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El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

La Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un proyecto criminal que beneficia a los delincuentes, favorece la impunidad y deja sin justicia a las víctimas, aseguró el Partido Acción Nacional (PAN).

Los panistas indicaron que dicha Ley es un capricho más del AMLO con tal de cumplir una promesa de campaña, sin considerar el daño a la sociedad amenazada por la inseguridad y la violencia.

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, señaló que la Ley tiene tintes populistas y electoreros, pues busca que obtengan su libertad miles de individuos indiciados, procesados y sentenciados por robos sin violencia a casa-habitación, robo de celulares y de tarjetas de crédito o débito, robo de identidad y el conocido cristalazo, así como a quienes se dedican al narcomenudeo.

“López Obrador no entiende que la amnistía es para casos de excepción, no para quienes han causado daños a la sociedad. Con el grave problema de inseguridad que hoy enfrentamos, es inconcebible que se quiera beneficiar a los que venden droga cerca de las escuelas, centros de diversión o en las colonias populares. Además, busca proteger a quienes bloquean las vías de comunicación como carreteras”, explicó.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, afirmó que con la aprobación de la Ley de Amnistía se subsanó la injusticia que se ha cometido contra jóvenes, mujeres o indígenas que por su situación de pobreza se encuentran presos por delitos menores.

Este nuevo ordenamiento “tiene restricciones muy claras y no representa ningún riesgo para que delincuentes peligrosos queden en libertad”, sostuvo el legislador.

Puntualizó que ante la desigualdad que prevalece en México, se agudiza la vulnerabilidad de personas procesadas por delitos como aborto, posesión de drogas, por no tener para pagar un defensor o simplemente por no hablar español, como ocurre con indígenas que no cuentan con un intérprete.

Con esta aprobación el país “avanza hacia una visión más amplia de justicia”, por lo que la bancada mayoritaria de Morena otorgó su voto a favor, aseveró el líder parlamentario.

“No es para reincidentes, no es para delitos donde haya habido sangre, violencia; donde haya habido el involucramiento de armas de fuego; es para mujeres que están encarceladas por el tema del aborto; para indígenas que por su condición de indígenas no tuvieron derecho a una defensa; para gente en pobreza, que se criminaliza la pobreza en algún robo simple”, reiteró.

Al afirmar que la fórmula de cálculo del financiamiento público a los partidos políticos resulta «excesiva» y es muy injusta ante las circunstancias políticas y económicas del país, la dirigencia nacional de Morena anunció que renunciaría al 75% de sus prerrogativas.

«Le informo que en Morena hemos decidido renunciar al 75% del financiamiento público de operación ordinaria a que tiene derecho durante el ejercicio 2020, que equivale a $1,240,458,596 (mil doscientos cuarenta millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y seis pesos)», indicó en una carta Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidente de Morena al INE.

En su escrito, Polevnsky señala que «la enorme cantidad de recursos» que legalmente le corresponden a Morena no guarda congruencia con los principios del partido, y con las políticas de austeridad que ha planteado el presidente y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador.

La solicitud fue realizada al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, y al director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, Patricio Ballados.

La dirigente de Morena señaló que su decisión se debe, además de la congruencia con lo impulsado por AMLO, es que todo lo que han logrado y han hecho fue sin haber tenido dinero, aunque sí con mucha gente comprometida por un cambio verdadero”.

Y aunque no se ofrecieron mayores detalles, la dirigencia nacional de Morena señaló que el dinero al que renunciaba se donaría al sector salud.

Durante el encuentro entre Polevnsky y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se firmó un convenio de colaboración mediante el cual la autoridad electoral pone a disposición del partido la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de los afiliados a Morena.

La morenista agradeció el apoyo del Instituto y señaló que con el uso de la aplicación, el partido podrá contar con un padrón plenamente confiable.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Morena tiene que poner el ejemplo en el tema de la reducción de presupuesto para los partidos políticos, pues ya no corresponde a nueva realidad el que estos institutos tengan tanto dinero.

Tras mencionar que este martes se votará en el Congreso una iniciativa de reforma para reducir el monto del dinero que reciben los partidos, el mandatario confió en que sea aprobada, principalmente por quienes están a favor de la transformación, pues “no deben de hacerse pato».

López Obrador aseveró que los partidos políticos tienen que ayudar a generar ahorros ya que se trata de “un plan de austeridad de Estado, no solo del Ejecutivo o el gobierno federal, es austeridad del Estado, general», por lo que pidió ser consecuentes y estar atentos a ver quienes votan a favor o en contra de la reforma.

Y aunque AMLO indicó que se discutiría la reforma este martes, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que será el próximo jueves 12 cuando se discuta el tema.

El también coordinador de la bancada de Morena, ha indica que su grupo parlamentario no aceptará reducir en menos del 50% el financiamiento público a los partidos políticos.

