…) El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses”, agregó.

Facultar a los estados para prohibir el aborto convierte a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas en cuanto a la protección de los derechos reproductivos, añadió el demócrata.

Biden instó al Congreso a aprobar una ley que proteja el derecho al aborto, una propuesta poco probable dadas las divisiones partidistas.

Dijo que su gobierno protegerá el acceso de las mujeres a los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, incluidas las píldoras para la anticoncepción y el aborto con medicamentos, al tiempo que combatirá los esfuerzos para impedir que las mujeres viajen a otros estados para abortar.

Foto: Twitter @Nanisimo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este martes que con la creación y entrada en operación de Gas Bienestar, se busca alcanzar el 51% del mercado de distribución en todo el país.

“El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 % del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento”, explicó el mandatario esta mañana en Palacio Nacional.

“Ya se tiene establecido el mecanismo de Gas Bienestar y lo podemos ampliar, y no hay riesgo de desabasto”, indicó López Obrador al reiterar su denuncia de que cinco “grandes empresas” controlaban el mercado de distribución de gas.

Indicó que ante dicha situación se decidió establecer precios máximos y crear Gas Bienestar, cuya cuota será “al 51% del mercado”.

Aseguró que en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, ya se está logrando que Gas Bienestar tenga este nivel de mercado.

Las declaraciones de AMLO llegan luego de que ayer el gremio gasero protestara con un paro de labores indefinido y bloqueo de calles, ante el aumento de precio del combustible definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los gaseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía (Sener), al sur de la Ciudad de México, donde advirtieron de la huelga de 10,000 empleados, 6,500 unidades distribuidoras y más de 100 estaciones en el Valle de México, con la posibilidad de incorporar más regiones del país.

La protesta ocurre por el incremento por la tarifa de litro de gas licuado de petróleo (LP), lo que reduciría la comisión de los distribuidores, expuso Enrique Medrano, vocero del gremio.

Sin embargo, tras más de dos horas de reunión con autoridades, y al no tener una respuesta positiva ante sus exigencias de que las ganancias por repartir el gas sean de mínimo 30 pesos por pipa, los gaseros decidieron realizar diferentes bloqueos.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a los puntos cerrados por los manifestantes como parte de un operativo para liberar las arterias viales que derivó en conatos de enfrentamiento. 

Luego de esto, la Secretaría de Energía emitió un comunicado sobre la manifestación de gaseros y condenó la violencia y desorden causado en la capital del país por los integrantes de este gremio.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador afirmó este martes que no cree que la problemática “pase a mayores” porque ya se está atendiendo las demandas de los gaseros.

Rusia llamó hoy a Estados Unidos a levantar el bloqueo a Cuba, asegurando que será una medida que serviría para poner fin a las manifestaciones que han sacudido la Isla desde el fin de semana pasado.

“Si en Washington realmente están preocupados por la situación humanitaria en Cuba y quieren ayudar a los cubanos simples, hay que comenzar (…) por derogar el bloqueo, rechazado desde el principio por toda la comunidad internacional”, indicó la diplomacia rusa.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, instó a Washington a asumir posiciones objetivas, poner fin a la hipocresía y las políticas de doble fondo. Exigió permitir a los cubanos, su gobierno y su pueblo solucionar los problemas y decidir su destino.

Zajárova señaló que lo único que deben hacer Estados Unidos y sus seguidores es no inmiscuirse en los asuntos de un Estado soberano.

Y es que miles de cubanos tomaron las calles el domingo para protestar contra el gobierno al grito de “¡libertad!” en una jornada inédita que se dejó un saldo de decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel llamara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado “maleconazo” de agosto de 1994, se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de cortes de electricidad.

Zajárova criticó las declaraciones oficiales de La Casa Blanca respecto a la situación en la Isla, que señalan al gobierno cubano de ser responsable de la inestabilidad que se vive.

