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Autoridades del Metro de la Ciudad de México aseguraron que la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, “es completamente segura”, aunque confirmaron que se cerrará su tramo elevado debido a problemas de hundimiento en la estación terminal.

En conferencia de prensa, el director Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, informó que son cuatro las estaciones que serán cerradas: Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán, de esta última su cierre se dará cuando se reabra la primera parte de la Línea 1 que actualmente está en remodelación la cual, según autoridades, terminará en próximas semanas.

“La Línea 9 no representa ningún peligro para los usuarios, es completamente segura y no existe riesgo para la circulación de los trenes”, dijo Calderón.

“Cualquier intervención que se haga en la Línea 9 seguirá cuando se reabra el primer segmento de la Línea 1 (que también termina en Pantitlán), no podríamos tener cerradas ambas líneas”, agregó Calderón, quien no precisó el monto de inversión.

En tanto, Renato Barrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), recordó que la Línea 9 tiene una antigüedad de 36 años. Además señaló que la estación Pantitlán está construida sobre una zona lacustre que ha presentado hundimientos diferenciales por lo que se llevó a cabo un reforzamiento metálico que complementa la seguridad de la estructura.

Los hundimientos y reforzamiento de las estructuras en la estación terminal Pantitlán fueron señalados por usuarios en redes sociales desde años atrás y aumentaron en los últimos dos años luego del colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos.

Ayer, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que casi un año después de lo ocurrido en la Línea 12, en abril de 2022, las autoridades capitalinas ordenaron una inspección estructural en el tramo elevado de la estación Pantitlán, peritaje que confirmó el “alto riesgo” que representaba dicha estructura.

El informe oficial, al cual accedió MCCI, alertó que se debían atender “de manera urgente e inmediata” una serie de recomendaciones de reforzamiento estructural, ya que de no hacerlo, “se podría tener una situación de ALTO RIESGO”. El reporte enfatizaba lo anterior con letras mayúsculas.

Sin embargo, la organización alerta que ni las denuncias ciudadanas ni el peritaje oficial llevaron a una reacción inmediata de las autoridades capitalinas.

Fue hasta febrero de 2023, diez meses después de la alerta oficial, que se colocaron estructuras metálicas de refuerzo en un tramo elevado que mostraba un evidente desnivel.

Tanto la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el secretario de Obras, Jesús Esteva, aseguraron que el reforzamiento fue para atender los hundimientos que se han dado en la zona.

Sin embargo, el diagnóstico obtenido por MCCI advertía que la intervención para reducir el riesgo no debía ser sólo el apuntalamiento, pues se requerían obras de recimentación y renivelación, ya que “se encuentra comprometida la estabilidad de la estructura por el paso continuo y por las cargas dinámicas que generan los trenes”.

Un funcionario de alto nivel que antes ocupó cargos con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, ha trabajado en el Gobierno federal de nuestro país, en el equipo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otras dependencias.

De acuerdo con la investigación publicada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata de Ismael Daniel Tovar Herrera, quien fue contratado para trabajar en Palacio Nacional como coordinador de contenidos digitales.

Tovar Herrera, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director de relaciones internacionales del partido político fundado por Correa, Movimiento Alianza PAÍS.

Ha trabajado además con Morena, partido fundado por López Obrador, y actualmente es el director de audiencias en la Secretaría de Gobernación (Segob).

La investigación de MCCI descubrió que la cercanía de Tovar con el expresidente ecuatoriano inició en octubre de 2012. Fue colaborador del equipo de campaña en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2013.

En mayo de 2017, Tovar se incorporó al Movimiento Alianza PAÍS en el que, según información reportada por él mismo, fungió como director de relaciones internacionales.

La investigación de la organización expone que, según la trayectoria laboral de Tovar, ocupó el cargo de director del área de Coordinación de Contenidos Digitales, adscrita a la Coordinación de Comunicación Social que dirige el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, y esas actividades las desempeñó de diciembre de 2018 a abril de 2021.

