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El director de un centro de adiestramiento militar del noroeste del país fue detenido por la muerte de siete soldados de la Guardia Nacional y del Ejército durante un entrenamiento en el mar.

El acusado enfrenta un proceso por desobediencia y abuso de autoridad.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, confirmó este martes que el director del centro, al que no identificó, está bajo investigación, además de que está recluido en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero en Ensenada, Baja California, pero recién se informó oficialmente el caso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó ayer en su conferencia matutina que 11 soldados se perdieron inicialmente durante un entrenamiento militar al adentrarse en el mar en las costas de Ensenada. De ellos, cuatro fueron rescatados con vida y se localizaron los cuerpos de seis.

Sin embargo, un funcionario militar, que habló en condición de anonimato para la agencia AP porque no está autorizado para hablar del caso, dijo que el cuerpo de un séptimo soldado fue encontrado hoy en la zona.

Sandoval indicó además que el director del centro militar sería vinculado esta semana a proceso por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad.

“Hay procesos o procedimientos que se deben tomar en consideración porque están establecidos para poder llevar a un adiestramiento… si se sale de ese procedimiento es una desobediencia”, explicó el titular de Sedena y agregó que al “haber generado la muerte de estos elementos también hay un abuso de autoridad”. No descartó que el proceso pueda pasar a la justicia civil.

Sandoval precisó que se buscará determinar “por qué hizo esa actividad si no estaba considerada en el adiestramiento”.

Medios locales reportaron que a los soldados se le ordenó ingresar a una playa de Ensenada para realizar un ejercicio acuático, a pesar de que había una alerta de Protección Civil de fuerte oleaje en la zona, y que fueron sorprendidos por una corriente que los arrastró mar adentro. Incluso se dijo que como parte de las hipótesis que se manejan, está una posible “novatada” a los cadetes del Centro de Adiestramiento “El Ciprés”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que fue una “trampa” el atentado que dejó cuatro militares muertos y nueve heridos ayer en Michoacán, estado que afronta una ola de violencia generada por el crimen organizado.

“Lamentamos mucho este crimen, fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento y fueron a un campamento, hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron”, detalló el mandatario en su conferencia matutina.

“Pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro, y ahí en la maleza había una trampa, un explosivo y venían juntos y por esa explosión ahí mismo falleció un militar, y luego (a otros) heridos los atendieron, pero no pudieron salvarlos”, detalló.

Una fuente militar del 65 Batallón de Infantería confirmó que la emboscada ocurrió alrededor de las 11:00 hora local en un camino de terracería que une los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec, en la región montañosa de la sierra madre en el estado de Michoacán.

En un principio, la fuente expuso que en este sitio, un grupo de presuntos sicarios disparó rifles de asalto y utilizó drones con cargas explosivas contra un convoy militar que realizaba operaciones contra el crimen organizado, aunque el presidente solo habló de la “trampa”.

“Muy lamentable, yo mando mi pésame a sus familiares, que están siendo ya atendidos, y es lo que tienen que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, y desde ayer nos informaron y hoy vimos el tema”, terminó.

En esta región de Michoacán operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Tepalcatepec, este último encabezado por el narcotraficante Juan José Farías Álvarez ‘El Abuelo’, uno de los principales perfiles que infiltraron los civiles grupos de autodefensa creados en 2013.

El pasado lunes 26 de febrero, sicarios asesinaron a balazos a Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirantes del PAN y de Morena, a la alcaldía del municipio michoacano de Maravatío.

Los homicidios fueron realizados por parejas de sicarios con una diferencia de cinco horas. Hasta el momento, autoridades no han identificado a los responsables.

Apenas el pasado 20 de enero, una patrulla militar sufrió la explosión de una mina terrestre en Santa María del Oro, en el estado de Jalisco, colindante con Michoacán, con un saldo de un militar muerto y cuatro más heridos.

Una jueza federal dictó formal prisión en contra de los ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero habían alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.

Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.

Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.

Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.

La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

Incluso llevó a Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, a decir que abogados de la Sedena litigan contra la investigación.

Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.

La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.

A menos de dos semanas de que una jueza liberara a ocho militares acusados de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que siguieran su juicio en libertad, las autoridades volvieron a detenerlos.

Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó que ayer por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.

Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.

La decisión de la jueza, con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados, fue duramente criticada, no sólo por los abogados de las víctimas.

El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una fuerte condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo impugnaría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas.

La nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este Gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó.

No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró, en teoría por carecer de elementos, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes.

La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años.

Expertos y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

Previo a la clausura de actividades, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó las designaciones hechas por el Ejecutivo Federal para ocupar 20 vacantes de magistraturas en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Morena y aliados se impusieron y lograron ratificar los nombramientos con 19 votos a favor; hubo 9 votos en contra y 5 abstenciones.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Marcela Guerra Castillo, tomó la protesta a Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona y Diana Tecontero Juárez.

Además, a Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Magali Irais Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.

Todos fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, lo que llamó la atención es la afinidad que ciertos perfiles tienen con la autodenominada Cuarta Transformación; y es que entre los magistrados y magistradas hay funcionarios del gobierno, hijos de servidores públicos y un militar.

Una de las ratificadas es Maricela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, es señalada como implicada en la Estafa Maestra, trama de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. En su paso por Sagarpa firmó convenios con las Universidades que se utilizaron para el desvío de miles de millones de pesos.

 Destaca el nombramiento de Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.

También se identifican casos de nepotismo, pues Rosendo Gómez Silván, otro de los magistrados ratificados, es hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal a cargo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INADEP), también aparece en la lista. Magali Mendoza Ríos, es hija de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, quien recientemente fue incluida en las ternas para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte.

Diversos funcionarios como. Aarón Marino Álvarez Montiel, director General Regional de la Secretaría de Gobernación; Consuelo Rodríguez Aceves, subdirectora de Transparencia de Fonatour-Tren Maya y Carlos Bojórquez Hernández, director de Normatividad y Consulta del INADEP, también fueron ratificados como magistrados del TFJA.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión, el diputado de Morena Marcos Rosendo Medina Filigrana, aseguró que se desahogaron las entrevistas a los 20 ciudadanos propuestos por el presidente, “dándonos cuenta de su idoneidad, capacidad y que cuentan con los antecedentes y elementos para poder ser postulados para ocupar las vacantes”.

Previo a la votación, y al posicionarse sobre el dictamen, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez del PAN, indicó que las y los candidatos a magistrados “tendrán carrera, pero lo que les afecta es su cercanía con el Presidente. De los 20, únicamente cuatro son los idóneos porque tienen servicio profesional judicial; es gente que ha demostrado su capacidad. Necesitamos ver nuevas caras y que no tengan la consigna”.

Recordemos que el dictamen fue avalado la semana pasada en comisiones, con el apoyo de Morena y ante la ausencia de los legisladores de oposición que no asistieron a la sesión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por el contrario, López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

AMLO respondió así a las declaraciones del exfuncionario federal, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino a favor de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa que una jueza liberó el pasado fin de semana por “falta de pruebas”.

La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos.

Al respecto, López Obrador afirmó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertirle sobre la liberación de los militares. Aseguró que estas acusaciones responden a dos cosas: opositores que buscan el desprestigio del Ejército porque “no quieren que haya una institución independiente” y también para hacerlo “quedar mal”.

López Obrador volvió a arremeter contra organizaciones de derechos humanos, en especial contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH (Emilio) Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, se quedaron callados”, enfatizó.

No obstante, prometió que su Gobierno seguirá con la investigación al sostener que no está encubriendo a nadie.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, dicha versión quedó desacreditada.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

El Gobierno federal anunció formalmente este martes la cesión a una empresa de la Secretaría de Defensa (Sedena) del control sobre cuatro aeropuertos del país, como parte de la estrategia de impulsar la participación de militares en proyectos de infraestructura.

Desde que llegó al poder en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha encomendado al Ejército varias obras estrella, como el tren de pasajeros en el sureste del país, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con varios documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Transportes otorgó al Grupo Aeropuertario, Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) la administración, operación, explotación y, en algunos casos, la construcción de los aeropuertos de Uruapan (Michoacán), Palenque (Chiapas), Puebla y Puerto Escondido (Oaxaca).

