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El presidente Donald Trump advirtió a México que habrá consecuencias si no hace “más” para combatir el narcotráfico.

“A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas”, dijo Trump en un memorando publicado por La Casa Blanca.

Recordemos que el republicano ya había advertido en 2019 al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que consideraría descertificar a México en su lucha antidrogas, lo cual implica un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington en organismos internacionales.

Y es que según las agencias estadounidenses, México es la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en el país.

Trump reconoció que tras su exhortación hace un año, México aprobó “con éxito” reformas para el decomiso de activos, aumentó las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, produjo el primer estudio en 17 años sobre el cultivo de amapola, y elaboró una estrategia contra las drogas.

Pero señaló que “si bien estas son señales de progreso, se debe hacer más”.

Por eso, urgió al gobierno de López Obrador a combatir y desintegrar las organizaciones criminales, seguir extraditando a sus integrantes, incrementar las confiscaciones de droga, e implementar un programa de desarrollo sostenible alternativo para erradicar el cultivo de amapola.

También lo instó a parar la “alarmante tendencia” a la producción en su territorio de fentanilo, la principal droga vinculada a muertes por sobredosis en Estados Unidos, y de metanfetaminas, así como a fortalecer los mecanismos para impedir el tráfico de precursores desde China.

“México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos”, subrayó Trump.

El mandatario estadounidense hizo estas advertencias en un memorando que por ley debe enviar anualmente al secretario de Estado en el marco de las asignaciones de gastos, en el que identifica los principales países de tránsito y producción de drogas, y determina si éstos han incumplido sus obligaciones de lucha antinarcóticos.

Las naciones que son señaladas por EUA como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas, además de México, son: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Trump volvió a descertificar a Bolivia y a Venezuela “por haber fallado de manera demostrable durante los 12 meses anteriores en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico”.

El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para “inundar” a los Estados Unidos de droga.

“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses”, añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

“Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales”, añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de “inundar” los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal”, dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

El legislador boliviano Tomás Monasterio solicitó hoy al gobierno de Estados Unidos que investigue internacionalmente al expresidente Evo Morales por el delito de narcotráfico.

Por medio de una carta que el diputado boliviano, integrante del partido Unidad Democrática (UD), entregó directamente en la embajada de Estados Unidos en esta capital, se pidió la investigación por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) a Morales por el delito de narcotráfico, publicó el diario Página Siete.

“Hemos venido a solicitar de manera formal la apertura de una investigación internacional por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales Ayma”, declaró Monasterio a la prensa en las afueras de la misión diplomática estadounidense.

Afirmó que existen antecedentes de sobra para poder entender de que hay fuertes indicios de que Bolivia en los últimos 14 años vivió un narcoestado. “Un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

El legislador señaló que no ha pedido el retorno de la DEA (Administración para el Control de Drogas​) al país, sino una investigación a Morales.

En la carta, Monasterio recordó el reciente hallazgo de las autoridades mexicanas de al menos una tonelda de droga en un avión en el que los pilotos eran bolivianos. También destacó que en lo que va de 2020 se han destruido 36 fábricas clandestinas de pasta base en la región de Chapare.

“Creo que hoy ha llegado el tiempo de hacer justicia en Bolivia. Es por eso que hoy nos estamos apersonando para que se pueda llevar adelante una investigación internacional por el delito de narcotráfico y complicidad en contra de Evo Morales y su entorno”, enfatizó Monasterio.

En 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia por el gobierno del expresidente Evo Morales. Ese mismo año el exmandatario expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Golberg, lo que marcó la ruptura de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

Luego de la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, el gobierno interino de Jeanine Áñez reinició las relaciones diplomáticas con Washington y Walter Serrante tomó posesión como nuevo representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia.

Una encuesta realizada por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica muestra que 54.1% de los mexicanos están en desacuerdo con que las fuerzas federales hayan liberado a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado 17 de octubre.

Sólo un 34.1% está de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno federal, especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A la pregunta: Si hubiera sido el responsable ¿cuál hubiera sido su decisión? El 56.3% opinó que lo hubiera mantenido retenido, mientras que el 35.9% señaló que lo hubiera liberado.

Cuando se les cuestionó a los entrevistados si consideraban correcto que el presidente continuara con su agenda y visitara Oaxaca el fin de semana, o si debió haber ido a Culiacán, el 54.1% que  AMLO debió  haber viajado a Culiacán; un 38.7% opinó que fue correcto que continuara con su agenda tal y como estaba programado.