De acuerdo con su declaración patrimonial, su lugar de trabajo se ubicó en la calle de Moneda número 8, en la colonia Centro de Ciudad de México, dirección que corresponde al Palacio Nacional, despacho y residencia de López Obrador.

Aunque su trabajo en Presidencia terminó, MCCI señaló que dentro del portal Declaranet “no aparece el informe de conclusión de ese cargo, una obligación que deben cumplir los funcionarios públicos de la administración pública federal. Pese a ese incumplimiento, Tovar encontró acomodo en el Gobierno federal, ahora en la Secretaría de Gobernación”.

También apuntó que el servidor público ha intercalado encargos en el actual Gobierno y en Morena, con el que colaboró en la campaña del entonces candidato presidencial López Obrador y, tras el triunfo en las elecciones de julio de 2018, se integró al área de comunicación de la Presidencia, donde permaneció hasta abril de 2021.

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En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no existe una política de transparencia debido a la opacidad que enfrentan los ciudadanos, según reveló un estudio presentado este miércoles por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Universalmente se entiende por transparencia y el derecho de información de poner a cualquier ciudadano que lo solicite toda la información disponible. Y esto que dice la constitución no se está cumpliendo”, afirmó María Amparo Casar, Presidenta de MCCI.

La organización presentó este miércoles el estudio “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública”, en el que se recopilaron todas las bases de datos del gobierno federal para evaluar la calidad de la información de los archivos.

Con 12,570 bases públicas, MCCI encontró que 8,890 archivos, equivalentes al 71% del total, llevan al menos dos años sin haber sido actualizados, es decir, 7 de cada 10 bases están abandonadas o sin actualizar.

Lorenzo León, analista de datos de la organización, sostuvo que el objetivo del reporte es remarcar la deficiencia que hay ahora mismo con la transparencia, debido a la creciente demanda de solicitudes de información desde finales de la administración pasada.

“En general todos los portales tienen datos, pero la gran mayoría están desactualizados cuando se supone que tienen que algunas de ellas tienen que estar actualizadas diaria, semanal y mensualmente, pero no lo están y esto es algo preocupante”, afirmó el colaborador de MCCI.

León reiteró que hay muchas bases de datos que apenas sirven como relleno y que solo el 30% de las bases sí cumplen los estándares de utilidad, sin ser operables.

Ninguno de los 5 sectores estratégicos principales del Gobierno, entre los que se encuentran Bienestar, Salud, Educación, Energía y el Ejército, aprobó la evaluación realizada por el estudio, pues el puntaje más alto fue para Bienestar, que obtuvo 41 puntos sobre 100, mientras que el Ejército obtuvo la peor calificación con 30 puntos.

La presidenta de MCCI arremetió contra el presidente López Obrador, señalando que en este sexenio no tienen la puerta abierta para hablar con ninguna dependencia, mientras que en otros Gobiernos podían al menos tener un diálogo.

“Para Obrador la transparencia es la información que se transmite diariamente en las conferencias matutinas, pero esos datos a veces son falsos e imprecisos”, expresó María Amparo Casar.

El estudio resalta que las instituciones con más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); la Oficina de la Presidencia de la República; el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.

Sin que inicien las actividades proselitistas como parte del proceso interno que Morena aprobó, y en el cual Manuel Velasco se apuntó, se revela que el exgobernador operó en Chiapas presuntos desfalcos que suman $2,400 millones y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da a conocer que en 2015, cuando Chiapas era gobernado por Manuel Velasco, ahora senador con licencia y quien aspira a la candidatura presidencial de 2024, transfirió fondos públicos a un “compra-votos” de la entidad, además de que pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas “fantasma”, incluidas dos que participaron en “La Estafa Maestra”.

En un video que fue entregado al Instituto de Elecciones de Chiapas como prueba de una denuncia de compra de votos a favor del Partido Verde en Chiapas, se observa a Gustavo González Romo, accionista principal de “Distribuidora Comercial y Servicios DCSE SA de CV”, una empresa “fantasma” que recibió transferencias por más de 5 millones de pesos del Gobierno de Chiapas, días antes de que se realizaran elecciones en aquella entidad en 2015.

