La Comisión de Seguridad Social aprobó, por 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen que crea el polémico y cuestionado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En el dictamen se precisa que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables.

Lo anterior, siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social a partir del día primero de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario, y en términos de lo que establezca el Decreto que el Ejecutivo Federal emita dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Señala que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice.

Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que éste o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo.

Esta es la parte que ha generado polémica, pues distintas voces han acusado al Gobierno de querer quedarse con los recursos de los trabajadores que no lo reclamen.

Y es que añade que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, éstos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual no será aplicable a las relaciones laborales activas.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos a los institutos de seguridad social.

El diputado Ignacio Mier Velazco de Morena, también promovente, argumentó que en México existen casi cinco millones de mexicanas y mexicanos pensionados, sean del IMSS o del ISSSTE; hay 55 millones de mexicanos que están cotizando en las Afores y aportando con la participación social del gobierno y de los propios patrones en el Sistema; de ellos, 45 millones están bajo el esquema de 1997.

Añadió que se pretende compensar la distorsiones que generó el esquema de 1997 en perjuicio de 45 millones de trabajadores; ellos sufren porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40%, y ese Fondo lo que busca es ser un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. “Hay que dar justicia social y garantizar a los trabajadores de México una pensión digna”.

Sin embargo, la diputada Patricia Terrazas del PAN destacó que es un dictamen de enorme importancia y trascendencia para la clase trabajadora del país, pero pretende que los fideicomisos formen parte de la bolsa general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como meter mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores, cuando estos son privados y no son recursos públicos.

En tanto, su compañera de bancada, la diputada Carmen Rocío González Alonso, dijo estar en contra porque con la reforma se pretende que los recursos de las cuentas de Afore que no hayan sido reclamadas por los pensionados o beneficiarios puedan ser operadas por el Gobierno Federal para mover dichos recursos e integrar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que va en contra de miles de mexicanos y mexicanas que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro.

La diputada María de Jesús Aguirre del PRI dijo que aunque su grupo parlamentario está a favor de las y los trabajadores y de aumentar sus pensiones, sorprende la prisa de Morena por aprobar la  iniciativa, la cual es incierta para aquellos que han cumplido de 70 y 75 años, pero han decidido seguir en activo.

Y es que en medio del proceso electoral, la oposición acusa a Morena de querer ocupar la iniciativa con fines electorales, pues un tema como este podría ser promovido a favor del partido en el poder.

El diputado Éctor Jaime Ramírez del PAN dijo no coincidir con los términos en los que está redactado el dictamen, pues si bien las disposiciones tienen un sentido loable, presentarla como la gran solución a la compleja problemática que enfrenta el sistema de pensiones lo convierte en una gran mentira.

“Estamos a favor de que haya pensiones que permitan vivir con dignidad en la etapa de retiro laboral, pero es a costa de los recursos de los propios trabajadores, por lo que no debe haber restricciones para que las personas pensionadas reciban una pensión digna”.