“La idea es reducir en 50 por ciento sus recursos y si el 10 por ciento genera consenso, a nosotros no nos sirve porque la gente no va a estar satisfecha con eso. Tiene que haber una reducción significativa en el costo de la política, en el financiamiento a los partidos”, señaló el diputado en una rueda de prensa.

El líder parlamentario explicó que los partidos tienen alrededor de 15 mil millones de pesos que se dividen en tres rubros: financiamiento local, prerrogativas en tiempos de radio y televisión y actividades ordinarias.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE),  de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido 17 denuncias con relación a la utilización de recursos de programas sociales con fines electorales, por parte de servidores públicos federales.

Y aunque no reveló los nombres de los denunciantes, señaló que las denuncias provienen por parte de miembros de Morena y de otras personas.

La FEDE precisaóque se han iniciado las carpetas correspondientes y se están realizando las investigaciones y diligencias necesarias, para deslindar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales.

La dependencia señaló que conducirán las investigaciones con estricto apego al debido proceso y necesaria secrecía.

«Esta Fiscalía de Delitos Electorales no permitirá de modo alguno que prevalezca la impunidad en los procesos electorales y en las conductas respectivas», indicó la FEDE.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a los integrantes de la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación, “no permitir que el bloque conservador se reorganice”.

“Es claro que la derecha, los conservadores, se están radicalizando en el país, quieren generar polarización y lo que yo les decía ayer a los legisladores es que no permitamos que la derecha se reorganice”, indicó el morenista en un breve encuentro con la prensa.

Manifestó que la Cuarta Transformación tiene que seguir creciendo, ocupando nuevos espacios, convenciendo a más gente, a causas, y generando liderazgos “para que la transformación nos dure muchos años”.

Delgado recordó que durante la ceremonia del primer año de gobierno del presidente López Obrador, el mandatario señaló que el 2020 será un año clave en la consolidación de la transformación, “para que ésta se vuelva irreversible”.

“El mejor reconocimiento que podemos tener las y los diputados de la Cámara, de la fracción de Morena y nuestros aliados, es que el Presidente considere que los cambios que hemos hecho equivalen a una nueva Constitución, entonces eso nos convierte en los constituyentes de la Cuarta Transformación”, externó.

Expuso que la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación, que se conformó el pasado lunes, busca generar vínculos entre todos los partidos que la integran, así como mayor identidad y acción política conjunta, para impulsar la agenda de la Cuarta Transformación.

El Pleno de la Cámara de Senadores rechazó la reforma constitucional en materia de fuero, con 97 votos en contra, cuatro en favor y cuatro abstenciones, con lo que no alcanzó la mayoría calificada para ser avalada; por ello, regresó a la Cámara de Diputados.

Esta minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido devuelta por los diputados al Senado debido a que le realizaron cambios, al eliminar que también a los senadores y diputados se les quitará el fuero para que pudieran ser juzgados por diversos delitos y sólo que quedó la ampliación de los delitos para el Presidente de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, expuso que el Pleno de este Senado, en su condición de cámara de origen, no aprueba las reformas realizadas por la Cámara de Diputados, en función de revisora al Artículo 108 de la Constitución.

Debido a ello, dijo, se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción E del Artículo 72 constitucional, que establece que si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de su origen volverán a aquella para que tome en consideración las razones de la de origen.

Al ponerse a debate el dictamen de la minuta se provocaron señalamientos encontrados entre los senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Martí Batres Guadarrama, que defendía el dictamen en sus términos como lo envió la colegisladora, ambos de Morena.

Ramírez Aguilar explicó que en el dictamen original se decidió incluir también a los diputados federales y senadores, y la colegisladora lo volvió a enviar y solamente dejan al Presidente de la República y no quisieron someterse a esa figura jurídica.

En ese sentido, lanzó un llamado a la Cámara de Diputados, y en particular a los diputados de Morena, a que “no traicionen los principios del movimiento, toda vez que acordaron quitar privilegios al Poder Legislativo, y terminaron excluyendo al Senado y a ellos mismos de la propuesta relacionada con el asunto del fuero.

El senador Martí Batres señaló que los senadores no deben equivocarse, pues lo que hicieron los diputados está bien, pues en realidad se reducen los delitos con los que legisladores federales pueden ser sometidos a proceso penal, ya que sólo sería estos que se aplican al presidente.

Y es que los diputados suprimieron de la minuta que los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión también puedan ser juzgados por las causales que señala la reforma constitucional, como lo había aprobado el Senado.

Establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y aquellos ilícitos contenidos en el segundo párrafo del Artículo 19 de la carta magna.

Dicho párrafo señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como ilícitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La minuta que se devolvió a los diputados señala que para proceder penalmente contra del titular del Ejecutivo Federal sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110 constitucional y este órgano legislativo resolverá con base en la legislación penal aplicable.