El personaje está acusado de comprar votos en 400 pesos. También estuvo involucrado en “La Estafa Maestra”, pues otra de sus empresas, denominada “Terrenos, Casas y Desempeños” fue utilizada para dispersar fondos públicos federales

Los pagos que el gobierno de Velasco hizo a estas empresas “fantasma”, se derivaron de contratos de comunicación y difusión, área en la que colaboraba David León, quien en mayo y junio de aquel año grabó a Pío López Obrador cuando le entregaba sobres con dinero para apoyar al movimiento político del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

MCCI indican que entre enero y julio de 2015, el Gobierno de Chiapas pagó 32 millones de pesos a 5 empresas “fantasma” por concepto de “producción y diseño de campañas publicitarias” y “servicios de difusión”; de ese monto, al menos 15 millones fueron pagados en mayo y junio, meses en los que David León entregó al hermano del presidente, sobres con dinero en efectivo.

No es la primera vez que Manuel Velasco y su gobierno y su gobierno son señalados de desvío de recursos.

En junio de 2021, MCCI publicó la investigación titulada “La Estafa Verde”, en la que se documentó que cuando Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas se desviaron 566 millones de pesos a seis empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasmas” o simuladoras de operaciones.

A ese monto se suman otros desvíos a más empresas “fantasma”: 685 millones de pesos que fueron reportados en 2018 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que fueron perdonados por el actual auditor, y mil millones que en abril de 2022 reveló una investigación de Animal Político.

Ahora, MCCI vuelve a  documentar más pagos por al menos 170 millones de pesos a otras 15 empresas que simularon operaciones. En conjunto, los desvíos hasta ahora reportados por autoridades fiscalizadoras y por periodistas, suman alrededor de 2,420 millones de pesos durante la gestión de Velasco.

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Esta mañana, el secretario de la Defensa acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador, para informar sobre el rescate de los migrantes secuestrados en San Luis Potosí, sin embargo, como se esperaba, fue cuestionado sobre el reportaje de la compra de su departamento de lujo que compró a un precio de ganga, según reveló MCCI.

 “Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota (MCCI), pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio o ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados; esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar”, explicó al general.

Rechazó que los departamentos en ese fraccionamiento cuesten 30 millones de pesos como reportó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aunque no detalló a qué se refería; si a precios actuales, departamentos acabamos o en las condiciones que él asegura haberlo comprado.

Explicó que el departamento lo adquirió a través de un préstamo en el Banco del Ejército, es decir, un crédito hipotecario; en ese caso, dijo que para que se autorice un préstamo, el banco pone como condición que la propiedad en cuestión sea valuada, lo cual sucedió.

“(El departamento) fue evaluado, inclusive valuado en un poco más de 9 millones, 9 millones 800 mil pesos, algo así el precio del valuador por las condiciones en que estaba, y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones”, señaló.

Sobre la relación que se reportó con los dueños anteriores, el titular de la Sedena señaló que “yo no tuve contacto con la persona dueña”, sino que aseguró que todo fue a través de los agentes inmobiliarios, quienes fueron los encargados de llevar a cabo la negociación.

Indicó que “hasta el día de firmar las escrituras fue que tuvimos contacto con la persona” dueña, que según reportó MCCI, es hija de un militar retirado y accionista de una empresa proveedora de la Sedena.

En ese sentido, confirmó que la empresa en que tiene participación la persona que le vendió el departamento sí es proveedora de la Secretaría de la Defensa, aunque en un intento de restarle importancia, dijo que aunque ha participado en varios concursos, “sólo una, casi dos años después de qué yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación”.

Detalló que se trató de una licitación pública que contó con los parámetros que se tienen establecidos, en donde personas que determina la Secretaría de la Función Pública acompañan el proceso.