“El cinismo especial de Washington radica en que llevó a cabo durante todo el tiempo de la existencia de la Cuba revolucionaria una estrategia de estrangulamiento del país, discriminación de su pueblo y destrucción de la economía”, denunció.

La diplomática rusa recordó que el embargo económico de EUA contra Cuba se recrudeció con restricciones como la extraterritorial ley Helms-Burton (Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática) que criminalizó el comercio entre la isla y empresas de terceros países.

El presidente cubano,  Miguel Díaz-Canel, compareció este lunes en la televisión nacional para “esclarecer todo un grupo de matrices que han tratado de imponer acciones para desacreditar al gobierno y la Revolución”.

Acompañado de miembros de su Ejecutivo y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), el mandatario afirmó que las protestas masivas registradas ayer en toda Cuba buscaban “fracturar la unidad de nuestro pueblo”.

Miles de cubanos tomaron las calles ayer para protestar contra el gobierno al grito de “¡libertad!” en una jornada inédita que dejó decenas de detenidos y enfrentamientos después de que Díaz-Canel llamara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes y defender la Revolución.

El gobernante señaló que la comparecencia de esta mañana es una iniciativa pensada desde hace días “para brindar información al pueblo” sobre la situación en el país, que atraviesa el peor momento de la pandemia y una severa crisis económica traducida en escasez de alimentos, medicinas y cortes del suministro eléctrico.

Varios ministros, entre ellos el de Energía, se encuentran junto a Díaz-Canel en el programa televisivo, en el que están respondiendo preguntas de un grupo de periodistas de medios de comunicación estatales.

La primera pregunta ha versado sobre los largos “apagones”, una de las causas que motivó el inicio de las protestas del domingo y que en el interior de Cuba se han multiplicado en las últimas semanas.

El presidente y el titular de Energía han atribuido los cortes a averías en las principales centrales termoeléctricas de la isla y al aumento de la demanda energética, para asegurar después que la estabilidad del servicio se restablecerá a partir de mañana martes.

Díaz-Canel aprovechó el evento para acusar a las sanciones estadounidenses, que se endurecieron en los últimos años, por los problemas económicos que alimentaron las protestas. El mandatario reiteró el derecho de los pueblos a defender su sistema.

Acusó a “mercenarios a sueldo de los Estados Unidos de organizar las multitudinarias protestas, aunque admitió que en ellas también participaron ciudadanos “confundidos” por la “falta de información” sobre los problemas que atraviesa el país.

El presidente de Cuba negó que haya existido represión en las protestas, pese a los videos que muestran una contundente actuación policial y múltiples denuncias de arrestos a manifestantes.

“Ya salieron con que en Cuba reprimimos, asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?”, argumentó el presidente.

Y es que varios videos difundidos en las redes sociales muestran cómo policías y agentes de seguridad reprimían con violencia a los manifestantes, que resultaron en muchos casos heridos, e incluso en uno de ellos aparece un uniformado abriendo fuego con su pistola en plena calle.

Las autoridades mantienen cortada la conexión de internet móvil, lo que ha dificultado mucho el acceso a la información, ya que el servicio wi-fi es inusual en los hogares cubanos por su alto precio.

En su discurso Díaz-Canel señaló específicamente a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, condenó al “régimen dictatorial” de Cuba por “llamar a civiles a reprimir” y promover la confrontación contra los manifestantes.

“¿Por qué no se preocupan por los asesinatos y desaparecidos en América Latina?”, exhortó a la OEA, a la que acusó de mantener un “discurso de doble rasero, mentiroso, injerencista”.

Sobre lo que sucede en la Isla, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes al gobierno comunista de Cuba a “escuchar” a los manifestantes que exigen el fin de la “represión” y la pobreza.

“Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad y al rescate de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico al que han sido sometidos por el régimen autoritario de Cuba”, dijo Biden en un comunicado.

El gobierno de Estados Unidos pidió al régimen cubano que, en lugar de “enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital”. El demócrata calificó como “un llamado a la libertad” en “valiente” ejercicio de los “derechos fundamentales” las movilizaciones registradas.