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que su iniciativa que propone acortar la durabilidad de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no pone en riesgo las elecciones como se ha querido hacer parecer, y por el contrario, va por el camino de la austeridad.

“Nadie quiere poner en riesgo las elecciones, pero nosotros sí queremos, sí tenemos una agenda muy clara, que va por el camino de la austeridad”, dijo el morenista. Indicó que lo que busca es que las elecciones sigan teniendo la misma certeza, eficacia, además de ser confiables, “pero que no gastemos tanto”.

Expuso que la democracia de México es de las más caras del mundo, por ello, se requieren mecanismos que garanticen las elecciones, pero sin llegar a extremos de gastos innecesarios o de burocracia excesiva. El planteamiento, dijo, está dirigido a hacer eficiente y mejorar el INE, pues aunque su sistema no es pésimo, tampoco perfecto. “Hay que corregir y llevarlo a un camino donde sea más eficaz con menos dinero”.

Gutiérrez Luna puntualizó que su iniciativa “no particulariza contra alguien”, consiste en modificar instituciones.

Añadió que la idea es que el instituto funcione mejor. Mientras más sea un órgano autónomo y tenga certeza o la dé a todos los jugadores de la política, es en la medida en que menos conflictos se tengan. Reiteró que no se pretende vulnerar la autonomía del INE y tampoco significa que Morena quiera apropiarse del instituto, sino se busca evitar gastos excesivos.

“Morena ganó porque uno de los postulados en la campaña fue la austeridad para el ejercicio público, y esto pasa por todos los cargos públicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Hemos venido tratando de impulsar reducciones para que no sea tan oneroso el costo de estos órganos”, sostuvo el legislador.

Gutiérrez Luna recordó que la iniciativa la presentó a título personal; sin embargo, buscará el respaldo de los integrantes de su bancada, y así pueda ser discutida.

El diputado de Morena, Pablo Gómez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que la Cámara de Diputados no disminuyó el gasto de los organismos autónomos para 2020 como se le ha venido acusando, sino al contrario, se los aumentó respecto al de 2019.

En conferencia de prensa subrayó que de parte de los diputados no hay ninguna intención de perjudicar a los organismos autónomos, pues «no les recortamos el presupuesto. Eso fue lo que más nos dolió: que se dijera que fueron puros recortes”, agregó el legislador en referencia a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien afirmó que hubo un recorte de mil 71 millones de pesos a su presupuesto de 2020.

El legislador destacó que los recursos del INE para el próximo año serán mayores en casi mil 300 millones de pesos respecto de 2019: “¿Entonces, dónde está el recorte?”, cuestionó; indicó que también se incrementaron los presupuestos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Consideró que la declaración del consejero presidente del INE se debe a que no quiere reducir su salario, que es superior al que percibe el presidente López Obrador, que es “el máximo representante del Estado mexicano”.

En ese sentido, anunció que la próxima semana la Cámara de Diputados discutirá y votará una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que el Senado tenga tiempo de ratificarla en el actual periodo ordinario de sesiones. Dicha iniciativa es promovida por él mismo, misma que fue publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria.

Gómez Álvarez explicó que la nueva ley se expedirá en repuesta al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la actual legislación, para incluir parámetros para determinar el sueldo del presidente de la República.

Señaló que al expedir un nuevo ordenamiento, la SCJN tendrá que sobreseer los amparos, acciones de inconstitucionalidad y las controversias pendientes, “y empezar de nuevo el juego, porque las personas que quieren ganar por encima de la Carta Magna seguirán luchando, y espero que poco a poco irán desistiéndose de sus pretensiones”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, sostuvo que su grupo parlamentario no aceptará reducir en menos del 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos.

Sostuvo que la reducción del costo de la política debe ser significativa y subrayó que buscarán construir los consensos para aprobar la reforma constitucional que reduce el 50 por ciento el presupuesto a los partidos.

“La idea es reducir en 50 por ciento sus recursos y si el 10 por ciento genera consenso, a nosotros no nos sirve porque la gente no va a estar satisfecha con eso. Tiene que haber una reducción significativa en el costo de la política, en el financiamiento a los partidos”, señaló el diputado en una rueda de prensa.

El líder parlamentario explicó que los partidos tienen alrededor de 15 mil millones de pesos que se dividen en tres rubros: financiamiento local, prerrogativas en tiempos de radio y televisión y actividades ordinarias.

En ese sentido, apuntó que la propuesta de Morena es disminuir a la mitad una de estas tres bolsas, por lo que es factible esta reforma si se pone en esa perspectiva. «Morena va por una reducción del 50 por ciento y ya hay dictamen”, insistió.

Delgado Carrillo explicó que esta es una reforma constitucional que debe ser avalada por los congresos locales, pero si se establece que entra en vigor al momento de su publicación se aplicaría ya en el siguiente mes.