De las cuatro instalaciones, la de Puerto Escondido y la de Puebla son las que tienen mayor actividad, mientras que la de Uruapan es baja y Palenque ha estado inactivo durante los últimos años tras su inauguración.

GAFSACOMM, controlada por el Ejército, tiene ya a su cargo los aeropuertos de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria (Tamaulipas), Tamuín (San Luis Potosí), Chetumal (Yucatán) y Ciudad Ixtepec (Oaxaca).

El permitir la participación de militares en proyectos de infraestructura ha sido duramente criticada por la oposición.

Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este miércoles que miembros del Ejército ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo, tal como reveló una investigación de Univisión.

“Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, dijo López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

Adelantó que los militares involucrados “están bajo resguardo, un grupo, todos”, aunque no ofreció mayores detalles.

López Obrador se refirió a los videos que fueron publicados por Univisión y posteriormente por El País en los que se observa que los militares bajan a golpes a los cinco individuos de una camioneta, les vendan los ojos, les disparan y después les colocan armas encima.

“Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”, añadió.

Apuntó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y fincará responsabilidades, adelantando que no habrá encubrimiento por parte del gobierno, “porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos”.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar; apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. En abril, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.

López Obrador aseguró que en su gobierno “cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”.

Recordemos que el gobierno de López Obrador ha recibido críticas por el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica, aunque el mandatario ha insistido en que en su administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos como en los sexenios anteriores.

“Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten, o sea que no somos iguales”, manifestó.

“Antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad la llevaba a cabo García Luna y era la de ‘mátalos en caliente’. Era la guerra, y a los heridos los remataban, y había ajusticiamientos”, remató.

Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron ayer una denuncia pena contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando el uso de pruebas falsas.

Esta denuncia podría afectar el proceso de la investigación, con la que se ha comprometido el presidente López Obrador, e incluso alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel fueron quienes presentaron la denuncia.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.

Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas.

Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González señaló a Encinas de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.

“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones. y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía.

Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”.

La organización dijo que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad “no resta valor a pruebas de acusación” sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.

Y es que la investigación sobre la desaparición de los normalistas se vio envuelta en polémica la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.

Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que dijeron, complica la verificación de las evidencias.

Por su parte Encinas defendió las acciones de la Comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.

Recordemos que el subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso hoy en pie de guerra a los rusos al decretar la movilización parcial de 300,000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que llamó “chantaje nuclear” de la OTAN, que se propone “destruir” a Rusia.

“Al día de hoy nuestras Fuerzas Armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los mil kilómetros, combaten no sólo contra formaciones neonazis, sino prácticamente contra la máquina militar del Occidente colectivo”, dijo Putin durante un discurso televisado.

La medida, una reacción “desesperada”, según la propia Unión Europea, es a todas luces un reconocimiento del fracaso de la “operación militar especial” en Ucrania, que en casi siete meses de combates no ha logrado el principal objetivo, conquistar el Donbás, e incluso ha cedido en las últimas semanas territorio en las regiones de Járkov y Lugansk.

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la movilización es “una tragedia, ante todo, para el pueblo ruso”, y también un resultado de la “incapacidad del Ejército profesional” de Rusia, según dijo hoy su portavoz Serhiy Nikíforov,

Sin mencionarlo, Putin, según los analistas, admitió con esta medida por primera vez que su país está en guerra, aunque el jefe del Kremlin insiste en que los soldados rusos no sólo combaten con Ucrania, sino también con sus aliados occidentales.

La movilización sigue a la convocatoria para este viernes de referendos de integración con Rusia en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y en los territorios ocupados del sur de Ucrania en las regiones de Jersón y Zaporiyia, consultas ya condenadas por la comunidad internacional.

Putin centró gran parte de su discurso en acusar a Occidente de amenazar a su país con el suministro de armamento ofensivo de largo alcance que permitiría a Ucrania lanzar ataques en Crimea y otras regiones de Rusia. “Con su política agresiva y antirrusa, Occidente ha superado todos los límites”, denunció.

El objetivo de Occidente es “debilitar, dividir y destruir finalmente a nuestro país”, dijo el jefe del Kremlin, quien destacó que Occidente dice abiertamente que en “1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora ha llegado el turno de Rusia”.