La jornada de protesta se considera histórica, ya que nunca se habían producido estos actos de protesta en Cuba desde la Revolución de 1959, con la excepción del célebre “Maleconazo” de 1994, cuando grupos de manifestantes salieron a la calle en La Habana para protestar por la escasez durante la crisis del “período especial”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político (‘impeachment’) si Pence y el Ejecutivo no actúan.

“Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible a nuestra nación y a nuestro pueblo”, afirmó Pelosi en una rueda de prensa.

La posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda se comenta desde ayer que se produjo el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la sesión conjunta en la que el Congreso de Estados Unidos se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Esta enmienda, con la que la Constitución se actualizó tras el asesinato de John F. Kennedy, estipula en su sección IV que el vicepresidente, en este caso Mike Pence y la mayoría de los miembros del gobierno pueden plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo.

Pence asumiría en este hipotético caso el poder, mientras que a Trump solo le restaría impugnar el proceso, ya sin margen de maniobra por la inminencia de la toma de posesión de Biden. El vicepresidente no ha dado muestras por ahora de dar este controvertido paso.

Si bien esta enmienda se invocó durante la Presidencia George W. Bush, fue en dos ocasiones y por razones médicas, por lo que nunca se ha hecho para apartar a un presidente del cargo. En este sentido, no se aplicó la sección IV sino la III, según la cual el presidente puede ceder temporalmente el mando del país a su ‘número dos’ por incapacidad.

En su mensaje, la demócrata se refirió a Trump como “una persona muy peligrosa que no debería continuar en el cargo”.

Al llamado de Pelosi se unió Chuck Schumer, el demócrata de mayor rango en el Senado, quien indicó que “la forma más rápida y eficaz de destituir a este presidente de su cargo, algo que se puede hacer hoy, sería que el vicepresidente (Pence) invoque inmediatamente la enmienda 25”.

En un mensaje aparte, el presidente electo, Joe Biden, acusó a Trump de desatar “un asalto total” contra las instituciones democráticas y causar uno de los “días más oscuros” en la historia del país, en referencia a los hechos registrados ayer.

“Desencadenó un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio”, dijo Biden.

El presidente electo Joe Biden sostuvo que la turba enardecida que irrumpió en el Capitolio en Washington son “terroristas domésticos” y culpó de los sucesos directamente al republicano.

En declaraciones en Wilmington, Delaware, Biden dijo que los cientos de partidarios de Trump que invadieron el Capitolio no son manifestantes sino una “turba insurrecta, terroristas internos”. Dijo que Trump es culpable de “tratar de usar una turba para acallar las voces de casi 160 millones de estadounidenses” que votaron en noviembre.

Dijo que el presidente ha hecho patente su desdén por la democracia y la Constitución, el estado de derecho en todo lo que ha hecho, además de que lanzó un “ataque frontal” a las instituciones democráticas del país, lo que desembocó en la violencia.

Biden acusó a las autoridades de haber tratado a los manifestantes pro-Trump con mayor condescendencia que a los participantes de una protesta antirracista que fueron dispersados a la fuerza el año pasado en Washington.

“Si hubiese sido un grupo del (movimiento antirracista) Black Lives Matter el que protestaba ayer… hubiera recibido un trato muy distinto al que recibió la turba de matones que invadió el Capitolio”, afirmó Biden. “Todos sabemos que eso es cierto, y es inaceptable”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este martes sobre las manifestaciones que se han producido en los últimos días en la capital del país. Dijo que su gobierno respeta la libre manifestación de las ideas y garantizar el derecho que se tiene a luchar por causas justas.

Sin embargo dijo, los grupos que salen a las calles no deben caer en provocaciones, sobre todo considerando que se mezclan demandas justas con intereses de grupos.

Señaló que siempre ha habido casos de infiltrados en los movimientos, sobre todo ahora que se está luchando por una transformación. Acusó que hay quienes quieren mantener sus privilegios y seguir robando, por lo que buscan cualquier oportunidad para perjudicar al gobierno.

