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Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insistió en que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, sino por el contrario, afirmó que su objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó el legislador.

Advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la elección de las y los ministros.

Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de la reforma, que dentro del partido están impulsando.

“Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, “si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección, sino que los mexicanos a través de la consulta sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan”.

Respecto al procedimiento de elección de las y los ministros, apuntó, puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, refirió.

El morenista reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial al asegurar que solo favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Aseguró que esta reforma es necesaria al no poder eliminar la inseguridad y la delincuencia “porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, en la gente, creo que les conviene”, añadió.

Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Poder Judicial parecen no llegar a su fin. Toda la semana ha arremetido contra la Suprema Corte y sus ministros.

Hoy, López Obrador volvió a insistir en que a diferencia de él y el poder legislativo, que llegaron a sus encargos por el voto de los mexicanos, el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto.

En ese sentido, dijo que el Poder Judicial es el mismo de siempre, por lo que llamó a “renovarlo”.

“Obedece (el Poder Judicial) a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?”, cuestionó el mandatario.

En ese sentido, ventiló que le hicieron llegar a la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana en Palacio Nacional información acerca de que Corte contrató a la que era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, cuando Genaro García Luna estuvo al frente, y quien es investigada por firmar contratos iregulares.

“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, añadió López Obrador.

Señaló directamente a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a la excolaboradora de García Luna como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

“Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos. Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpas por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público. No puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público.

Afirmó que con este tipo de acciones, la Corte está buscando bloquear, contrarrestar todo lo que su gobierno hace. “Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador”.

Al presidente se le expuso el caso de dos funcionarios del Tribunal 17 acusados de participar en estafas, siendo el mismo tribunal al que pertenece la magistrada Amanda Roberta García González, que fue quien votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna cuando él estaba siendo declarado culplable en Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador acusó que el Consejo de la Judicatura “no sirve para nada, es un florero, está de adorno”, pues debería ser el Consejo quienes tendrían que estar revisando dichas acusaciones. Cuestionó cómo se puede contratar en el Poder Judicial a quien está acusada de firma de contratos ilegales en la época de García Luna.

El reportero, de la revista Contralínea, le insistió en el hecho de que los ministros y más de mil funcionarios del Poder Judicial ganan “cientos de miles de pesos”, más que el propio titular del Ejecutivo.

 También le recordó los “privilegios” que se han expuesto en la mañanera, que gozan los ministros de la Corte. En ese sentido, le planteó si sería bueno que hubiera una rendición de cuentas del Poder Judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, para conocer de qué manera ha evolucionado el patrimonio de sus integrantes.

“Sabemos que ya ganan mucho, pero, aun así, aun así, no se alcanza a explicar la riqueza de muchos integrantes del Poder Judicial, y no necesariamente o solamente los ministros, sino incluso también jueces que, como le decía, ganan más que usted.

Al respecto, López Obrador dijo que todos los mexicanos tienen el derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos. Incluso reclamó que “no tiene por qué ocultarse”, justo en momentos en que se le ha acusado de querer acabar con la transparencia al tener inoperante al INAI.

“Yo les propongo algo: cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí”, dijo AMLO apoyando así indagar los ingresos y patrimonio de ministros, magistrados y jueces.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el cual clasificó como de “seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno, tales como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, entre otros.

Mediante el acuerdo, el gobierno ordenaba autorizar permisos provisionales a las obras para que pudiera avanzar aún sin dictámenes, permisos o licencias, además de que restringía el acceso a la información sobre dichos proyectos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó la controversia constitucional, al señalar que el acuerdo implicaba una reserva “anticipada y generalizada de la información” sobre las obras estrellas de la 4T, lo que dijo, vulnera el derecho a la información.

El proyecto discutido corrió a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, en donde se indica que se transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda.

Al inicio de la sesión, los ministros determinaron que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general, por lo que sólo requerían seis votos a favor del proyecto para declararse inconstitucional.

Pese a esto, la invalidez se dio con 8 votos a favor, de los ministros: Luis González Alcántara Carrancá; Javier Laynez; Luis María Aguilar; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Alberto Pérez Dayán; Margarita Ríos Farjat; Jorge Pardo Rebolledo y Norma Piña.

En tanto, y tal y como se preveía, los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Fue el 22 de noviembre de 2021 cuando el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura, desarrollo social y turismo a cargo del gobierno. 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, e impulsor de dicha propuesta, Ignacio Mier, adelantó que en breve se presentará la solicitud formal ante la Comisión Permanente para llevar a cabo la consulta popular en relación a la elección de ministros de la Suprema Corte.

