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Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, felicitó a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, por el acuerdo que se alcanzó con la empresa Walmart para  el pago de 8,079 millones de pesos  Jerivados, principalmente, de la revisión a la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips.

Aprovechó para reiterar que el SAT debe consolidarse como una dependencia que aplique con «firmeza» las medidas que tienen que ver con la evasión, elusión y facturas falsas, así como fortalecer las acciones contra quienes evaden el pago de  impuestos.

“Los grandes contribuyentes han burlado a la autoridad fiscal evadiendo el pago  de impuestos, dañando al erario y los ingresos que se requieren para atender las  necesidades de las y los mexicanos, esto ya no puede continuar”, indicó el dirigente nacional.

Señaló que las acciones del SAT deben acompañarse de una reforma fiscal  que tenga como eje principal la progresividad de los impuestos para alcanzar un Estado de Bienestar.

“Nuestro sistema tributario es sumamente inequitativo. La gran desigualdad imperante en México debe disminuirse a través de medidas compensatorias efectivas, en las que los contribuyentes realicen aportaciones conforme a su verdadera capacidad  económica. Es un tema de justicia tributaria.”

Recordemos que el pasado lunes se dio a conocer el acuerdo con la trasnacional, que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha venido aplaudiendo y poniendo de ejemplo para que todas las empresas deudoras se regularicen.

Recordemos que en abril pasado, el presidente señaló que algunas empresas tienen adeudos fiscales por 50 mil millones de pesos.

En ese sentido, Ramírez Cuellar dijo que el SAT tiene la encomienda de hacer efectivo el pago de dichos impuestos, los cuales podrían aplicarse en beneficio de la población a través de apoyos sociales, inversión pública o  programas para la generación de empleos o incluso para atender la actual emergencia  económica y sanitaria derivada del COVID-19.

FEDERICO REYES HEROLES

EXCELSIOR

 

El principio de realidad está ausente en la 4T. La realización inmediata de todos los apetitos es una conocida fantasía que destruye. El recuento de realidades es obligado.

Ya no fue ejemplo de honestidad. Las irregularidades brotan a diario: súbita compra de pipas, empresas fantasma de nueva generación, protección subrepticia a productores de carbón, sistemáticas asignaciones directas, fármacos y ventiladores con sobreprecio y un largo etc.

Si de verdadera honestidad se tratara, la mentira hubiera sido arrinconada. Pero, por el contrario, al mundo le asombra la desfachatez para decir falsedades evidentes, ¿programas asistenciales como empleos? El manejo de la información del covid-19 se ha convertido en una patética danza de cifras que provoca la sospecha fundada. Ocultar infectados y muertos es macabro. Mentirosos, les dice la prensa internacional.

La 4T ya no fue una alternativa de desarrollo. La gestión entregará los peores resultados económicos de muchas décadas. Por supuesto, los estragos de la pandemia no son atribuibles a Morena, sí en cambio la fractura con el sector privado y la lógica caída en la inversión.

Son responsables de no haber sabido implementar una reacción gubernamental a la altura del colapso económico. Ejemplos hay muchos, países más ricos y más pobres. La defensa de los empleadores recibió una burda lectura ideológica. La falta de profesionalismo los ahoga. “¿Qué hacemos con los ricos?”. A qué viene la pregunta. La 4T ya no fue fórmula para combatir la pobreza que aumentará como nunca antes. Al no haber crecimiento, la desigualdad, como lo advierte Coneval, se disparará, así como otros indicadores. Al final del sexenio seremos mucho más pobres y mucho más desiguales. Incluso con un crecimiento magro a partir del 21, el PIB regresaría a niveles del 2013, en el 24.

La 4T ya no fue ejemplo de democracia. A dieciocho meses de gobierno la centralización del poder en el gran líder muestra una vocación claramente autoritaria. Si a ello agregamos los ataques a los órganos autónomos, el INE en primer lugar, o la imposición en la CNDH, o las varias intentonas fracasadas: reelección, Ley Bonilla, Tercera Sala en la SCJN, propaganda con programas sociales, control gubernamental de los medios estatales de comunicación, apropiación del presupuesto, etc., pues el expediente autoritario engorda por semana.