“Se trata no solo de los ataques alentados por Occidente contra la central nuclear de Zaporiyia (en Ucrania, aunque bajo control militar ruso), que pueden provocar una catástrofe atómica, sino también de las declaraciones de altos cargos de la OTAN acerca de la posibilidad en emplear contra Rusia armas de destrucción masiva”, precisó.

Putin enfatizó que los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial, la independencia y la libertad del país están garantizadas “con todos los medios a nuestro alcance”, lo que incluye armamento más moderno que el de la OTAN.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que “no cree” que Rusia vaya a usar armas nucleares en la guerra.

“No creo que se vayan a utilizar esas armas. No creo que el mundo deje que eso ocurra”, afirmó el jefe del Estado ucraniano, según unos extractos de una entrevista televisiva.

En tanto, en declaraciones a la televisión pública, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró que serán movilizados 300,000 reservistas, un 1% del potencial del país.

Dichos reservistas deben haber cumplido el servicio militar obligatorio, tener experiencia en combate o alguna especialidad militar que necesiten las Fuerzas Armadas, aunque es improbable que sean destinados al frente.

Shoigú explicó que hay que “asegurar” y “controlar el territorio” ocupado por las tropas rusas en el Donbás y las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Los primeros movilizados serán suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años, según Andréi Kartapólov, el jefe del comité de Defensa de la Duma o Cámara de diputados.

Recordemos que los reservistas que sean movilizados no tienen elección. El Parlamento ruso aprobó recientemente leyes que endurecen hasta con diez años de cárcel el castigo por deserción, rendición voluntaria o negarse a entrar en combate.

Adelantándose a la oposición de muchos rusos, especialmente en las grandes ciudades, a enviar a sus hijos al frente, Shoigú aseguró que “no habrá movilización de estudiantes universitarios”. En principio, tampoco serán movilizados los reclutas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron el despliegue en las últimas semanas de un gran número de reclutas en la frontera con Ucrania.

El anuncio de Putin hizo temer que algunos hombres en edad de combatir no pudieran salir del país. El Kremlin se negó a comentar si las fronteras se cerrarán para los sujetos a la orden de movilización, y pidió a la gente que tenga paciencia mientras se aclara la ley.

Sin embargo, los vuelos de ida desde Rusia se dispararon en precio y se agotaron rápidamente este mismo miércoles.

Por su parte Estados Unidos dijo que se toma “en serio” la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de usar armas nucleares en la guerra de Ucrania, y anunció “graves consecuencias” si Moscú avanza en ese sentido.

“Es una retórica irresponsable de una potencia nuclear”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, entrevistado por la cadena ABC. “Estamos monitoreando lo mejor que podemos su postura estratégica para poder modificar la nuestra si es necesario. No hemos visto ninguna indicación de que eso sea necesario en este momento”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este jueves que sicarios de un cártel del narcotráfico persiguió y asedió a plena luz del día a un convoy militar, imágenes que fueron difundidas en redes sociales. El mandatario dijo que los uniformados no los enfrentaron porque son “seres humanos” y hay que “cuidarlos”.

Desde que llegó al poder en 2018, el mandatario ha impulsado una política contra el crimen organizado que bautizó como “abrazos, no balazos”, para atacar de raíz la problemática, principalmente enfrentando la pobreza y la corrupción, al tiempo que dio más poder a las Fuerzas Armadas en áreas como proyectos de infraestructura.

“Ayer en las redes sociales circuló un video donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo. Se usó para decir en qué país vivimos (…) que no había autoridad, cómo se humillaba así al Ejército”, dijo el mandatario.

“Tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército; antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos”, agregó López Obrador, donde usó la palabra “persecución” para referirse al suceso, que sucedió en la comunidad de Nueva Italia, en Michoacán.

En los videos que se han viralizado, se ve a tres vehículos con militares huyendo a gran velocidad por una vía, mientras se oye a los sicarios, en camionetas todoterreno, gritándoles “tírale” (dispárale).

Según se ha confirmado, los agresores pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene presencia en gran parte del país, y con negocios en Estados Unidos, Europa, Asia y varios países de América.

“Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, argumentó AMLO, quién explicó que el incidente fue el miércoles y que después de la persecución, los militares regresaron con refuerzos al lugar y encontraron varios laboratorios de droga.

El mandatario ha recibido fuertes críticas de la oposición por otros episodios, como la fallida detención en 2019 de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El presidente acusó al expresidente Felipe Calderón de imponer a las fuerzas de seguridad una política de rematar a los criminales heridos en los operativos y recordó que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos, por supuestos vínculos con el tráfico de droga.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este lunes en que los proyectos de desarrollo e infraestructura de su gobierno se guían por una política de sustentabilidad y cuidado ambiental, esto en referencia al Tren Maya y a las críticas que se hacen a su construcción.

Indicó que el Tren Maya, por ejemplo, incluye la creación de parques y áreas naturales protegidas como el Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo; la ampliación de la reserva natural de Calakmul con alrededor de 10 mil hectáreas y el parque natural de Uxmal, terreno rescatado de 2 mil 500 hectáreas, además de la reforestación en la zona.

“Bueno, primero, les voy a repetir, porque fue oportuno y a pesar de estar hecho de manera espontánea, sin actores, sin artistas, la gente da a conocer lo que piensa del Tren Maya. Pero estoy hablando de una comunidad en donde están los cenotes que supuestamente el Tren Maya va a destruir, esto fue la campaña que iniciaron, al día siguiente que inauguramos el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ la echaron a andar con artistas los que están en contra de la transformación y la misma gente sale a la defensa”, dijo AMLO al tiempo que proyectó un video.

En seguida, mostró otro video de lo que calificó como “la destrucción” que ha habido lamentablemente en la zona desde hace muchos años, y por la que nunca los ambientalistas habían protestado.

Se refirió una vez más quienes están detrás del Tren Maya como seudoambientalistas, que dijo, son vividores que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso reveló que hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una empresa constructora muy famosa, yo creo que es la empresa constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco, tiene, nada más que ya no se le permite extraer material, les dieron permiso para eso, y están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa, y así en muchos casos”, añadió AMLO.

Durante su conferencia aseguró que el Tren Maya cuenta con todos los permisos ambientales necesarios, y ocupó el tema para decir que no es un tema de preocupación por el trazo y por la afectación al medio ambiente. “No es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna, no, no, no; es un asunto político o politiquero. Mejor dicho, de intereses. Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades. Es por interés y, para decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política, o porque están en contra de nosotros”.

Fue en ese punto donde recordó el decreto que se emitió para “blindar” las obras del gobierno, pues reveló que al interior del mismo gobierno no solo hay lentitud, sino también hay oposición.

“En torno al Tren Maya ¿desde el interior le estaban metiendo el pie para que no avanzara?”, se le preguntó al presidente, a lo que indicó que sí, tanto al interior del gobierno, como fuera de él.

Al respecto, el presidente López Obrador supervisó este fin de semana el inicio de la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, y del nuevo aeropuerto de Tulum, obras a cargo de militares.

Según datos de la página oficial del Tren Maya, el tramo 6, que va de Tulum a Bacalar, tiene una extensión de 254 kilómetros, mientras que el tramo 7, que correrá de de Bacalar a Escárcega, comprende 287 kilómetros.

“El viernes y sábado visitamos cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto”, apuntó López Obrador en un mensaje en redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que el mandatario agradeció a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “su profesionalismo y responsabilidad” en la ejecución de proyectos para la nación.

“Ustedes saben que estas obras (…) son en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México. No se trata de obras con fines de lucro, son obras verdaderamente públicas”, dijo a los militares.

Al igual que el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Félipe Ángeles, el Tren Maya es un proyecto prioritario para la administración de López Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos para construir cerca de 1,554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En su mensaje, el mandatario precisó que el Tren Maya se construye para potenciar el turismo, el empleo y el desarrollo de la región sureste.

“Estos turistas que lleguen a disfrutar de las playas, de las bellezas del Caribe, del azul turquesa también se introduzcan a la región para disfrutar de la riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos como la riqueza arqueológica, los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas de Mesoamérica”, destacó.

