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Prácticamente en todas las conferencias en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de la corrupción. Su combate; el barrer las escaleras de arriba para abajo; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…y un largo etcétera son el pan de cada día en su discurso.

Por eso debería sorprender su constante ataque a quienes, desde la sociedad civil, buscan lo mismo que él: acabar con la corrupción. O cuando menos, luchar vehementemente en su contra. En la Mañanera de ayer fue especialmente crítico con la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y contra su presidente, Claudio X. González.

Los acusó de haber solapado la corrupción en el pasado por haber defendido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual describió el presidente como “el saqueo más grande que se tenía preparado, que se iba a hacer al pueblo y a la nación; que iba a significar casi un billón de pesos. Iba a ser como un Fobaproa.”

Y agregó: “¿Qué hicieron [los de MCCI] si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que la combatían? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada; nunca, de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave?”

Por ello, el presidente cree que el verdadero nombre de la asociación debiera ser Mexicanos CON la Corrupción y la Impunidad. Y así lo declaró, generando risas entre los asistentes a su mañanera.

Este nuevo arrebato del presidente sorprende por varias razones. Primero que nada, porque a pesar de haber anunciado la cancelación del NAIM en Texcoco aduciendo esta corrupción, el gobierno no ha señalado absolutamente nada ni a nadie por estos actos. Simplemente ha dicho, pero nada ha demostrado.

Cuando empezó ese proyecto se hablaba de la enorme corrupción que lo envolvía. En mi caso quise investigar algunos de los ángulos señalados como infestados por la corrupción. Uno de ellos, el peaje que transportistas estaban obligados a pagar para que llegaran los materiales a la zona de construcción. Un peaje no regulado y que se señalaba iba a los bolsillos de lideres locales. Nunca encontré nada en concreto. No se puede señalar que hay corrupción si no hay pruebas. En el caso del presidente él decidió no solo señalar la corrupción del NAIM sino cancelarlo. A la fecha sigue diciendo que el tamaño del saqueo iba a ser de cerca de mil millones de pesos. Si tiene esa información, que persiga a los saqueadores. Se le va a aplaudir. Barrer las escaleras no es suficiente para acabar con la corrupción. También hace falta recoger la basura y ponerla en su lugar. ¿Quién está pagando una sola factura con la justicia por haber cometido un acto de corrupción en el proyecto del NAIM? A la fecha absolutamente nadie.

Lo segundo: el señalamiento de la modificación al Código Penal en 1994 no lo persiguió ni investigó MCCI porque la asociación nació 22 años después, en 2016. Y tercero: el que la corrupción no fuera delito grave no quiere decir que la corrupción estuviera legalizada. Hay delitos, como las infracciones de tránsito, que sin ser graves, no dejan de ser delitos perseguidos por la justicia.

 

Columna completa en El Universal

Luego de varios meses en que ha lanzado críticas en su contra, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter esta mañana en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

AMLO se refirió a la organización como «Mexicanos por la Corrupción», para luego en broma decir que se había equivocado y que se trataba de «Mexicanos en Favor de la Corrupción», la cual recordó dirige Claudio X. González y otros adversarios de su gobierno.

Acusó que los adversarios se han dedicado a sabotear legalmente a su administración, pues son los que promueven los amparos en contra de las obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros, pues no quieren que el gobierno haga modificaciones de fondo y proyectos que beneficien al país.

«Están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción», enfatizó AMLO.

En ese sentido dijo que MCCI está defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado; lo calificó como «el atraco más grande» que se iba a hacer en contra del pueblo y a la nación.

Mencionó que dicho proyecto iba a significar casi un billón de pesos para quienes lo promovían, e incluso señaló que iba a ser un nuevo Fobaproa.

«Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos Contra la corrupción, le preguntaría: ¿Qué hicieron? si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción», lamentó el mandatario.

Cuestionó a la organización el trabajar contra la corrupción y no haber dicho nada cuando el expresidente Carlos Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave en 1994.

En ese sentido invitó al dirigente de la asociación a que «le replicara» cuál era su posición respecto a que la corrupción estaba legalizada.