“La invitación a todos la vamos a formular puntualmente la próxima semana, para que antes de que concluya la Comisión Permanente se esté presentando la solicitud, la turnen como parte del informe de la Permanente a la Cámara de Diputados, tome conocimiento de ella el nuevo presidente o presidenta de la Cámara, y se dé inicio al procedimiento legislativo”, indicó el morenista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resaltó que se trata de una consulta para conocer la opinión de las y los mexicanos para saber si quieren que se modifique el artículo 96 de la Constitución, en donde se establece que los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores.

Detalló que en caso de que la población responda que sí es necesario el voto ciudadano, en más del 40 por ciento, será vinculatorio, se iniciaría la segunda etapa y se buscará ya la manera de legislar en la materia

Mier Velasco anunció que al debate que se propone, se invitará a quienes se han manifestado en contra de la propuesta, como el exministro José Ramón Cossío; el exprocurador Diego Valadés; y el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

“Vamos hacer una formal invitación para que vengamos aquí a debatir. No vamos a debatir para modificar el régimen republicano de nuestro país, que nadie quiere eso, queremos fortalecer el régimen republicano de división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, expresó.

Rechazó que se trate de una venganza, al señalar que “estamos en un país democrático, en donde debemos de revisar permanentemente nuestras prácticas”.

Fue el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien precisó que el ejercicio de consulta popular se podría llevar a cabo en agosto del 2024.

“Estamos pensando en acudir a esa herramienta de democracia directa, que permitiría que todo México opinara si el tercer poder constitucional, que tiene facultades muy importantes y que revisan los actos de todos, debe o no tener un sustento y legitimidad en el sufragio de toda la población de México, de toda la ciudadanía”.

Detalló que primero será la consulta, si prosperara, entonces, en un segundo ejercicio después de agosto del año que entra, habría consulta popular para designar a uno o a varios ministros o ministras de la Corte.

“O sea, que es un proceso de mediano plazo y, más que mediano plazo, suficiente para que todo mundo participe, opine y para que encontremos un punto de concurrencia los mexicanos y podamos dirimir, conforme a las instituciones que tenemos, un asunto tan importante”, aseveró.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al tema.

Dijo que una consulta popular “ayuda” pues “hay que informar a la gente” sobre la vida pública del país y en especial sobre lo que pasa en el Poder Judicial, que insistió, “casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido”.

Volvió a arremeter contra el Poder Judicial al decir que “solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes” y que no imparten justicia en beneficio del pueblo. Por eso sostuvo, “hay que renovarlo”.

Sobre la consulta, dijo que solo se deberá revisar el procedimiento legal de dicho ejercicio, pues adelantó que no se pueden llevar a cabo consultas cuando ha iniciado algún proceso electoral. Sin embargo señaló que “i hay tiempo, y está permitido por la ley, sería bueno” llevar a cabo la consulta popular.

En ese sentido, llamó a todos a participar, para “limpiar,  moralizar y  purificar la vida publica”. “Ojalá y se lleva a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo”, remató.

La International Bar Association (IBA), considerada la agrupación de abogados más importante del mundo, manifestó su inquietud por la interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  en la independencia judicial, como consecuencia de los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La IBA recordó que el mes pasado, la Suprema Corte determinó que la reforma promovida por el presidente, de transferir el control dela Guardia Nacional  a la SEDENA, era inconstitucional.

En respuesta a la decisión judicial, AMLO  “atacó” a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho, de los 11 ministros que votaron por declarar inconstitucional la reforma, actuaron “de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

La agrupación de abogados dijo que dichas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas que el presidente ha hecho sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte.

Enlistó algunos de los ataques que el mandatario a hecho a la Corte. Dijo que el 23 de marzo de 2023, el presidente López Obrador acusó al poder judicial de estar “completamente distorsionado” y “afectado por la corrupción”, con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo. Lamentó que el presidente López Obrador comparara a los jueces con “gánsteres”, basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos.

También recordó que el 24 de marzo, en comentarios sobre la decisión de la Suprema Corte en relación al Plan B, el presidente afirmó que la Suprema Corte es parte de la “mafia del poder” y que su “sólo Dios es el dinero”.

La IBA señaló que las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”.

También alertó que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es “igualmente problemática”. Detalló que presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el Ejército.

“Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a  otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”, alertó.

Afirmó que las declaraciones del presidente debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Añadió que constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional.

“Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.

Sostuvo que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho. Incluso dijo que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó esta mañana un documento que difundió el coordinador de Morena en el Senado, donde se exponen los “40 privilegios” de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado (…) para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B”, dijo el mandatario.

Y es que explicó que el llamado ‘Plan B’ que invalidaron los ministros era en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución.

“Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses”, recriminó el mandatario.