López Obrador aseguró que la mayoría de los mexicanos están contentos con su gobierno, aspecto que él ha podido constatar en sus recorridos por todo el país.

“Yo estoy recorriendo el país y la mayoría de la gente está satisfecha, está contenta con el gobierno, no hay repudio al gobierno; desde luego hay una minoría que está inconforme, además eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia, no en una dictadura y no puede haber pensamiento único, hay quienes no están de acuerdo”, sostuvo el presidente.

AMLO dijo que lo importante en todas las manifestaciones, es saber quién está detrás de ellas, pues insistió en que está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores.

Resaltó que el movimiento que él ha encabezado en los últimos años, ha contado con el apoyo de hasta 500 mil personas en marchas, y nunca han provocado ningún disturbio. Incluso dijo que han sido quienes han llenado más el Zócalo en toda la historia de México.

“Cuando realmente se quiere llevar a cabo una transformación la vía pacífica es el mejor camino, incluso para que esa transformación sea profunda y duradera”, añadió el mandatario al decir que la gente lo entendió, razón por la que votaron por su movimiento, y hace que los sigan respaldando.

En ese sentido, dijo que las grandes movilizaciones se dan con el apoyo de la gente, por lo que “a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó este martes al alcalde de Kenosha, el demócrata John Antaramian, horas antes de arrobar a dicha localidad del estado de Wisconsin,

Kenosha ha sido escenario de protestas y disturbios raciales después de que un hombre negro resultara herido por disparos de la policía.

El mandatario empleó adjetivos como “tonto” y “estúpido” para referirse a Antaramian, quien al igual que el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, le ha pedido que no viaje a Kenosha para no incrementar las tensiones en la zona.

“Vamos a saludar a las fuerzas del orden y a la Guardia Nacional (en Kenosha). Todo se detuvo de inmediato con la llegada de la Guardia Nacional, es tan fácil de parar. Anoche estos anarquistas radicales intentaron irrumpir en la casa del alcalde y muchas cosas malas le están pasando a este pobre tonto, alcalde muy estúpido”, dijo Trump en declaraciones a la prensa en la base de Saint Andrews, en Maryland, antes de partir.

“No sé cómo es alcalde, no tengo ni idea, pero todo lo que tiene que hacer es llamar y en diez minutos el problema estará resuelto”, agregó el mandatario.

Sin embargo sus ataques no quedaron ahí. Trump insistió que el alcalde tiene “números tremendos” de gente acosándole de manera horrible, incluso intentando irrumpir en su casa. Pese a ello, dijo el republicano, “él no cambia, porque es un tonto. Solo un tonto insistiría de esa manera”.

Para Trump, los manifestantes son “alborotadores”, “agitadores”, “anarquistas”, “saqueadores” y “gente mala”.

Cuestionado sobre si tiene previsto entrevistarse en Kenosha con la familia de Jacob Blake, el hombre negro que recibió el pasado 23 de agosto siete disparos en la espalda por parte de un policía blanco, el presidente indicó que no sabía.

“Todavía no sé, veremos, estamos determinándolo, todavía no sé”, subrayó.

Después de que Blake resultara herido se desencadenaron protestas y disturbios raciales en Kenosha, que dejó un saldo de dos muertos.

Ayer, Trump defendió en una rueda de prensa en La Casa Blanca a Kyle Rittenhouse, un adolescente blanco de 17 años acusado de homicidio por supuestamente matar a dos manifestantes en Kenosha la semana pasada con un fusil de asalto y herir a un tercero.

“Ustedes vieron el mismo video que yo. Él estaba tratando de escaparse de ellos (los manifestantes), supongo, y se cayó y le atacaron muy violentamente, y es algo que estamos examinando, que está bajo investigación”, respondió Trump a la pregunta de por qué no condena lo que hizo Rittenhouse.