Ya no fue federalista, basta con ver la rebelión de los gobernadores. La militarización es ya parte de la 4T. Sus militantes tendrán que asumirse como los nuevos autoritarios. De alguien es la autoría.

La 4T ya no fue progresista, no hay en el horizonte una sola medida, fiscal, por ejemplo, que ayude a mejorar la distribución del ingreso y corrija el Índice de Gini, o quizá también deben salir de nuestro vocabulario. No fue progresista porque ninguna de las obsesivas obras faraónicas tendrá un impacto social relevante. No fue progresista porque, en lugar de apoyarse en la ciencia, como toda democracia, la ha despreciado. Combatir la ignorancia y el desconocimiento ayuda a paliar la desigualdad. No fue progresista porque su política energética está enfermando a millones de mexicanos, muchos de ellos pobres. No fue progresista por su incapacidad para avanzar hacia un sistema universal de salud que cambie la vida de los más pobres. Por el contrario, se le debilitó; el covid-19 tomó a México en el peor momento institucional.  No fue progresista porque han convertido ahorros de los mexicanos en gasto corriente. Ahora van por los fondos contra desastres, les faltaban. Tampoco podrán aumentar el ahorro público. La 4T nunca será progresista porque no entendió las luchas de las mujeres.

La 4T será referente de ilegalidad. Nunca antes tantos mexicanos y empresas habían acudido al Poder Judicial para defender sus derechos.

Ni honestidad ni legalidad ni nuevo desarrollo; ni democrática ni progresista ni federalista ni pacifista. ¿Qué será la 4T en la historia?

Luego de que Morena presentara una iniciativa de reforma ante la Comisión Permanente para garantizarle al gobierno federal recursos adicionales que atiendan efectos de la pandemia por Covid-19, mediante la extinción de 44 fideicomisos, entre lo que se incluía el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), se informó que se alcanzó un acuerdo con los directores y representantes de la industria cinematográfica para que dicho apoyo no desaparezca.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, afirmó que el Fidecine no va a desaparecer, y por el contrario, se pronunció por potenciar sus beneficios; posición contraria a la que planteó la diputada de Morena, Dolores Padierna en su iniciativa de reforma.

Mario Delgado indicó que se realizará un parlamento abierto para analizar las propuestas en torno a esta industria. Consideró que el Fidecine tiene una grande importancia y utilidad para el país.

La iniciativa en torno al Fidecine, dijo, obedecía a lo que establece la Ley de Austeridad, pero también a la contingencia sanitaria. “Se han tomado decisiones en materia de salud a partir del número de contagios y muertes, y en la economía se hace lo mismo, pero el país no tiene la capacidad de endeudarse con 10 puntos del PIB, como Estados Unidos, Francia u otros países europeos, porque no hay margen para eso”.

Mario Delgado aseguró uno de los instrumentos que se utilizó en el régimen de corrupción que se gestó por muchos años fueron los fideicomisos, porque permitían opacidad en el uso de recursos públicos y se hacían cotos de privilegios.

Pese al «triunfo» de los cineastas y que Morena cedió, la iniciativa contempla la desaparición de 44 fideicomisos en total; al respecto, el morenista dijo que «no vamos a actuar de manera irresponsable y seremos sensibles, analizando 44 fideicomisos, pero los que no tengan defensa se van a ir, porque representan otro tipo de intereses y aquellos que permanezcan, tienen que salir fortalecidos”.

El también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados agregó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a favor de la cultura, pues reconoció, «la participación de este sector para el cambio democrático de nuestro país”.

Añadió que tuvo un acercamiento con la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, quien manifestó su preocupación por el tema.

Por su parte el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputado Sergio Mayer, aseguró que la industria cinematográfica labora por el bien de México, por lo que manifestó su compromiso de trabajar junto con el Ejecutivo y la Secretaría de Cultura federal, para que el Fidecine se mantenga y se fortalezca.