«Ya basta de simulación, o sea, no se puede así. Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos; pero además de corruptos, hipócritas», remató AMLO.

Entre mayo y junio de 2013, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, en el municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, a manifestar su descontento con la situación que se vivía en el estado.

Era insoportable, los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando a los empresarios. Se enfrentaron a Édgar Veytia, un hombre duro quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que visitaron la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado estaban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa.

El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas.

Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alguien grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

MCCI obtuvo una copia de la grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. La organización comprobó con fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

 

Investigación completa AQUÍ

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa ‘fantasma’ que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta empresa fue utilizada por Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

MCCI adelantó este martes que el rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última que también investiga a una red de 11 empresas ‘fantasma’ ligadas con Blunderbuss, con la que presuntamente compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los más de 6 millones de dólares se habrían transferido a México entre 2009 y 2011 y ese monto, según MCCI es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

Documentos consultados por esa organización no gubernamental exponen que cuatro de las 11 empresas investigadas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en ningún caso fueron localizadas en los domicilios en que supuestamente operan.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de empresas ‘fantasma’.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), informó que pese a lo que había ofrecido la presente administración, las prácticas respecto a compras y contrataciones que se realizan desde el gobierno federal muestran el mismo patrón de comportamiento que las administraciones anteriores.

De acuerdo a un análisis a los contratos que se encuentran en la plataforma Compranet, MCCI informó que no hay diferencia entre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y la actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se señala que en lo correspondiente a la proporción de contratos asignados por las tres vías que señalan la Constitución y las leyes en la materia, se abusa de la excepcionalidad que abre la ley para la asignación por la vía de adjudicación directa.

MCCI reporta que, en el último año de cada uno de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el porcentaje de adjudicaciones directas fue de 67.7% y 76.2% respectivamente mientras que en los tres primeros meses del presente gobierno la cifra alcanza ya el 74.3%.

                               CONTRATOS GUBERNAMENTALES
FCH (2012) EPN (2018) AMLO (ene-mar 2019)
Adjudicación directa 67.7% 76.2% 74.3%
Licitación abierta 19.1% 14.7% 18.3%
Invitación restringida 13.2% 9% 7.4%

Fuente: Compranet.

Sobre los porcentajes para el método de licitación abierta “mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente”, sólo alcanzan el 19.1%, 14.7% y 18.3%.

“Preocupa este patrón de comportamiento no sólo porque se aleja de la legalidad vigente sino porque las compras y contrataciones que realiza el gobierno son dos de los principales espacios para la creación de relaciones de corrupción”, denunció la organización.

Dichas prácticas irían en contra de lo expuesto por el presidente López Obrador, respecto a que no se tolerará ningún tipo de corrupción, y de que la forma de gobernar iba a ser distinta.

Recordemos que más del 20% del presupuesto de egresos de la federación se utiliza en contrataciones o compras gubernamentales.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

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Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó copia del libro de registro de visitantes, agenda o cualquier formato en el que se registraron las visitas a la oficina del Director General de Pemex en el primer semestre de 2013, periodo en el que supuestamente se negoció un soborno para el contrato de la refinería de Tula.
Sin embargo fue informada por la unidad de transparencia de Pemex que pese a haber sido localizada la información solicitada, no podía proporcionarla porque forma parte de la carpeta de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
Argumentó que “de proporcionarse dicho instrumento objeto de la solicitud de información, relacionado con la citada empresa, se causaría un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, contenidas dentro de la carpeta de investigación correspondiente, que a la fecha se encuentra en trámite”.
Y es que mediante el acuerdo 5.4.0.18, el comité de transparencia de Pemex autorizó una “reserva total” por un periodo de 5 años la información solicitada, pues consideró que existen elementos suficientes para clasificar la información, ya que de darla a conocer se pondría en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la PGR y la SFP.
La petición de MCCI surge luego de que en su delación ante las autoridades ministeriales de Brasil, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, aseguró que en el arranque de 2013 había visitado a Emilio Lozoya en su oficina, y que su presencia en la sede central de Pemex en la ciudad de México, había quedado registrada, por lo que era información que podía ser corroborada.

 


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