Proyectó el documento, donde se exponen las prestaciones con que cuentan los ministros de la Corte, que él y Morena han llamado “privilegios”.

Te presentamos los 40 puntos que componen el documento que Morena ha circulado:

  1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
  2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
  3. Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
  4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
  5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
  6. Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
  7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
  8. Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
  9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
  10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
  11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC).
  12. Seguros para autos y casa habitación.
  13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
  14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
  15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
  16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
  17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  18. Tres equipos de cómputo e impresión.
  19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
  20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
  21. Papelería personalizada.
  22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
  23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
  24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
  25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
  26. Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
  27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
  28. Seguro de vida institucional por $12’000,000.
  29. Pago por defunción de $1’189,615.
  30. Ayuda para gastos funerales de $30,000.
  31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
  32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
  33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
  34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
  35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
  36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
  37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
  38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
  39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
  40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.

Para hacer una comparación de lo que tiene el Poder Judicial para sus prestaciones, que son casi 74 mil millones de pesos, López Obrador dijo la presidencia ejerció el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Además, insistió en que los ministros de la Corte “representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo”, preguntó el mandatario.

Insistió que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial, “y lo mejor es que lo haga el pueblo”. “Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

Dijo que el discurso será ahora que ‘la Suprema Corte no se toca’, y apuntó que los ministros de la Corte en México, ganan más que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Finalizó confiando en que que el movimiento de transformación, triunfe en las elecciones del próximo año, lo que les permitiría tener mayoría calificada en la Cámara y que así se puedan hacer reformas a la Constitución, entre ellas, la del Poder Judicial.

El presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Comisión Permanente, Santiago Creel, consideró que aunque todo es perfectible y nada puede quedarse estático, rechazó una reforma judicial como la que propone el presidente López Obrador, en la que quiere que se elija por voto popular a los ministros de la Corte.

El panista explicó que cuando se elige a alguien, quienes tienen el poder de hacer un despliegue territorial son los partidos políticos, por lo que una propuesta como la del Ejecutivo necesariamente politizaría el proceso, como se hizo con la Revocación de Mandato o con la consulta a los expresidentes.

“¿Cuál sería la plataforma de campaña de estos candidatos? ¿Quién los financiaría? ¿Quién pagaría una elección? Una elección que vale alrededor de cinco o seis mil millones de pesos, si es una elección con todas las urnas en todo el país”, subrayó el legislador.

El panista dijo que la propuesta de López Obrador es un “verdadero absurdo, es un disparate”.

Sobre lo expuesto por AMLO, de que la oposición debería hablarle al pueblo, el líder del PAN sugirió al presidente sea él quien voltee a ver al pueblo, al número de pobres que ha generado su gobierno, así como los 150 mil homicidios violentos, 40 mil desaparecidos y 15 mil feminicidios registrados en su administración.

“¿De qué pueblo habla? ¿o habla de todos o habla de su facción, y si va ser faccioso un Jefe de Estado, es algo oprobioso”, manifestó Creel Miranda.

Asimismo, afirmó que las descalificaciones a la SCJN y los insultos a los ministros son fuegos de artificio que quieren espantar como el “petate del muerto”, porque “habemos muchos más los que estamos dispuestos a defender a la Suprema Corte de Justicia en todos los términos. Tenemos Corte, habemus Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Finalmente, Santiago Creel anticipó que todo lo que constituyó la semana negra legislativa en el Congreso se va, igualmente, a controvertir mediante Acción de Inconstitucionalidad.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que se requiere una reforma al Poder Judicial, esto luego de haber sido uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la resolución de la Corte de invalidar el llamada ‘Plan B’ de la Reforma electoral de AMLO.

El senador sorprendió al señalar que aunque la división de poderes es sana para la República, no se pueden “cerrar los ojos” ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros, adoptando así el discurso crítico del presidente López Obrador hacia la Corte.

Monreal Ávila presentó un listado de 40 “privilegios” que dijo, cuentan las y los ministros. El senador sostuvo que “tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”.

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Ricardo Monreal hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden con exceso la resolución de la Corte, y que protegen a una “casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial”.

“Deben de actuar con prudencia y ecuanimidad porque en la Corte está instalada una casta con privilegios”, apuntó Monreal Ávila.

El legislador insistió en que cree en la división de poderes; sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; “eso no lo podemos admitir”, porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

En ese sentido, señaló que la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Y en línea con lo que ha expuesto el presidente, dijo que “tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México”.

Monreal adelantó que propondrá diversas iniciativas, como que la presidenta de la Suprema Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También propondrá que la Defensoría de Oficio sea un ente autónomo, pues no debería estar a cargo de la Corte.

También afirmó que la selección de ministros debería ser operada con otro sistema para evitar la cooptación.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena remató señalando que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, dijo, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; “no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad”.