Resaltó que incluso la empresa en cuestión fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes. Indicó que se le multó con poco más de 16 millones de pesos. “Esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas no cumple, porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes dentro de lo que la ley (dice que= se puede adquirir, a mero precio (y a) mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción”.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio que le tiene “toda la confianza al general” Luis Cresencio Sandoval, asegurando que ha estado en la mira de los medios y los conservadores “porque está actuando con rectitud y de manera honesta”.

“El general, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible, pero eso no lo van a aceptar nuestros adversarios”, manifestó.

“¿Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas? Claro que sí. ¿Y le tengo confianza al general? Claro que sí”, expresó ahora López Obrador.

El escrutinio sobre las Fuerzas Armadas ha aumentado ante el creciente rol que les ha asignado López Obrador, quien les ha otorgado facultades para que realicen tareas de seguridad pública, migración, construcción de infraestructura y administración de obras y empresas del Estado.

Luego de que se revelara la lujosa mansión que la hija de u secretario particular, Alejandro Esquer, tiene en Houston, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se trata de un apartamento “modesto”.

El mandatario se refirió a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló que Carmelina Esquer, hija de Alejandro Esquer, y directora de Pemex Procurement International en Houston, Texas, vive en una casa de 400,000 dólares, la cual se encuentra a solo 15 minutos de la “Casa Gris”, donde vive su hijo José Ramón.

“Alejandro es mi secretario particular, y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto, y (se hace) un gran escándalo”, manifestó López Obrador desde Sonora.

La investigación de MCCI señala que Carmelina Esquer consiguió su trabajo actual en Pemex, sin tener experiencia en el ramo, y el cual le representa un sueldo de más del doble de lo que gana el presidente, lo que contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Además, se señaló que Carmelina  Esquer mantiene en secreto los contratos de la filial de Pemex en Houston, incluidos los que tiene con Baker Hughes y Vitol, que han estado involucrados en recientes escándalos de presunta corrupción con la empresa del Estado.

“Ahora sale de una hija de Alejandro Esquer, y como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera”, defendió el presidente.

El mandatario comparó el escándalo en la prensa con el que se hizo en enero pasado sobre su hijo, quien vivió en 2020 en una casa también en Houston que era propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, que ese mismo año obtuvo un contrato de Pemex.

El presidente no desmintió la información de MCCI, pero cuestionó las intenciones de periodistas que han replicado las investigaciones, como Carlos Loret de Mola, que participó en la relacionada a su hijo, y el conductor mexicoestadounidense, Jorge Ramos.

“Y resulta que Loret tiene 12 departamentos y una residencia de cuatro hectáreas en Valle de Bravo (Estado de México), tiene un departamento que está en (el barrio) Polanco en el edificio más lujoso de la Ciudad de México”, cuestionó López Obrador.

Pemex Procurement International (PPI) es el nombre de la filial responsable de las compras en el extranjero, la cual es dirigida desde mediados de 2019 por Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Es Carmelina Esquer Camacho quien parece disfrutar de la misma lujosa vida que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, pues a un año de haberse mudado a Houston, adquirió una residencia valuada en más de 400 mil dólares, ubicada en un fraccionamiento de reciente creación, a unos 15 minutos de distancia de la casa en la que reside José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente.

Según una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una fuente que ha colaborado para PPI informó que el sueldo mensual de Carmelina Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción superior a la del presidente López Obrador.

Esto se sabe gracias a las declaraciones obtenidas por MCCI, pues la filial de Pemex en Houston mantiene en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que ha suscrito con compañías multinacionales, entre ellas Baker Hughes y Vitol.

En su declaración patrimonial de 2020, ella reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos.

Lo anterior contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del Presidente, que es de 166 mil 532 pesos mensuales bruto y 115 mil 739 pesos neto, es decir después de impuestos.

PPI fue constituida en 1994 en el estado de Delaware “para brindar servicios a Pemex y sus Empresas Subsidiarias Productivas”; su nombre original era Integrated Trade Systems (ITS) y cambió su denominación en julio de 2013. Desde julio de 2019, PPI es dirigida por Carmelina Esquer.