Explicó que el proyecto no representa deuda para el país porque se financia con presupuesto público resultado de no permitir la corrupción.

En su gira de trabajo de dos días el presidente sostuvo reuniones de evaluación con empresas a cargo de los tramos 1, 2 y 3 y ratificó su compromiso de entregar el Tren Maya en diciembre de 2023. Aemás, supervisó la ampliación del Aeropuerto Internacional de Chetumal.

El Ejército ruso aseguró haber tomado el control de un aeropuerto estratégico en las afueras de la capital ucraniana y que aisló a Kiev de Occidente.

El aeropuerto de Hostomel tiene una pista larga capaz de acomodar aviones de transporte pesado. Su caída permitiría a Rusia transportar tropas por aire directamente a las afueras de Kiev. Hostomel está a apenas 7 kilómetros al noroeste de Kiev.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que las fuerzas aerotransportadas rusas utilizaron 200 helicópteros para aterrizar en Hostomel.

Además, el Ejército ruso dice haber destruido 118 objetivos militares ucranianos desde el inicio de la invasión al país vecino en su avance hacia las afueras de la capital Kiev.

Entre los objetivos había 11 bases aéreas ucranianas, 13 instalaciones de mando, 36 radares de defensa aérea, 14 sistemas contra misiles aéreos, 5 aviones de guerra y 18 tanques y buques, explicó el vocero del Ministerio de Defensa ruso.

Rusia sigue su avance a la capital de Ucrania, Kiev, tras una serie de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la Guerra Fría.

El sonido de las explosiones sacudió Kiev antes del amanecer y más tarde se escucharon disparos cerca del barrio gubernamental, mientras los líderes occidentales convocaban una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar un ataque que podría derrocar a su gobierno elegido democráticamente, causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial.

Entre los indicios de que capital ucraniana estaba bajo una creciente amenaza, el Ejército dijo el viernes que un grupo de espías y saboteadores rusos fueron vistos en un distrito de la ciudad a unos 5 kilómetros al norte del centro.

“El día más difícil será hoy. El plan del enemigo es abrirse paso con columnas de tanques desde el lado de Ivankiv y Chernihiv hasta Kiev. Los tanques rusos arden perfectamente cuando son alcanzados por nuestros ATGMs (misiles antitanque guiados)”, dijo Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior.

Recordemos que la invasión rusa de Ucrania comenzó en la madrugada del jueves con una serie de ataques con misiles, muchos de ellos a instalaciones gubernamentales y militares clave, seguidos de inmediato por un asalto terrestre por tres flancos.

Según funcionarios ucranianos y estadounidenses, las fuerzas de Moscú estaban atacando desde el este hacia Járkiv, la segunda ciudad del país; desde la región sureña de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, y desde Bielorrusia por el norte.

Foto: Twitter @lapatina_

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el envío de más militares al este de Europa, en un claro gesto de apoyo a sus aliados frente a potenciales amenazas derivadas de Rusia, que ha desplegado a más de 100,000 efectivos cerca de las fronteras con Ucrania.

El nuevo refuerzo norteamericano cuenta ya con el visto bueno de Biden y se hará efectivo “en los próximos días”, según confirmó el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby.

En concreto, el compromiso de Washington será el envío de 2,000 efectivos de Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia y Alemania en los próximos días y trasladará unos 1,000 efectivos de Alemania a Rumania. En total se estarían movilizando cerca de 3,000 soldados.

Recordemos que Estados Unidos ya había puesto en aviso a 8,500 efectivos en caso de que la Alianza necesitara un despliegue rápido, si bien por ahora todo se hará conforme a acuerdos bilaterales.

“Estas fuerzas no van a combatir en Ucrania. No son movimientos permanentes. Responden a las condiciones actuales”, explicaron fuentes consultadas a The Washington Post, uno de los medios que reportó la información previo a la confirmación del Pentágono.

Moscú ha criticado en reiteradas ocasiones la implicación militar norteamericana en territorio europeo, en la medida en que lo percibe como una amenaza. También ha pedido a la OTAN que frene su expansión en el este de Europa.

Y es que aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es “inminente”.

Se espera que el Pentágono haga oficial el anuncio en una rueda de prensa prevista para este mismo miércoles.