En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocida como el “Plan B”, que Morena y aliados aprobaron en el Congreso.

Este llamado ‘Plan B’ ha sido señalado por la oposición y expertos en la materia, de atentar contra la democracia y de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo año.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los votos a favor del proyecto fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto. Las dos figuras más cercanas a Morena y al gobierno federal.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.

Además, el Instituto Nacional de Electoral (INE) aún con Lorenzo Córdova al frente, denunció que dichas reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen “el principio de deliberación informada y democrática”.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara”, indicó el proyecto que estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

Es decir, el rechazo se produjo no por el contenido o los cambios aprobados, sino porque los legisladores que la aprobaron violaron el proceso durante su aprobación en las Cámaras del Congreso.

En tanto, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, coincidió en que “se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida”.

Este es el primer revés del “Plan B” de López Obrador en la Corte, el cual llegó luego del fracasó de la su iniciativa constitucional que el mandatario envió al Congreso, con el que buscaba “transformar” al INE.

La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el “Plan B”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció AMLO desde Veracruz.

Eso sirvió a López Obrador para reiterar sus señalamientos hacia los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables”, por haber declarado inconstitucional el miércoles pasado, la reforma legal que él promulgó en septiembre para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que el mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

Sin embargo, López Obrador habría girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al titular de Gobernación, Adán Augusto López, de no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Y es que la Guardia Nacional ha sido la principal apuesta del presidente para contener la violencia en el país.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Esto es solo un episodio más del enfrentamiento que AMLO mantiene con la Corte y el Poder Judicial.

Cuando Piña resultó electa como primera presidenta de la Corte, López Obrador reconoció “diferencias” con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Después, hubo una polémica en redes sociales contra Piña, orquestado por seguidores de la 4T, por no ponerse de pie para aplaudirle a López Obrador durante la conmemoración de la Constitución el 5 de febrero.

Semanas después, López Obrador minimizó las amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte que surgieron después de que él la acusó de “desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este miércoles que insistirá en transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tras el fallo de la Suprema Corte, que invalidó dicho movimiento.

Fiel a su estilo, el mandatario se lanzó contra la Corte, a la que acusó de haber actuado de manera “facciosa”.

“Actuaron (los ministros de la Corte) de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió al fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la reforma legal que él promulgó en septiembre del año pasado, para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Con ocho votos a favor del proyecto, la Corte invalidó la ley al señalar que durante la creación de la Guardia, que ahora cuenta con cerca de 130,000 integrantes, se estableció que la corporación debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la decisión, López Obrador avisó que “la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También indicó que mantendrá como comandante de la corporación al general retirado David Córdoba Campos. Indicó que ya dio instrucciones a la secretaria de Seguridad de actuar en ese sentido.

Adicional, ordenó a Rosa Icela Rodríguez visitar “todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país” para informar a los elementos “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En la Constitución se establece que, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos”, defendió López Obrador.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Por ello, anunció que esperará a septiembre de 2024 para presentar otra propuesta de reforma constitucional, confiando en que en las elecciones del próximo año su movimiento tenga mayoría calificada, es decir, dos tercios del Congreso.

La reforma causa controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Pero López Obrador aseveró que “los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no con la mayoría del pueblo de México” al citar que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con más confianza ciudadana.

También acusó a los ministros de seguir apostando por el modelo de seguridad de gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón con Genaro García Luna.

La Suprema Corte invalidó este martes la reforma aprobada por el Congreso el año pasado para que la Guardia Nacional (GN) pasara a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), considerada por críticos y activistas una militarización de la seguridad pública.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte respaldó un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que declaraba inconstitucional la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En septiembre del año pasado, los diputados y senadores mexicanos dieron a la Sedena el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional, que antes se encontraba bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Corte invalidó el decreto con el apoyo de 8 de los 11 ministros. Sólo Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas propuestas por López Obrador, junto a Arturo Zaldívar, apoyaron la transferencia.

Apenas por la mañana, el presidente López Obrador dijo que esperaba que la Corte no declara inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional, pues dijo, si no depende de la Secretaría de la Defensa y sigue como antes, correría el riesgo de terminar y echarse a perder como la Policía Federal, “completamente corrupta”.

“Imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien, que ya tienen 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente y que llegue a manejarla un junior, un García Luna sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad. ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal”, dijo AMLO.

Indicó que era bueno que toda la sociedad estuviera enterada de la votación de la Corte,  para que no se hiciera en lo oscurito y, en caso de invalidarse, quedara asentado. Criticó que se argumente que con la transferencia de la GN a la Sedena, se vaya a militarizar el país.