También se cuestionó a las personas sobre si deben renunciar o no algunos funcionarios públicos. El 52.8% considera que debería renunciar el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; el 46.8%, el gobernador del estado Quirino Ordaz; 45.6%, el Presidente Municipal Jesús Estrada; el 37%, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio; el 34.8%, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y el 27.9% el presidente López Obrador.

El 63.5% piensa que el narcotráfico tiene más poder en México que el propio gobierno, contra un 28.8% que considera que el gobierno de López Obrador tiene mayor poder.

El 68.3% opina que lo que sucedió en Culiacán ha sido una humillación para las fuerzas del orden tal como se reportó en medios internacionales, mientras un 28.5% piensa que no fue una humillación.

Después de los hechos. el 61.7% se siente poco o nada seguro, mientras que el 37.3% muy o algo seguro.

52.5% de los entrevistas consideran que la información que ha dado hasta ahora el gobierno ha sido muy o algo oportuna, mientras que el 41.3% afirma que hay sido poco o nada oportuna.

Al preguntar a los encuestados si lo ocurrido en Culiacán alentará a los criminales a repetir este tipo de actos cada vez que se capture a un capo, el 76.9% indica que sí los alienta, mientras que solo un 19% señaló que no.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Desde Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió respeto a la soberanía mexicana, luego de la advertencia de Estados Unidos de retirar la certificación de lucha contra el narcotráfico que se otorgó al país.

En una gira de trabajo por el estado, AMLO refirió que no busca confrontación, pero exigió que se respete la soberanía nacional como México respeta la de otras naciones.

“Queremos que se respete nuestra soberanía como también nosotros vamos a respetar la soberanía de otros pueblos y de otros países, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo el mandatario.

Asimismo, enfatizó que mantendrá “una relación de respeto” con el gobierno de Donald Trump, y adelantó que el lunes hablará sobre el retiro de la certificación.

“Nosotros vamos a seguir manteniendo una relación de respeto, buscando que haya respeto mutuo a nuestras soberanías y no nos vamos a enfrentar con el presidente Donald Trump ni con el gobierno de Estados Unidos, queremos la cooperación para el próximo desarrollo”, señaló.

El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, descartó que lo ocurrido ayer en el centro comercial Artz Pedregal, que dejó dos personas sin vida, se haya tratado de un crimen pasional tal como se informó en un inicio.

Orta Martínez dijo que tras analizar lo ocurrido, se sabe que fue algo muy bien planeado, por lo que concluye que fue un ataque directo. Indicó que una de las líneas de investigación podría ser que el crimen tenga relación con el narcotráfico.

El funcionario capitalino señaló que ya han establecido contacto con autoridades internacionales para conocer más información sobre los antecedentes de las dos víctimas.

En ese sentido, lo relatado por el funcionario coincide con lo declarado por el abogado de la plaza, Javier Coello Trejo, quien informó que fueron dos las balaceras vividas la tarde de ayer, de las cuales la primera se dio en la entrada del estacionamiento, y sirvió para distraer el segundo hecho.

El abogado indicó que la primera balacera ocurrió sólo unos minutos antes, con la intención de perpetrar el segundo ataque en un restaurante de la plaza, donde murieron los dos hombres de nacionalidad israelí.

Señaló que además de la mujer que fue detenida, en la mesa donde estaban las dos víctimas había otra persona del sexo femenino, quien de acuerdo con los meseros, se dirigió a la cocina del restaurante y ahí “se perdió”.

Foto: Twitter

Luego de que Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en sus listas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presunta corrupción vinculada al crimen organizado, fue el mismo político quien habló al respecto.

En entrevista con Radio Fórmula, el exgobernador indicó que lleva más de 24 meses trabajando de la mano con autoridades mexicanas y de Estados Unidos para aclarar los señalamientos que se le han hecho.

Indicó que como político está acostumbrado a los señalamientos o falsos que se le puedan levantar, sin embargo, dijo, ahora que las acusaciones afectan a su familia, es que ha decidido aclarar la situación.

Negó que él o su familia tengan cuentas en el banco o propiedades en el país vecino, además de que insistió, no sabe de dónde salen los 70 millones de pesos que le atribuyen a él directamente, pues dijo, esa cifra corresponde a los empresarios que aparecen en las 42 listas de la dependencia estadounidense.