Una fuente que ha trabajado para PPI contó a MCCI que esa filial ha negociado con grandes proveedoras multinacionales de Pemex, como Vitol, involucrada en el pago de sobornos entre 2015 y 2020, y Baker Hughes, la cual estuvo en el centro de la polémica luego de que en enero del presente año se reveló que el hijo mayor del presidente López Obrador había ocupado una residencia en Houston de un alto ejecutivo de esa compañía.

De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, Carmelina Esquer comenzó laborando en la actual Administración en la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) como delegada regional, durante un mes, en enero del 2019, y después se incorporó a Pemex, donde en cuestión de meses tuvo un notable ascenso.

Tiene estudios de licenciatura en Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Gobernanza Global en la Udlap Jenkins Graduate School, ambas en CDMX. Sin embargo, no cuenta con ninguna experiencia en el sector petrolero y energético.

El 28 de enero del 2019 se incorporó como coordinadora en Petróleos Mexicanos, cargo que ocupó hasta mayo, y tan solo unos meses después, en julio del mismo año, asumió como directora general de PPI.

Al igual que Carmelina, su madre, Alejandra Camacho González, ex esposa de Alejandro Esquer, también es funcionaria en Pemex; ingresó en febrero de 2019 como Gerente de Capacitación y Desempeño, con un salario mensual neto de 107 mil 548 pesos.

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Foto: MCCI

A un día del primer aniversario del derrumbe de un puente elevado de la Línea 12 ubicado en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, donde un vagón cayó sobre la carretera y quedó encallado en forma de “V”, dejara 26 muertos y un centenar de heridos, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló “nuevas irregularidades” en la construcción y peritaje que se hizo a la llamada Línea Dorada.

La asociación indicó que revisó más de 15,000 páginas de documentos en los que halló anomalías en la construcción a cargo del Grupo Carso, empresa del empresario Carlos Slim, la “sustracción” de bitácoras de la obra, y la “pérdida” de un registro sobre pruebas de uno de los peritajes del colapso que tuvo lugar el 3 de mayo de 2021.

“Es la línea más joven de toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), con menos de 10 años de antigüedad, pero durante su historia, dos veces ha permanecido cerrada durante meses por fallas graves”, advirtió MCCI.

Aunque aún no hay una resolución penal, tanto el peritaje de la Fiscalía capitalina como un informe independiente encargado por el gobierno de la Ciudad de México a la empresa noruega DNV, concluyeron que el accidente se debió a una “falla estructural” de la construcción, en el periodo de 2006 a 2012.

La investigación de MCCI encontró bitácoras de la obra de 2008 a 2012 con “alertas de omisiones e irregularidades en tramos al frente de Grupo Carso, como la subcontratación de empresas sin las certificaciones requeridas, falta de varillas en cabezales, inconsistencias en fabricación de trabes y pernos faltantes en estructuras”.

Además, un año y nueve meses antes de la inauguración de la línea, el 30 de octubre de 2012, la empresa supervisora de la obra, IACSA, advirtió a Grupo Carso sobre “la falta de colocación de pernos” en el tramo Olivos-Tezonco, donde ocurrió el incidente de 2021.

Sobre el peritaje del derrumbe, MCCI reportó que la cadena de custodia de tres muestras de acero que formaban parte del tramo colapsado “desapareció” después de que DNV las envió por paquetería a un laboratorio de análisis en Ohio, Estados Unidos.

“Esta irregularidad en el peritaje independiente contratado por el gobierno de la Ciudad de México quedó asentada en una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia”, señaló la organización.

La construcción de la Línea 12 ha costado más de 22,000 millones de pesos y 300 millones de pesos en mantenimiento, además de los 1,900 millones de pesos que se habrán gastado en reparaciones a finales de este 2022.

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Pese a las críticas que hizo durante mucho tiempo a los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021, método que se ha convertido en una práctica recurrente en la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante el año pasado la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el gobierno se adjudicó directamente.