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

 

 

El presidente López Obrador nos quiere convencer de que su gobierno es una «transformación» y su partido un «movimiento». Es posible que, lejos de eso, la historia no vea al primero más que como el error que confirmó por qué este camino era, es y siempre será el equivocado, y al segundo como una deforme amalgama de inconformes y reprobados cuyo único talento es destruir, pero que crecientemente se mostrarán incapaces no sólo de articular políticas coherentes, sino incluso de alcanzar acuerdos medianamente sostenibles entre ellos.

AMLO nos quiere convencer de que la aberración histórica que su gobierno probará haber sido era un capítulo ineludible, un destino expreso. Pero, cómo le dijo Peter O’Toole a Omar Sharif en La inolvidable película Lawrence of Arabia: «no hay nada escrito».

La grave pandemia que vivimos es como un gran espejo en el que vemos reflejado todo lo que preferiríamos ignorar. En las condiciones de México hoy es imposible contener el descomunal daño que provocó una crisis que ocurre quizá cada cien años. ¿Cómo pedirle a quien vive al día que se quede en casa? ¿Cómo evitar contagio entre familias que viven en hacinamiento extremo? (Con desafortunada frecuencia se encuentra a todos los miembros de algunas muertos por contagio) ¿Cómo implementar programas efectivos de apoyo con niveles tan altos de informalidad en la economía? ¿Cómo convencer a los más pobres de que acudan al hospital cuando presentan síntomas si creen que «en los hospitales los matan»? Hace mucho se dejó de hablar del Insabi.

La pandemia no sólo no está «domada», está en franco ascenso. Dado el paupérrimo manejo sanitario absurdamente politizado, y la irresponsable comunicación social, está se prolongará mucho más allá de lo esperado, y provocará muchas más muertes de las que eran inevitables. La falta de medidas económicas paliativas no sólo incrementará en diez millones el número de pobres, sino que hará que mucho del daño que esta crisis provocará se vuelva permanente.

Morena se desintegrará conforme crezca el enfrentamiento entre tribus que serán incapaces de nominar en forma civilizada y pacífica a los candidatos para tres mil puestos de elección popular por los que votaremos el próximo año. Veremos defecciones de aquellos que no resulten seleccionados, y por mucho buscarán acomodo bajo los colores de otros partidos. La brutal ineptitud en el manejo de la economía no sólo provocará la caída más pronunciada en nuestro PIB en casi un siglo, sino que dejará sin recursos a un gobierno que, en su obsesión por la austeridad está incrementando los niveles de endeudamiento del país como nunca antes pero, paradójicamente, lo hará sin que entre un centavo nuevo a las arcas públicas.

Ante la inminente pérdida de mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, el creciente autoritarismo de un gobierno desesperado le quitará a ésta el control presupuestal, para que el Ejecutivo lo retenga, pero aun así carecerán de recursos para sus caprichos y elefantes blancos porque la recaudación colapsará a tal nivel que los recursos discrecionales que quedarán serán una miseria.

A López Obrador se le está yendo el poder entre los dedos. Él lo sabe. Su risa en las mañaneras no refleja su estado emocional, sino su desesperado deseo de ocultar el miedo. Ante lo que viene, sabe que reprimir será quizá su única salida, y por eso hizo lo que siempre criticó: le dio carta blanca al Ejército.

Hoy es importante que empresarios, oposición, medios y todos quienes nos hemos opuesto las barbaridades del gobierno, nos demos cuenta de que escribiremos en las urnas el capítulo que viene, podremos tomar nuestro país de regreso, preparémonos para hacerlo.

México es mucho más que este gobierno de mediocres balbuciendo ante la brutal pandemia. Hay muchos mexicanos comprometidos, trabajadores y talentosos. En la pandemia también hay héroes anónimos que nos recuerdan lo que podemos ser. Y, por eso, no hay que olvidar que hoy, más que nunca, no hay nada escrito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debería tener facultades de fiscalizador.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que se debe de mantener privada la información de las personas, y que la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos.

