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Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México, según un informe presentado por México Evalúa.

El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

En el informe “Hallazgos 2021” se da seguimiento y se evalúa el sistema de justicia penal del país, seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.

Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 % de los delitos investigados en el país queden impunes.

“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, indicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% respecto a 2020. De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR), la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

Señala que actualmente 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.

Más de medio millón de estudiantes dejaron de asistir a la escuela tras la pandemia, de acuerdo con un análisis realizado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.

El reporte apunta que la mayor disminución la presentó el nivel preescolar, cuya matrícula disminuyó 13%, seguida de la educación media superior (7%); primaria (4%), secundaria (3%) y superior (1%).

La reducción de estudiantes de 2018 a 2021 en la matricula escolar fue de 366,954, señalan los autores de estudio, fenómeno que apunta, no fue ocasionado solo por la pandemia. Indican que en este gobierno se ha observado por primera vez una caída en la matrícula de la educación media superior, a pesar de las Becas Benito Juárez que se entregan.Al observar los datos por género para la educación media superior, el efecto es el doble en hombres que en mujeres: hoy tenemos un 10% menos de estudiantes hombres y un 5% menos de mujeres en las aulas que al inicio de la administración actual. Por entidad, Colima y Jalisco muestran las caídas más drásticas, con 15.7% y 14.5%, respectivamente.Otro dato que sobresale del análisis realizado, es que México perdió un año y medio de aprendizajes tras el cierre de las escuelas a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia.

Apuntando que los alumnos con mayores dificultades fueron los que ya presentaban problemas previos y los más pobres.México Evalúa advierte que las autoridades han sido omisas ante la situación de emergencia que enfrenta la educación pública en México y que falta implementar un plan de acción basado en evidencia para atender las afectaciones en los aprendizajes, la caída en la matrícula y los problemas de desigualdad educativa. De no ser así, se perpetuará un ciclo de desigualdad y pobreza para los estudiantes del país.

El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado este martes por México Evalúa.

En 2019 la impunidad se situaba en un 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad.

En el informe “Hallazgos 2020” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), que no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías,

La Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.

Por otro lado, la octava edición de dicho informe también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%.  Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”.

México Evalúa también recogió que una de cada cuatro detenciones en México son ilegales.

El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. Una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia.

Además, México Evalúa detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.

Tras el informe que presentara el martes pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el que señaló que en abril de 2020 se logró “revertir” la tendencia de crecimiento en el número de homicidios dolosos, en relación con el mes anterior, la organización México Evalúa reveló que sus datos fueron imprecisos

Si bien reconocieron que en términos absolutos hubo menos víctimas de homicidios en abril que en marzo (3 mil 20 víctimas contra 3 mil 78, incluyendo feminicidios), señalaron que cuando se realiza un análisis comparativo entre meses con diferente cantidad de días lo adecuado es contrastar el promedio diario de víctimas.

Considerando dicho parámetro, las cifras presentadas refieren un ligero incremento (1.39%) en la incidencia de homicidios, al pasar de 99.3 víctimas diarias en marzo a 100.7 en abril. El porcentaje de incremento se amplía a 7.4% si se compara con el mismo mes del año anterior.

Es decir, el “logro” que presumió el gobierno federal es una verdad a medias, pues sí hubo una ligera reducción en algunos delitos como secuestro y extorsión, pero no se logró revertir la tendencia ni reducir los altos niveles de homicidios dolosos en el país.

“Para apoyar esta caracterización —a la que llama “línea de contención” en homicidios dolosos—, el secretario Durazo usó tasas acumuladas del primer cuatrimestre de 2019 comparadas con el mismo periodo de 2020, para un conjunto muy acotado de municipios. En ellos, efectivamente, se verifica una reducción: Tlajomulco (-30.7%), Guanajuato (-23.5%), Guadalajara (-13.8%) Tijuana (-6.7%), Ecatepec (-6.2%) y Benito Juárez (-3.0%), con dos llamativas excepciones, Ciudad Juárez y Jiutepec, donde los homicidios aumentaron 25.4% y 21.2% respectivamente”, explicó México Evalúa.

Sobre el dato que el titular de la SSPC presentó sobre feminicidios, apuntando una tendencia a la baja, el análisis refiere que su lectura fue correcta, pues se registró una disminución de 7% en este delito: de 2.5 víctimas diarias en marzo a 2.3 en abril de 2020.

“Instamos al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a aprovechar el próximo informe de seguridad pública de una manera distinta. La ciudadanía necesita conocer los planes de preparación para el impacto que la crisis económica tendrá en las dinámicas criminales”, remató la organización.