ALEJANDRO HOPE
El 4 de junio, al salir de su universidad, Norberto Ronquillo fue secuestrado en el sur de la Ciudad de México. Sus familiares pagaron el rescate convenido con los plagiarios, pero no fue suficiente: su cadáver apareció cinco días después en un lote baldío ubicado en Xochimilco.
¿Quién lo mató?
Lo mataron unos desalmados, de nombre aún desconocido, crueles y estúpidos, probablemente primerizos en el negocio del secuestro, incapaces de entender códigos mínimos de decencia que rigen hasta en el submundo criminal.
Lo mató la impunidad estructural que campea en México, la realidad de que siete de cada ocho homicidios dolosos no se castigan y que eso significa que no hay mucho riesgo adicional por matar para el que roba, extorsiona o secuestra.
Lo mató la subinversión crónica en la procuración de justicia: en la Ciudad de México, el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia creció apenas 7%, descontando el efecto inflacionario, entre 2014 y 2018. Y para 2019, se le aplicó un recorte de 2.5% en términos reales.
Lo mató el abandono de la política antisecuestros. Desde noviembre, la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), sectorizada ahora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha mantenido sin titular, atendida por un encargado de despacho. Asimismo, le aplicaron un recorte presupuestal de 24% en términos reales. Y algo similar sucedió en la ahora Fiscalía General de la República: a la unidad antisecuestros le asignaron 22% menos presupuesto que en 2018.
Lo mató la (bien ganada) desconfianza de la población en sus autoridades y el temor de los ciudadanos a presentar una denuncia. Según se ha informado, la familia de Norberto sí realizó una denuncia, pero se resistió a recibir asistencia de la Procuraduría en la negociación con los secuestradores. Ese recelo es compartido por buena parte de la ciudadanía: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), 73% de los capitalinos sentían en 2018 mucho o algo de desconfianza hacia la PGJ. Asimismo, 85.4% de los entrevistados en la Ciudad de México percibían a la institución como corrupta y 72% la consideraban poco o nada efectiva.
Lo mató la ausencia de una política específica de combate al homicidio tanto en el país como en la ciudad. La Ciudad de México tenía en 2017 solo 6 agencias especializadas en atención al delito de homicidio (con solo 43 agentes del Ministerio Público). Los servicios periciales de la Procuraduría están rebasados, al igual que la policía de investigación. Asimismo, no se ha incorporado el análisis de datos georreferenciados (que puntualmente hace públicos la admirable Agencia Digital de Innovación Pública) a la práctica cotidiana de la policía y la Procuraduría en la capital.
Lo mató la ausencia de protocolos adecuados de búsqueda de personas. El protocolo homologado de búsqueda de personas tendría que haberse aprobado el año pasado, de acuerdo a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero es fecha que no ha sido publicado.
Por último, lo mató nuestra indiferencia y nuestra tolerancia como ciudadanos a todo lo anterior.
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