En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos, tan solo en 2021. Además, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.

Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos.

Y es que si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican, prácticas con las que el gobierno de Morena prometió acabar.

La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.

MCCI destaca que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa. Estos servicios se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.

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El gobierno federal cesó a tres funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), implicados en una red de corrupción, reveló este jueves la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Su destitución ocurrió después de que “se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción” denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), como adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, favoritismo, nepotismo, desvíos de subsidios y contratos “amañados”.

Aunque no se especificó el nombre de los destituidos, se presume que podrían ser el director comercial, Manuel Lozano Jiménez, “quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP”, y el director de operaciones, Bernardo Fernández.

Entre los casos denunciados destacan 2 contratos por 4,000 millones de pesos de una compañía de Alejandro Puente, empresario de telecomunicaciones vinculado a corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

Aun cuando el empresario no tenía experiencia en el ramo, apenas dos días después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, recibió los contratos para vender leche a Liconsa, una empresa paraestatal de abasto popular.

Además, MCCI recordó que en 2021 reveló que en sus primeros 2 años de operación, Segalmex “otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de 6 empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares”.

Segalmex es un organismo creado por el presidente López Obrador para “rescatar el campo” con apoyos a pequeños y medianos productores, y según el gobierno, buscar la “autosuficiencia alimentaria”, distribuir alimentos básicos, garantizar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Desde su fundación, ha despertado polémica por sus similitudes con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1961 y desaparecida en 1999 para controlar los precios agrícolas en los gobiernos del PRI.

Incluso, López Obrador nombró como director de Segalmex a Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia con Luis Echeverría.

Ante las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Liconsa y Diconsa, la red de abasto social del Estado, en el periodo de 2019 a 2021, la cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, “que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”, expuso MCCI.

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En cumplimiento a una orden del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR) difundió las versiones públicas de los cinco primeros tomos del expediente del caso Odebrecht, en los que ocultó información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay documentos que involucran a actuales funcionarios federales, como es el caso de Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, que en el sexenio pasado intervino en la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de decenas de tomos y anexos, los cuales la FGR se comprometió a hacerlos públicos en forma paulatina.

La publicación del expediente se dio en cumplimiento de las resoluciones del INAI a recursos de revisión interpuestos en septiembre pasado por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

A partir de esta desclasificación, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien obtuvo copia del expediente sin censurar, realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente, para verificar la información que la FGR ocultó en sus versiones públicas.

Entre la información censurada aparece:

  • Contrato a Odebrecht en Tula y Salamanca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula, también validado por Cornejo Serrano
  • Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios de sobrecostos y pagos no justificados
  • Nombramiento de Leonardo Cornejo como coordinador de proyectos de modernización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.
  • Simulación de estudio de mercado de Odebrecht y sus proveedoras.
  • Invitación de Leonardo Cornejo a Luis Weyll (quien negociaba los sobornos) para que Odebrecht envíe propuesta para la refinería de Tula.
  • Aprobación de contrato en Tula a favor de Odebrecht.
  • Contrato de Pemex con Odebrecht, en el que firma Cornejo.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula.
  • Respuesta de Pemex al Ministerio Público por investigación de Tula.
  • Dictamen de adjudicación directa firmado por Leonardo Cornejo y José Aarón Marrufo Ruiz.
  • Acta de sesión en la que se aprueba incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, coordinador de asesores de Lozoya, justifica la obra; Cornejo la defiende.
  • Proveedores de Odebrecht en Tula; incluye oficio para subcontratar a Grupo Tulancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.
  • Declaración de Leonardo Cornejo Serrano ante la PGR.
  • Relación de subcontratistas de Odebrecht en Hidalgo.
  • Declaración de los ex funcionarios de Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, André Arthur Glorieux González, Armando Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Armando Ricardo Arenas Briones, Alejandro Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.
  • Convenios modificatorios de contratos a Odebrecht en Tula y Salamanca.
  • Documentos del gasoducto Los Ramones asignado a Odebrecht.
  • Documentos de obra de Odebrecht en Michoacán.
  • Estados de cuenta bancarios de Emilio Lozoya en Suiza.
  • Acuerdo de inmunidad que en 2017 firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros vinculados al caso.
  • Anexos de los documentos entregados por Brasil.
  • Subcontrato de Odebrecht con Inmobiliaria Ruso en Veracruz.
  • Órdenes de pago de Blunderbuss, empresa fantasma de Veracruz a través de la cual Odebrecht trianguló sobornos.
  • Procedimiento para asignar presa en el río Los Pescados, de Veracruz.
  • Rastreo financiero de Lozoya en instituciones de todo el país y del extranjero.
  • Respuesta de la confederación suiza a petición de información.