Respecto de la reducción de presupuesto que recibirá el Instituto Nacional Electoral (INE) en el ejercicio fiscal de 2020, el diputado indicó que se realizaron modificaciones al salario de algunos consejeros que ganaban por encima de lo que percibe el Presidente.

En otro tema, Delgado Carrillo sostuvo que en caso de entrar en una recesión económica, en una definición estricta del término, el grupo parlamentario de Morena estaría dispuesto a acompañar el eventual plan que el gobierno federal emprenda para incentivar la economía.

Sin embargo, aclaró que en una definición estricta, no estamos todavía en recesión. «Necesitamos la cifra anualizada del trimestre, una vez ajustada por estacionalidad. Entonces vamos a esperar”, remató.

El grupo parlamentario del PAN rechazó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 por ser “centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio, que ignora a la población y los demás órdenes de gobierno”.

De acuerdo al coordinador de la bancada del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, las malas decisiones del PEF 2019 han propiciado en este año el peor momento de México tanto en economía como en seguridad, por lo que su partido decidió no ser «comparsa ni convalidar acciones atropelladas para un programa 2020 que se presenta aún peor”.

Romero Hicks hizo un llamado a la sociedad civil organizada, a las instituciones, gremios de empresarios, agricultores, ganaderos y universitarios, a sindicatos, profesionistas, jóvenes y estudiantes, a que conformar “un frente común por México, por la libertad y la democracia, para que entre todos defendamos los derechos que nos pertenecen”.

Enfatizó que en el PEF 2020 es clara la falta de compromisos integrales en: seguridad; economía y generación empleos; campo; turismo; infraestructura; municipios y estados; salud; educación básica, media superior y superior; ciencia, tecnología e innovación; democracia; instituciones y órganos autónomos.

El diputado señaló que el PEF 2020 contiene más de 400 mil millones de pesos en programas sociales con mínimas reglas de operación y sin padrones públicos que puedan ser verificados. “Es obvio que la mayor probabilidad de la corrupción es cuando falta la transparencia”, aseguró.

Llamó a la bancada de Morena y a su coordinador, Mario Delgado, a establecer todas las reglas de operación y padrones públicos necesarios, para que se impidan de verdad los abusos y la corrupción.

Sostuvo que la bancada de Morena y sus aliados violaron el artículo 74 de la Constitución, el cual ordena que, en un ejercicio de equilibrio de Poderes, se modifique la propuesta del Ejecutivo, procurando en ello siempre las necesidades e intereses de la ciudadanía y de las familias mexicanas; sin embargo, acusó a los diputados de Morena, el gobierno los obligó a firmar una carta donde se comprometían a aprobar el dictamen sin ajustarle nada.

Acusó que la simulación de Morena y sus aliados traerá para todos los mexicanos consecuencias fatales perjudicando a quienes no votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y también a quienes sí lo hicieron.

“Así como la realidad comprobó todo lo advertido hace un año para la política económica de 2019, que mantiene cero crecimiento, de la misma manera será la implacable realidad la que corrobore lo que pronosticamos. Por encima de otros datos que pudieran tenerse, el tiempo dará la razón a quien la tenga”, remató.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF), por un monto de por 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos (mdp).

La cifra corresponde al total de los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

El dictamen se aprobó en lo general con 321 votos a favor, 78 en contra y cero abstenciones, en el centro Expo Santa Fe, que fue habilitado como sede alterna de la Cámara de Diputados, y a la cual, la bancada del PAN no asistió.

Al fundamentar el documento en tribuna, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el objetivo era construir un Estado de bienestar fuerte, tanto en el aspecto fiscal como financiero.

“Un Estado fuerte que vea por la gente más vulnerable y por la clase media; que atienda las demandas y las aspiraciones del empresariado; que genere riqueza; que sea mucho más regulador”, externó.

Más tarde, cerca de las 06:00 am de este viernes, con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, los artículos reservados 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; los transitorios Séptimo, Décimo Tercero y Vigésimo Tercero; y, los anexos, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 35, 36 y 37.

Además, los artículos 11 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea al dictamen.

El Pleno aceptó la modificación al artículo 11 del dictamen del PEF 2020, presentada por la diputada de MC, Pilar Lozano Mac Donald, con el propósito de abatir el subejercicio en el Fondo Metropolitano que duplica lo asignado en el gasto para el año próximo.

También destinar los recursos a programas de ordenamiento y obras de infraestructura que promuevan el transporte público, la movilidad motorizada eléctrica y activa como caminar, andar en bicicleta o cualquier otra forma impulsada por tracción humana.

También se aprobó la reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), la cual tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas.

Con esta medida se prevé generar un instrumento central que garantice un ingreso a los productores, por medio del impulso de la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

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