“Creo que él estaba en muchos aprietos y que probablemente le habrían matado”, añadió el mandatario.

El momento al que se refería Trump, en el que Rittenhouse cae al suelo, se produjo después de que el joven hubiera matado a uno de los manifestantes, Joseph Rosenbaum, según muestra un vídeo del incidente y corroboran los documentos judiciales.

Donald Trump mantiene sus ataques contra los demócratas acerca de incitar a la violencia en Estados Unidos, tras nuevos enfrentamientos durante manifestaciones antirracistas y la muerte de un hombre en Portland.

La seguridad se ha convertido en un tema central de la campaña para las elecciones presidencial del próximo 3 de noviembre.

Trump se ha presentado como una garante de la “ley y orden” mientras que Biden lo acusa de provocar tensiones.

El presidente estadounidense “está alentando la violencia de forma irresponsable”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama en un comunicado el domingo. “Quizá él crea que tuitear sobre la ley y el orden lo hace fuerte, pero su incapacidad para llamar a sus seguidores para que dejen de buscar conflictos muestra justo cuán débil es”.

El equipo de campaña del aspirante demócrata confirmó que Biden pronunciará un discurso este lunes para responder a lo que él presenta como una pregunta a los electores: “¿Está usted seguro en los Estados Unidos de Donald Trump?”.

La muerte a tiros de un hombre y los choques entre seguidores y opositores al presidente en Portland, Oregon, ocurren tras una semana de protestas en todo el país, que incluyeron una histórica paralización en el deporte ante la indignación que generó un nuevo caso de violencia policial contra un hombre negro.

Jacob Blake, un afroestadounidense de 29 años, recibió varios tiros a por la espalda hace una semana en Kenosha, Wisconsin, por parte de un policía que intentaba arrestarlo. Aunque sobrevivió, probablemente quede paralítico.

Trump reaccionó enviando docenas de tuits y retuits el domingo que criticaban la actuación del alcalde demócrata de Portland, Ted Wheeler, y su negativa de llamar a la Guardia Nacional y, a nivel más general, denunciando la blandeza, según él, de las ciudades gobernadas por demócratas frente a la violencia.

La Guardia Nacional “podría resolver estos problemas en menos de una hora”, dijo.

“Wheeler es incompetente, así como el dormilón Joe Biden”, dijo Trump. “Esto no es lo que quiere nuestro gran país. Quieren seguridad y no que la policía sea desfinanciada”.

En Portland, siguen rechazando todo tipo de ayuda del gobierno para detener los actos de violencia que tienen lugar desde hace casi 90 días, señaló el secretario interino de Segureidad Interior, Chad Wolf, a la cadena ABC.

Trump viajará el martes a Kenosha, donde un joven de 17 años es acusado de matar a tiros a dos hombres durante las protestas y disturbios que siguieron a los disparos contra Jacob Blake.

El sábado, una persona murió baleada en Portland en circunstancias confusas durante enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores de Trump.

Portland ha sido durante meses epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial desde la muerte en mayo en Minnesota de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco.

Varios centenares de vehículos conducidos por simpatizantes del presidente, con banderas estadounidenses y pro-Trump, desfilaron el sábado en Portland, donde se encontraban manifestantes de Black Lives Matter, dando lugar a intercambio de insultos y altercados.

El alcalde demócrata de Portland acusó a Trump el domingo de arremeter contra los gobiernos demócratas locales, luego de haber acumulado durante cuatro años críticas por sus ataques contra periodistas e inmigrantes.

“¿Se pregunta, seriamente, señor presidente, por qué es la primera vez en décadas que Estados Unidos vive este nivel de violencia?”, cuestionó Wheeler durante una rueda de prensa. “Es usted que ha creado el odio y la división”.

En una carta abierta a Trump, Wheeler había denunciado la “política de división y demagogia” del presidente.

El primer ministro libanés Hassan Diab presentó este lunes su renuncia junto a varios integrantes del gabinete, en medio de la indignación pública contra la clase política del país tras la devastadora explosión en Beirut la semana pasada.

