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Luego de que la defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anular la autorización que concedió la administración de Enrique Peña Nieto para que fuera juzgado en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un posicionamiento.

«La cancillería en pleno respeto de los derechos humanos del señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien fue extraditado en el mes de enero del año 2017 a los Estados Unidos de América, manifiesta que no abordará su caso, o algún otro, en los medios de comunicación», dijo la dependencia.

Reiteró que el asunto sobre dónde debía de ser juzgado, ya fue analizado y resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que fue extraditado al país vecino.

La SRE adelantó que en breve emitirá una respuesta al escrito presentado por los abogados de «El Chapo», y añadió que siempre estarán en disposición de atenderlos por medio de la oficialía de partes, «siempre que se observen las disposiciones de seguridad para ingresar a las instalaciones y se ciñan a los procedimientos establecidos para tal efecto».

 

Luego de las quejas que el precandidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho sobre la exposición que sus contrincantes han tenido en medios desde el inicio de las intercampañas, este viernes el abanderado del PRI-PVEM-PANAL le respondió.

 

 

A través de sus redes sociales, José Antonio Meade indicó que el periodo de intercampañas es una gran oportunidad para mostrar quiénes son y qué piensan a través de los medios de comunicación y redes sociales. «No se trata de pedir el voto. Así que no le saquen», dijo el ex funcionario federal.

 

Y es que si bien la ley electoral no prohíbe a los precandidatos conceder entrevistas o sostener reuniones privadas, López Obrador ha acusado que Meade y Anaya se han excedido en la exposición que han tenido esta semana que inició la intercampaña.

 

Durante un encuentro con medios de comunicación, el ex titular de Hacienda respondió a los señalamientos que se han hecho a la gestión de Enrique Ochoa Reza al frente de la dirigencia nacional del PRI. Reiteró que el desempeño de Ochoa ha sido positiva, si se le compara con las rupturas que se han generado en el PAN.

 

«Podemos compararlo con la gestión de otros presidentes de partido y lo que vemos, cuando contrastamos a la del PRI con la del PAN, es una gestión en la que, de este lado, hay emoción», dijo Meade. Aunque reconoció que existen «dificultades naturales» en el la definición de candidaturas, que es donde se ha acusado al dirigente de controlar y beneficiar a ciertos grupos en el reparto de las postulaciones.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a venerar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

La mayoría de los medios han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Texto completo en The New York Times

escrito por: 

Al participar en la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un llamado a todos los representantes de los medios de comunicación, a sumar esfuerzos para poder enfrentar el proceso electoral del próximo año.

 

Lorenzo Córdova puntualizó que frente a la elección de 2018, la cual calificó como la más grande y compleja en la historia del país, el gobierno federal, los gobiernos locales, municipales,partidos políticos, candidatos y medios de comunicación deben asumir la responsabilidad que les toca.

 

En el caso de los medios de comunicación, precisó, “hay una responsabilidad, en primera instancia, por su vocación de ser los generadores de la información, de la crítica, que en un contexto democrático caracterizado por la exigencia, tiene que ser tan fuerte, tan ácida como sea necesaria, pero tan objetiva como sea posible”.

 

El consejero presidente del INE sostuvo que proponen «alianzas, no condescendencias ni complicidades. Son los medios, insisto, y particularmente los medios públicos, los responsables de generar ese contexto informativo que permita que el voto efectivamente sea un voto libre. El acompañamiento, tan crítico como sea necesario, de ustedes, es fundamental para poder conducir a buen puerto el proceso electoral más complejo y más grande de nuestra historia”.

 

Señaló que aunque la ley sólo marca la realización de dos debates presidenciales, el instituto estará impulsando un tercero, por lo que planteó la importancia y trascendencia de una alianza con los medios de comunicación para garantizar la difusión de éste. “La alianza con ustedes para que el tercer debate sea trasmitido, por supuesto, con la intención de que el debate resulte particularmente atractivo para todos los concesionarios públicos e incluso privados del país, pues es una responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral”.