Detalló que las cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le congelaron no rebasan los 300 mil pesos, que es el patrimonio que, junto a su esposa e hijos, reúnen.

“Nunca recibí dinero del narcotráfico. Lamentablemente meten a mi familia, a mi hijo, a mi hija, muchachos que están saliendo adelante, que no tienen nada que ver (…) no tengo ningún lazo con ningún narcotraficante, no conozco ningún hecho ilícito”, sostuvo el mandatario local.

Añadió que los señalamientos en su contra aparecieron con el arresto del ex fiscal Édgar Veitya, quien a inicios de este año se declaró culpable de distribución internacional de drogas en una corte de Nueva York.

“Si él jura decir la verdad ante un juez. Si por salvarse o tener un beneficio quiere involucrarme sabiendo que no es cierto, pues va a tener que comprobar lo contrario”, dijo Sandoval al reconocer que no teme lo que Veitya pueda decir ante las autoridades estadounidenses, pues insistió en que no recibió dinero de su ex colaborador o del narcotráfico.

La Fiscalía de Estados Unidos anunció este martes su rechazo a la petición de los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, de repetir el juicio en el que fue declarado culpable en febrero.

Esta petición respondía a informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.

En su escrito presentado hoy, fecha límite fijada por el juez, los fiscales argumentaron que esas informaciones, publicadas por Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.

Asimismo, argumentaron que la petición del capo mexicano “se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar” y “no hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado”.

“Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio”, añadieron.

Uno de los abogados de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, dijo que la Fiscalía está “desesperada por evitar una audiencia que incluya testimonios de los jurados”.

“Saben perfectamente que revelará que los jurados mintieron de manera sistemática al juez sobre no seguir la cobertura de los medios durante el juicio. El caso de “El Chapo” no ha sido nada más que una Inquisición glorificada y el rechazo del Gobierno a simplemente escuchar a jurados lo demuestra”, añadió.

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable en febrero de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, “El H3”, considerado líder de plaza en Tepic, Nayarit, del cártel de los Beltrán Leyva.

El operativo parte de una investigación de delitos de comercio de narcóticos destinados al consumo final, la cual señalaba la venta de droga en un fraccionamiento residencial del municipio conurbado.

Su aprehensión obedece a un mandato judicial con carácter de provisional con fines de extradición internacional. El detenido es hermano de Juan Patrón Sánchez, “El H2”, o “El Chico”, quien murió durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina Armada de México, en Tepic, el 9 de febrero de 2017, cuando la residencia de tres pisos donde se encontraba, fue atacada con un helicóptero Black Hawk, montado con una metralleta calibre .50.

En su momento, mediante redes sociales se difundió un video, grabado por un ciudadano, donde se aprecia a la aeronave de la Marina sobrevolando la zona y desde donde elementos de las fuerzas armadas realizaron disparos con el arma de alto poder.

El “H2” sucedió en la organización dedicada al narcotráfico al ya fallecido Héctor Beltrán Leyva, alias “El H” o “El H1”, cuando éste fue detenido el 1 de octubre de 2014, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Antes, en julio del 2010, elementos del Ejército mexicano capturaron a Juan Pablo, otro de los hermanos del también apodado “diabólico”, también considerado en su momento, como jefe de la plaza y principal distribuidor de droga en Tepic.

El Gobierno de Estados Unidos tardó 11 semanas y usó a 56 testigos para demostrar la culpabilidad de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El turno de los abogados del narcotraficante mexicano duró poco más de media hora este martes.

Tras interrogar brevemente a un agente del FBI, el equipo defensor de Guzmán sorprendió a la audiencia del juicio anunciando que terminaba con su presentación de pruebas y llamadas a testigos.

El juez Brian Cogan dijo entonces que va a iniciar el proceso técnico de revisar la presentación de cargos junto a la fiscalía y los abogados, sin el jurado presente.

El miércoles se espera que el jurado escuche los argumentos de cierre de la fiscalía y el jueves los de los abogados. Es posible que entonces las deliberaciones del jurado arranquen el viernes, aunque eso también podría ocurrir el lunes.

‘El Chapo’, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen y exlíder del Cártel de Sinaloa, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos.

De ser encontrado culpable enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.

Un nuevo testigo que subió al estrado este lunes como parte del juicio que se lleva a cabo en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, afirmó que sobornó al ex procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, para obtener protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas.