Y es que en la propuesta de Ramírez Cuellar, se sugiere que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AMLO dijo que no ve conveniente dicha propuesta, y dijo que lo mejor para que no haya tanta desigualdad es que el gobierno ayude; señaló que el gobierno puede apoyar para que la mayoría de mexicanos vaya escalando y no se profundice en la desigualdad social”.

López Obrador enfatizó en que se opone a que las personas informen cuánto tienen. «No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos», sostuvo el mandatario.

Ante las críticas que ha habido, Ramírez Cuellar se empeño en defender su propuesta, y explicó que lo sugerido por Morena no implica que encuestadores del INEGI ingresen físicamente a las propiedades de los mexicanos como se ha querido hacer ver,  sino que los expertos de dicha institución establezcan una metodología para conocer la concentración del ingreso y medir la desigualdad extrema en el país.

Además dijo, la propuesta no nace con la intención de quitarle a los ricos, sino para las altas fortunas «cooperen con lo que deben de cooperar».

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta que hiciera la dirigencia nacioanld e Morena, de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos.

La bancada tricolor consideró que dotar de dicha facultad al INEG es arbitrario, inconstitucional e inconvencional.

«Es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder», indicó el PRI.

Señaló que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.

Insistió en que la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en artículo 16 constitucional, que  establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los diputados del PRI señalaron que en los hechos, la propuesta del partido del presidente López Obrador se trata de otorgar amplias facultades a la autoridad para que allane un domicilio particular y fiscalice información financiera, sin controles jurisdiccionales ni restricciones legales que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos.

Por su parte el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó de manera tajante alguna posibilidad de cambiar facultades al SAT o al INEGI.

«Quiero decirles con toda contundencia que, en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al INEGI», expresó el senador. Añadió que si bien la pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos los mexicanos deben diseñar y avalar, por ahora no hay una propuesta en el sentido de lo señalado por la dirigencia de Morena.
Reconoció que la propuesta de la dirigencia de Morena ha generado confusión y polarización, y aclaró que se trata de una propuesta que aún no se ha discutido en las bases políticas de Morena y que se refiere a la progresividad  fiscal.
«Aunque seamos mayoría, vamos a actuar de manera prudente y con consenso. El diálogo es siempre el mejor camino», afirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer el «Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional», con el fin de ayudar a enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid.-19.

En su propuesta, sugiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país, es decir, que pueda tener acceso a los registros del patrimonio de todos los mexicanos.

«Tenemos miles de  millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en  México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la  riqueza», señaló Ramírez Cuellar.

En su propuesta señala que el INEGI debe poder accesar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, y cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.

Para lograr que el INEGI conozca a profundidad el patrimonio de las personas, Morena propone que tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

La propuesta rápidamente causó polémica. El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, cuestionó lo planteado por Morena, pues además de sugerir que el INE revise el patrimonio de los mexicanos, pide que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”.

En su propuesta, Morena habla de la progresividad fiscal, que  tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

Para justificar dicho planteamiento, señala que un Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen.

También habla de que se debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para analizar la concentración y el poder que tienen las empresas.

Lamentó que el sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción,  usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación  está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.

Acusó que buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que  sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.

El diputado del PAN, Luis Mendoza Acevedo, propuso subastar el inmueble que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su campaña electoral, la cual era propiedad de un colaborador cercano al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

El inmueble ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, alberga actualmente las oficinas de Morena, y recientemente se dio a conocer la noticia sobre su adquisición a la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista es José de Jesús Hernández Torres, hombre ligado al actual titular de la CFE.

A través de un comunicado, el legislador panista señaló que “es un claro indicio de corrupción al más alto nivel”.

Ante dicho panorama, el diputado exigió al director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, incautar la propiedad y subastarla en los términos de Ley, por tener sombras de irregularidad.