Investigación completa en MCCI

34 operadores de Morena que participaron en la “Operación carrusel”, encabezada por el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fueron recompensados con cargos dentro del gobierno federal, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos 34 operadores sacaron mediante cheques de caja más de 42 millones de pesos en efectivo de un fideicomiso para damnificados del sismo y presuntamente desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena.

Al iniciar la administración de López Obrador, estos operadores fueron integrados a la nómina federal; 30 encontraron lugar en la Secretaría del Bienestar, la dependencia responsable del reparto de programas sociales; dos en la Secretaría de Educación Pública; uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno más en la oficina de la Presidencia de la República.

Recordemos que la semana pasada, una investigación de MCCI y Latinus reveló que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y su oficial mayor, Denis Vasto Dobarganes, participaron en la operación que se extendió por 20 minutos en la cual se hicieron depósitos en efectivo por casi un millón de pesos.

Esquer y los operadores de Morena se formaron varias veces en una sucursal bancaria al sur de la Ciudad de México, para hacer depósitos idénticos, de 50 mil pesos cada uno. Esa estrategia fue replicada en otras sucursales en cuatro días consecutivos de diciembre de 2017, y así el fideicomiso recibió 44 millones de depósitos en efectivo.

La operación carrusel, mediante la cual el monto millonario se fragmentó en cientos de depósitos de 50 mil pesos cada uno, sirvió para librar las leyes de supervisión fiscal y contra el lavado de dinero. Después de realizarse los depósitos, la mayor parte del dinero fue sacado mediante cheques de caja por operadores de Morena, no por damnificados.

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Una nueva filtración de documentos revela que Odebrecht pagó en México al menos 9.2 millones de dólares en sobornos, adicionales a los 10.5 millones de dólares que hasta ahora se conocían, y que involucran a por lo menos 6 funcionarios.

El pago de sobornos de Odebrecht iniciaron en 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán, según consta en un expediente de 334 páginas con información de nuevos sobornos en América Latina, al que tuvo acceso la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El monto revelado ahora es distinto a los sobornos que hasta ahora se conocían, pues Odebrecht había confesado ante tribunales de Estados Unidos que realizó pagos ilegales en México por 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014.

Ahora se conoce que la red de corrupción en nuestro país venía por lo menos desde hace 15 años y los sobornos podrían alcanzar los 20 millones de dólares e involucrar más obras, de acuerdo a documentos de la Procuraduría de Brasil.

MCCI tuvo acceso al expediente que contiene cientos de códigos secretos de distintos países, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.

La obra de Michoacán a la que se hace referencia en dichos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores del estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La información ahora conocida de Odebrecht no menciona que los gobernadores o presidentes hayan recibido algún tipo de soborno, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios, pero llama la atención pues Cárdenas Batel es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la contabilidad alterna de Odebrecht se asignaban códigos secretos para ocultar la identidad de los personajes sobornados. En los nuevos documentos aparecen en total, en dos planillas distintas, seis códigos secretos de personas vinculadas a la obra hidráulica.

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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró que la embestida que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han emprendido en contra de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) es debido a que quiere el monopolio de los apoyos para el Bienestar, con el que busca que todo beneficio social que se entregue en el país debe provenir directamente de él.