Jorge Cifuentes, ex narcotraficante colombiano, dijo que realizó pagos al ex Procurador aunque no especificó la cantidad  a la que ascendieron dichos sobornos.

Morales Lechuga fue Procurador General de la República entre 1991 y 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También fue embajador de México en Francia.

“¿Usted tenía una relación de corrupción con él?”, le preguntó Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de “El Chapo”.
“Sí”, respondió Cifuentes. “¿Le dio sobornos?”, insistió Lichtman. “Sí”.

El ex funcionario federal negó las acusaciones hechas por el narcotraficante. “Es absolutamente falso. Ni él ni nadie más puede imputarme ninguna corrupción ni entrega de recurso alguno porque jamás he recibido ninguna cantidad que no corresponda a un ingreso legítimo”, señaló.

Subrayó que gran parte del trabajo que realizó al frente de la Procuraduría, fue combatir la corrupción.  Añadió que se encontraba analizando la posibilidad de demandar por difamación pues dijo, “estas afirmaciones generan, cuando menos, responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer”.

 

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán llegó este lunes a la Corte Federal de Brooklyn para iniciar el juicio en su contra.

De acuerdo con medios locales, el líder del Cártel de Sinaloa arribó a las instalaciones de la Corte aproximadamente a las 06:00 de la mañana.

En este sitio, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, y los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, se disputarán el destino del capo mexicano ante el juez Brian Cogan y un jurado por seleccionar que permanecerá en el anonimato durante todo el juicio, que se espera dure cuatro meses.

Los fiscales estadounidenses afirman que, como jefe del Cártel de Sinaloa desde 2003, ‘El Chapo’ dirigió las operaciones de traslado de toneladas de drogas, incluyendo heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos. Si es condenado, Guzmán podría pasar el resto de su vida en prisión.

Aunque los cargos en el caso están todos vinculados al narcotráfico, también se prevé que los abogados acusadores presenten evidencias de que Guzmán estuvo involucrado en varios planes de asesinato durante enfrentamientos con cárteles rivales.

Entre los testigos protegidos que colaborarán en el juicio, confirmaron fuentes del gobierno, está Dámaso López, ‘El Licenciado’, viejo confidente de Guzmán, y con quien mantiene una confrontación desde hace dos años.

Este martes, un magistrado de Estados Unidos rechazó el último intento del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de retrasar su juicio, que comenzará el próximo lunes con la selección del jurado en el tribunal federal de Brooklyn.

Los abogados de Guzmán habían pedido la semana pasada más tiempo para revisar más de 14 mil páginas de documentos, en gran parte relacionados con la lista de testigos que los fiscales entregaron el 5 de octubre.

Sin embargo, el juez de distrito Brian Cogan dijo en una audiencia el martes que el volumen de documentos era lo que debía esperarse, que los fiscales habían dicho en julio que podrían tener 25 mil páginas y que los casos como el de Guzmán son necesariamente un reto para ambas partes.

En lo que fue una pequeña concesión a la defensa, Cogan dictaminó que las declaraciones iniciales en el juicio comenzarán no antes del 13 de noviembre, lo que podría dar más tiempo de preparación si la selección del jurado termina a principios de la próxima semana.

Guzmán, de 61 años, ha estado en régimen de aislamiento desde que fue extraditado a Estados Unidos desde México en enero de 2017.

La defensa de Joaquín “El Chapo” Gúzman busca aplazar en Nueva York el inicio del juicio hasta 2019 por la imposibilidad de prepararse debido a la gran cantidad de documentos que deben revisar.

El inicio del juicio contra “El Chapo”, acusado de 11 cargos, fue fijado para el 5 de noviembre en la Corte Federal del Distrito este de Nueva York, en Brooklyn.

Los abogados de “El Chapo” argumentaron que se ven rebasados debido a que la Fiscalía llamará a testificar a 16 personas que podrían estar relacionadas con el narcotráfico y vincularían al capo con transacciones de drogas, hechos violentos y otros delitos.

Cabe recordar que recientemente y con el objetivo de agilizar el caso, fiscales del distrito este de Nueva York decidieron eliminar seis de los 17 cargos que enfrenta el capo mexicano, sin que “ninguno de los cambios altere los elementos esenciales de los delitos imputados” a Guzmán Loera.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

EXCÉLSIOR

 

La desaparición y la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa no es un símil, aunque muchos lo quieran ver e interpretar así, de los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco. El movimiento del 68 fue una lucha por las libertades, la democracia y en el marco de un movimiento global con epicentros en Praga, París y México, con la guerra fría y la guerra de Vietnam como telón de fondo. El otro es consecuencia de un movimiento político legítimo, pero de objetivos radicales y confusos, con un componente en su desenlace que le cambia todo el sentido: el narcotráfico. 