“El dinero recabado debe ser destinado para pagar gratificaciones al personal de salud, comprar insumos o bien, habilitar este inmueble como un Centro de Atención Covid-19; ya que la casa está muy bien acondicionada y tiene espacios que pueden aportar a los médicos o enfermos”, indicó.

El diputado panista comentó que hay muchas formas de sacarle provecho a la “Casa Bartlett”, por lo que le pidió al presidente convencer al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que facilite los trámites o bien, no darle tantas vueltas y donar el inmueble a la causa.

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

«Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas», sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

«Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California», dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a «escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República».

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era «un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México».

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizó su reunión plenaria virtual, en la que analizaron los cambios a la iniciativa que envió el presidente López Obrador para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un comunicado, la bancada aseguró que preparará iniciativas adicionales a la presentada por el Ejecutivo Federal, con el fin de fortalecer el marco jurídico, acabar con la simulación y que la Cámara de Diputados ejerza su facultad constitucional de decidir el destino de los recursos públicos.

Aseguraron que trabajarán e insistirán para dejar en claro la división de poderes y se terminaría con la discrecionalidad.

Sobre la iniciativa del presidente, los morenistas destacaron el parlamento abierto que se llevó a cabo el jueves 30 de abril, donde participaron expertos y juristas como el doctor Diego Valadés Ríos; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mariana Campos, investigadora de México Evalúa; y Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Coincidieron en la necesidad de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues aseguraron que fue uno de los instrumentos fundamentales en el uso de los recursos «aprovechado por el régimen de corrupción y opacidad de las anteriores administraciones».

Señalaron que la ley, como está actualmente, permite una gran discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestales, ya que prácticamente no hay límites.

Por eso se pronunciaron para que en esta nueva reforma que se plantea, se establezca con claridad el momento y quiénes deberán ser los responsables de valorar que el país está en emergencia económica.

También consideraron indispensable preservar un contrapeso constitucional y la división de poderes, para que la Cámara de Diputados siga siendo quien tenga el control y destino del gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados confiaba en reunir los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario, y así analizar y eventualmente aprobar la iniciativa de reforma que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en materia presupuestaria.

Sin embargo, los grupos de oposición que integran la Comisión Permanente del Congreso, cerraron filas para no facilitar la intención de Morena y sus aliados.

Ante dicha situación, y al no reconocer la falta de apoyo, Mario Delgado anunció que por recomendación de las autoridades sanitarias, en el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19, no habría sesiones extraordinarias.

Los líderes parlamentarios del grupo de contención aseguraron que a Morena no le quedó otra que aceptar que no podrían sesionar. «Un triunfo de la oposición unida!, dijo la líder del PRD en la Cámara de Diputados.

Por su parte la fracción parlamentaria del PAN aseguró que gracias al rechazo de la sociedad civil y de la oposición, se impidió que el presidente se apoderara del presupuesto. «Gracias a estos esfuerzos (…) No hay que bajar la guardia, la lucha por conservar la democracia es permanente»

Por si parte, el líder de la banca de Morena, Mario Delgado, llamó a la oposición a abordar con «responsabilidad» la reforma a Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y acotar la discrecionalidad con la que se manejaban anteriormente los recursos públicos.

Aseguró que ante la situación inédita que enfrenta el país, existe la necesidad de ajustar el presupuesto a la nueva realidad económica o a las nuevas prioridades

El líder parlamentario planteó los ejes en torno a los cuales debería girar la discusión: definir cuándo hay una emergencia económica; que la Cámara de Diputados pueda aprobar, a solicitud del Ejecutivo, el llamado a la emergencia económica; que se pongan reglas claras para la reasignación de presupuesto, incluyendo el que un cambio mayor tenga que regresar a la Cámara para ser nuevamente discutido y aprobado; y que se preserve el orden constitucional, la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de decidir el destino del gasto público.

Recordó que el predictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contempla que si hay cambios en el presupuesto mayores al 10 por ciento, el Ejecutivo tendría que enviar un proyecto de presupuesto a la Cámara para que éste sea aprobado.