Diab acudió al palacio presidencial para presentar la renuncia del grupo del gabinete, informó el ministro de Salud Hamad Hassan.

La renuncias se presentaron luego de un fin de semana de protestas en contra del gobierno tras la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que causó la muerte de al menos 160 personas y lesionó a otras 6,000.

El momento representa el dilema político que vive Líbano. Desde octubre, ha habido enormes manifestaciones para exigir la salida de todo el liderazgo basado en sectarismo por la arraigada corrupción, incompetencia y mala administración.

Sin embargo, la oligarquía gobernante se ha mantenido en el poder desde que terminó la guerra civil en 1990, que según los analistas es difícil encontrar una figura política creíble sin vínculos con ellos.

Aunque la renuncia de Diab parecía inevitable tras la catástrofe, parecía poco dispuesto a salirse y hace tan sólo dos días dio un discurso televisado en el cual ofrecía quedarse durante dos meses para permitir que varias facciones llegaran a acuerdos para las reformas. Sin embargo, la presión al interior de su gabinete pareció ser demasiada.

El gobierno de Diab fue formado después de que su predecesor, Saad Hariri, renunciara en octubre en respuesta a las manifestaciones. Pasaron meses de disputas entre las facciones de liderazgo antes de que escogieran a Diab.

Su gobierno, que recibió apoyo de grupo armado Hezbollah y sus aliados y era considerado unilateral, básicamente estuvo condenado desde el inicio, cuando recibió la tarea de cumplir demandas para reformas compuestas por todas las facciones que los reformistas quieren expulsar.

“Espero que el periodo provisional no sea largo porque el país no puede soportarlo. Esperemos que un nuevo gobierno se forme rápidamente”, dijo el ministro de Obras Públicas Michel Najjar a la prensa. “Un gobierno efectivo es lo menos que necesitamos para salir de esta crisis”.

Durante las protestas del fin de semana hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que rociaron gas lacrimógeno a los manifestantes.

Se cree que la explosión fue causada por un incendio que detonó una reserva del muy volátil nitrato de amonio. El material estaba almacenado en el puerto desde 2013 con pocas medidas de seguridad a pesar de las varias advertencias de peligro.

El Gobierno de Ciudad de México presentó este lunes un nuevo acuerdo para la actuación de la policía durante manifestaciones en el que se destaca estos deberán portar, de manera visible, su número de identificación en casco, chaleco y escudo, y deberán evitar la “brutalidad policial”.

El acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones fue diseñado de manera conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

Además, las autoridades señalaron que cuando el personal policial participe en la atención de manifestaciones “no usará nunca armas letales” y el mando responsable girará las instrucciones al personal policial “para el empleo gradual y proporcional de la fuerza”.

“Una de las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es implementar las medidas de prevención de delito y protección necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas manifestantes, como de las personas ajenas a la manifestación”, dijo en conferencia Arturo Medina, subsecretario de Gobierno del Gobierno de Ciudad de México.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que para dar cumplimiento con el principio de rendición de cuentas y verificación se establecieron dos medidas: la obligación de que el personal policial cuente con un número de identificación visible en su equipo, y que en todas las manifestaciones deberán estar sobre el terreno funcionarios de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El acuerdo también señala la obligación de que la policía reciba la capacitación correspondiente para intervenir en contexto de protesta social, como la ocurrida este viernes en favor del aborto, que terminó con algunos altercados.

El documento también establece que el personal policial “no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden inconstitucional y notoriamente violatoria de Derechos Humanos” y reitera “sobre la tolerancia cero a cualquier acto de brutalidad policial”.

Las autoridades apuntaron que el acuerdo tiene por objeto “hacer del diálogo el principal instrumento para prevenir las violencias” y en el caso de que se tenga que avanzar en alguna acción “siempre será en estricto cumplimiento de la ley y respeto de los derechos humanos de quienes participan en el espacio público”.