En torno a los hechos de Iguala hay mucha confusión, se cometieron muchos errores, pero también hay demasiada manipulación. Porque si hay algo que no se debería discutir es que la desaparición de los jóvenes fue operada por el crimen organizado, que el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tuvieron participación en esos y muchos otros hechos de violencia que se dieron en torno a Iguala en esos meses y años (donde los jóvenes de Ayotzinapa son sólo una parte de los más de 300 desaparecidos y asesinados, incluyendo los dirigentes del PRD de la fracción contraria a Abarca), que ambos tenían relación con el cártel de Guerreros Unidos, que manejaba la policía municipal de Iguala y de varios otros municipios cercanos. 

Dice el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que “el que nada debe, nada teme” contestándole a la secretaría de la Defensa Nacional en relación con la comisión de la verdad que ordenó crear en cuanto asuma su gobierno, pero en este caso se equivoca. El responsable jurídico de la secretaría de la Defensa, el general Alejandro Ramos, criticó la conformación de esa comisión porque como está planteada es imposible establecer cualquier verdad jurídica, porque es parcial, no tiene representatividad legal alguna y porque es parte, agreguemos nosotros, de una manipulación política que terminará siendo muy costosa, tiempo al tiempo, para el futuro presidente y su administración. 

En el equipo del presidente electo sufren una confusión profunda sobre un tema central de la agenda política: confunden los hechos de violencia actuales con los movimientos sociales e incluso armados de los 70 y principios de los 80, incluyendo el 68. Desdeñan el componente del narcotráfico que ha causado la friolera de 200 mil muertos en la última década, que ha dejado enganchados a la droga a centenares de miles de jóvenes y niños y que no es siquiera un fenómeno local, sino global.  

Es tan global que en Estados Unidos el año pasado murieron por sobredosis de opiáceos 60 mil personas, en un negocio que en parte se alimenta y controla desde México y precisamente por dos de los cárteles involucrados en desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Tan involucrados que la participación de sus sicarios fue monitoreada por los jefes del cártel desde Chicago en comunicación con Iguala la propia noche de los hechos, como lo demuestran las conversaciones telefónicas tomadas por la DEA y que mostramos en el libro La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero que acabamos de publicar, esta misma semana, en Cal y Arena.

El equipo del presidente electo cuando habla de la represión la confunde con la lucha contra los grupos criminales y equipa a éstos con movimientos sociales. Cuando dice que el ejército saldrá “desarmado” a cuidar a la sociedad y enfrentar a los criminales parece ignorar que esos grupos terribles, desalmados, que matan, torturan, desaparecen gente, que extorsionan, roban y secuestran están equipados con armas de guerra de alto poder y que las usan día con día contra soldados, marinos y policías, pero sobre todo contra la población civil, como lo vimos precisamente en Iguala.

Hay que temer a esa comisión porque quienes manejan a los padres no son víctimas ni tampoco colaboradores imparciales, sino parte de movimientos con agendas muy específicas. Son los que con sus acciones están propiciando no sólo que no se haga justicia, sino que los verdaderos criminales queden exonerados, como sucedió en estos días con dos de los más notorios sicarios de Guerreros Unidos, El Gil y el Carrete, cuyos testimonios sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 es evidente, clara, sin rastro alguno de duda. En el libro que acabamos de publicar, La noche de Iguala, citamos sus testimonios y los de sus cómplices, donde hablan con lujo de detalles de los hechos y como se sucedieron, en declaraciones por separados pero que se complementan perfectamente. Pero no se trata sólo de testimonios en papel, en el programa Todo Personal hemos divulgado ya muchas veces los testimonios filmados de los sicarios, donde ninguno de ellos se muestra siquiera presionado para contar sus historias (y hoy volveremos a presentarlos en Todo Personal en ADN40 a las 22 horas).

El Estado mexicano, sobre todo cuando la próxima administración tendrá inéditos instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus investigadores, con la ley en la mano. La comisión de la verdad, como está planteada, es un espacio militante y manipulado que alcanzará objetivos propios, todos menos uno: establecer la verdad y hacer justicia.

 

Foto:  Twitter @J_Fdz_Menendez