Las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios autodenominados de «contención» (PAN, PRI, MC y PRD) que integran la Comisión Permanente, informaron este jueves que no apoyarán la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo la aprobación de la iniciativa a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que Morena y aliados pretenden sacar adelante, pese a la violación a la Constitución que representa.

Recordaron que el proyecto de iniciativa enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados propone:

a) Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

b) Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Al respecto, los legisladores de oposición señalaron que la iniciativa es innecesaria, pues las disposiciones vigentes en dicha Ley contienen la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además denunciaron que la iniciativa de AMLO busca legitimar acciones inconstitucionales, pues la propuesta busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual «unilateralmente» se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Alertaron que la iniciativa también promueve la opacidad, pues el Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario.

Indicaron que tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar.

Señalaron que también se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.

«La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone
ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por  más de 700 mil millones de pesos», se lee en el posicionamiento conjunto que emitieron las bancadas de oposición.

Los legisladores sostuvieron que aprobar la iniciativa del presidente representaría un claro retroceso en el orden jurídico, y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.

«Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige», remataron los cordinadores parlamentarios, tanto de Diputados como en el Senado: Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri González del PAN;  René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI;  Tonatiuh Bravo Padilla y Dante Delgado de MC, y Verónica Juárez Piña y Miguel Ángel Mancera del PRD.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a la ciudadanía no hacer caso a las «campañas mentirosas» de la derecha que pretenden confundir sobe la iniciativa que el presidente López Obrador envío para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Delgado dijo que ante la emergencia sanitaria, el gobierno tiene que ajustar su presupuesto a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, por lo que el presidente tenía que elegir entre dos caminos:

  • Aprovechar la flexibilidad que existe en la ley, y hacer cambios, ajustes y reasignaciones en el presupuesto. «Hacer lo que hubiera querido, simplemente informarlo a la Cámara, y el año que entra conoceríamos los detalles en la Cuenta Pública; así le hicieron todo el tiempo los gobiernos anteriores. Entre lo que aprobaba la Cámara y lo que finalmente se ejercía había enormes diferencias».
  • Legislar en la materia. Indicó que al haber enviado su iniciativa, los legisladores tienen que definir en la ley cómo tratar una emergencia como la que estamos viviendo; definir cuándo se dan las condiciones de una emergencia económica, basado en parámetros del Banco de México o del INEGI para que pueda ser declarada la emergencia.

Mario Delgado explicó que será labor de los diputados delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto. Detalló que actualmente, en cambios mayores al 5%, el presidente informa la Cámara y la Cámara, simplemente, manifiesta una opinión.

Sin embargo, dijo que ahora, ante cambios mayores, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe, pues reconoció que es la única facultada, según la Constitución, para aprobar el Presupuesto de Egresos; además de que es una facultad muy importante en la división de poderes.

«Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción (legislar) y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente (…) no hagas caso de las campañas mentirosas de la derecha».

Por otro lado, la oposición ha mantenido su rechazo a dicha iniciativa; el PAN hizo un llamado a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión a formar un bloque que se oponga a la iniciativa del Ejecutivo, pues acusó que la propuesta vulnera la separación de poderes, es anticonstitucional y poco necesaria. 

Indicó que en los términos en qué fue enviada la iniciativa, no puede seguir su curso legislativo. Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, cuestionó la actuación de los legisladores de Morena al querer aprobar esta iniciativa que calificó como un “atropello constitucional”, ya que no se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones para abordarla, dado que no hay materia, es decir, no existe dictamen.

“El Presidente quiere la sumisión absoluta del Legislativo y ese modito en el PAN no nos gusta. Puede llevar al país a las ruinas, por eso no estamos de acuerdo”, dijo Marko Cortes, líder nacional del blanquiazul.

Por su parte el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que la propuesta del presidente no resuelve de fondo la crisis sanitaria ni económica que enfrenta el país ante al Covid-19.