“Le gusta el monopolio del poder de los apoyos para el bienestar todo beneficio social debe provenir directamente de su muy personal generosidad aunque los programas se paguen con nuestros impuestos el quiere aparecer como el único y gran benefactor”, dijo a través de un video María Amparo Casar, presidenta de MCCI.}

Explicó que la sociedad civil trabaja fundamentalmente en dos campos: la asistencia a millones de personas en situación de vulnerabilidad que no reciben atención por parte del gobierno, y las que se constituyen como contrapesos social a través de la vigilancia de las acciones del gobierno, entre otras acciones.

Casar afirmó que en todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil necesitan donaciones para su funcionamiento, por lo que las democracias idearon mecanismos para fomentar que las personas físicas y morales pudieran destinar parte de sus ingresos a sostener a las OSC’s.

Sin embargo, denunció que el presidente López Obrador, en lugar de hacer sinergia con las OSC’s, las ha atacado sistemáticamente por todos los flancos posibles: el legal, el reputación y ahora el financiero, esto en referencia a la aprobación de la Miscelánea Fiscal que limita las deducciones al 15% de los ingresos anuales de las personas físicas o el equivalente a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que son 163 mil 467 pesos, incluidos gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar y donativos a organizaciones civiles.

Rechazó los dichos del presidente, sobre que apoyar a las OSC’s significa no pagar impuestos, ya que el dinero que se dona a la sociedad civil es precisamente deducible de impuestos.

“Qué se oiga claro y fuerte lejos de perder el Estado gana con la labor de las organizaciones de la sociedad civil porque entonces nos preguntamos la embestida el trasfondo de esta ofensiva: es política”, pues explicó, al presidente no le gustan los contrapesos, por lo que ha preferido “estrangular financieramente” a las organizaciones que lo fiscalizan y exhiben los hierros de su política pública.

Y aunque los cambios para los donativos incluidos en la Miscelánea Fiscal 2022 no afectan a las personas morales, es decir a las empresas, la presidenta de MCCI recordó que al presidente tampoco le gusta que los empresarios hagan labor social y que destinen recursos a la sociedad civil. Recordó que AMLO ha dicho que los empresarios no deberían hacer filantropía porque esa es tarea única y exclusiva del gobierno.

El gobierno estatal de Tamaulipas, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca,  transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en Temixco, Morelos.

Según una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien accedió a diversos documentos, la mayor parte del dinero desviado provenía de fondos federales, según consta en facturas, órdenes de pago y cheques.

Al menos 26 millones de pesos fueron para pagar supuesta publicidad institucional del gobierno de Tamaulipas en kioscos, espectaculares y en autobuses de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, así como en el aeropuerto internacional de la capital del país.

El resto del dinero desviado fue por concepto de renta de equipos de sonido, muebles, tarimas y carpas. Ninguno de los servicios pagados fue realizado, determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en 2019 incluyó a Grupo Publicitario Adar en su listado definitivo de simuladoras de operaciones o empresas “fantasma”.

En los documentos obtenidos por MCCI consta que las órdenes de pago a favor de esa empresa fueron firmadas por el director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez y por quien fuera Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar.

Este desvío detectado en la investigación de MCCI es diferente de las anteriores acusaciones que han formulado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En febrero del presente año, la Fiscalía había solicitado al Congreso el desafuero del gobernador, por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Algunos cargos se derivaron de la acusación formulada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya, quien denunció que García Cabeza de Vaca fue parte de un grupo de legisladores que en 2013 recibieron millonarias cantidades aportadas por Odebrecht para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

A las acusaciones se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual añadió a los delitos ya señalados el de enriquecimiento ilícito, porque los ingresos declarados por García Cabeza de Vaca son inferiores al valor de 20 propiedades que él y su familia han adquirido en México y Texas, incluido un departamento en Bosques de Santa Fe de 42 millones de pesos, supuestamente comprado mediante la triangulación de fondos de dos empresas “fantasma”.

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