La iniciativa presidencial, señalaron, violenta las disposiciones contenidas en el artículo 74 Constitucional al pretender arrebatarle al Poder Legislativo sus facultades en materia presupuestal, pretendiendo hacer un cambio en la ley cuya aplicación sería discrecional.

Indicaron que otorga al presidente la posibilidad de hacer uso arbitrario de los recursos públicos con el pretexto de atender emergencias. «Con esta atribución, el jefe del Ejecutivo atenta contra el equilibrio y el respeto entre Poderes, lo que sería un duro golpe al sistema democrático de pesos y contrapesos en nuestro país y a los principios elementales de transparencia y rendición de cuentas».

Los diputados de MC aseguraron que la iniciativa enviada solo pone de manifiesto que al presidente solo le interesa mantener a flote los proyectos que ha hecho propios, como son el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Además precisaron que la reforma es innecesaria, porque el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya establece los supuestos para que el Presidente pueda realizar reasignaciones.

Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que en los términos en los que está la iniciativa enviada por el presidente, el tricolor no estaría en posibilidades de poder avalarla. 

Señaló que así como lo han expresado otros coordinadores parlamentarios, se tienen que cuidar que no se vulneren las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que se acordó dictaminar esta semana en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, comentó que una vez que se cuente con el dictamen correspondiente se convocaría a un periodo extraordinario.

Mario Delgado comentó que también se acordó instalar la Comisión Permanente el próximo jueves a la 1 de la tarde en el Senado de la República.

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena acordó respaldar la iniciativa. «Se declararon listos para sesionar y darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus».

Los legisladores de Morena afirmaron que cuidarán la constitucionalidad de la reforma para garantizar la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo señalaron que buscarán otorgarle al Ejecutivo Federal flexibilidad en la reasignación del presupuesto cuando ocurran emergencias como la que vive el país actualmente.

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley de Amnistía, argumentando que con su aproJbación en este momento, se ayudará a «descongestionar» los centros penitenciarios y así disminuir el contagio de Covid-19 al interior de los reclusorios.

El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, es decir, para que el presidente López Obrador lo promulgue.

El dictamen señala que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.

“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.

Uno de los objetivos principales que resaltó la bancada de Morena es que el proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.

El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.

Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.

Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.

En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.

La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.

Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.

El dictamen indica que no se beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Finalmente, se señala que podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía.

El senador Damián Zepeda del PAN, mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.

Por su parte Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, lamentó que en la sesión de ayer se haya “limitado la agenda” y no se atendiera la crisis en México ni se trabajara ara establecer un plan integral que salve vidas, detenga el deterioro de la economía o mitigue los efectos de la pandemia de coronavirus.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.

Senadoras y senadores de Morena, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría del Pleno. El dictamen fue aprobado, en lo particular y en sus términos, con 63 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.

Senadores de Morena llegaron al recinto legislativo para intentar llevar a cabo la sesión presencial en la que pretenden analizar y eventualmente aprobar la Ley de Amnistía.

La sesión de hoy sería la primera presencial de los Senadores, después de tres semanas de realizar reuniones virtuales.

Los morenistas confían en que haya quórum, pues los legisladores de la oposición condicionaron su presencia a que se abriera la discusión a otros temas como un Gran Acuerdo Nacional para atender la emergencia sanitaria y económica.

Señalaron que para abordar la propuesta del presidente López Obrador (Ley de Amnistía), no era necesaria la presencia de los legisladores, pues AMLO tenía las facultades de hacerlo.

La Le busca liberar a miles de presos, que según el gobierno federal y los legisladores de Morena, están expuestos a contagiarse del nuevo coronavirus Covid-19 al interior de los centros de reclusión del país.

Los senadores morenistas compartieron en sus redes sociales diversas fotografías de su llegada al recinto, en las que se les veía portado cubrebocas, en línea con lo que exige el protocolo sanitario, así como manteniendo la medida de la sana distancia.

Las y los senadores seguirán la sesión de hoy desde sus oficinas y acudirán al Pleno a votar de manera organizada para evitar aglomeraciones.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que se intentaba reunir quórum legal para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Amnistía.